Por primera vez en 23 años, las cifras de deforestación en Colombia se han reducido a niveles históricos. Aunque esta tendencia demuestra que el cambio de enfoque en la lucha contra los delitos ambientales ha tenido un efecto positivo, los grupos criminales también tendrían un rol importante en este fenómeno.

Esta semana, Susana Muhammad, cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, anunció una reducción del 36% de la deforestación en 2023 con respecto al año pasado, tras la publicación del más reciente estudio de este fenómeno en Colombia. De acuerdo con la jefa de la cartera, el número de hectáreas deforestadas pasó de 123.517 hectáreas (ha) en 2022 a 79.256 ha en 2023.

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El estudio fue realizado en conjunto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la entidad encargada de producir conocimiento técnico y científico de los recursos naturales en Colombia. Según se lee en el reporte, los departamentos más afectados por este fenómeno fueron Caquetá (12.647 ha), Guaviare (11.467 ha), Putumayo (10.852 ha), Meta (10.310 ha) y Antioquia (8.139 ha), todos ubicados en la región amazónica de Colombia, a excepción del último. 

Por su parte, los principales motores que impulsaron la deforestación en estos territorios fueron la praderización orientada al acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la apertura de infraestructura vial ilegal, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la tala ilegal, y la ampliación de la frontera agrícola.

De acuerdo con Muhammad, las cifras son las más bajas en 23 años, haciéndolo un “año icónico en la lucha contra la deforestación”, afirmó en una rueda de prensa el lunes.

“Estamos cumpliendo y sobrepasando la meta. Hemos identificado que hay una asociación directa entre la paz y el resultado de la deforestación, condiciones de paz generan reducción”, añadió.

Análisis de InSight Crime

Aunque la cifra de 2023 revierte varios años de altas tasas de deforestación, es importante anotar la importancia que han tenido las organizaciones criminales sobre la fluctuación de este fenómeno.

Tan solo un año después de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, Colombia experimentó una de las tasas de deforestación más altas en los últimos 10 años. En 2017, el país llegó a su máximo pico en una década, marcando 219.552 ha deforestadas, producto de la salida de las FARC de los territorios y quienes, hasta entonces, se habían beneficiado del bosque en pie. 

A pesar de que las cifras se redujeron entre 2018 y 2019 (197.159 ha  y 158.894 ha respectivamente), entre 2020 y 2021 la deforestación volvió a ascender, producto del involucramiento de nuevos grupos disidentes, conocidos como ex-FARC mafia, en economías criminales como la tala y minería ilegal, sumado al levantamiento de las restricciones al desmonte que sus antecesoras FARC habían procurado mantener. 

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En 2022, la tendencia volvió a cambiar. Previo a la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, el Estado Mayor Central (EMC), una confederación de estructuras disidentes con una importante presencia en la Amazonía, adoptó una política de reducción de la tala en sus áreas de control, lo que habría generado un efecto positivo en la deforestación.

Aunque esta regla se mantuvo durante 2023, es posible que el EMC la haya utilizado como una carta para inclinar la balanza a su favor durante las negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro. 

Sin embargo, el surgimiento de divisiones al interior del grupo, sumado a la retirada de varias facciones disidentes a las mesas de negociación con el gobierno, vuelve a poner sobre la mesa preocupaciones sobre la relación entre los grupos armados y el bosque.

En este escenario, es posible que el enfoque comunitario que el gobierno ha priorizado con respecto a la lucha contra los delitos ambientales, sea insuficiente para detener la maquinaria de los grupos armados que ven en la deforestación una oportunidad de negocios. 

“En los núcleos de deforestación es imposible entrar. Es muy difícil que el gobierno pueda implementar planes de conservación allí”, aseguró Juan Carlos Sandino, experto en conservación y cartografía. 

“Los programas de reducción de la deforestación y pagos por conservación ambiental son geniales, pero no atacan a los grandes taladores. El negocio de la madera jamás ha parado ni va a parar porque es sumamente lucrativo”, finalizó.

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La reciente designación del Tren de Aragua por Estados Unidos como una Organización Criminal Transnacional lo equipara con las principales amenazas de seguridad en América Latina y representa un nuevo desafío para su hasta ahora imparable plan de expansión regional.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por su siglas en inglés), por medio de un comunicado de prensa emitido en la mañana del 11 de julio, inscribió al Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano, en la lista de Organizaciones Criminales Transnacionales que amenazan la estabilidad de la seguridad en el hemisferio occidental.

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“La designación de hoy del Tren de Aragua como Organización Criminal Transnacional enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades estadounidenses”, subrayó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

Simultáneamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto con la Policía Nacional de Colombia, anunció un paquete de recompensas por información que conduzca a la detención de los principales líderes y figuras clave de la organización venezolana. Por Héctor Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero«, se ofrece una recompensa de hasta US$ 5 millones; por Yohan José Romero, conocido como «Johan Petrica«, hasta US$ 4 millones; y por Giovanny San Vicente, alias «Giovanny» o «El Viejo», hasta US$ 3 millones.

La decisión de las autoridades norteamericanas contra el Tren de Aragua y su cúpula dirigencial ocurre meses después de que senadores republicanos enviaron en marzo de este año una solicitud al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde pidió formalmente la designación como Organización Criminal Transnacional, a pesar de que el grupo parece tener una presencia mínima y limitada en el país norteamericano.

“Si no se controla, el [Tren de Aragua] desatará un reinado de terror sin precedentes, que refleja la devastación que ya ha infligido en comunidades de Centro y Sudamérica, sobre todo en Colombia, Chile, Ecuador y Perú.”, enfatizó en la solicitud que fue firmada por varios políticos.

El Tren de Aragua nació como una banda carcelaria en los muros de la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua, en el centro de Venezuela. Desde allí, construyó un centro de operaciones que le permitió iniciar un proceso de expansión, primero a nivel nacional y luego hacia otros territorios de América Latina.

Su proceso de crecimiento regional coincidió con las rutas del éxodo masivo que han llevado a aproximadamente 8 millones de venezolanos a buscar refugio en diferentes naciones del continente, incluyendo Estados Unidos. Los primeros informes oficiales sobre la presencia del grupo a nivel internacional surgieron en Colombia en 2018, país que comparte fronteras con Venezuela y es la primera parada de la mayoría de migrantes.

Análisis de InSight Crime

Aunque la nueva categorización transnacional del Tren de Aragua lo posiciona entre las principales amenazas de seguridad en la región, este nuevo estatus también representa un desafío estratégico para sus líderes, quienes deberán adaptar sus planes de expansión a un nivel de escrutinio sin precedentes para el grupo.

La expansión internacional de las diferentes facciones del Tren de Aragua en América Latina durante los últimos seis años se ha convertido en una de las evoluciones criminales más destacadas de los tiempos recientes. De los muros de Tocorón, pasó a tener presencia y actividades ilícitas en países como Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia, donde sus facciones han logrado incursionar y dominar importantes economías criminales, tales como el tráfico de migrantes, la trata de personas, las extorsiones y el tráfico de drogas a pequeña escala.

En sus primeros pasos de exploración en la región, el Tren de Aragua adoptó un perfil bajo y se aprovechó de las comunidades migrantes para pasar desapercibido. Asimismo, el desconocimiento de las autoridades locales sobre su operatividad fue un factor determinante que facilitó su entrada sin mayores obstáculos por las fronteras.

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Un ejemplo del bajo perfil de sus líderes es Larry Álvarez Núñez, alias «Larry Changa», considerado cofundador y líder del Tren de Aragua. En 2018, logró ingresar a Chile a través del aeropuerto con documentación legal y sin ser objeto de ninguna pesquisa por parte de las autoridades locales.

“Cuando llega el Tren de Aragua a Chile tenía un muy bajo perfil. … Larry Changa llegó acá y puso un par de negocios, compró un par de vehículos, arrendó un par de departamentos sin levantar mayores sospechas”, señaló Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público de Chile, en conversación con InSight Crime.

Tras ser identificado en 2022 por las fuerzas de seguridad chilenas como uno de los principales líderes del Tren de Aragua, Larry Changa huyó hacía Colombia donde fue capturado por las autoridades locales a comienzos de julio del 2024.

Con la nueva designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Tren de Aragua entra a engrosar la lista de las organizaciones criminales con mayor renombre en América Latina y el mundo. El bajo perfil que mantuvo antaño ya no jugará a su favor en su entrada a nuevos países. 

Uno de los grupos que también pasó por este proceso fue la Mara Salvatrucha (MS13), la cual fue designada en octubre de 2012 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como la primera pandilla callejera transnacional, debido principalmente a la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras, y su participación en múltiples economías criminales de alcance transnacional.

Esta designación ocasionó que los principales líderes de la MS13 quedaran más expuestos, lo que llevó a varios de ellos a tener solicitudes de extradición y a enfrentar juicios en tribunales estadounidenses, un escenario totalmente novedoso para las principales figuras del Tren de Aragua.

