Por primera vez en 23 años, las cifras de deforestación en Colombia se han reducido a niveles históricos. Aunque esta tendencia demuestra que el cambio de enfoque en la lucha contra los delitos ambientales ha tenido un efecto positivo, los grupos criminales también tendrían un rol importante en este fenómeno.

Esta semana, Susana Muhammad, cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, anunció una reducción del 36% de la deforestación en 2023 con respecto al año pasado, tras la publicación del más reciente estudio de este fenómeno en Colombia. De acuerdo con la jefa de la cartera, el número de hectáreas deforestadas pasó de 123.517 hectáreas (ha) en 2022 a 79.256 ha en 2023.

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El estudio fue realizado en conjunto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la entidad encargada de producir conocimiento técnico y científico de los recursos naturales en Colombia. Según se lee en el reporte, los departamentos más afectados por este fenómeno fueron Caquetá (12.647 ha), Guaviare (11.467 ha), Putumayo (10.852 ha), Meta (10.310 ha) y Antioquia (8.139 ha), todos ubicados en la región amazónica de Colombia, a excepción del último. 

Por su parte, los principales motores que impulsaron la deforestación en estos territorios fueron la praderización orientada al acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la apertura de infraestructura vial ilegal, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la tala ilegal, y la ampliación de la frontera agrícola.

De acuerdo con Muhammad, las cifras son las más bajas en 23 años, haciéndolo un “año icónico en la lucha contra la deforestación”, afirmó en una rueda de prensa el lunes.

“Estamos cumpliendo y sobrepasando la meta. Hemos identificado que hay una asociación directa entre la paz y el resultado de la deforestación, condiciones de paz generan reducción”, añadió.

Análisis de InSight Crime

Aunque la cifra de 2023 revierte varios años de altas tasas de deforestación, es importante anotar la importancia que han tenido las organizaciones criminales sobre la fluctuación de este fenómeno.

Tan solo un año después de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, Colombia experimentó una de las tasas de deforestación más altas en los últimos 10 años. En 2017, el país llegó a su máximo pico en una década, marcando 219.552 ha deforestadas, producto de la salida de las FARC de los territorios y quienes, hasta entonces, se habían beneficiado del bosque en pie. 

A pesar de que las cifras se redujeron entre 2018 y 2019 (197.159 ha  y 158.894 ha respectivamente), entre 2020 y 2021 la deforestación volvió a ascender, producto del involucramiento de nuevos grupos disidentes, conocidos como ex-FARC mafia, en economías criminales como la tala y minería ilegal, sumado al levantamiento de las restricciones al desmonte que sus antecesoras FARC habían procurado mantener. 

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En 2022, la tendencia volvió a cambiar. Previo a la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, el Estado Mayor Central (EMC), una confederación de estructuras disidentes con una importante presencia en la Amazonía, adoptó una política de reducción de la tala en sus áreas de control, lo que habría generado un efecto positivo en la deforestación.

Aunque esta regla se mantuvo durante 2023, es posible que el EMC la haya utilizado como una carta para inclinar la balanza a su favor durante las negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro. 

Sin embargo, el surgimiento de divisiones al interior del grupo, sumado a la retirada de varias facciones disidentes a las mesas de negociación con el gobierno, vuelve a poner sobre la mesa preocupaciones sobre la relación entre los grupos armados y el bosque.

En este escenario, es posible que el enfoque comunitario que el gobierno ha priorizado con respecto a la lucha contra los delitos ambientales, sea insuficiente para detener la maquinaria de los grupos armados que ven en la deforestación una oportunidad de negocios. 

“En los núcleos de deforestación es imposible entrar. Es muy difícil que el gobierno pueda implementar planes de conservación allí”, aseguró Juan Carlos Sandino, experto en conservación y cartografía. 

“Los programas de reducción de la deforestación y pagos por conservación ambiental son geniales, pero no atacan a los grandes taladores. El negocio de la madera jamás ha parado ni va a parar porque es sumamente lucrativo”, finalizó.

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A solo 50 kilómetros de las famosas playas de Río de Janeiro, uno de los criminales más poderosos de la ciudad encontró una fortuna en la arena.

Antes de entregarse a las autoridades en diciembre de 2023, Luis Antonio da Silva Braga, alias “Zinho”, dirigía la milicia Bonde do Zinho. Y más allá de sus intereses delictivos en Río, el grupo se había extendido al cercano municipio de Seropédica, donde presuntamente trabajaba con un legislador del estado de Río de Janeiro para utilizar dragas flotantes, camiones, tractores, retroexcavadoras y silos para recoger ilegalmente enormes cantidades de arena.

Las fotos por satélite muestran la extensión de la extracción entre 2011 y 2017.

La mayor parte de la arena extraída ilegalmente se utiliza en el sector de la construcción para materiales como el hormigón y los ladrillos, así como para la construcción de cimientos. Es más barata que la arena extraída legalmente, y la escasa supervisión por parte de las autoridades en toda América Latina y el Caribe ha convertido el tráfico de arena en una actividad relativamente rentable y de bajo riesgo para los grupos delictivos de toda la región.

Además de llenar las arcas de grupos criminales, en ocasiones violentos, la extracción ilegal de arena ha causado daños ambientales como la extinción de especies salvajes, cambios en los cauces fluviales y el aumento de las inundaciones.

Pero este delito es difícil de perseguir, ya que a menudo es imposible diferenciar entre la arena extraída legal e ilegalmente.

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“Si tienes un camión cargado de arena ilegal, tiene exactamente el mismo aspecto que un camión de arena extraída legalmente”, explicó a InSight Crime Vince Beiser, autor de una obra sobre la historia de la utilización de la arena por el ser humano.

Brasil

La extracción ilegal de arena es una de las industrias ilícitas más rentables de Brasil y, en gran parte del país, el uso ilegal de arena supera al legal.

La falta de una regulación eficaz ha provocado el colapso de algunos de estos edificios de apartamentos. El asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, está relacionado con su campaña contra estas construcciones ilegales.

Poderosas milicias como la de Zinho roban arena para abastecer el mercado inmobiliario ilegal, y después continúan ganando dinero monopolizando la provisión de servicios a los residentes de los edificios construidos ilegalmente.

Además de controlar los espacios donde la extracción es ilegal, las mafias de la arena extienden su dominio al mercado comercial, cobrando a las empresas de extracción legal en ese espacio, según Luis Fernando Ramadon, policía federal brasileño y experto en extracción ilegal de arena.

“Considerando las zonas de arena legal, el beneficio obtenido por la milicia que controla el municipio de Seropédica, en Río de Janeiro, puede alcanzar los 100.000 reales —unos US$18.000— al mes”, afirmó.

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La extracción ilegal de arena en esta región afecta al río Guandu, que abastece de agua a 9 millones de personas en Río de Janeiro.

Se han detectado grupos más pequeños, conocidos como carroceiros, en los estados de Espírito Santo, São Paulo, Bahía y Paraíba. Aunque no operan a la escala industrial que se observa en Seropédica, han sido acusados de reclutar a menores y mantener a las personas en condiciones de esclavitud.

“Los carroceiros venden arena a tiendas de materiales de construcción que actúan al margen de la ley, lo que fomenta la extracción ilegal de arena”, declaró Ramadon a InSight Crime.

Colombia

En Colombia, los grupos criminales – algunos con vínculos con las élites políticas y económicas – han recurrido al tráfico de arena para diversificar su portafolio criminal y aumentar sus ingresos.

La extracción de arena cobró importancia en Colombia durante la década de 1990, con el aumento de la urbanización en la costa Caribe del país. Según algunas estimaciones, hasta la mitad de la arena utilizada en Colombia puede extraerse ilegalmente.

El departamento de Magdalena se ha visto especialmente afectado. En mayo, las autoridades respondieron a las denuncias de extracción ilegal de arena en la zona rural de Pivijay y sorprendieron a personas extrayendo arena en volquetas sin autorización.

La élite política de Magdalena ha estado vinculada anteriormente al comercio. En 2017, el gobierno afirmó que se estaba llevando a cabo extracción ilegal de arena en la propiedad de un destacado abogado que posteriormente se presentó como candidato a la alcaldía de la zona.

En el vecino departamento de Córdoba, los traficantes de arena parecen haber estado dispuestos a matar en aras de su negocio. El periodista colombiano Rafael Moreno fue asesinado en 2016 tras denunciar la extracción ilegal de arena vinculada a una destacada familia de políticos.

México

En México, la extracción ilegal de arena también se ha vinculado a la corrupción de las élites.

Empresas legalmente registradas con permiso para extraer arena hacen caso omiso de la normativa legal y están protegidas por funcionarios locales corruptos, según investigadores que hablaron con InSight Crime. Además, la extracción ilegal de arena a menudo no se denuncia debido al temor de que los denunciantes sufran repercusiones violentas.

