El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de narcotráfico en Nueva York el 8 de marzo. Esta condena pone fin a dos décadas de actividad criminal. Los testigos que participaron en el juicio aseguraron que Hernández abusó de su poder desde la presidencia para solicitar sobornos millonarios a organizaciones de narcotráfico y manipuló a las instituciones del estado para proteger a los traficantes y sus cargamentos.

Los integrantes de la comunidad hondureña en Estados Unidos celebraron el veredicto a las afueras del tribunal y la actual presidenta Xiomara Castro publicó un comunicado en el que describió a Juan Orlando y sus cómplices como una “élite de gánster”. También dijo que era “imperativo desmantelar a la organización criminal que sigue operando” en Honduras, en referencia a los co-conspiradores de Hernández.

Este artículo forma parte de una serie especial que detalla el ascenso y la caída del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Lea los demás artículos de la serie aquí.

Esto será difícil de llevar a cabo. El juicio de Hernández no es la primera evidencia de la íntima relación entre el estado hondureño y las organizaciones criminales. Tres expresidentes fueron implicados en el caso por presuntamente recibir dinero del narcotráfico. Esto incluye a Manuel Zelaya, el esposo de la presidenta Castro. Algunos de los narcotraficantes que testificaron también aseguraron haber sobornado a cualquier partido político que pudiera ganar, lo que enfatiza cómo la financiación ilícita en Honduras es un problema sistémico y no se limita al caso de Hernández.

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Tras la finalización del juicio, InSight Crime entrevistó a Lester Ramírez, profesor de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) e investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Global Initiative against Transnational Organized Crime, GI-TOC).

InSight Crime (IC): ¿Qué implicaciones tiene la sentencia de Hernández para Honduras?

Lester Ramírez (LR): Me preocupa que el mensaje de este juicio no se transmita más allá de titulares sensacionalistas.

Creo que los políticos van a intentar crear una narrativa que resalte que este caso fue atípico. Es decir, esto es algo que le ocurrió a una persona, pero no es representativo de un problema sistémico. Tenemos una elección en un año y medio. En esa elección, no creo que la población hondureña se olvide de este juicio, pero sí creo que podrían seguir tolerando la corrupción. Es poco probable que los gobernantes reformen de manera significativa el sistema político. Es un sistema que les beneficia, es su modus operandi.

IC: ¿Cuáles cree que sean las consecuencias para los políticos que siguen en funciones y que fueron mencionados en los testimonios presentados durante el juicio?

LR: El hecho de que se haya mencionado a políticos de diversos partidos les ayuda a que mantengan el statu quo, ya que el daño reputacional será generalizado. Si todos reciben dinero del narcotráfico y esas son las reglas del juego, ¿cuál es el incentivo para cambiar?

Si llegara a haber presión para depurar el sistema político, vendrá de la ciudadanía. Sin embargo, en este momento no parece haber demanda para este cambio y no creo que se materialice pronto. El juicio socavó la confianza en todo el sistema político. Es difícil que los votantes hondureños se encuentren con un político que esté limpio al 100%. 

Por otro lado, será difícil que aumenten los casos judiciales en contra de políticos en Honduras. No tenemos la capacidad institucional o la independencia judicial para hacer posibles enjuiciamientos. El Ministerio Público anunció que investigarán a aquellos que se mencionaron durante la sentencia, pero me temo que esto parece ser más un espectáculo que algo sustantivo.

Sin embargo, podría haber más investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. También podría haber un mayor esfuerzo para intentar proteger su reputación. Es poco probable que los funcionarios estadounidenses quieran volver a ser fotografiados con políticos corruptos, como ocurrió con Juan Orlando.

IC ¿Hasta qué punto es culpable la comunidad internacional por los crímenes de Hernández? 

LR: La comunidad internacional definitivamente se apoyó en Juan Orlando y algunos gobiernos extranjeros se hicieron de la vista gorda cuando concentró el poder. Durante su mandato hubo varias crisis: pandillas, extorsión y migración. Varias personas consideran que Estados Unidos empoderó a Juan Orlando, en parte, por estas crisis. Esto le permitió continuar.

Su caso también ilustra cómo varios sectores del gobierno de Estados Unidos no están en sintonía. Por ejemplo, la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) investigó a Hernández desde 2013, pero no compartieron esa información con la embajada o sus funcionarios en Honduras. El caso también era sensible. Si Estados Unidos hubiera empezado a acusar a Hernández de narcotraficante mientras seguía en el poder, se podría haber interpretado como un intento de desestabilización.

IC: ¿Qué se puede hacer para arreglar el sistema político de Honduras?

LR: Para los hondureños, el juicio no era solo sobre Juan Orlando, en realidad era un juicio a toda la clase política. Mucha gente piensa que el sistema político en Honduras no funciona. Pero sí funciona. Funciona para los más poderosos. No creo que algo vaya a cambiar para solucionar estas debilidades institucionales que tenemos: el sistema está diseñado para crear y garantizar la impunidad, sobre todo para los políticos.

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Como el sistema está amañado, quizá el mayor impacto que tenga este juicio sea en el tribunal de la opinión pública. Pero para producir un cambio, vamos a necesitar un gran choque al sistema de diferentes fuentes; en ciencia política lo llaman una “coyuntura crítica”. Pero no creo que el golpe que estamos viendo con Juan Orlando sea lo suficientemente fuerte. Hay intereses que se benefician de cómo están las cosas. Por eso, Honduras va a seguir siendo vulnerable al tipo de soborno y corrupción que vimos con este juicio.

IC: ¿Sigue siendo Honduras un “narcoestado”?

LR: Yo defino un narcoestado como una situación en la que los dirigentes de un país están implicados en el tráfico y la producción de drogas, y se aplican políticas de arriba abajo para apoyar estas actividades.

Honduras era un narcoestado en el sentido de que el presidente y su círculo íntimo se beneficiaban de los carteles de la droga. Los funcionarios del gobierno trabajaban para los carteles, proporcionándoles protección, asesinando a la competencia y ganando elecciones, para lo que necesitaban el dinero de los narcos. Sin embargo, la prosperidad generada no se compartió con la población en general. No contribuyó al PIB del país ni creó puestos de trabajo sostenibles. Los únicos beneficios fueron para las burbujas inmobiliarias, el lavado de dinero a través del sector financiero y el financiamiento de las campañas políticas.

Hemos visto a políticos actuales mencionados en este juicio. Tendremos que ver hasta dónde llega esto, pero no creo que pueda decir que Honduras es un narcoestado al 100% ahora que el Partido Nacional está fuera del poder. Creo que se podría decir que Honduras sigue teniendo una política narcoinfluenciada. Los traficantes que vimos en los tribunales habrán sido sustituidos por nuevos actores que, casi con toda seguridad, siguen recibiendo protección política.

*Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

Imagen principal: Manifestantes piden la extradición de los implicados en el narcotráfico en Honduras. Crédito: Kena Betancur / AFP