Imagen principal: Carteles de los líderes del Tren de Aragua son expuestos durante una conferencia de prensa. Crédito: Policía de Colombia

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Las autoridades navales mexicanas alertaron sobre un incremento en el uso de sustancias químicas menos reguladas para la producción de metanfetamina en el país, reafirmando la tendencia de innovación de los productores.

Funcionarios de la Secretaría de Marina de México (SEMAR) en el puerto de Manzanillo, en la costa pacífica del estado de Colima, declararon a La Jornada el pasado 6 de julio que los grupos criminales mexicanos producen sus propios precursores químicos para elaborar metanfetamina, en lugar de importarlos desde el extranjero.

Los precursores químicos son el ingrediente principal en el proceso de producción de drogas sintéticas y, en el caso de la metanfetamina mexicana, los más comunes son la 1-fenil-2-propanona (P2P) y la metilamina.

Para fabricar ambos precursores, los productores se valen de “preprecursores” y otros químicos esenciales —como solventes, catalizadores y aglutinantes—, entre los cuales se encuentran diversas sustancias de uso dual. Estos químicos, además de utilizarse para fines ilícitos, son ampliamente comercializados de manera legal para abastecer a una variedad de industrias, incluyendo la farmacéutica, petroquímica, cosmética, alimentaria y de productos de limpieza.

Según las fuentes de la SEMAR que hablaron con La Jornada, han detectado un incremento en las importaciones de sustancias químicas de uso dual desde aproximadamente 2022. Al mismo tiempo, las importaciones de precursores químicos han disminuido.

“Hay registros que nos dan la certeza de que esas sustancias son utilizadas en la fabricación de precursores químicos para drogas ilícitas”, dijo un funcionario naval a La Jornada.

Las declaraciones se dieron solo unos días después del decomiso de 88 toneladas de ácido acético en Manzanillo. Esta sustancia se utiliza principalmente para producir vinagre, pero también puede ser un preprecursor en la elaboración de metanfetamina.

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Por esta razón, la comercialización de ácido acético está vigilada en México, lo que significa que las empresas deben justificar su uso previsto ante las autoridades y transparentar su cadena de suministro. Según la SEMAR, el decomiso en Manzanillo se dio luego de que la importadora no lograra justificar la procedencia de la sustancia.

Análisis de InSight Crime

Las recientes afirmaciones de la SEMAR coinciden con las investigaciones de InSight Crime sobre la cadena de suministro de precursores químicos en México, que han encontrado que el proceso de producción de metanfetamina en México se ha sofisticado.

Inicialmente, los productores mexicanos utilizaban la efedrina como principal precursor para la metanfetamina, pero tras la imposición de controles más estrictos por parte del gobierno mexicano sobre esta sustancia en 2008, migraron al método de P2P y metilamina. Este método es complicado, según varios especialistas consultados por InSight Crime, pero permite una mayor diversidad de rutas de síntesis químicas, lo que facilita a los productores sustituir las sustancias a las que no tienen acceso.

Hoy en día, la P2P y la metilamina están estrictamente controladas. Los productores mexicanos han dejado de importar estos químicos desde China —uno de los principales países proveedores de las sustancias— y han aprendido a sintetizarlas en los mismos laboratorios clandestinos en los que producen metanfetamina a partir de preprecursores comercializados de manera legal en México. 

Esta dinámica no se ha evidenciado en la producción de fentanilo, debido principalmente a que los preprecursores de este opioide tienen pocos usos legales. Sin embargo, es algo que podría llegar a suceder si los productores comienzan a acceder a sustancias menos reguladas a partir de las cuales puedan sintetizar preprecursores y posteriormente precursores.

Alrededor de este mercado negro de sustancias de uso dual, se han formado redes de intermediarios que se dedican a acopiar diversos productos y distribuirlos entre productores en ciudades cercanas a la producción de drogas sintéticas, como Culiacán, Uruapan y Guadalajara.

Por ejemplo, un productor de metanfetamina que habló con InSight Crime en Culiacán, Sinaloa, en septiembre de 2023, afirmó que podía comprar un kit con todas las sustancias necesarias para producir 280 libras de metanfetamina (aproximadamente 127 kilogramos) por 400,000 pesos mexicanos (unos US$22,000) sin salir de la ciudad.

En Michoacán, los productores que entrevistamos entre 2022 y 2023 aseguraron conseguir la mayoría de los insumos necesarios para sus laboratorios en empresas pequeñas o medianas legalmente establecidas en el país. 

“Normalmente, no me preguntan para qué las voy a usar. No he tenido problema”, dijo un productor en la zona de Tierra Caliente en Michoacán. 

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La constante experimentación e innovación de la receta ha llevado a que la metanfetamina mexicana sea una de las de mayor calidad en el mundo. Según datos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), la pureza de los cargamentos decomisados suele ser mayor al 90%. Y según varias entrevistas de InSight Crime con expertos en dinámicas de narcotráfico, los grupos mexicanos han logrado exportar este modelo a países europeos. 

“Es difícil producir metanfetamina [con el método de P2P] y los mexicanos han sido exitosos. Por eso tienen una ventaja comparativa”, dijo a InSight Crime Thomas Pietschmann, oficial de investigación de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).

Sin embargo, esta sofisticación presenta retos para las autoridades mexicanas, ya que la superposición con la industria legal dificulta el control sobre las empresas sin afectar el comercio legal. De hecho, InSight Crime encontró que México tiene un sistema regulatorio robusto en papel, pero pocas veces lleva al desmantelamiento de redes de suministro de precursores químicos.

A esto se le añade que las cantidades de preprecursores necesarios para producir grandes cantidades de drogas son mínimas en comparación a lo que se comercializa de manera legal, por lo que los desvíos pueden pasar desapercibidos.

Por ejemplo, las 88 toneladas de ácido acético decomisadas en Manzanillo podrían haber contribuido a producir 19 toneladas de metanfetamina, según afirmaciones de la SEMAR a medios. Sin embargo, esta cantidad representa alrededor del 0,08% del total de ácido acético que se importa en promedio en México cada año, según datos de la Secretaría de Economía.

*Sara García, Parker Asmann, y Beatriz Vicent contribuyeron a este artículo.

Imagen destacada: Contenedores en el puerto de Manzanillo, Colima, Mexico. Crédito: Victoria Dittmar/InSight Crime

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A solo 50 kilómetros de las famosas playas de Río de Janeiro, uno de los criminales más poderosos de la ciudad encontró una fortuna en la arena.

Antes de entregarse a las autoridades en diciembre de 2023, Luis Antonio da Silva Braga, alias “Zinho”, dirigía la milicia Bonde do Zinho. Y más allá de sus intereses delictivos en Río, el grupo se había extendido al cercano municipio de Seropédica, donde presuntamente trabajaba con un legislador del estado de Río de Janeiro para utilizar dragas flotantes, camiones, tractores, retroexcavadoras y silos para recoger ilegalmente enormes cantidades de arena.

Las fotos por satélite muestran la extensión de la extracción entre 2011 y 2017.

La mayor parte de la arena extraída ilegalmente se utiliza en el sector de la construcción para materiales como el hormigón y los ladrillos, así como para la construcción de cimientos. Es más barata que la arena extraída legalmente, y la escasa supervisión por parte de las autoridades en toda América Latina y el Caribe ha convertido el tráfico de arena en una actividad relativamente rentable y de bajo riesgo para los grupos delictivos de toda la región.

Además de llenar las arcas de grupos criminales, en ocasiones violentos, la extracción ilegal de arena ha causado daños ambientales como la extinción de especies salvajes, cambios en los cauces fluviales y el aumento de las inundaciones.

Pero este delito es difícil de perseguir, ya que a menudo es imposible diferenciar entre la arena extraída legal e ilegalmente.

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“Si tienes un camión cargado de arena ilegal, tiene exactamente el mismo aspecto que un camión de arena extraída legalmente”, explicó a InSight Crime Vince Beiser, autor de una obra sobre la historia de la utilización de la arena por el ser humano.

Brasil

La extracción ilegal de arena es una de las industrias ilícitas más rentables de Brasil y, en gran parte del país, el uso ilegal de arena supera al legal.

La falta de una regulación eficaz ha provocado el colapso de algunos de estos edificios de apartamentos. El asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, está relacionado con su campaña contra estas construcciones ilegales.

Poderosas milicias como la de Zinho roban arena para abastecer el mercado inmobiliario ilegal, y después continúan ganando dinero monopolizando la provisión de servicios a los residentes de los edificios construidos ilegalmente.

Además de controlar los espacios donde la extracción es ilegal, las mafias de la arena extienden su dominio al mercado comercial, cobrando a las empresas de extracción legal en ese espacio, según Luis Fernando Ramadon, policía federal brasileño y experto en extracción ilegal de arena.

“Considerando las zonas de arena legal, el beneficio obtenido por la milicia que controla el municipio de Seropédica, en Río de Janeiro, puede alcanzar los 100.000 reales —unos US$18.000— al mes”, afirmó.

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La extracción ilegal de arena en esta región afecta al río Guandu, que abastece de agua a 9 millones de personas en Río de Janeiro.