Algunas mafias mexicanas de la arena pueden exportar su producto a Estados Unidos, aunque el asunto no ha recibido tanta atención de las autoridades como el contrabando de drogas y personas a través de la frontera con California.

Beiser afirmó que la extracción legal de arena ha recibido el rechazo de la opinión pública estadounidense debido a sus efectos sobre la calidad del agua, lo que podría estar empujando a las empresas constructoras de la región fronteriza a utilizar arena ilegal mexicana.

“No me sorprendería en absoluto saber que la extracción ilegal de arena está alimentando ahora el mercado de San Diego”, afirmó Beiser.

Foto destacada: Un minero rescata los restos de equipos destruidos por la policía en La Pampa, en la región peruana de Madre de Dios, el viernes 16 de mayo de 2014. Crédito: AP Photo/Rodrigo Abd

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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicó su informe anual de drogas, en el que expone los múltiples estragos causados por el auge de la industria de la cocaína.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2024, publicado el 26 de junio, examina los datos mundiales de los últimos años para analizar la evolución de las sustancias ilícitas. Se centra en las tendencias mundiales más amplias, especialmente en lo que respecta al cultivo y la producción de drogas sintéticas. Además, aborda el impacto que la industria de las drogas ilícitas tiene en la sociedad y las instituciones.

“El problema de las drogas se está expandiendo tanto desde el punto de vista del consumo como de la oferta. Hay más producción, más tráfico y también mayor complejidad, es decir, más sustancias”, declaró a InSight Crime Angela Me, jefa de investigación de la ONUDD.

El informe detalla el aumento de la producción de cocaína y sus efectos devastadores en la sociedad y el medio ambiente. La destrucción asociada a las drogas es un fenómeno mundial y, en América Latina, suelen ser los jóvenes los más afectados.

El narcotráfico sigue expandiéndose a escala mundial, al tiempo que aumenta el consumo de drogas. Aunque la producción de opio está disminuyendo, otras sustancias pueden estar ocupando su lugar, ya que los grupos de delincuencia organizada siguen explorando nuevas industrias ilícitas. 

Aquí, InSight Crime desglosa los hallazgos más importantes para el crimen organizado en América Latina.

La producción de cocaína genera violencia y destrucción medioambiental

Las organizaciones narcotraficantes se han expandido violentamente en un contexto marcado por niveles históricos de producción de cocaína, causando estragos ecológicos y expandiéndose a otras economías criminales.

La producción de cocaína y el cultivo de coca han aumentado de forma constante durante décadas, pero en 2022 se produjo un drástico incremento. El informe estima que en 2022 se produjeron 2.757 toneladas de cocaína en todo el mundo, un aumento del 20% respecto al año anterior, y tres veces más que hace casi una década. Estos volúmenes de cocaína se vieron impulsados por las 355.000 hectáreas de coca cultivadas en 2022, una cifra que representa un incremento del 21% con respecto a 2021.

El auge de la producción de cocaína ha provocado un aumento de la violencia y los desplazamientos en Colombia, primer exportador mundial de esta droga. La región del Pacífico colombiano se ha visto especialmente afectada por la guerra entre grupos armados a causa del narcotráfico.

Pero ningún país ha sufrido tanto el impacto del auge de la cocaína como Ecuador. Allí, las bandas locales se han visto impulsadas por la afluencia del narcotráfico y ahora trabajan con organizaciones colombianas, mexicanas y balcánicas para transportar la droga a través de las vías fluviales de Ecuador hacia los puertos internacionales. Al agravarse el conflicto por las rutas, se han disparado los homicidios, han asesinado políticos, y el país ha caído en un estado de emergencia casi permanente.

En el Caribe, donde las naciones insulares sirven como punto de tránsito para traficar cocaína a Norteamérica y Europa, las bandas locales se han enfrentado para defender su territorio, y han aumentado los homicidios.

A medida que la cocaína ha atravesado los océanos, le han seguido los asesinatos.

“Los sorprendentes niveles de violencia asociados al tráfico de cocaína y a la competencia entre grupos delictivos están afectando a América Latina y el Caribe, así como a países de Europa Occidental”, señaló el informe.

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Las rutas entre Suramérica y Europa se han consolidado, y los principales puntos de salida son Ecuador, el Cono Sur y Brasil. Por su parte, el mar del Norte se ha convertido en el punto de entrada más importante, según el informe.

El aumento de la producción de cocaína también está alimentando la destrucción del medio ambiente. En Bolivia, los traficantes siguen expandiéndose, adentrándose en el Amazonas y contribuyendo a la deforestación. Además, en la frontera entre Perú, Colombia y Brasil, el aumento del cultivo de coca ha impulsado la deforestación ilegal, el tráfico de madera y la minería ilegal de oro.

“Hay tres zonas fronterizas [en Suramérica] que han sido capturadas por el crimen organizado. Y no se trata sólo de drogas. La cuestión es que entran con drogas y luego empiezan a cometer delitos contra el medio ambiente”, afirmó Me.

El tráfico de drogas afecta a los jóvenes latinoamericanos

El consumo de drogas afecta cada vez más a los jóvenes de América Latina, señaló el informe.

La región de Centroamérica y el Caribe tiene la mayor proporción de menores de 18 años que busca tratamiento por adicción a las drogas, seguida de cerca por Suramérica.

“Los trastornos causados por el consumo de drogas a una edad temprana son especialmente preocupantes porque pueden conducir a un círculo vicioso que implica un menor nivel educativo y un deterioro de las posibilidades de reinserción social”, indica el informe.

Según la ONUDD, los grupos delictivos organizados pueden utilizar las drogas para crear un círculo vicioso: venderlas para ganar dinero y reclutar a los que se vuelven adictos.

“No podemos pensar en el problema de las drogas sin pensar en la delincuencia organizada de forma más holística”, explicó Me. “El ciclo no tiene que ver sólo con las drogas: tiene que ver con el crimen organizado”.

La drogadicción en la región ha sido explotada por los grupos de delincuencia organizada. En México, la demanda de las drogas sintéticas, como la metanfetamina, va en aumento y afecta especialmente a los jóvenes del país. Los grupos de delincuencia organizada han reclutado en centros de rehabilitación, aprovechando la incapacidad del Estado para convertir a los pacientes en vigilantes, traficantes y asesinos.

Cae el opio pero aumentan las drogas sintéticas

La prohibición del opio en Afganistán ha obligado a los traficantes a echar mano de las reservas para mover heroína, pero están apareciendo nuevos opiáceos sintéticos.

El cultivo de opio, ingrediente base de la heroína, se ha desplomado un 95% en Afganistán, principal proveedor mundial de opio, tras la prohibición impuesta por los talibanes en abril de 2022. La producción de opio cayó un 70% en todo el mundo entre 2022 y 2023. Informes anteriores de la ONUDD estimaban que Afganistán producía hasta el 88% del opio mundial.

Aunque la producción ha disminuido, las incautaciones de opio se mantienen estables, lo que indica que los traficantes están recurriendo a las reservas para compensar el descenso. Si el suministro de heroína se agota, las drogas sintéticas podrían cubrir la demanda en los principales mercados del mundo, incluidos Estados Unidos y Europa.

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“La producción de opioides sintéticos puede ser más barata, rápida y rentable que la heroína y puede abrir oportunidades a nuevos grupos sin vínculos con la ruta de los Balcanes o llevar a los antiguos grupos a diversificar y modificar sus cadenas de suministro”, indica el informe.

Los opiáceos sintéticos han hecho estragos en Norteamérica, con la potente droga del fentanilo sustituyendo en gran medida a la heroína. Un nuevo grupo de opiáceos sintéticos aún más potentes, los nitazenos, también están apareciendo en todo el mundo, según la ONUDD.

La metanfetamina también va en aumento, y los traficantes podrían cambiar a nuevas drogas para sustituir los beneficios que obtienen de la heroína. En febrero, Andrew Cunningham, del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA), declaró a InSight Crime que la metanfetamina y otros estimulantes sintéticos a base de catinonas podrían sustituir a la heroína entre los consumidores europeos en caso de que se agotara la oferta de esta droga.

Imagen destacada: Sede de la ONUDD en Viena, Austria. Crédito: ONUDD

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Río arriba, el río Quito es un paisaje de árboles que se abren paso hasta las riberas, formando un muro impenetrable de selva que va marcando el camino del agua.

Entonces, de repente, el mundo se abre.

Los árboles que antes nos cubrían, ahora yacen más de medio kilómetro atrás, dando paso un páramo estéril. El río, que hasta ahora llevaba una forma curva que se balanceaba suavemente de un lado a otro, ahora es una línea recta casi perfecta.

En ese momento, aparece el primer dragón. 

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Los dragones son máquinas parecidas a un barco: una quimera que mezcla a una excavadora, una balsa y una cabaña de madera construida sobre pilotes. Estos dragones, como los de las leyendas, también acumulan oro.   

