El 16 de agosto de 2023, InSight Crime publicó una investigación sobre la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en la localidad de Támara a cuarenta minutos de Tegucigalpa, la cual fue escenario de una de las masacres más mortíferas registradas en una prisión femenina en Latinoamérica. El equipo visitó la prisión durante una semana en abril de 2023 y entrevistó a decenas de reclusas, incluyendo mujeres vinculadas a las pandillas callejeras Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13 (MS13).

En un reciente espacio de Twitter, dos de nuestras investigadoras conversaron sobre la metodología de la investigación, las impresiones acerca de la PNFAS, y el proceso al que se enfrentaron tras enterarse de la masacre. A continuación, presentamos parte de la transcripción de la conversación.

Escuche la conversación completa aquí y consulte la investigación sobre la PNFAS aquí.

María Fernanda Ramírez (MFR): ¿Cuál fue la idea original de esta investigación y por qué decidieron que era necesario investigar el tema?

Victoria Dittmar (VD): Nosotras inicialmente decidimos investigar la Penitenciaría Femenina porque tres años antes, en mayo de 2020, ya había ocurrido una masacre. Fue un episodio muy violento que había causado trauma entre las mujeres que están recluidas en el penal, así como entre el personal administrativo.

Cuando ocurre esta primera masacre, pareciera que las autoridades fueron tomadas por sorpresa. Esto era algo sin precedentes. De hecho, en ese entonces la vocera del Instituto Penitenciario nos dijo que la violencia no era normal, que las mujeres privadas de la libertad son una población pasiva y que no era común que algo así ocurriera en una prisión femenina. 

Y de hecho, sí, las masacres en prisiones femeninas no habían sido comunes. Pero de lo que no hablaban las autoridades era de la violencia cotidiana y la tensión que se acumulaba todos los días en la PNFAS, sobre todo entre pandillas contrarias —específicamente, el Barrio 18 y la MS13.  

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Entonces, nuestro objetivo principal era entender cómo se daban estas dinámicas de pandillas dentro del penal, qué papel tenía la violencia, cómo influían las normas de las pandillas en este espacio y cómo se formaban las relaciones de poder.

Cuando ocurre la segunda masacre, en junio de 2023, ya estábamos bastante avanzadas en la investigación y tuvimos que cambiar el enfoque. Nos centramos en explicar cómo se dieron las condiciones dentro del penal para que otro episodio de violencia extrema pudiera ocurrir.

MFR: Esta investigación dependía completamente de que ustedes accedieran al penal. ¿Cómo lo lograron? ¿Cuál fue la postura de las autoridades y cómo reaccionaron las pandillas?

VD: La parte más difícil de negociar nuestro acceso fue el proceso burocrático. Nuestra entrada debía ser aprobada por varios funcionarios de la Secretaría de Seguridad y el Instituto Nacional Penitenciario. Fue un proceso que duró aproximadamente seis meses.

Una vez que llegamos al penal, el acceso fue más sencillo. Las autoridades fueron abiertas a conectarnos con las mujeres privadas de libertad y a pedirle permiso a las coordinadoras de cada pandilla para que hablaran con nosotras.

Sin embargo, el fin de semana antes de nuestra visita habían ocurrido varios episodios violentos vinculados a pandillas en prisiones varoniles. Por lo tanto, había bastante desconfianza de parte de las mujeres del Barrio 18 y la coordinadora de esta pandilla se negó a recibirnos. Su respuesta literalmente fue: “no hablamos con periodistas”. Las autoridades no pudieron hacer mucho.

Por el contrario, las mujeres vinculadas a la MS13 siempre estuvieron abiertas, aunque, aun así, necesitamos el permiso de la coordinadora de la pandilla. A las autoridades simplemente les dijimos: “hoy nos gustaría conversar con las mujeres en el Módulo 1”, donde estaban aquellas vinculadas a la MS13. Entonces nos llevaron y pudimos conversarlo con la coordinadora.

Las autoridades nos permitieron ingresar al módulo, pero no nos acompañaron. Ellas se quedaron afuera. En su perspectiva, no era riesgoso que estuviéramos ahí dentro, encerradas.

Hacia el final de la semana pudimos acercarnos al Barrio 18, pero solo en Casa Cuna, el módulo de maternidad. De igual manera, tuvimos que hablar con la coordinadora, quien era integrante de la pandilla, y preguntarle si estaba de acuerdo. Cuando accedió, las autoridades nuevamente nos dejaron ingresar al módulo, pero permanecieron afuera.

MFR: ¿Cuáles fueron tus impresiones de la prisión cuando entraste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

VD: Lo que me llamó la atención es que la PNFAS era una prisión contradictoria. No es de máxima seguridad, por lo que no está construida para ese fin. Era bastante abierta en ese sentido.

Sin embargo, a raíz de la primera masacre y de la pandemia del COVID-19, las autoridades habían prohibido a todas las mujeres salir de sus módulos. No podían salir, por ejemplo, al patio central, con excepción de una hora en la mañana en la que se les permitía hacer ejercicio. Pero el resto del día estaban completamente encerradas. Tampoco podían ir al centro médico sin ser acompañadas.