Se han detectado grupos más pequeños, conocidos como carroceiros, en los estados de Espírito Santo, São Paulo, Bahía y Paraíba. Aunque no operan a la escala industrial que se observa en Seropédica, han sido acusados de reclutar a menores y mantener a las personas en condiciones de esclavitud.

“Los carroceiros venden arena a tiendas de materiales de construcción que actúan al margen de la ley, lo que fomenta la extracción ilegal de arena”, declaró Ramadon a InSight Crime.

Colombia

En Colombia, los grupos criminales – algunos con vínculos con las élites políticas y económicas – han recurrido al tráfico de arena para diversificar su portafolio criminal y aumentar sus ingresos.

La extracción de arena cobró importancia en Colombia durante la década de 1990, con el aumento de la urbanización en la costa Caribe del país. Según algunas estimaciones, hasta la mitad de la arena utilizada en Colombia puede extraerse ilegalmente.

El departamento de Magdalena se ha visto especialmente afectado. En mayo, las autoridades respondieron a las denuncias de extracción ilegal de arena en la zona rural de Pivijay y sorprendieron a personas extrayendo arena en volquetas sin autorización.

La élite política de Magdalena ha estado vinculada anteriormente al comercio. En 2017, el gobierno afirmó que se estaba llevando a cabo extracción ilegal de arena en la propiedad de un destacado abogado que posteriormente se presentó como candidato a la alcaldía de la zona.

En el vecino departamento de Córdoba, los traficantes de arena parecen haber estado dispuestos a matar en aras de su negocio. El periodista colombiano Rafael Moreno fue asesinado en 2016 tras denunciar la extracción ilegal de arena vinculada a una destacada familia de políticos.

México

En México, la extracción ilegal de arena también se ha vinculado a la corrupción de las élites.

Empresas legalmente registradas con permiso para extraer arena hacen caso omiso de la normativa legal y están protegidas por funcionarios locales corruptos, según investigadores que hablaron con InSight Crime. Además, la extracción ilegal de arena a menudo no se denuncia debido al temor de que los denunciantes sufran repercusiones violentas.

Algunas mafias mexicanas de la arena pueden exportar su producto a Estados Unidos, aunque el asunto no ha recibido tanta atención de las autoridades como el contrabando de drogas y personas a través de la frontera con California.

Beiser afirmó que la extracción legal de arena ha recibido el rechazo de la opinión pública estadounidense debido a sus efectos sobre la calidad del agua, lo que podría estar empujando a las empresas constructoras de la región fronteriza a utilizar arena ilegal mexicana.

“No me sorprendería en absoluto saber que la extracción ilegal de arena está alimentando ahora el mercado de San Diego”, afirmó Beiser.

Foto destacada: Un minero rescata los restos de equipos destruidos por la policía en La Pampa, en la región peruana de Madre de Dios, el viernes 16 de mayo de 2014. Crédito: AP Photo/Rodrigo Abd

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En febrero de 2024, dos jóvenes empezaron a frecuentar una tienda en el estado Lara, en el centro de Venezuela. La dueña del local, Alejandra*, les vendía dulces y conversaba con ellos. Incluso llegó a contarles sobre sus dificultades económicas. Un día, los jóvenes le ofrecieron un préstamo de US$300 que necesitaba para surtir su local. En medio de su necesidad, Alejandra aceptó y así comenzó la pesadilla de la joven comerciante. 

Tenía que pagarles a los prestamistas US$5 dólares diarios de interés y hacer abonos semanales de lo que pudiese al capital. Muy pronto, la falta de ventas hizo que se retrasara con los pagos y a los días comenzó a recibir amenazas, como confirmó a InSight Crime una vecina de la comerciante.

“Cuando mi hija se comenzó a atrasar en las cuotas, venían a cobrar y el tono comenzó a ser desafiante y amenazante”, dijo a InSight Crime la madre de la víctima. “No sabemos de dónde son, ni de dónde vienen. Nunca dieron datos algunos”. 

Alejandra es solo una de las víctimas del “gota a gota” en Venezuela, una actividad criminal que consiste en ofrecer préstamos en efectivo a corto plazo con altas tasas de interés. Cuando las personas no pueden pagar, los criminales recurren a la violencia para intimidarlas. 

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Este modus operandi va en crecimiento en el país debido a la falta de préstamos bancarios y la creciente dolarización que le permite ser rentable. Entre mayo y junio, las autoridades capturaron cerca de 20 personas involucradas en estos esquemas extorsivos, en comparación a 2023, cuando las autoridades no reportaron ni una víctima durante el mismo periodo. 

La llegada del gota a gota a Venezuela

Aunque los préstamos “gota a gota” nacieron en Colombia a finales de los años noventa, se han expandido a otros países como México, Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras, Perú y Chile, que son gestionados por criminales locales y de otras nacionalidades, incluyendo venezolanos. 

Una realidad similar estaría sucediendo en Venezuela. En el operativo más reciente, oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron a seis hombres que extorsionaban a pequeños y medianos comerciantes del estado de Miranda. Cinco de ellos eran de nacionalidad colombiana. 

Además de extorsionistas colombianos, la llegada de los préstamos “gota a gota” al país estaría relacionada con el éxodo de venezolanos que aprendieron el sistema cuando emigraron a Colombia.

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“Quien presta el capital suele conocer como es el sistema de gota a gota que se maneja en el país vecino”, detalló un comisario de la policía científica de Venezuela. Incluso, algunos se valen de imitar el acento colombiano para generar más miedo. “Uno [de los criminales] tiene acento colombiano que no sabemos identificar si lo fingía o era real”, recordó la madre de Alejandra.

Lo dicho por el comisario fue sustentado por otros funcionarios del CICPC, periodistas y comerciantes en Lara, Falcón, y Distrito Capital consultados por InSight Crime, quienes señalaron que han identificado prestamistas que migraron a Colombia y tras su regreso a Venezuela, empezaron a ofrecer dinero y a cobrar con amenazas. 

El atractivo de la dolarización

Tras casi una década de economía inflacionaria, en 2019, el dólar se impuso como moneda de facto en Venezuela, abarcando el 45% de las transacciones comerciales hoy día. El uso de la divisa ha impulsado el comercio, principalmente el minorista, y hay más flujo de capital.

Tras ver la rentabilidad de esta moneda extranjera, en los últimos años, los delincuentes empezaron a ofrecer préstamos en dólares con altas tasas de interés. Se conocen como “paga diario”. 

Los prestamistas reparten tarjetas a comerciantes con las descripciones —“préstamo al instante” o “dinero rápido”— y operan en zonas populares de Caracas y al interior del país, dijeron a InSight Crime comerciantes y periodistas. 

“Estas bandas se dedican a ofrecer falsos préstamos en divisas, para luego, mediante amenazas de muerte, obligar a las víctimas a pagar elevados montos de dinero”, afirmó Douglas Rico, director del CICPC en su cuenta de Instagram. 

Y así pasó con Alejandra. La relación amistosa que mantuvo por varios días con aquellos prestamistas que le prometieron ayudarla a prosperar su negocio se convirtió, tras no poder pagar el interés, en amenazas que incomodaron hasta sus vecinos. Ante esta situación, Alejandra no tuvo más opción que cerrar su local y huir, el miedo pudo más que ella. 

Pero los prestamistas no pararon. Al no poder contactarla amenazaron a su papá con un arma y toda la familia entró en desesperación, narró a InSight Crime la mamá de Alejandra. 

“En los intereses diarios estamos pagando más de lo que ella pidió prestado”, dijo a InSight Crime la mamá de la víctima. “Sabemos que andan armados y para evitar problemas hemos decidido pagar y después olvidarnos de todo, porque esto ha sido una pesadilla, nos ha quitado el sueño a todos”.

*El nombre de la protagonista ha sido cambiado para proteger su identidad 

Imagen destacada: Un vendedor cuenta bolívares venezolanos y dólares americanos para entregar cambio a un cliente en un mercado público en el barrio de Quinta Crespo, en Caracas, Venezuela, el 11 de diciembre de 2022. Crédito: AP Photo/Matias Delacroix

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Alrededor de la medianoche del 6 de febrero de 2024, la Policía Nacional de Ecuador irrumpió en una lujosa casa beige de dos pisos de color en una urbanización cerrada a las afueras de Guayaquil, la principal ciudad portuaria del país.

En su interior encontraron a una madre con su hija pequeña, así como varias armas de fuego y municiones. El marido, el empresario albanés Dritan Gjika, no aparecía por ninguna parte. 

La redada formaba parte de una operación policial mucho mayor. Esa noche, las policías de España y Ecuador detuvieron a 31 presuntos miembros de una red intercontinental de tráfico de cocaína. 

Las autoridades acusaron a la organización de traficar toneladas de cocaína colombiana a Europa a través de Ecuador, y relacionaron a los miembros de la red con incautaciones por un total de más de 9,5 toneladas. Tras la operación, las autoridades inmovilizaron bienes equivalentes a más de US$51 millones. 

Gjika, el presunto líder del grupo, está acusado de establecer una sofisticada operación de tráfico con la ayuda de influyentes hombres de negocios relacionados con las más altas esferas del gobierno, protegidos por el jefe de la policía de Ecuador. 