Los mineros utilizan estas grandes dragas para extraer oro, arrancando trozos de la selva y tirando a un lado los restos envenenados con mercurio y arsénico. 

Los dragones son máquinas parecidas a un barco; una quimera que mezcla a una excavadora, una balsa y una cabaña de madera construida sobre pilotes. Estos dragones, como los de las leyendas, también acumulan oro.

El proceso de extracción de oro ha tenido un impacto ambiental devastador en el departamento del Chocó, en la costa pacífica colombiana. Los precios internacionales del oro, que han batido récords en los últimos cinco años, han provocado una fiebre en las regiones mineras del sur del Chocó. Detrás de la minería ilegal de oro a gran escala hay grupos criminales que luchan entre sí por el control de la región: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas del paramilitarismo en Colombia, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

A diferencia de otras economías ilegales, la extracción ilegal de oro se produce a plena vista. Y a menos de una hora en lancha desde Quibdó, capital de Chocó, estos monstruos de la minería de oro pueden ser encontrados.

Los dragones se provisionan de oro

Son las siete de la mañana y una fuerte lluvia cae sobre la capital. A pesar de la hora y el clima, el puerto fluvial de Quibdó -que es poco más que una escalera de piedra que desciende hacia el río Atrato- está lleno de vendedores y lancheros que ofrecen sus servicios en un tono fuerte y claro, mientras caminan descalzos y son recubiertos con ponchos para la lluvia.

Uno de ellos, también sin zapatos, es nuestro guía, Tomás*.

Nos ayuda a subir a su lancha e inmediatamente ubica dos sillas de plástico recortadas en la base, para que nuestro peso se distribuya uniformemente. Una vez se escucha el rugido del motor, nos alejamos de la orilla de cemento.

Nuestro destino es Paimadó, un centro urbano ubicado en río Quito, un municipio vecino de Quibdó que lleva más de una década sufriendo los efectos de la minería ilegal de oro. 

“No vayan a tomar fotos ahorita de bajada,” Tomás advierte. “Si van a sacar los celulares, mejor que sea cuando regresemos. Ahí ya se pueden sacar unas fotos.”

La zona es controlada por las AGC, que, según fuentes militares, financian y son dueñas de algunas dragas que operan en el río Quito. Otros dragones son supuestamente propiedad de inversores anónimos que tal vez nunca han pisado Chocó. 

Así mismo, el grupo ha impuesto un toque de queda a partir de las seis de la tarde en el río, lo que limita el comercio local. A los mineros, sin embargo, se les permite viajar de noche, dice Tomás, “porque ellos están produciendo [para las AGC], y nosotros no”. 

Además de tener el control sobre algunas operaciones mineras, el grupo también se beneficia de explotaciones mineras que no son de su propiedad. Todos los mineros tienen que pagar un porcentaje del oro que extraen si quieren seguir operando en la región.

Aunque contamos al menos 10 dragones entre San Isidro, otro pequeño municipio a orillas del río Quito, y Paimadó, fuentes militares que hablaron bajo condición de anonimato estiman que hay entre 40 y 70 de estas dragas en todo el departamento.

Cada dragón está avaluado en 1.500 millones de pesos colombianos aproximadamente, unos US$400.000, según fuentes militares. Pero las ganancias que pueden dejar superan ampliamente los costos. Cada draga puede extraer alrededor de 1 kilogramo de oro a la semana, lo que equivale a casi US$77.000 en el mercado internacional. En ese sentido, los ingresos anuales de cada draga podrían ascender a más de US$4 millones al año. 

Los operadores de las dragas son colombianos y, en algunas ocasiones, extranjeros. Algunos trabajadores colombianos viajan desde los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, aunque la mayoría proceden de comunidades locales del Chocó. 

Sin embargo, involucrarse en este trabajo no está exento de riesgos.

“Las dragas son un problema serio. Los grupos armados vienen con ellas y tenemos que trabajar para ellos», dice Tomás. “Porque si alguien dice que no, pues…”, añade.

Un ecosistema devastado

Las orillas que se apuestan a los lados de los dragones están salpicadas de ensenadas artificiales y montones de sedimentos grises y cafés. De vez en cuando, el casco de la embarcación choca contra un tronco talado o una rama oculta bajo la superficie del río. Tomás, en un reflejo bien incorporado, corta la potencia del motor y levanta la hélice del agua en cuestión de milisegundos para evitar que la madera cause daños.

Los dragones aspiran los sedimentos del lecho del río con una manguera y los bombean hasta una alfombra de acero que empieza a separar los sedimentos que contienen oro. Después, incorporando el mercurio, una reacción química hace que esta sustancia y el oro formen una mezcla llamada amalgama. En este punto, los trabajadores del dragón calientan la amalgama para que el mercurio se evapore y el oro sea por fin visible.

El proceso emite gases tóxicos que son enviados a la atmósfera y a los pulmones de los trabajadores. Las sustancias restantes se arrojan al río, contaminándolo y contaminando a los peces que sirven de alimento a las comunidades locales. 

La exposición al mercurio, incluso en pequeñas cantidades, puede causar graves problemas de salud e incluso la muerte. En Chocó, los niveles de mercurio no son monitoreados con regularidad. La única investigación de los últimos seis años que mide el nivel de mercurio en el agua, muestra niveles peligrosamente altos en poblaciones rurales. Según el Estudio Nacional del Agua de 2018, se estima que 183 toneladas métricas de mercurio fueron vertidas en los ríos de Colombia. Entre 2017 y 2022, se registró una producción 37,9 toneladas de oro en Chocó, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Sin embargo, sumando el oro extraído ilegalmente, es probable que el total sea mucho mayor. Por cada gramo de oro producido, pueden utilizarse entre 7 y 30 gramos de mercurio. Eso significa que, solo para cubrir la producción del oro declarado en los últimos cinco años, se utilizaron cerca de 265 toneladas de mercurio.

Por otra parte, el mercurio ha eclipsado otros problemas graves causados por la minería ilegal, como la destrucción del suelo, según contó un representante de la Fundación Beteguma, una organización ambiental sin ánimo de lucro a InSight Crime.

“A ese río prácticamente le borraron su cauce,” dijo el representante, que decidió permanecer anónimo por motivos de seguridad.

Los dragones han hecho del río Quito su hogar durante más de una década. Al secarse los yacimientos de oro en el sur, se han desplazado río abajo, dragando cada vez más del río. Esto provoca un aumento de las inundaciones y la erosión río arriba, ya que el agua se mueve más rápidamente a través de las zonas dragadas. A medida que el río erosiona sus orillas, los sedimentos sueltos pueden obstruir los arroyos, matar a los peces y desestabilizar puertos y puentes.

Las poblaciones ribereñas sufren estos efectos. Paimadó, por ejemplo, construyó un muro de contención para evitar la erosión. Pero sin lecho rocoso sobre el que construir, el agua ha seguido erosionando las orillas de la ciudad, acercándose peligrosamente a casas y negocios. 

Tomás navega con pericia por los remansos y, a medida que avanzamos hacia el sur, las orillas del río y las islas formadas por dragones que pintan el paisaje acaban dando señales de vida con pequeños arbustos y árboles jóvenes. Pero el río es un ecosistema complejo e interconectado, y su recuperación podría llevar años. Su recuperación es poco probable si las operaciones siguen dañando otras partes del río, dijo el representante de la Fundación Beteguma. 

Minería artesanal: una responsabilidad cultural

Entre los grupos de dragones, doblamos un recodo del río y vemos a un grupo de hombres jóvenes con el agua hasta el pecho paleando sedimentos en pequeñas canoas de madera. Poco después, un hombre y una mujer han instalado un pequeño tapete de acero a orillas de una playa gris.

Son barequeros, reconocidos legalmente como mineros de subsistencia. Ellos prefieren llamarse mineros artesanales.

Chocó tiene la población afrocolombiana más grande del país -más del 78% de la población del departamento según un censo de 2018-, la mayoría de la cual desciende de personas esclavizadas obligadas a extraer oro. Tras la abolición de la esclavitud, la minería artesanal se convirtió en un pilar cultural de las comunidades negras que permanecieron en el departamento. 

Los barequeros tienen que registrarse cada año en la alcaldía del municipio donde llevarán a cabo la actividad minera, proporcionando un correo electrónico y un número de teléfono que funcionen. Sin embargo, la mayoría de los mineros viven y trabajan en zonas rurales que pueden estar hasta a un día de viaje de la alcaldía y no se registran porque no pueden permitirse perder uno o dos días de trabajo.

Como resultado, muchos mineros artesanales y asociaciones de mineros locales operan sin documentación formal, que puede ser muy difícil de obtener. Así mismo, durante las operaciones militares contra la minería ilegal, las autoridades suelen atacar tanto a los mineros artesanales que trabajan sin permiso como a las explotaciones mineras dirigidas por el crimen organizado. La distinción entre ambas se complica aún más dado que muchos barequeros se ven obligados a pagar un impuesto a los grupos criminales locales. 

