El éxito de El Salvador en la lucha contra las pandillas mediante el régimen de excepción inspiró a Honduras a hacer su propia versión, pero un año después, dos nuevos informes sugieren que el país está viendo pocos resultados.
Aunque la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decretó un estado de excepción en todo el país que suspendió los derechos constitucionales y multiplicó los esfuerzos para reprimir a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, un informe del Proyecto de Localización de Conflictos Armados y Datos de Sucesos (Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED) publicado el 5 de diciembre concluye que el estado de emergencia del país “ha dado resultados desiguales” y que la violencia contra la población civil “no ha disminuido” en 2023.
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Es más, la represión puede haber tenido consecuencias imprevistas. En concreto, ACLED señaló que la violencia se había extendido más allá de los focos tradicionales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, posiblemente debido al “aumento de la presión sobre las pandillas en las zonas urbanas más pobladas debido a las frecuentes operaciones de las fuerzas del orden”.
Otros delitos, como la extorsión, también se han propagado, según un próximo informe sobre el estado de excepción elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
“La extorsión ha subido este año, en lugar de bajar”, dijo a InSight Crime Andreas Daugaard, autor del informe. Mientras que el 9% de la población se vio afectada por la extorsión durante 2022, esa cifra ha aumentado al 11% este año, explicó.
Esto se suma a los hallazgos de InSight Crime según los cuales, seis meses después del inicio del estado de emergencia, habían aparecido al menos dos nuevos grupos de extorsión.
La extorsión también parece estar extendiéndose a nuevas zonas, según la investigación de ASJ. Mientras que la segunda ciudad más grande del país, San Pedro Sula, mantiene la tasa más alta de extorsión, el departamento rural de La Paz, fronterizo con El Salvador, muestra ahora la segunda incidencia más alta.
“Vemos que la extorsión es un delito nacional”, señaló Daugaard.
Por el contrario, El Salvador, que lleva casi dos años en una implacable campaña antipandillas, ha suprimido la actividad de estos casi por completo, según una reciente investigación de InSight Crime.
Los homicidios han disminuido drásticamente y la extorsión, sobre todo en el sector del transporte, se ha desplomado. Sin embargo, estos logros han tenido un costo: el gobierno ha detenido a más del 1% de la población, ha suspendido los derechos constitucionales al debido proceso y se enfrenta a denuncias generalizadas de tortura y violaciones de los derechos humanos dentro y fuera de las cárceles del país.
Análisis de InSight Crime
Las fallas del prolongado estado de emergencia en Honduras tienen sus raíces en el deficiente desarrollo institucional, la geografía y la política.
Ninguna institución es tan importante como la policía de Honduras, que es crónicamente inestable y corrupta.
En 2011, el país inició una serie de purgas policiales tras un fuerte aumento de los asesinatos causados en gran parte por el incremento del narcotráfico y la actividad de las pandillas. Varios agentes de policía, entre ellos el máximo oficial de San Pedro Sula, han sido acusados de actuar como sicarios de grupos criminales, y también se ha vinculado a miembros de la institución con el asesinato del zar antidrogas del país.
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Estas purgas devastaron la fuerza policial entre 2016 y 2019, con casi 6.000 de los 13.500 policías del país destituidos, según La Prensa.
Aunque las purgas tuvieron cierto éxito a la hora de eliminar la corrupción de las fuerzas policiales, nunca se tomaron las medidas necesarias para reconstruir una policía fuerte y resistente, lo que en última instancia socavó la eficacia potencial del estado de excepción, según Eric Olson, director de política e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle.
“No es cierto que una purga eficaz se traduzca en profesionalismo a largo plazo”, dijo a InSight Crime. “Tiene que ir acompañada de sólidas unidades de asuntos internos, sólidas unidades externas de rendición de cuentas, mayor transparencia, fuerzas policiales mejor formadas, recursos adecuados y toda una serie de elementos adicionales. Una purga policial es un elemento importante, pero solo uno”.
La falta de recursos disponibles para la policía también ha obstaculizado los esfuerzos bajo el estado de excepción. Un informe de 2020 de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA) encontró que entre 2014 y 2017, los recursos humanos de la policía hondureña cayeron “muy por debajo del mínimo requerido para proporcionar al menos una cobertura territorial básica”.
En 2019, Honduras tenía 173,3 policías por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta cifra está muy por debajo de los 300 policías por cada 100.000 sugeridos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y en marcado contraste con El Salvador, que tenía 434,9 agentes por cada 100.000 habitantes.
A pesar de ello, hoy en día el número de policías hondureños nuevos que reciben formación está disminuyendo, según Daugaard.
Con un número insuficiente de agentes, el impacto que la policía podía tener contra las pandillas en todos los rincones del país era limitado. El país es montañoso, difícil de patrullar y extenso: un departamento hondureño, Olancho, abarca un territorio mayor que todo El Salvador.
Por último, el compromiso político de Honduras con la estrategia parece cuestionable. Si bien el problema de la extorsión se estableció como una de las principales razones detrás de la implementación del estado de emergencia —Castro anunció “una guerra contra la extorsión” apenas unos días antes de que comenzara— se ha avanzado poco.
Desde enero hasta el 20 de noviembre de 2023, solo ha habido 19 personas condenadas por extorsión en todo el país, según el informe de la ASJ, que cita cifras de la Fiscalía General de Honduras.
“Mientras que en El Salvador el régimen de excepción ha sido una estrategia eficaz, para bien o para mal, en Honduras es menos una estrategia real y más un truco publicitario que se supone que hace que la policía parezca tan eficaz como en El Salvador”, dijo Daugaard a InSight Crime.
“Pero los resultados no son comparables”, añadió.