La operación destinada a desmantelar la red muestra cómo Gjika se convirtió en uno de los más destacados traficantes albaneses que han llegado a desempeñar papeles clave en el tráfico de drogas de Ecuador en los últimos años. Aunque gran parte de su red parece haber sido capturada en la redada, el propio Gjika sigue prófugo.

El traslado a Ecuador

Gjika nació el 28 de diciembre de 1976 en una ciudad llamada Shkodër, en el norte de Albania. Pero más allá de esa información básica, hay pocas huellas de su vida. De hecho, los rastros de él en Albania son escasos. 

“En Albania no hay pruebas que indiquen su implicación en ninguna actividad ilegal. No se ha registrado ninguna investigación penal ni causa judicial contra él, y no tiene propiedades ni negocios registrados a su nombre”, declaró a InSight Crime Dorjana Bezat, periodista albanesa que ha investigado a Gjika. 

Gjika viajó por primera vez a Ecuador en noviembre de 2009, cuando tenía 33 años. En 2013, consiguió la ciudadanía ecuatoriana. Se instaló en Guayaquil, el corazón económico del país, y comenzó a construir un imperio de narcotráfico.

Fue uno de los primeros traficantes albaneses que se instaló en Ecuador, haciéndose pasar por empresario. 

“Gjika es un pionero en términos de ir río arriba y posicionarse como un proveedor clave de cocaína”, dijo a InSight Crime Fatjona Mejdini, investigadora de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. 

Gjika y otro albanés compraron una empresa de exportación llamada Cresmark S.A. en 2014. Gjika se convirtió en el director general. Ese mismo año, creó una empresa de construcción junto con el empresario ecuatoriano Rubén Cherres.

Cherres no era un desconocido para las fuerzas de seguridad. En 1999 fue detenido por narcotráfico tras una redada policial en la que las autoridades incautaron 108 paquetes de cocaína. Fue absuelto al año siguiente después de que personas influyentes rindieran testimonio pidiendo su liberación, entre ellas Danilo Carrera, cuñado del futuro presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. 

Además de sus vínculos políticos, Cherres estaba conectado con las élites empresariales y políticas de Ecuador, lo que lo convirtió en un poderoso aliado para el esquema de tráfico de drogas de Gjika.

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Aunque no está claro exactamente cuándo Gjika empezó a traficar cocaína a Europa, es evidente que estaba en el lugar adecuado cuando, en la vecina Colombia, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un histórico acuerdo de paz en 2016. Cuando las FARC se desmovilizaron en 2017, los disidentes del Frente 48 de las FARC permanecieron en la frontera entre Colombia y Ecuador. A falta de contactos con compradores internacionales, forjaron una alianza con la Constru, una red de narcotráfico que dominaba las rutas hacia la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. La Constru conectaba a las disidencias de las FARC con compradores internacionales, muchos de los cuales procedían de los Balcanes, entre ellos Gjika.

Según la policía ecuatoriana y española, inicialmente, la organización de Gjika traficaba cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína en contenedores pertenecientes a su empresa o a otras compañías cómplices. 

En 2018, aparentemente Gjika intentó hacer crecer su negocio. Compró acciones de una segunda empresa exportadora, Agricomtrade, que enviaba cargamentos de banano a diferentes empresas europeas.

Una de ellas —la importadora albanesa Alba Exotic Fruit— ha sido utilizada para importar cocaína en Albania, según la fiscalía albanesa. En total, Agricomtrade envió más de 150 cargamentos a Alba Exotic Fruit. 

En lugar de ensuciarse las manos, Gjika subcontrataba tareas a una amplia red de operadores, con los que se comunicaba principalmente a través de Skype. 

“Nunca tocó un gramo de droga”, dijo a InSight Crime un funcionario de la policía antinarcóticos ecuatoriana, que pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad. “Él estaba, como dicen aquí en Ecuador, viendo los toros desde lejos”.

Para no ensuciarse las manos, Gjika trabajaba con varios coordinadores que supervisaban la creación de empresas y los sobornos a funcionarios públicos.

La organización se abastecía de cocaína de un proveedor en Colombia, que entregaba 4 toneladas de droga al mes a centros de acopio en Ecuador, según informes de la policía española. Los pagos por los envíos de cocaína se depositaban en cuentas bancarias pertenecientes a un miembro de la red de Gjika, indicó la fiscalía ecuatoriana. Una vez que la cocaína llegaba a Ecuador, subcontratistas ecuatorianos se encargaban de su almacenamiento y transporte. 

La organización de Gjika pagaba a estos subcontratistas en cocaína, según el funcionario antinarcóticos. 

“Les pagaban 10 kilos de cocaína y esos 10 kilos no se exportaban, sino que se redistribuían localmente”, dijo. 

De este modo, Gjika evitaba en gran medida dejar rastros en papel que le vincularan a cualquier actividad de narcotráfico.

Gjika, el invisible

Es probable que Gjika construyera una red que protegía sus operaciones de las autoridades gracias a sus conexiones con importantes empresarios y oficiales del gobierno ecuatoriano. 

“Era alguien muy calculador y muy metido en el mundo de los negocios”, afirmó Mejdini.

Su contacto crucial, según las autoridades, era Tannya Varela, que fue jefa de la policía de Ecuador entre marzo de 2021 y enero de 2022, y está siendo investigada por la fiscalía de ese país en relación con Gjika.

Los legisladores ecuatorianos alegaron que Varela comenzó a trabajar con Gjika cuando trabajaba en un aeropuerto de la provincia de Guayas. Se presume que ayudó a Gjika en asuntos de seguridad, ubicando a policías de confianza en lugares clave para facilitar sus operaciones de narcotráfico.

Para garantizar la recepción de la cocaína en Europa, Gjika trabajaba junto a Mario Sánchez Rinaldi, un empresario argentino-italiano radicado en la Costa del Sol española. Rinaldi desempeñaba un papel clave en el lavado de activos de la organización, según las autoridades españolas y ecuatorianas. Juntos controlaban, de principio a fin, una ruta de cocaína desde Colombia a Europa. InSight Crime contactó al abogado de Rinaldi, pero no obtuvo respuesta.

Las primeras grietas

Gjika se adaptó a la presión policial sobre sus operaciones, cambiando sus métodos de tráfico cuando era necesario.

En 2020, la policía holandesa incautó un cargamento de 1,1 toneladas de cocaína supuestamente perteneciente a Gjika. En respuesta, Gjika aparentemente pasó de utilizar sus propias empresas a utilizar un método conocido como rip-on rip-off, en el que se abren contenedores de terceros no cómplices y se les añade droga. Una vez que los contenedores llegan al puerto de destino, los miembros de la red retiran la droga, a menudo con el apoyo de trabajadores portuarios corruptos.

Los conocimientos y contactos de Gjika en el sector de la exportación fueron supuestamente clave en esta transición. Su organización tenía acceso a la infraestructura portuaria de Ecuador y a datos privilegiados sobre el transporte marítimo, según la policía ecuatoriana y española.

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En un solo día de junio de 2021, Gjika y Cherres fundaron ocho empresas, la mayoría en el sector de la construcción. Desde entonces, seis han sido investigadas por blanqueo de capitales. Entre 2015 y 2024, la organización blanqueó al menos US$31 millones a través de estas y otras empresas, según la Fiscalía de Ecuador.

Sin embargo, a mediados de 2021, la policía antinarcóticos de Ecuador inició una investigación que identificó a Gjika como la cabeza de una red de tráfico de cocaína, en la que participaban Cherres y otros empresarios ecuatorianos.

Varela, entonces jefe de la policía, parece haberlos salvado de ser procesados. Apartó a los investigadores del caso en septiembre de 2021 y los reasignó a zonas de todo Ecuador. El caso se cerró meses después, en enero de 2022, justo después de que Varela fuera destituida por el entonces presidente Lasso.

En mayo de 2024, la fiscal Diana Salazar reveló la existencia de una investigación contra Varela y otros dos generales de la policía por asignar personal y dejar crimenes impunes.

En febrero, Varela negó las acusaciones que la relacionaban con la estructura criminal. InSight Crime no pudo contactarla.

El Imperio se desmorona

Gjika fue objeto de un creciente escrutinio a principios de 2023, cuando un aluvión de noticias mencionaron su nombre en relación con un esquema de corrupción de alto nivel.

El 9 de enero de 2023, el diario ecuatoriano La Posta dio a conocer los detalles de una red de corrupción encabezada por Carrera y Cherres. Lasso, por su parte, afirmó su apoyo a Carrera.

Más tarde, el 13 de febrero de ese año, La Posta publicó la investigación policial de 2021 que vinculaba a Cherres, y por ende a Carrera, con Gjika y su red de narcotráfico. Esto reveló las operaciones de Gjika a la opinión pública, y llevó a la reapertura de la investigación, que había sido cerrada en enero de 2022.

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Finalmente, el 23 de febrero de 2023, un grupo de legisladores liderado por el periodista y entonces diputado Fernando Villavicencio publicó un informe con más detalles sobre las conexiones de Gjika con el narcotráfico. El informe también daba detalles sobre la supuesta relación entre Varela y Gjika y afirmaba que Lasso conocía los vínculos entre Carrera, Cherres y el narcotraficante albanés desde julio de 2021.