Las cooperativas mineras en tierras comunitarias también luchan por formalizarse. En conversación con InSight Crime, una asociación minera ubicada en Quibdó dijo que empezaron a solicitar un título minero en 2009, pero aún no lo han aprobado, ya que los requisitos y los costes cambian cada pocos meses.

Un problema de todos y de nadie

Al llegar a Paimadó, un hombre salta de su lancha y pasa junto a nosotros hacia una gasolinera, dándonos los buenos días en un acento que se identifica por fuera de la región. Una vez nos alejamos de él, Tomás nos dice en voz baja que es un paraco, un término común para referirse a un miembro de las AGC.

El presunto paraco y sus compañeros se dispusieron a llenar de gasolina los contenedores de combustible de dos lanchas. Este combustible podría estar destinado a la operación de los dragones o excavadoras que pasamos de camino a Paimadó, que se encuentra en el corazón del territorio de la AGC. 

Hasta 2016, la zona había sido controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Después de que el grupo guerrillero firmara el acuerdo de paz con el gobierno colombiano e iniciara su proceso de desarme , otros grupos armados empezaron a fortalecer su presencia en la región. Pero no fue hasta después de la pandemia de la COVID-19 cuando los enfrentamientos entre las AGC y el ELN empezaron realmente a intensificarse.

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“Han sido tres años de emergencias recurrentes que el gobierno conoce. El Estado lo sabe, lo saben los líderes sociales, lo sabe todo el mundo, porque lo denunciamos. Pero quienes tienen la responsabilidad de responder a las emergencias no lo hacen», dijo a InSight Crime un líder social del sur del Chocó.

La población civil es la que más sufre por parte de la violencia, soportando desplazamientos masivos, confinamientos, minas antipersona y amenazas.

Ni las autoridades ni otros organismos han tenido mucho éxito en el desmantelamiento de las explotaciones mineras. La principal respuesta del Estado a la minería ilegal, que tiene lugar a lo largo del río Quito, ha sido lanzar operaciones militares. Días antes de nuestra visita a Paimadó, 350 hombres fueron desplegados en una de estas operaciones en los ríos Quito y Atrato. Como es habitual, los agentes incautaron y destruyeron maquinaria, pero no hubo detenciones.

En teoría, el ejército es responsable de la interdicción, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) de imponer sanciones administrativas, y la Fiscalía General de la Nación de procesar a los responsables. Pero en realidad, nada de esto ocurre.

Un representante de la Fiscalía nos dijo que la cooperación entre los tres grupos es muy escasa, afirmación que fue confirmada por un representante de Codechocó.

Un representante de una ONG medioambiental de Quibdó dijo a InSight Crime que los funcionarios corruptos avisan a los mineros cuando se planea una operación militar, para que los trabajadores puedan escapar con antelación. Se burló de los dragones incautados, que a menudo simplemente se dejan en la orilla del río para que se oxiden. “Los militares aparecen y hacen lo suyo, y la gente dice que los dragones han sido destruidos porque se ven las llamas y la explosión. Pero al final, las dragas vuelven y empiezan a trabajar de nuevo”.

*Nombre cambiado por motivos de seguridad

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Reportes recientes de operativos militares y denuncias de la sociedad civil evidencian el fortalecimiento de mineros brasileños en el sur de Venezuela, luego de una ofensiva gubernamental en Brasil.

A mediados de mayo, el ejército venezolano desmanteló un campamento minero que presuntamente pertenecería a garimpeiros, el nombre común para referirse a mineros ilegales provenientes de Brasil, en el  municipio Alto Orinoco, estado Amazonas,  según reportó Domingo Hernández Lares, comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada de Venezuela (CEOFANB), a través de su cuenta de X.

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En la zona, que es fronteriza con Brasil, fueron halladas plantas eléctricas, combustible, compresores y bombas de succión. El procedimiento fue realizado en el marco de la Operación Neblina 2024.

La operación, que inició en febrero de 2024, ha resultado en lo que parece una ofensiva contra la infraestructura minera de los garimpeiros, incluidos  campamentos, contenedores de combustible, dragas y pistas de aterrizaje construidas por ellos.  

Entre sus objetivos está el “desmantelamiento y destrucción de estructuras de minería ilegal operadas por garimpeiros”, Hernández Lares escribió en un comunicado difundido en redes sociales.

Organizaciones de la sociedad civil también han arrojado luz sobre las operaciones de los garimpeiros en Venezuela. A finales de abril, se conoció de otra incursión de maquinaria perteneciente a estos mineros en el municipio de Río Negro, ubicado en la frontera sur del estado Amazonas con Brasil, según reportó SOS Orinoco, una organización dedicada al estudio de la minería ilegal en la región amazónica de Venezuela. 

De igual manera, la organización también denunció la adaptación de una carretera rudimentaria de 63 kilómetros que conecta el estado venezolano con Tepequém, al sur de Brasil. Según SOS Orinoco, la vía habría sido  patrocinada por un empresario brasileño, y  sería empleada para el movimiento de equipos de minería entre ambos países.

Análisis de InSight Crime

De alguna manera, el sur de Venezuela experimenta un efecto globo. Tras la llegada de Luiz Inácio Lula Da Silva a la presidencia de Brasil, el gobierno brasilero ha incrementado los operativos que tienen como objetivo erradicar la minería ilegal de la Amazonía brasileña, provocando que se abra una válvula de escape hacia suelo venezolano, donde hasta ahora no habían sido perseguidos con tal vehemencia.

De acuerdo con medios locales, al comienzo de la ofensiva de Lula, cerca de  20.000 mineros informales operaban en territorio Yanomami, un área protegida perteneciente a un grupo indígena amazónico y que se encuentra en el borde de la frontera con Venezuela. Un año después, ese número habría disminuido cerca de un 65%, reduciendo el número de mineros a 7.000 en esta zona.

“Lula entró y comenzó a tomar medidas enérgicas contra los garimpeiros en el norte de Brasil, específicamente en el territorio Yanomami. Y lo que pasó es que estos mineros se han ido desplazando más al norte, hacia Venezuela”, dijo Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, a InSight Crime.

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Aunque la política de mano dura de Lula ha logrado disminuir la presencia de los garimpeiros en suelo brasileño momentáneamente, su campaña no ha trabajado en desaparecer el músculo financiero de la minería ilegal. Así, sin el debilitamiento de la infraestructura económica que financia la minería ilegal, es altamente probable que estas operaciones simplemente se hayan trasladado a suelo venezolano. 

“Estos financistas se encargan de suministrarles logística, como alimentos, combustible y mercurio, y, posteriormente, el oro que estos producen lo regresan por vía aérea a Brasil para ingresarlo a la cadena de suministro, y finalmente legalizarlo”, explicó  Burelli. 

Activistas indígenas locales  indicaron a InSight Crime el aprovechamiento de las pistas de aterrizaje clandestinas que sirven para transportar el oro que se extrae de estas regiones y que ahora también sirven para movilizar a los garimpeiros desde y hacia la región.

Por otra parte, el aumento de los operativos contra estos grupos en Venezuela, indica una tendencia antes vista en la que el gobierno de Nicolás Maduro ha adoptado una política de cero tolerancia con los crímenes ambientales en la Amazonía. A través de esta estrategia, ha buscado tomar distancia de sus vínculos con la minería ilegal y mostrar una cara más dura frente a este tipo de delitos de cara a las elecciones de 2024. Sin embargo, aún está por demostrarse si estos operativos lograrán alejar la influencia brasileña de la Amazonía venezolana. 

Desde hace más de 30 años existen registros de la actividad de los garimpeiros en los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar, donde han entrado y salido según conveniencia, apoyados muchas veces por el soborno a oficiales de seguridad locales, un fenómeno común en esta región. Sus operaciones no se han limitado a explotar ilegalmente yacimientos mineros, sino también a someter a las comunidades indígenas locales a la violencia y trabajos forzosos.

Imagen principal: Militares desplegados en operación antiminería destruyen presunto campamento de garimpeiros en la Amazonía venezolana. Crédito: Fuerza Armada de Venezuela

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En 2023, con una pérdida de casi 500.000 hectáreas de bosque, Bolivia alcanzó la cifra más alta de deforestación en toda su historia. 

Detrás de esta destrucción convergen incendios forestales que se salen de control, la expansión de la frontera agrícola, la desenfrenada minería de oro y la construcción de aeropuertos y laboratorios de droga en medio de parques naturales y áreas protegidas. 

El saqueo de madera y de fauna silvestre también está atentando contra la biodiversidad del país. 

Esta investigación, realizada por InSight Crime en alianza con el Instituto Igarapé —un centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica a temas actuales relacionados con el desarrollo, la seguridad y el clima— desentraña la cadena de los delitos ambientales que promueven la deforestación y pérdida de biodiversidad en Bolivia.