Pero lo que ahí no tenía sentido es que ciertas mujeres —que mediante entrevistas y observación supimos que pertenecían al Barrio 18— sí podían caminar libremente por los pasillos, podían juntarse en ciertas zonas o acercarse a los distintos módulos.

El día que visitamos la Casa Cuna, por ejemplo, había un grupo de mujeres vinculadas al Barrio 18 que no dejaron de vigilarnos y de hacer rondines alrededor del espacio donde estábamos llevando a cabo las entrevistas.  

Mientras tanto, era evidente que las mujeres asociadas a la MS13 vivían con temor. Ellas son minoría en el penal y estaban bastante aisladas del resto de la población. Según nos comentaron, se sentían inseguras ante la amenaza del Barrio 18. 

De hecho, la metáfora de “la bomba de tiempo a punto de explotar”, que utilizamos en el título de la investigación, viene de ellas. Era una frase que constantemente repetían en las entrevistas.

MFR: Cuéntanos sobre la Casa Cuna. ¿Cómo contrastan los papeles de las mujeres que forman parte de la pandilla con su papel de madres?

VD: Cuando nosotras estuvimos en la PNFAS había aproximadamente 20 niñas y niños recluidos con sus madres. Pueden estar en la Casa Cuna hasta los cuatro años. Después deben irse con familiares o los toma el Estado. La mayoría de las mujeres en la Casa Cuna están asociadas al Barrio 18.

El tema de la maternidad en la PNFAS bastante complejo y se puede analizar desde muchas perspectivas.

Por ejemplo, notamos que las mujeres del Barrio 18 se organizaban para juntas cuidar a todas las niñas y niños. Aquí participaban tanto pandilleras activas, como aquellas retiradas o mujeres que en algún momento llegaron a estar vinculadas con la pandilla. Se apoyaban mutuamente en la labor de cuidado y crianza.

Pero, por otro lado, en Casa Cuna había mujeres de la población general que no confiaban en la pandilla y procuraban mantener a sus hijas e hijos alejados de ellas. 

Entonces pudimos ver ambos lados: por un lado, había una labor comunitaria de crianza, pero, por otro, también persistía el miedo.

Durante la primera masacre de 2020, parte de la violencia tocó a la Casa Cuna. No es un oasis libre de las dinámicas del penal. Las niñas y niños también están expuestos a la violencia.

Además, también se enfrentan al constante encierro. Así como sus madres no pueden abandonar los módulos, las niñas y niños tampoco pueden salir, con excepción de una hora de recreación al día.

MFR: ¿Qué pasa cuando estos menores llegan a la edad en la que tienen que salir del penal?

VD: Voy a contestar con el ejemplo de una de las mujeres a las que entrevistamos en la Casa Cuna. Ella ha colaborado con el Barrio 18 toda su vida y toda su familia está vinculada a la pandilla. Ella dice haberse retirado, pero cuando su hijo cumpla cuatro años deberá de salir de la PNFAS y quedará al cuidado de sus familiares. Es decir, es muy probable que crezca en el mismo entorno en el que se crió su madre y estará vulnerable a caer en estructuras criminales.

MFR: ¿Cuál fue tu impresión sobre las autoridades de la PNFAS? 

VD: Yo creo que hay dos perspectivas en este aspecto. 

Primero están las personas que trabajan todos los días en el penal, que llevan toda una carrera dentro del sistema penitenciario. Por ejemplo, en áreas legales, de trabajo social, recursos humanos, salud y administración. Estas personas fueron bastante abiertas al hablar de la tensión dentro del penal y las rivalidades entre pandillas. Era más evidente para ellas cuando había algún problema entre las reclusas. 

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De hecho, varias de estas personas también nos mencionaron que temían que la violencia de los penales varoniles se extendiera a la PNFAS. Es decir, nunca minimizaron el problema.

Luego está la otra perspectiva del personal directivo, que son quienes finalmente toman las decisiones. En nuestra perspectiva, este grupo de personas parecía subestimar más el potencial de violencia dentro del penal y mantener una narrativa evasiva. 

MFR: ¿Cómo se sintieron ustedes como investigadoras cuando ocurrió la segunda masacre? 

VD: Fue horrible. Sentimos una mezcla entre tristeza, enojo y frustración. Fue un trauma, obviamente, para toda la sociedad hondureña y también para nosotras.

Cuando ocurrió el evento había mucha desinformación y los datos verificados tardaron en ser publicados, por ejemplo, la identificación de las víctimas. 

Para nosotras fue bastante fuerte enterarnos de los hechos y más sabiendo que muchas de las mujeres habían sido muy vocales sobre sus preocupaciones. Le habían pedido a las autoridades que las protegieran. 

Al menos cinco de las mujeres que habíamos entrevistado murieron ese día.

Esta transcripción fue recortada y editada para fines de claridad.

Imagen principal: Mujeres sobrevivientes de la masacre en la prisión femenina de Honduras. Crédito: Instituto Nacional Penitenciario