El revuelo nacional que generó el informe puso a Lasso en la mira por las presuntas actividades de su cuñado y los esfuerzos de su gobierno por encubrirlas. La investigación sobre Carrera se reabrió y los posibles vínculos de la familia de Lasso con narcotraficantes albaneses contribuyeron a un escándalo político que culminó en un proceso de destitución contra el entonces presidente. Villavicencio fue asesinado meses después.

Escapando de las autoridades

Según informes de prensa, Gjika abandonó Ecuador el 9 de enero de 2023, el mismo día en que La Posta difundió la información sobre la red de corrupción encabezada por Carrera y Cherres.

Desde entonces, no está claro si ha orquestado operaciones de narcotráfico. En marzo de 2023, Cherres, su socio, fue asesinado. Cherres había sido un testigo clave en el proceso judicial contra la red de narcotráfico de Gjika. Carrera está siendo investigado por el fiscal general de Ecuador por dirigir una red de corrupción junto con Cherres, pero no respondió a la solicitud de comentarios de InSight Crime.

Las grabaciones telefónicas publicadas en marzo de 2024 sugieren que Gjika podría haber querido asesinar a Cherres por una deuda pendiente.

También parece que Gjika ha cedido acciones de varias de sus otras empresas, incluida Agricomtrade, a miembros de su organización criminal. Desde entonces, estos miembros han sido acusados de blanqueo de capitales para la organización de Gjika a través de transacciones ilícitas realizadas a través de estas empresas.

La operación conjunta de febrero de 2024 desmanteló gran parte de la presunta infraestructura de tráfico de Gjika, ya muchos miembros de alto rango de su organización fueron capturados. Actualmente, se enfrentan a juicio por cargos de narcotráfico y blanqueo de capitales en Ecuador.

No obstante, la actividad económica de Gjika en el país suramericano ha continuado a pesar de su ausencia. En octubre de 2023, fundó la empresa Riomel Gold Corporation, dedicada al comercio de metales preciosos. Riomel Gold sigue activa a la fecha, según el registro mercantil de Ecuador. InSight Crime no pudo comunicarse con Gjika ni con Riomel Gold para obtener comentarios.

Desde la captura de los presuntos aliados de Gjika, las autoridades ecuatorianas no han arrestado a ningún otro narcotraficante albanés de importancia. Pero la demanda de cocaína en Europa sigue siendo alta, y otras redes transatlánticas están cubriendo el vacío de la oferta.

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Las redes de ciberdelincuentes brasileñas roban cada vez más datos y piden rescate por ellos, aprovechándose de las fuerzas de seguridad, que tienen dificultades para hacer frente a la explosión de los delitos informáticos.

Los incidentes de ciberseguridad alcanzaron máximos históricos mensuales en enero y abril de este año, según la agencia federal de ciberseguridad de Brasil.

Entre los objetivos más recientes se encuentran instituciones financieras clave con una capacidad de ciberseguridad superior a la de la empresa brasileña promedio. El 1 de julio, un grupo llamado RansomHub empezó a filtrar información robada del Sistema de Cooperativas Financieras de Brasil (Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil, Sicoob), una semana después de que Sicoob anunciara que había sido atacado y que sus datos estaban secuestrados.

Brasil, cuya economía es cada vez más grande y está cada vez más conectada a Internet, se ha convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes dentro y fuera del país.

Casi la mitad de los ataques detectados por el gobierno brasileño en lo que va de 2024 implicaron algún tipo de filtración de datos. La banca, la salud, la educación y muchos otros sectores están ahora en Internet, por lo que los datos son cada vez más valiosos y vulnerables.

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Una de las mayores amenazas es el software de robo, un programa malicioso —o malware— diseñado para robar los datos de acceso y otras credenciales de los usuarios. Según SOCRadar, una empresa de inteligencia sobre amenazas cibernéticas, Brasil es el país con más ataques de software de robo de credenciales del mundo.

Otra estrategia consiste en utilizar programas de secuestro informático, también llamados ransomware, para bloquear los datos de una organización con una codificación indescifrable. Las víctimas pagan para recuperar el acceso o, como en el caso de Sicoob, los datos se filtran.

“Hoy los datos son oro”, asegura Daniela Dupuy, fiscal de ciberdelincuencia y directora del Observatorio en Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de Argentina.

Los cibercriminales de Brasil

Los ciberdelincuentes suelen combinar especialidades, ya que cada miembro se dedica a escribir programas maliciosos, crear sitios web falsos o lavar dinero. Operar en línea plantea dificultades adicionales a la hora de identificar a los responsables de los ciberataques, pero los investigadores y las fuerzas de seguridad han podido identificar a varios grupos radicados en Brasil.

Identificar a un grupo requiere recoger rastros digitales hasta que haya suficientes conexiones que demuestren que un grupo específico opera de forma conjunta. El tipo de malware utilizado, las tácticas, los objetivos que persiguen, los nombres de usuario y el horario de operaciones se analizan para encontrar identificadores únicos que caractericen a un grupo, un proceso que puede llevar años de recopilación y análisis de datos.

Un grupo brasileño notable es UNC5176. Según un informe del Grupo de Análisis de Amenazas (Threat Analysis Group, TAG) de Google y la empresa de ciberseguridad Mandiant, este grupo ha atacado sobre todo entidades financieras de toda América Latina y España.

UNC5176 utiliza un tipo específico de malware llamado troyano URSA o Mispadu. Cuando las víctimas hacen clic en un enlace de un sitio web falso o en un correo electrónico malicioso, el malware se instala. Luego, el programa roba las credenciales de inicio de sesión de los navegadores de las víctimas o crea falsas ventanas emergentes cuando una víctima visita un sitio bancario, engañando al usuario para que introduzca su información financiera, que luego se envía a un servidor en Brasil controlado por la ciberpandilla.

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Un malware similar llamado Grandoreiro ha estado circulando por todo Brasil. Aunque varios grupos suelen utilizar el mismo software malicioso, Grandoreiro se ha extendido por la región en parte gracias a un grupo conocido como FLUXROOT, según los análisis de TAG y Mandiant.

También está PINEAPPLE, un grupo de ciberdelincuentes que se hace pasar por el servicio tributario federal de Brasil. El grupo ha enviado correos electrónicos falsos que parecen proceder de una dirección oficial del gobierno y ha creado un clon del sitio web del departamento para engañar a las víctimas e instalar software malicioso.

Aunque el mundo de la ciberdelincuencia se asocia a menudo con la dark web, los grupos brasileños suelen operar más en la superficie.

“Brasil siempre ha tenido una comunidad cibercriminal muy particular”, dijo Luke McNamara, jefe adjunto de análisis de Mandiant, a InSight Crime. “Está mucho más basada en Telegram y WhatsApp, lo que creo que también es único porque proporciona un poco más de facilidad para los nuevos miembros”.

Cazando fantasmas

La naturaleza remota de los ciberdelitos permite a los grupos delictivos llegar a las víctimas desde lejos mientras las fuerzas de seguridad se esfuerzan por identificar, localizar y detener a los autores.

La naturaleza transnacional de estos delitos crea importantes obstáculos jurisdiccionales y de cooperación. UNC5176, por ejemplo, ha atacado a víctimas en México y España, desviando sus datos a un servidor en Brasil. Esto exige cooperación entre las fuerzas de seguridad de diferentes continentes y de diferentes organismos gubernamentales que hablan diferentes idiomas y operan bajo diferentes leyes y restricciones.

Incluso cuando los delincuentes y las víctimas se encuentran en el mismo país, las investigaciones pueden tener un componente transnacional. Las empresas utilizan habitualmente servicios en la nube, donde sus datos se almacenan en equipos situados en centros remotos, lo que puede complicar el proceso de obtención de pruebas.

“Las pruebas digitales (…) las tiene el sector privado. Todos ellos tienen sus empresas o sus sedes en el extranjero, y ahí es donde tienen todas las pruebas que un fiscal necesita para investigar”, dijo Dupuy.

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La información digital también se registra y elimina constantemente, y los ciberdelincuentes añaden nuevos elementos para ocultar sus huellas.

“Es mucho más fácil que se destruyan totalmente las pruebas electrónicas que las físicas”, afirmó Dupuy.

Brasil se ha esforzado por reforzar su capacidad contra la ciberdelincuencia en los últimos años. En 2022, la Policía Federal puso en marcha una unidad especializada centrada en las ciberamenazas más complejas. Pero sigue estando por detrás de muchos de sus homólogos, y ocupa el penúltimo lugar de los 20 países más importantes en cuanto a políticas de ciberseguridad, según el último Índice de Ciberdefensa del MIT Technology Review.  

La prevención es otro problema. Dado que gran parte del software de robo elude los análisis antivirus y se basa en engañar a las víctimas para que instalen el malware, las autoridades tienen pocas opciones para detener las estafas antes de que se hayan propagado.