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La inmensa biodiversidad de Bolivia lo convierte en un objetivo primordial para los traficantes.  Es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, ya que alberga casi la mitad de las especies de aves de Suramérica, unas 350 especies de mamíferos y 260 especies de reptiles. 

Además, las extensas y porosas fronteras de Bolivia ofrecen amplias oportunidades para el tráfico de animales silvestres, tanto grandes como pequeños, incluidos los cazados furtivamente en países vecinos. 

*Este artículo forma parte de una investigación conjunta de InSight Crime y el Instituto Igarapé sobre minería ilegal, tráfico de fauna silvestre, madera y drogas en la Amazonia boliviana. Lea los demás capítulos aquí, o descargue el PDF completo.

Los jaguares que deambulan por los bosques de Bolivia son cazados furtivamente por docenas cada año. Sus garras y colmillos alimentan un mercado ilícito de productos de grandes felinos en Asia, donde estos artículos alcanzan precios altísimos. 

Entre 2014 y 2021, las autoridades bolivianas decomisaron al menos 760 dientes de jaguar, la mayoría con destino a China.  

Mientras tanto, las aves capturadas en la naturaleza acaban en los mercados locales para el comercio de mascotas, mientras que otras, incluidas las codiciadas guacamayas, se trafican en los países vecinos. Los huevos de las tortugas del río Amazonas se recogen por centenares para el consumo local, lo que supone una amenaza para estas especies vulnerables. 

La demanda en Japón de escarabajos vivos de gran tamaño, para tenerlos como mascotas o utilizarlos en combates de lucha escenificados, está alimentando la recolección de escarabajos rinoceronte en los bosques húmedos.  

“El hecho de que nuestro país esté en el corazón de Suramérica ha facilitado mucho a los traficantes la extracción y el traslado de animales y sus partes a la frontera”, afirmó Eduardo Franco Berton, periodista ambiental radicado en Santa Cruz.

Una cadena criminal de tráfico de dientes de jaguar 

Los traficantes de fauna se han aprovechado de la amplia gama de ecosistemas de Bolivia, desde su selva amazónica, bosques nublados y sabanas hasta sus bosques secos y montañas andinas. Su objetivo son muchas especies, en respuesta a la demanda de un mercado globalizado de flora y fauna exóticas.

Para Mariana Da Silva, jefa de investigación sobre tráfico internacional de fauna silvestre de la organización sin fines de lucro Wildlife Conservation Society (WCS), el comercio de jaguares pasó desapercibido en Bolivia durante mucho tiempo. 

Comerciantes llegaron desde 2014 a poblaciones como San Borja, Rurrenabaque y Riberalta, todas en el departamento nororiental de Beni, en busca de jaguares y sus partes.  

Uno de los casos más infames ocurrió en 2017, cuando emisoras de radio locales emitieron anuncios de colmillos de jaguar, preferiblemente “largos y limpios”.  Los investigadores de la WCS habían oído la petición de los dientes mientras realizaban un seguimiento con cámaras trampa. 

“Obviamente, no era algo habitual. Era la primera vez que ocurría algo así y fue alarmante”, dijo Da Silva. 

Las matanzas de jaguares se deben en gran medida a que se alimentan del ganado. Con escopetas, los ganaderos cazan a los felinos en las riberas de los ríos y en los bosques cercanos a las explotaciones ganaderas.

Los cazadores locales que se topan por casualidad con un jaguar mientras acechan a otros animales, como cerdos de monte, también matan a los felinos. En algunos casos, los cazadores reciben encargos de cazadores furtivos por parte de comerciantes que conocen el alto precio que alcanzan sus partes. 

Según un estudio realizado en 2021 por investigadores de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de 1.100 personas que viven en zonas rurales del noroeste de Bolivia, el 17% afirmó haber sido contactado para matar un jaguar.  De los entrevistados, muchos dijeron que habían matado jaguares y comerciado con sus partes en nombre de otros. 

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Las creencias sobre los grandes felinos en los países del este asiático, especialmente China, han alimentado durante mucho tiempo un mercado ilícito de sus partes. Los dientes y las garras son emblemas de estatus y poder. Los huesos y otras partes del jaguar, incluidos los genitales, se utilizan en medicina tradicional. 

Según un reportaje publicado por el periodista Roberto Navia en el medio de comunicación El Deber, en China, un colmillo de jaguar puede llegar a venderse por US$2.500.   Los colmillos, garras y genitales de un solo animal pueden generar ganancias de US$20.000.

El jaguar figura en el Apéndice I de la CITES, lo que significa que su comercio está prohibido. La Lista Roja de la UICN clasifica a la especie como “casi vulnerable”, con poblaciones en disminución. Sin embargo, en Bolivia se cazan furtivamente unos 61 jaguares al año, la mayor cantidad de todos los países latinoamericanos, según el informe de CITES de 2021.

Mariana Da Silva, de WCS, dijo que China tiene una gran importancia en el comercio de jaguares de Bolivia. 

“De todas las incautaciones [de jaguar] realizadas desde 2010 en adelante, más del 50% están relacionadas con China de alguna manera. O bien se trata de paquetes interceptados de camino a China, o de casos en los que están implicados ciudadanos chinos en algún momento del proceso de incautación”, explicó.

Los traficantes, muchos de ellos chinos, contactan con cazadores experimentados en disparar y matar a los felinos. 

Los intermediarios bolivianos han sido eliminados de esta cadena de tráfico para reducir el riesgo de detección, según Berton. 

“Cuando viajamos y pudimos seguir entrevistando a la gente, nos dimos cuenta de que ya había un cambio en la modalidad… Ya no había [intermediarios], ya había ciudadanos chinos que contactaban directamente con los cazadores”, dijo. 

Hasta hace poco, el tráfico de partes de jaguar en Bolivia se realizaba principalmente por correo. Entre 2014 y 2016, se incautaron 337 colmillos de jaguar en 16 envíos realizados a través del servicio postal de Bolivia, ECOBOL, con destino a China.  

También se ha sorprendido a pasajeros de vuelos comerciales traficando cantidades importantes de dientes de jaguar. En 2015, un empresario chino residente en Bolivia fue detenido en el aeropuerto de Pekín con posesión de 109 colmillos. 

Earth League International (ELI), organización no gubernamental que investiga los delitos contra la vida silvestre, ha rastreado las redes de tráfico de jaguares en Bolivia. En un informe de 2020, realizado con la UICN y el gobierno boliviano, los investigadores identificaron a unas 25 personas en Bolivia, y a otras 50 “personas de interés” fuera del país, relacionadas con el comercio. El informe describía tres redes criminales implicadas en el comercio de jaguares como “plenamente operativas”. 

Los traficantes llevan a cabo negocios legítimos paralelamente a su implicación en el comercio de jaguares. Utilizan restaurantes o tiendas como centros de recogida y para lavar los beneficios. Por ejemplo, en marzo de 2022, las autoridades incautaron 16 garras en una redada en un restaurante de pollos de Santa Cruz. 

Se han descubierto vendedores de objetos artesanales en mercados locales que ofrecían garras y dientes a la venta. Berton se encontró con un vendedor en el mercado de Trinidad, situado en Beni, que le ofreció venderle un colmillo por US$100. 

Estos vendedores también aceptan pedidos personalizados. Los vendedores muestran sus productos en sus teléfonos y a través de cuentas en WeChat, una plataforma china de redes sociales de mensajería, donde se pueden negociar los acuerdos de pago y envío.  Los mejores comerciantes mantienen conexiones directas con mayoristas radicados en China.  

Para sacar los artículos del país, los traficantes sobornan a policías y funcionarios de aduanas. Los pasajeros de vuelos comerciales transportan las piezas ocultas en su equipaje o en su cuerpo. Debido al mayor escrutinio, ya no se utilizan las rutas directas a China. En su lugar, los traficantes utilizan puntos de tránsito en Brasil, Vietnam y Hong Kong.  Aunque todavía se utiliza el transporte marítimo internacional y los servicios postales, las incautaciones de partes de jaguar enviadas por correo han disminuido significativamente después de 2019, lo que indica un probable cambio en las tácticas de tráfico. 

Algunos conservacionistas han señalado el rápido aumento del tráfico de partes de jaguar de Bolivia a China como señal de que se están utilizando como sustituto de los cada vez más escasos tigres. 

Curiosamente, los dientes de jaguar son las partes más incautadas con destino a China, lo que indica que los caninos del felino colman la demanda de los coleccionistas. 

Sin embargo, las partes utilizadas en la medicina tradicional china no han sido tan incautadas. Por ejemplo, en Bolivia no se ha detectado el tráfico de una pasta apetecida elaborada hirviendo el cadáver de un gran felino, normalmente un tigre, pero sí se ha identificado en Surinam, otro punto caliente de la caza furtiva de jaguares en América. 