Al mismo tiempo, la creciente sensibilización frente a la ciberdelincuencia organizada ha empujado a muchas empresas a invertir en protecciones reforzadas. Según el Barómetro de Riesgos de Allianz, las ciberamenazas ocupan ahora el segundo lugar, después del cambio climático, entre los riesgos que amenazan a las empresas en Brasil. Y las empresas están invirtiendo cada vez más en pruebas proactivas de sus defensas de ciberseguridad para buscar vulnerabilidades antes de que los delincuentes las encuentren.

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La detención en Colombia de uno de los cofundadores y principales líderes del Tren de Aragua, representa el golpe más significativo contra la cúpula del grupo transnacional y abre una ventana a futuras fragmentaciones.

Tras meses de seguimiento, el 1 de julio la Policía Nacional de Colombia capturó a Larry Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, cofundador y líder del Tren de Aragua, en una mansión ubicada en el municipio de Circasia, en el departamento de Quindío, Colombia.

Larry Changa es uno de los tres principales líderes y fundadores del Tren de Aragua junto con Héctor Rusthenford, alias “Niño Guerrero” y Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”. Fue recluido en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, en 2007, pero escapó en 2015 con ayuda del grupo y se desconoció su paradero hasta su entrada a Chile en 2018.

De acuerdo con una publicación del Ministerio de Defensa colombiano en la red social X, antes Twitter, “[Álvarez] se encargaba de la estrategia criminal para la expansión territorial del ‘Tren de Aragua’ en territorio colombiano”.

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Changa entró a Colombia en 2022 con documentos falsos, según autoridades colombianas, tras haber vivido cuatro años en Chile, de donde escapó ante el incremento de las investigaciones en su contra. Originalmente, llegó a Chile como un migrante en condición regular, con sus documentos en regla y sin reflejar antecedentes penales, dijeron fuentes policiales, judiciales y académicas a InSight Crime en Santiago de Chile.

Una vez allí, fue clave para el desarrollo y consolidación del Tren de Aragua en Chile. Bajo su liderazgo, la banda se convirtió en uno de los principales grupos criminales del país, controlando pasajes fronterizos claves para el tráfico de migrantes, la trata de personas y las extorsiones en zonas urbanas. Poco a poco amplió el portafolio criminal del grupo hacia secuestros extorsivos, microtráfico de drogas y lavado de dinero.

“[Él] demostró tener capacidad de emprendimiento. Es un tipo que tiene cierta capacidad de organización”, comentó Tanía Gajardo, directora de la Unidad de Crimen Organizado (UCO) de la Fiscalía Nacional de Chile, a InSight Crime.

Análisis de InSight Crime

La captura de Larry Changa es el golpe más significativo que ha recibido la banda tras la pérdida de la cárcel de Tocorón, el bastión del Tren de Aragua en Venezuela, en septiembre de 2023, y crea un vacío de liderazgo con el que el grupo no se había enfrentado antes.

Con Álvarez y demás altos miembros locales del Tren de Aragua tras las rejas, la ausencia de un mando establecido puede ocasionar la proliferación de nuevas estructuras, como ha sucedido con el Tren del Coro en Arica, una antigua facción del Tren de Aragua que decidió independizarse tras el arresto y asesinato de varios líderes originales del grupo.

“Aquí puede pasar lo mismo que sucedió en el caso de Los Gallegos. Cuando se produce la primera detención masiva en Arica se descuelga un brazo de ellos, y unos soldados de Los Gallegos crean su propia organización criminal: El Tren del Coro”, puntualizó Carlos Basso, un periodista de investigación de Chile que tuvo acceso a documentos de la Fiscalía en ese entonces.

Las células del Tren de Aragua que se han expandido por Suramérica han demostrado ser capaces de adaptarse a las dinámicas criminales urbanas de cada ciudad donde hacen presencia, un modelo que el mismo Changa ayudó a establecer. 

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Después de pasar varios años como un comerciante informal del centro de la capital chilena, las autoridades descubrieron que Changa era el propietario de dos vehículos involucrados en homicidios en zonas populares de Santiago, por lo cual fue detenido y llevado a una indagatoria.

“En esa declaración dice que es parte de una organización que se denomina Tren de Aragua y aparentemente eso no causó ningún efecto en la fiscal que estaba investigando esos homicidios”, explicó Basso a InSight Crime. “Posteriormente, ordenan a los detectives que lo dejen en libertad porque no hay suficiente evidencia”.

En la clandestinidad, Álvarez se estableció como el líder de la principal facción del Tren de Aragua en el país, e incluyó como lugartenientes a Carlos González Vaca, alias “Estrella” y Hernán David Landaeta Garlotti, alias “Satanás”, que fueron detenidos entre 2022 y 2023.

Después de huir a Colombia, Álvarez continuó liderando las operaciones de la banda en Chile, indicó Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana de Chile, a La Tercera. Sin embargo, tras su captura, es incierto si la facción bajo su liderazgo, conocida localmente como los Piratas de Aragua seguirá bajo el manto del Tren de Aragua. Hasta el momento, no se han identificado líderes o lugartenientes que tenga el poder suficiente para tomar el control de la facción, poniendo en duda su futuro dentro del grupo. 

Imagen principal: Larry Álvarez Núñez, alias “Larry Changa” fue capturado por la policía colombiana. Crédito: Policía Nacional de Colombia

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Un nuevo informe señala que la violencia en algunas zonas del norte de Brasil ha aumentado en la última década a causa de la lucha entre facciones criminales, reforzadas por el encarcelamiento masivo, por las nuevas rutas de tráfico de cocaína en esta región.

El reportaje aborda el periodo de expansión de diversas organizaciones criminales en todo el país, como el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV), entre otras dinámicas criminales.

El Atlas de la Violencia de 2024 (Atlas da Violência), realizado por el Instituto Brasileño de Investigación Económica Aplicada (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA) y el Foro Brasileño de Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP), analiza la violencia y la criminalidad basándose en datos de Brasil entre 2012 y 2022.

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A continuación, InSight Crime presenta algunos de los hallazgos claves del informe.

Cambios en las rutas de la cocaína aumentaron la violencia

Según el Atlas, las bandas que se disputan las nuevas rutas del narcotráfico en el norte y el noreste de Brasil elevaron las tasas de homicidio en varios estados, especialmente en Piauí, Amapá y Roraima.

En Piauí, los homicidios crecieron casi un 50%, pasando de 16,3 por 100.000 habitantes en 2012 a 24,1 en 2022. En Amapá y Roraima, el aumento de los homicidios fue de alrededor del 15%.

Estos estados, junto con varios otros del norte y noreste del país, sufrieron el mayor impacto de una guerra que mantuvieron el PCC y CV —dos de las organizaciones criminales más importantes del país— y sus aliados por el control de las rutas del narcotráfico entre 2016 y 2018. Antes del conflicto, el PCC y el CV se habían abstenido de enfrentarse, pero su pacto de no agresión terminó abruptamente en octubre de 2016 tras una masacre en una prisión de Roraima.

Por su parte, el Atlas registró un total de 4.002 homicidios en Piauí, Amapá y Roraima juntos entre 2016 y 2018. El PCC y el CV restablecieron su pacto de no agresión en 2018, pero no se registró una caída significativa en el número de homicidios en los tres estados en los tres años siguientes. Entre 2019 y 2021, Piauí, Amapá y Roraima registraron 3.948 homicidios.

El elevado número de homicidios tras la tregua entre el PCC y la CV refleja la expansión y proliferación de facciones regionales en el norte y el noreste del país. Estos grupos siguieron luchando por rutas de tráfico más pequeñas y por el control de municipios.

“Estos conflictos más pequeños del narcotráfico son los elementos que actualmente acentúan el número de homicidios en Brasil”, dijo a InSight Crime Daniel Cerqueira, coordinador del Atlas de la Violencia.

Las disputas por las rutas del narcotráfico siguen afectando al norte de Brasil.

En 2022, Amazonas registró una de las tasas de homicidios más altas del país, con 42,5 por cada 100.000 habitantes. Los ríos Solimões y Amazonas, que atraviesan el estado, se utilizan para transportar drogas, especialmente cocaína, desde Perú y Colombia a través del país y hacia puertos internacionales.

El estado de Amazonas es también el hogar de más de 10 grupos criminales rivales. Los más poderosos son la Familia del Norte (FDN) y el Cartel del Norte (Cartel do Norte), pero tanto el PCC como el CV han reforzado sus operaciones en el estado en la última década.

Manaos, la capital del estado, cuenta con un puerto marítimo y un aeropuerto que se han convertido en puntos clave para el envío de drogas a la región sureste del país. La ciudad, que cuenta con dos millones de habitantes, fue la tercera capital más violenta de Brasil en 2022, con una tasa de homicidios de 55,7 por cada 100.000 habitantes.

Políticas de drogas prohibicionistas y encarcelamientos masivos catalizaron la violencia

A través de un análisis del fenómeno de las drogas en Brasil, los autores del Atlas vinculan las políticas de drogas de mano dura con la violencia.

“La prohibición de las drogas genera elevados costos sociales y económicos”, escriben. “El principal de ellos es la pérdida de miles de vidas humanas debido a la violencia”.

Para los autores, entre las razones de esta conexión “causal” está el encarcelamiento masivo. Las estrictas políticas brasileñas de prohibición de las drogas provocaron detenciones generalizadas, la mayoría de ellas de pequeños traficantes o personas en posesión de pequeñas cantidades de estupefacientes. El hacinamiento que esto provocó favoreció el crecimiento de grupos criminales, entre ellos los que han protagonizado la violencia de la última década.

“El encarcelamiento masivo hace que el Estado pierda control y capacidad, por lo que ya no puede hacer cumplir la ley. El resultado es que los reclusos no se resocializan tras salir de prisión”, explicó Cerqueira.

El estigma que rodea a las personas que han estado en prisión también dificulta la posibilidad de que se reintegren en la sociedad, por lo que los exreclusos a menudo sienten la necesidad de seguir delinquiendo para sostenerse económicamente tras salir de la cárcel, añadió.

Los nuevos reclusos, a menudo delincuentes primerizos, pueden unirse a bandas carcelarias para buscar protección mientras están entre rejas, o son forzados a convertirse en miembros bajo amenaza. Como resultado, el encarcelamiento masivo ha puesto a internos no violentos en manos del PCC y el CV, que se han enfrentado periódicamente dentro de las prisiones y han perpetrado brutales masacres en las cárceles.

“Hay una gran probabilidad de que las personas detenidas por pequeños robos -un ladrón de gallinas, un consumidor de drogas, un traficante de poca monta- se unan a una pandilla para evitar que los maten, y acaben implicándose de por vida con ese grupo”, declaró a InSight Crime Cerqueira, coordinador del Atlas de la Violencia.

Las prisiones también se han convertido en epicentros de la actividad criminal y refugios desde los que los grupos delictivos pueden planear sus estrategias y ejercer un control social y económico sobre miles de reclusos y ex reclusos.

Sin embargo, las cosas pueden estar cambiando en Brasil. Una semana después de la publicación del informe Atlas, el máximo tribunal del país despenalizó la posesión de hasta 40 gramos de marihuana para uso personal, lo que significa que el número de personas detenidas por posesión personal de la droga podría disminuir sustancialmente.

Según el Atlas, más de 42.600 personas habrían evitado ser encarceladas en 2022 si la ley hubiera permitido la posesión de hasta 25 gramos de marihuana en el momento de su detención.

La hegemonía del PCC y las políticas de seguridad pública redujeron la violencia en São Paulo

En una afirmación a menudo debatida, Cerqueira afirmó que el dominio criminal del PCC en São Paulo, la mayor ciudad de Brasil, contribuyó a un descenso sustancial de la violencia. El Atlas añadió que las políticas de seguridad aumentaron la rendición de cuentas de la policía en todo el estado de São Paulo y también ayudaron a reducir la violencia en la región.

El informe relaciona el descenso de los homicidios en São Paulo con el control casi total que el PCC ejerce en la capital del estado, que, con cerca de 12,5 millones de habitantes, es una de las mayores ciudades del mundo. El estado registró una de las mayores caídas en las tasas de homicidio del país entre 2012 y 2022.

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Cerqueira, sin embargo, dijo que el control del PCC sobre São Paulo no es la única razón que explica la disminución de los asesinatos. Apuntó a un cambio en los modelos de política de seguridad local.

“En el estado de São Paulo se empezó a registrar un descenso de la tasa de homicidios en 1999, mientras que el PCC ganó fuerza a mediados de la década de 2000, alrededor de 2006”, dijo Cerqueira a InSight Crime. La tendencia a la baja de los homicidios en el estado de São Paulo comenzó antes del monopolio del PCC y se extendió hasta el periodo comprendido entre 2012 y 2022, explicó.

Estos cambios comenzaron a principios de la década de 2000, cuando la policía invirtió dinero en recursos de inteligencia, incluyendo la implementación de cámaras corporales para los agentes de policía en 2019. Según los informes, esta política ha reducido los asesinatos cometidos por la policía en el estado.

Este tipo de medidas se ha extendido a otros estados, según Cerqueira. Goiás y el Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, la capital del país, comenzaron a implementar políticas de seguridad centradas en mejorar la inteligencia policial durante el periodo comprendido en el informe del Atlas, con proyectos para analizar los vínculos criminales e iniciativas centradas en la disuasión.

Para el Atlas, estas políticas fueron notables. Junto con São Paulo, estos dos estados registraron las mayores caídas en las tasas de homicidios del país entre 2012 y 2022.

Imagen principal: La policía militar toma la favela de Jacarezinho en Río de Janeiro, Brasil, el 19 de enero de 2022. Crédito: AP Photo/Silvia Izquierdo

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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicó su informe anual de drogas, en el que expone los múltiples estragos causados por el auge de la industria de la cocaína.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2024, publicado el 26 de junio, examina los datos mundiales de los últimos años para analizar la evolución de las sustancias ilícitas. Se centra en las tendencias mundiales más amplias, especialmente en lo que respecta al cultivo y la producción de drogas sintéticas. Además, aborda el impacto que la industria de las drogas ilícitas tiene en la sociedad y las instituciones.

“El problema de las drogas se está expandiendo tanto desde el punto de vista del consumo como de la oferta. Hay más producción, más tráfico y también mayor complejidad, es decir, más sustancias”, declaró a InSight Crime Angela Me, jefa de investigación de la ONUDD.

El informe detalla el aumento de la producción de cocaína y sus efectos devastadores en la sociedad y el medio ambiente. La destrucción asociada a las drogas es un fenómeno mundial y, en América Latina, suelen ser los jóvenes los más afectados.

El narcotráfico sigue expandiéndose a escala mundial, al tiempo que aumenta el consumo de drogas. Aunque la producción de opio está disminuyendo, otras sustancias pueden estar ocupando su lugar, ya que los grupos de delincuencia organizada siguen explorando nuevas industrias ilícitas. 

Aquí, InSight Crime desglosa los hallazgos más importantes para el crimen organizado en América Latina.

La producción de cocaína genera violencia y destrucción medioambiental

Las organizaciones narcotraficantes se han expandido violentamente en un contexto marcado por niveles históricos de producción de cocaína, causando estragos ecológicos y expandiéndose a otras economías criminales.

La producción de cocaína y el cultivo de coca han aumentado de forma constante durante décadas, pero en 2022 se produjo un drástico incremento. El informe estima que en 2022 se produjeron 2.757 toneladas de cocaína en todo el mundo, un aumento del 20% respecto al año anterior, y tres veces más que hace casi una década. Estos volúmenes de cocaína se vieron impulsados por las 355.000 hectáreas de coca cultivadas en 2022, una cifra que representa un incremento del 21% con respecto a 2021.

El auge de la producción de cocaína ha provocado un aumento de la violencia y los desplazamientos en Colombia, primer exportador mundial de esta droga. La región del Pacífico colombiano se ha visto especialmente afectada por la guerra entre grupos armados a causa del narcotráfico.

Pero ningún país ha sufrido tanto el impacto del auge de la cocaína como Ecuador. Allí, las bandas locales se han visto impulsadas por la afluencia del narcotráfico y ahora trabajan con organizaciones colombianas, mexicanas y balcánicas para transportar la droga a través de las vías fluviales de Ecuador hacia los puertos internacionales. Al agravarse el conflicto por las rutas, se han disparado los homicidios, han asesinado políticos, y el país ha caído en un estado de emergencia casi permanente.

En el Caribe, donde las naciones insulares sirven como punto de tránsito para traficar cocaína a Norteamérica y Europa, las bandas locales se han enfrentado para defender su territorio, y han aumentado los homicidios.

A medida que la cocaína ha atravesado los océanos, le han seguido los asesinatos.

“Los sorprendentes niveles de violencia asociados al tráfico de cocaína y a la competencia entre grupos delictivos están afectando a América Latina y el Caribe, así como a países de Europa Occidental”, señaló el informe.

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Las rutas entre Suramérica y Europa se han consolidado, y los principales puntos de salida son Ecuador, el Cono Sur y Brasil. Por su parte, el mar del Norte se ha convertido en el punto de entrada más importante, según el informe.

El aumento de la producción de cocaína también está alimentando la destrucción del medio ambiente. En Bolivia, los traficantes siguen expandiéndose, adentrándose en el Amazonas y contribuyendo a la deforestación. Además, en la frontera entre Perú, Colombia y Brasil, el aumento del cultivo de coca ha impulsado la deforestación ilegal, el tráfico de madera y la minería ilegal de oro.

“Hay tres zonas fronterizas [en Suramérica] que han sido capturadas por el crimen organizado. Y no se trata sólo de drogas. La cuestión es que entran con drogas y luego empiezan a cometer delitos contra el medio ambiente”, afirmó Me.

El tráfico de drogas afecta a los jóvenes latinoamericanos

El consumo de drogas afecta cada vez más a los jóvenes de América Latina, señaló el informe.

La región de Centroamérica y el Caribe tiene la mayor proporción de menores de 18 años que busca tratamiento por adicción a las drogas, seguida de cerca por Suramérica.