Ha surgido un factor común en los países de América Latina y el Caribe en los que se ha capturado un gran número de jaguares: la inversión china. 

Según un estudio publicado en 2020 en Conservation Biology, los investigadores descubrieron que en los países de América Central y del Sur con un nivel relativamente alto de corrupción, inversión china y bajos ingresos per cápita se producían entre 10 y 50 veces más incautaciones de jaguar.  

A la caza de pájaros, tortugas y escarabajos

Según Berton, los lugareños también persiguen a las aves, y la caza furtiva es en gran medida oportunista. Los loros, los periquitos y las cacatúas son las principales especies capturadas, apetecidas por su vibrante plumaje amarillo, naranja y verde. Debido a su popularidad, los cazadores tienen como objetivo especies como el loro amazónico de cabeza amarilla y el pinzón azafrán.

Generalmente, las aves se capturan cuando son jóvenes y aún están en sus nidos. Muchas de ellas acaban en los mercados locales. En algunos casos, se ha observado a indígenas vendiendo las aves directamente. Las comunidades indígenas se ven a menudo tentadas a capturar aves para los comerciantes. 

Las tortugas de río amazónicas suelen ser objetivo de cazadores furtivos por sus huevos y su carne. Hay dos especies especialmente amenazadas: la arrau o tortuga gigante del Amazonas (podocnemis expansa) y la tortuga de río de manchas amarillas, conocida localmente como mascota del río. La tortuga de río de manchas amarillas está clasificada como “vulnerable” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Mientras que la tortuga arrau está clasificada actualmente como de menor riesgo, los especialistas en tortugas de la organización han abogado por su reclasificación como “en peligro crítico”.  

Ambas especies de tortugas son consumidas habitualmente por las comunidades que viven en las riberas de los ríos de departamentos como Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.  Ciertos grupos indígenas, como la comunidad indígena Tsimané, están autorizados por razones culturales a recolectar huevos de tortuga para su consumo. 

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Pero grandes cantidades de huevos suelen acabar a la venta en mercados locales. Por ejemplo, una serie de redadas durante cuatro semanas a mediados de 2017 condujo a la incautación de unos 50.000 huevos. Las tortugas de río bolivianas y sus huevos también se han introducido masivamente en Brasil. 

Aunque la mayoría de los productos de aves y tortugas se venden localmente, también existe tráfico transfronterizo. Berton afirmó que las especies de loros y cacatúas de Bolivia se trafican hacia Brasil, Ecuador, Chile y Perú. 

A medida que las autoridades se han vuelto más expertas en la identificación del tráfico de grandes loros, o guacamayas, las aves más pequeñas también se han visto amenazadas, debido a su tamaño y coloración distintiva. Por ejemplo, las autoridades incautaron unos 500 pinzones azafranados, conocidos localmente como botones de oro, en la aduana peruana de Cabanillas de Puno, cerca de la frontera con Bolivia. Los pájaros fueron descubiertos en cajas en un autobús. 

“Hemos visto migrantes de la parte occidental del país transportando grandes cantidades de aves en camiones y flotas. Hablamos de cantidades que oscilan entre 100, 200 y 500 loros y periquitos”, afirmó Berton.

Los habitantes de la región montañosa de Yungas del Norte se han vuelto expertos en identificar y recolectar dos especies de escarabajos rinoceronte, el dynastes hercules y el dynastes satanas. Mientras muestra una réplica de un escarabajo Hércules, negro y azul, con grandes cuernos de la longitud de su mano, Berton explicó que estos escarabajos se trafican hacia Japón. 

“Descubrimos que la cría de estos escarabajos no es ilegal. Hay centros y tiendas de mascotas donde se crían. Sin embargo, esto ha abierto una ventana a un mercado ilegal”, afirmó Berton. 

Los cazadores, que recogen los escarabajos por la noche, pueden ganar entre US$10 y US$20  por escarabajo de los contrabandistas. En Japón, el precio de un ejemplar sano de gran tamaño puede alcanzar los US$500.

El Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia clasifica al escarabajo satanás en peligro de extinción, mientras que la CITES lo incluye en el Apéndice II, lo que significa que su comercio está restringido. Según los cazadores de escarabajos que hablaron con Berton, los escarabajos vivos son transportados en autobús en cajas de cartón hasta un recolector en Perú que se encarga de llevarlos en avión hasta Japón. 

Los cazadores también han aprendido a recoger larvas de escarabajo, que tienen menos probabilidades de ser detectadas por los funcionarios de aduanas de los aeropuertos. 

Tráfico de especies silvestres: una prioridad baja

La Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (POFOMA), el organismo encargado de investigar los delitos ambientales en Bolivia, está en los huesos. Sus oficinas principales, en el centro de La Paz, están en una vieja casa cuyo patio se emplea como centro de rescate de animales. Durante una entrevista, un funcionario policial que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar dijo que la falta de recursos les dificulta hacer su trabajo. 

Siguen trabajando con registros físicos, según Da Silva, que ha ayudado a crear una base de datos digital que hace un seguimiento de ocho años de incautaciones.  “Gran parte de los esfuerzos que hacemos consisten en ayudar a las autoridades a sistematizar su información”, afirmó. 

Según Da Silva, la presencia de POFOMA en departamentos como Beni es muy limitada. Operan con un número escaso de agentes y carecen de los vehículos necesarios para la movilización. En ocasiones, WCS proporciona combustible para apoyar operaciones conjuntas con POFOMA. 

Además, una reestructuración de la Fiscalía en 2020 ha relegado los delitos contra la vida silvestre a un segundo plano dentro del sistema jurídico boliviano. Los delitos ambientales quedaron bajo la autoridad del departamento que investiga el narcotráfico y el lavado de dinero. Para Da Silva, esto ha dado lugar a que los delitos contra la vida silvestre sean percibidos como menos críticos. 

“El narcotráfico se considera un delito grave, mientras que el tráfico de especies silvestres se ve como un delito menor”, afirmó.

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El mercurio, utilizado por los mineros para extraer oro del suelo y los sedimentos, se introduce a diario de contrabando en botellas a través de las fronteras de Bolivia con Perú y Brasil, llegando a numerosos puntos de minería ilegal a través de la cuenca amazónica.

El vertido incontrolado de residuos de mercurio, especialmente procedentes de la minería a pequeña escala en toda la Amazonía, contamina el aire, los ríos y el pescado que comen muchas comunidades locales. Las personas que respiran este aire y consumen estos peces se están envenenando gradualmente. 

Varios países de la Amazonía han tomado medidas enérgicas contra la importación de metales tóxicos en el marco del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Este tratado internacional, basado en las Naciones Unidas, busca reducir los impactos ambientales y sanitarios del uso del mercurio en la minería. Sin embargo, Bolivia no ha implementado reformas a pesar de haber ratificado el convenio en 2016. Como resultado, el país se ha convertido en el principal punto de entrada de mercurio en América Latina y un centro clave para su comercio.

*Este artículo forma parte de una investigación conjunta de InSight Crime y el Instituto Igarapé sobre minería ilegal, tráfico de fauna silvestre, madera y drogas en la Amazonia boliviana. Lea los demás capítulos aquí, o descargue el PDF completo.

El mercurio se envasa en pequeñas botellas blancas, estampadas con un torero y etiquetadas como “El Español”. Un kilogramo cuesta unos US$260, y un gramo algo menos de un dólar.  El metal líquido no es difícil de encontrar, vendido por vendedores de oro en la calle de Tarapacá, en el centro de La Paz. Reporteros de La Nube, un medio boliviano de investigación periodística en línea, descubrieron que ciertos locales emitían humo como resultado de la combustión del mercurio durante el proceso de refinado del oro.

Al adherirse al Convenio de Minamata, muchos países amazónicos han intentado frenar el uso del metal venenoso en la minería a pequeña escala.  Bolivia se encuentra entre los más de 100 países que firmaron y ratificaron el convenio en 2016. Sin embargo, al mismo tiempo, su incapacidad para restringir las importaciones de mercurio ha convertido al país en un centro de importación de mercurio para apoyar su floreciente producción de oro y la de Brasil y Perú.  

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Desde 2015, el país ocupa el primer o segundo lugar del mundo en importación de este producto químico tóxico, solo por detrás de India en ocasiones.  De 2016 a 2021, las importaciones del país superaron las 1.100 toneladas, en contraste con las aproximadamente 100 toneladas de Brasil durante ese período. Mientras tanto, entre 2013 y 2019, Perú logró una notable reducción del 95% en sus importaciones formales de mercurio.

El sector minero importó alrededor del 84% del mercurio que llegó a Bolivia entre 2014 y 2018. Las industrias química y textil importaron el resto, según un estudio realizado por el director del CEDIB, Oscar Campanini. Esto significa que, en Bolivia, a diferencia de otros países amazónicos, el mercurio se importa directamente para la extracción de oro, sin necesidad de desviarlo ilegalmente de otras industrias como la odontología, la ciencia y la investigación. 

El excesivo comercio de este metal tóxico en el país se ha visto facilitado por el hecho de que Bolivia no ha aplicado la mayoría de los controles recomendados por el Convenio de Minamata para regular la importación de mercurio. Dichas recomendaciones incluyen el registro previo de los importadores, las declaraciones de las cantidades que se van a importar y los consentimientos de las aduanas para recibir los envíos. La agencia aduanera de Bolivia no exige una certificación especial para importar mercurio.  

“En Bolivia, es más fácil importar mercurio que libros o medicinas”, dijo Campanini.  

No fue hasta junio de 2023 que el gobierno lanzó el Decreto Supremo 4959 que busca implementar algunos de los controles recomendados por el Convenio de Minamata.  El primero establece que se necesita la autorización previa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para importar y exportar mercurio. El segundo pretende crear el Registro Único de Mercurio (RUME), que busca registrar a todos los importadores, exportadores y comerciantes de mercurio en Bolivia.  

Sin embargo, Campanini y Alfredo Zaconeta, investigador experto en minería del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), dicen que la medida no ataca el problema fundamental: los flujos sin restricciones de mercurio utilizados para la minería dentro del país. Aunque el decreto puede ayudar a hacer más organizado el registro de importadores, la realidad es que la medida no establece límites o prohibiciones a las importaciones de mercurio para la minería, como se ha hecho en otros países amazónicos como Colombia, Perú y Brasil. 

“La medida no tiene como objetivo reducir el mercurio para la minería de oro. Ni siquiera busca disminuir las importaciones de mercurio”, dijo Campanini. “No plantea nada sobre topes, metas, cuotas de importación de mercurio”.  

Las importaciones de mercurio de Bolivia comenzaron a aumentar en 2015, cuando el país recibió unas 150 toneladas, un gran salto desde las 12 toneladas que importó el año anterior. Todo el mercurio llegó desde México.

Durante los tres años siguientes, México siguió siendo el principal exportador de mercurio a Bolivia, suministrando cerca de 600 toneladas. El papel de México fue el resultado de dos acciones. La primera fue el acuerdo comercial favorable entre los países, que redujo el impuesto a la importación de mercurio de México a Bolivia del 5% al 3,66%. La segunda fue la prohibición de las importaciones de mercurio por parte de Perú y Brasil, que provocó un aumento de la demanda del metal tóxico en Bolivia. En consecuencia, los mercados peruano y brasileño empezaron a recibir mercurio mexicano que entraba de contrabando a través de la vecina Bolivia. 

Sin embargo, en 2019, México suministró solo una cuarta parte de las 216 toneladas de mercurio que recibió Bolivia.  Este cambio se debió probablemente a que México ratificó el Convenio de Minamata y al aumento de la presión sobre México para que controle las exportaciones de mercurio tras los informes sobre su uso generalizado en la minería ilegal en la Amazonía.  

Otros países como India, Vietnam, Turquía y Rusia empezaron a llenar este vacío, enviando grandes volúmenes de mercurio a Bolivia.  Las exportaciones de Rusia han aumentado notablemente en los últimos tres años.  En 2021, el país exportó 65 toneladas, convirtiendo a Rusia, que nunca ratificó el Convenio de Minamata, en el principal proveedor de Bolivia.  

Es difícil determinar la cantidad de mercurio importado que utilizan los mineros del oro de Bolivia. Los mineros intentan recuperar el mercurio usado de los sedimentos para reducir sus costos. Pero también gastan mucho más mercurio del necesario para separar el oro, ya que no emplean las mejores prácticas para evitar fugas.  

Las investigaciones de Zaconeta descubrieron que por cada tonelada de oro extraído se utilizan al menos tres toneladas de mercurio. 

Un informe conjunto respaldado por el gobierno de Bolivia y la Iniciativa Better Gold de Suiza estimó que 141 toneladas de mercurio se utilizaron en la producción local de oro en 2019.  Eso representó alrededor del 73% de unas 193 toneladas de mercurio importadas ese año.  Los investigadores reconocieron que, no obstante, las disparidades indican que algo anda mal. 

“Considerando esta cantidad, Bolivia debería tener más oro”, dijo Zaconeta. 

Al menos el 27% de las importaciones de mercurio de Bolivia se desvían a la minería ilegal.  

Contrabando de mercurio en la cuenca amazónica

Los países vecinos de Bolivia han intentado controlar el uso del mercurio. Perú prohibió su importación en 2015.  Aunque Brasil no tiene una prohibición, el país ha adoptado las normas de Minamata para su control e inspección, lo que ha dado lugar a una reducción de las importaciones.  En 2021, Brasil no importó mercurio en absoluto.  

Sin embargo, la minería ilegal prolifera en los rincones más recónditos de la región amazónica de todos estos países, y parece que a los mineros nunca les falta el metal tóxico. La razón: el rápido contrabando de mercurio. 

Desaguadero es una bulliciosa ciudad fronteriza entre Perú y Bolivia. Está situada en la orilla sur del lago Titicaca y la atraviesa el río Desaguadero.  Barcos transportan diversos artículos de contrabando, como aguacates, cocaína y mercurio, a través de una frontera escasamente patrullada.  Una parte significativa del contrabando de mercurio emplea técnicas de “tráfico hormiga”, en las que numerosos correos transportan pequeñas cantidades de la sustancia en lugar de consolidarlas en un gran cargamento. El método del “tráfico hormiga” es el preferido para el contrabando de mercurio en las regiones fronterizas porque reduce el riesgo de pérdidas masivas que se producen cuando se interceptan los envíos. Según las autoridades que hablaron con los reporteros de Ojo Público, un medio de noticias de investigación peruano, las pequeñas botellas de mercurio suelen esconderse en mochilas y cargamentos.   

Sin embargo, también se han realizado algunas incautaciones a gran escala en la región suroriental peruana de Puno, en la frontera con Bolivia. En 2019, los funcionarios de aduanas peruanos confiscaron un cargamento de unos 110 litros de mercurio encontrado en un camión abandonado que había llegado de Bolivia. Las autoridades valoraron el cargamento en US$82.000. 

El contrabando también se produce en el lado opuesto del país, a través del río Mamoré, que separa Bolivia de Brasil. En Guayaramerín, localidad boliviana fronteriza, se hacen tratos por grandes cantidades de mercurio. Un solo vendedor puede llegar a vender más de 100 kilos al mes, según una investigación de InfoAmazonia.  También se pueden comprar pequeñas botellas en las tiendas. Este mercurio de contrabando se trafica hasta la ciudad brasileña de Porto Velho, en el estado de Rondônia, desde donde puede transportarse a las explotaciones mineras por río o carretera.  

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“Las fronteras de Bolivia están muy dispersas, así que es cuestión de llegar a un punto fronterizo y hacer el intercambio de mercurio por el pago”, dijo Zaconeta. 

La cadena de suministro de mercurio en Bolivia comienza con los importadores mayoristas registrados en la capital, La Paz, y en la vecina El Alto.  

Entre 2014 y 2018, 37 empresas importaron oficialmente mercurio al país.  Desde 2018, las autoridades aduaneras bolivianas han restringido la información sobre los importadores de mercurio.  Durante ese período, es revelador que los mayores importadores fueran ciudadanos peruanos vinculados al sector minero de su país, incluidas las empresas Mercurio y Químicos S.R.L (Merquim), Alvior Bolivia S.R.L y Sociedad Química Potosí. Los ciudadanos peruanos Juan Orihuela Mamani y Elisa Huamán Chávez también figuraban como importadores, según una investigación de Ojo Público.  

Campanini afirmó que algunos de los importadores peruanos se asociaron con personas implicadas anteriormente en el contrabando de precursores químicos utilizados para fabricar cocaína.

Tras su importación, el mercurio es adquirido por empresas mayoristas que lo venden a minoristas y cooperativas de las regiones mineras.  El transporte a las zonas mineras o fronterizas, donde se encuentran la mayoría de los minoristas, se realiza por tierra, a menudo utilizando empresas de transporte, flotas de carga y vehículos privados. 

“El mercurio llega a los lugares más remotos”, dijo Zaconeta.  

Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, ha denunciado a Bolivia por no adherirse al Convenio de Minamata. También ha advertido en repetidas ocasiones que la importación y el uso indiscriminado de mercurio en la minería es peligroso no solo para Bolivia, sino para toda la región.  

Cuando los mineros utilizan mercurio para separar el oro de los sedimentos, el mercurio sobrante llega a los ríos y se filtra en el suelo del bosque. Los árboles también absorben vapor de mercurio cuando se quema la amalgama resultante para dejar el oro. Según el CEDIB, la minería del oro causa el 82% de las emisiones de mercurio en Bolivia.  