“Los trastornos causados por el consumo de drogas a una edad temprana son especialmente preocupantes porque pueden conducir a un círculo vicioso que implica un menor nivel educativo y un deterioro de las posibilidades de reinserción social”, indica el informe.

Según la ONUDD, los grupos delictivos organizados pueden utilizar las drogas para crear un círculo vicioso: venderlas para ganar dinero y reclutar a los que se vuelven adictos.

“No podemos pensar en el problema de las drogas sin pensar en la delincuencia organizada de forma más holística”, explicó Me. “El ciclo no tiene que ver sólo con las drogas: tiene que ver con el crimen organizado”.

La drogadicción en la región ha sido explotada por los grupos de delincuencia organizada. En México, la demanda de las drogas sintéticas, como la metanfetamina, va en aumento y afecta especialmente a los jóvenes del país. Los grupos de delincuencia organizada han reclutado en centros de rehabilitación, aprovechando la incapacidad del Estado para convertir a los pacientes en vigilantes, traficantes y asesinos.

Cae el opio pero aumentan las drogas sintéticas

La prohibición del opio en Afganistán ha obligado a los traficantes a echar mano de las reservas para mover heroína, pero están apareciendo nuevos opiáceos sintéticos.

El cultivo de opio, ingrediente base de la heroína, se ha desplomado un 95% en Afganistán, principal proveedor mundial de opio, tras la prohibición impuesta por los talibanes en abril de 2022. La producción de opio cayó un 70% en todo el mundo entre 2022 y 2023. Informes anteriores de la ONUDD estimaban que Afganistán producía hasta el 88% del opio mundial.

Aunque la producción ha disminuido, las incautaciones de opio se mantienen estables, lo que indica que los traficantes están recurriendo a las reservas para compensar el descenso. Si el suministro de heroína se agota, las drogas sintéticas podrían cubrir la demanda en los principales mercados del mundo, incluidos Estados Unidos y Europa.

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“La producción de opioides sintéticos puede ser más barata, rápida y rentable que la heroína y puede abrir oportunidades a nuevos grupos sin vínculos con la ruta de los Balcanes o llevar a los antiguos grupos a diversificar y modificar sus cadenas de suministro”, indica el informe.

Los opiáceos sintéticos han hecho estragos en Norteamérica, con la potente droga del fentanilo sustituyendo en gran medida a la heroína. Un nuevo grupo de opiáceos sintéticos aún más potentes, los nitazenos, también están apareciendo en todo el mundo, según la ONUDD.

La metanfetamina también va en aumento, y los traficantes podrían cambiar a nuevas drogas para sustituir los beneficios que obtienen de la heroína. En febrero, Andrew Cunningham, del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA), declaró a InSight Crime que la metanfetamina y otros estimulantes sintéticos a base de catinonas podrían sustituir a la heroína entre los consumidores europeos en caso de que se agotara la oferta de esta droga.

Imagen destacada: Sede de la ONUDD en Viena, Austria. Crédito: ONUDD

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El grupo guerrillero disidente conocido como la Segunda Marquetalia ha iniciado negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, y parece estar a punto de llegar a un acuerdo a causa de su debilitada condición.

El 24 de junio, representantes de la Segunda Marquetalia y del gobierno colombiano se reunieron en Caracas, Venezuela para iniciar conversaciones de paz en el marco de la política de Paz Total del presidente de Colombia, Gustavo Petro. La iniciativa pretende persuadir a las principales organizaciones armadas del país para que depongan las armas en una serie de negociaciones paralelas.

La Segunda Marquetalia, creada por antiguos comandantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es la tercera organización criminal importante que acepta dialogar, después del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otra facción de las antiguas FARC denominada Estado Mayor Central (EMC). 

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Tanto el grupo armado como el gobierno tienen grandes incentivos para forjar rápidamente un acuerdo de paz. La Segunda Marquetalia se encuentra en una situación desesperada, tras haber perdido territorio y varios líderes en los últimos años. Por su parte, el gobierno de Petro está ansioso por mostrar avances en su iniciativa de Paz Total, al llegar a la mitad de su mandato de cuatro años, al mismo tiempo que los grupos criminales se fortalecen y la violencia aumenta en algunas partes del país.

Ante el inicio de las negociaciones, InSight Crime analiza tres razones por las que podrían tener éxito.

Última oportunidad para los líderes de la Segunda Marquetalia

Después de que Petro asumiera la presidencia en 2022, reconoció a la Segunda Marquetalia como organización política, abriendo la puerta a las conversaciones de paz con el grupo. Pero es posible que el sucesor de Petro no acepte esta designación, lo que añade un sentido de urgencia a las negociaciones.

La posición política de la Segunda Marquetalia no estaba clara al comienzo del mandato de Petro. El grupo fue fundado en 2019 por excomandantes de las FARC que habían optado por abandonar el histórico acuerdo de paz de 2016 firmado durante la administración del expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Al abandonar el acuerdo, los líderes perdieron los privilegios que venían con él, incluyendo curules en el Congreso, y reconocimiento político. 

La decisión de Petro de reconocer al grupo como actor político fue condenada, incluso por quienes negociaron el acuerdo de paz de 2016.

Humberto de la Calle, un senador que fue jefe de la delegación del Gobierno en los acuerdos de paz con las FARC, señaló que los miembros de la Segunda Marquetalia ya habían abandonado las conversaciones de paz una vez.

“No estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez, ellos tuvieron su oportunidad … ¿Quién nos garantiza que esta vez [el grupo] no vuelva a incumplir?”, dijo en un video publicado en su cuenta de X. 

Por lo tanto, un tratado de paz con Petro puede representar la última oportunidad de la Segunda Marquetalia para recibir los beneficios del desarme voluntario, incluidas penas de prisión menos severas. 

“Márquez y los que dejaron las armas antes probablemente no van a tener un gobierno que los trate mejor. O sea, si quieren sacar el mejor trato posible, el momento es ahora”, Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Conflict Responses, una ONG colombiana que investiga el conflicto armado y el crimen organizado, declaró a InSight Crime. 

La salida de una guerra imposible de ganar

Es posible que la Segunda Marquetalia se incline por firmar un acuerdo debido a su debilitamiento militar.

En 2021, la Segunda Marquetalia libró una guerra por las rutas de la droga contra el Frente 10 de las ex-FARC mafia y el ELN en la frontera colombo-venezolana. El conflicto fue agotador para la Segunda Marquetalia, y aún no se ha recuperado del todo.

Durante ese periodo, las fuerzas de seguridad colombianas y grupos rivales mataron a la mayoría de los principales líderes de la organización, incluyendo a Seuxis Pausías Hernández, alias “Jesús Santrich”, Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”. La Segunda Marquetalia está ahora liderada por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien recientemente regresó a la escena pública casi un año después de que se le diera por muerto, aunque parece estar delicado de salud. Esta pérdida de liderazgo dejó inoperativa a gran parte de la organización.

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Hoy en día, el poder territorial de la Segunda Marquetalia se limita a unos pocos bastiones a lo largo de la frontera colombo-venezolana y en departamentos del suroeste de Colombia como Nariño, Cauca y Putumayo. 

Pero ni siquiera en estas regiones tiene capacidad militar para actuar por sí sola. La Segunda Marquetalia se ha visto obligada a formar alianzas con organizaciones locales más fuertes, como el ELN y los Comandos de la Frontera.

Este no es un futuro prometedor para el grupo, y la Paz Total puede ser su última opción para evitar una derrota militar total. 

Los moderados ganan influencia

La muerte de la mayoría de los fundadores de la Segunda Marquetalia eleva las voces de los comandantes de nivel medio, que están más abiertos a negociar. 

Santrich, Romaña y El Paisa, las voces más radicales de la cúpula del grupo, tenían pocos incentivos para entablar conversaciones de paz, tras haber perdido cualquier privilegio proveniente del acuerdo de paz de 2016 cuando lo abandonaron.

También eran blanco de las autoridades tanto en Colombia como en el exterior. Por ejemplo, antes de su muerte, Santrich fue acusado de delitos de narcotráfico por Estados Unidos. 

Pero Márquez, el único fundador del grupo que se encuentra con vida, se ha mostrado dispuesto a negociar en el pasado. Formó parte de un esfuerzo por desmovilizar a las FARC en la década de 1980, cuando parte de la organización, incluido Márquez, se dividió y formó parte de un partido político. El esfuerzo terminó en tragedia, ya que los grupos militares y paramilitares masacraron a miles de miembros del partido, y las FARC regresaron al campo de batalla.

Ahora, con una salud delicada, Márquez puede estar más dispuesto que nunca a llegar a un acuerdo. Además, otros mandos de la Segunda Marquetalia han manifestado su disposición a participar en las negociaciones. 

Por ejemplo, Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, líder de Comandos de la Frontera, uno de los aliados más fuertes de la Segunda Marquetalia, dijo que su grupo estaría dispuesto a deponer las armas a cambio de “amnistía, perdón y olvido”. Su postura fue apoyada por varios otros comandantes. 

Imagen destacada: Conversaciones de paz entre la Segunda Marquetalia y el gobierno colombiano en Caracas, Venezuela. Crédito: Associated Press.

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