El mercurio es una neurotoxina peligrosa para el ser humano. Puede perjudicar el desarrollo de los niños y el sistema nervioso central. La exposición prolongada al mercurio en adultos puede causar daños en el cerebro, el corazón, los riñones, los pulmones y el sistema inmunitario, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency – EPA). 

Diversos estudios científicos han revelado que los pueblos indígenas de la Amazonía que viven cerca de explotaciones mineras han estado expuestos a elevadas concentraciones de mercurio. Esto incluye a Bolivia. Según un informe de Orellena de la ONU de septiembre de 2021, se detectaron niveles alarmantes de mercurio en mujeres indígenas Ese Ejja que vivían a orillas del río Beni.  En las muestras de cabello de las mujeres analizadas —todas ellas con edades comprendidas entre los 14 y los 44 años— se detectaron niveles de mercurio de entre 4,75 y 7,58 partes por millón (ppm).  El umbral considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud es de 1,6 ppm. 

El mercurio que queda en la roca estéril y los residuos de la minería están envenenando los ríos de Bolivia. Según el informe de Orellena, los elevados niveles de mercurio observados en las mujeres embarazadas de Ese Ejja se debieron a que comieron pescado contaminado.  

“Viven de la pesca. Es su fuente de alimentación habitual”, afirmó el periodista ambiental Iván Paredes. “El mercurio ya está dañando vidas”.  

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Bolivia está inmersa en una fiebre del oro impulsada por los precios récord del oro y la creciente demanda internacional. Esta situación ha sido facilitada por una regulación minera permisiva que borra los límites entre lo legal y lo ilegal.

En los últimos años, la expansión de la minería por todo el país y particularmente en la Amazonía, ha dejado profundas cicatrices ambientales. La actividad minera se ha convertido en uno de los principales motores de la deforestación, amenazando tanto áreas protegidas como comunidades nativas.

A diferencia de otros países amazónicos, como Perú y Colombia, los principales actores de la minería en Bolivia son las cooperativas mineras. Su poder económico y político, junto con la escasa regulación de la industria, les ha permitido expandir sus operaciones a las regiones más remotas de la Amazonía boliviana, incluyendo áreas protegidas. Sin embargo, sus actividades suelen estar asociadas con actores ilegales, que operan sin licencia ambiental o en alianza con empresas dudosas de China y Colombia. 

*Este artículo forma parte de una investigación conjunta de InSight Crime y el Instituto Igarapé sobre minería ilegal, tráfico de fauna silvestre, madera y drogas en la Amazonia boliviana. Lea los demás capítulos aquí, o descargue el PDF completo.

Los buscadores de oro están devastando el río Tuichi en medio de su búsqueda del metal precioso. Este río fluye hasta el Parque Nacional Madidi, un área natural que alberga más de 1.000 especies de aves y alrededor de 200 de mamíferos. 

Conforme los mineros se han aproximado cada vez más a la reserva, las patrullas de los guardaparques se han reducido, según Marcos Uzquiano, exdirector del Madidi.  Incluso cuando los guardaparques realizan inspecciones, se limitan a observar actividades ilegales, como la introducción de barriles de gasolina. Sin embargo, en algunas partes del parque, los mineros “deciden quién entra”, afirmó Uzquiano.  

“Hemos llegado a un punto en el que se ha perdido toda autoridad”, dijo Uzquiano, quien fue trasladado de puesto tras denunciar la situación. 

Los mineros utilizan maquinaria pesada como retroexcavadoras, volquetas y cargadoras frontales, para nivelar terraplenes y excavar pozos. Esto deja montones de escombros y contamina el río con residuos mineros, incluyendo mercurio toxico utilizado en la extracción del oro, explicó Uzquiano.  

“Todos los residuos mineros se están vertiendo directamente al río sin ninguna medida paliativa”, afirmó.  Los residuos, también conocidos como relaves, incluyen mercurio tóxico utilizado en la separación del oro. “Está totalmente fuera de control”, afirmó Uzquiano.  

A pesar de esto, el gobierno boliviano no ha detenido el saqueo, a pesar de haber establecido la reserva en 1995 con la intención de proteger una de las áreas con mayor diversidad biológica del mundo. Por lo contrario, ha fomentado la extracción de oro otorgando concesiones dentro de la reserva, que se extiende a lo largo de la cuenca alta del río Amazonas boliviano. 

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Bolivia está experimentando un auge del oro impulsado por los altos precios del metal. Ocho de los nueve departamentos de Bolivia producen oro. La producción de oro pasó de 6,3 toneladas en 2010 a 42 toneladas, por valor de unos US$1.700 millones en 2019.  Entre 2010 y 2021, Bolivia exportó 240 toneladas de oro. La década anterior exportó solo 70 toneladas.  El secreto a voces es que la fiebre del oro en Bolivia se alimenta por no tener prácticamente ningún control sobre la extracción, venta o exportación del metal precioso. 

“No hay seguimiento, desde el operador en el yacimiento hasta la comercialización”, dijo Alfredo Zaconeta, investigador experto en minería del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Excavar en las cooperativas mineras de oro 

Casi todo el oro de Bolivia proviene de cooperativas mineras a pequeña escala. A menudo, estas actúan como verdaderas mafias. Las cooperativas, que tienen un gran poder político, son conocidas por tomar como rehén al gobierno, corromper y coaccionar a los funcionarios de las agencias mineras y tener tratos turbios con empresas mineras colombianas y chinas.  Estos mineros ingresan a zonas protegidas y emplean técnicas destructivas, como el uso de equipos salvajes como excavadoras, dragas masivas y mercurio venenoso.  Operan prácticamente en la impunidad debido a las lagunas en la legislación boliviana y a la escasa supervisión de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). 

“Hay un nivel de flexibilidad y excepciones… que dan al sector minero cooperativo la posibilidad de comportarse realmente como un minero ilegal”, dijo Oscar Campanini, quien ha investigado la minería como director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), una organización sin fines de lucro que informa sobre temas sociales. 

Aunque las cooperativas mineras existían antes, surgieron en la década de 1980 después de la disolución de la empresa minera estatal boliviana, Comibol. Formadas por mineros desempleados, estas cooperativas obtuvieron concesiones mineras en pozos abandonados o en terrenos a cambio de poco dinero.  

El aumento de los precios de los minerales a partir de los años noventa impulsó el crecimiento de las cooperativas mineras en Bolivia. En 2010, había 459 cooperativas auríferas registradas en el departamento de La Paz.  En 2019, este número se duplicó y más, alcanzando las 1.230.   

Según Zaconeta, el sector cooperativo controla el 94% de la producción nacional de oro del país.  El porcentaje restante está en manos de los sectores privado y estatal. A diferencia de Perú, hay pocas grandes empresas mineras de propiedad extranjera en Bolivia. 

Aunque se supone que las cooperativas son empresas de colaboración en las que cada miembro es un socio, la realidad es que a menudo son propiedad o están controladas por familias o pequeños grupos. Muchos de sus miembros individuales siguen siendo pobres, mientras que los líderes de las cooperativas consolidan el poder y la riqueza. 

A nivel nacional, las cooperativas mineras están organizadas en federaciones más grandes. La mayoría opera en el departamento de La Paz, pero también en la región amazónica de Bolivia. Entre ellas se encuentran la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (FECOMAN), la Federación Regional de Cooperativas Mineras (FERRECO) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FECOMIN). Un documento de 2014 sobre las cooperativas describía a la FECOMIN como una organización que se escuda en “discursos sobre alianzas ideológicas y apoyo mutuo, mientras chantajea y coacciona al Gobierno.” 

Las cooperativas apoyaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) cuando llegó al poder. Respaldaron a Morales durante gran parte de su mandato, y él les recompensó con cargos políticos.  Pero también lo presionaron a su favor, a menudo a través de manifestaciones masivas, cada vez que el Gobierno se atrevía a desafiar sus intereses, como aumentar los impuestos o limitar las concesiones mineras. En 2016, los trabajadores mineros que protestaban secuestraron y mataron a golpes al viceministro del Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, en medio de una escalada del conflicto en torno a la legislación minera.  

El gobierno persiguió a los responsables del asesinato de Illanes, pero no hubo fuertes implicaciones para el sector cooperativo. De hecho, en la actualidad, las cooperativas continúan desempeñando un papel importante en el gobierno y en el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), al tiempo que mantienen la capacidad de movilizar a sus miembros en favor de sus intereses.  

“Evidentemente, tienen una presencia política que les ha permitido a lo largo de estos 15 años dirigir y definir parte de las acciones, normas legales y políticas sobre el tema minero”, dijo Zaconeta.   Una medida del poder político de las cooperativas son las regalías excesivamente bajas sobre el oro. El gobierno boliviano solo ha aplicado un 2,5% de regalías por el oro que extraen. Incluso esa cantidad no siempre se ha pagado, dijo Zaconeta.  Las cifras de 2021 indican que las regalías sobre el oro llegaron a solo el 2,2% ese año, según Zaconeta.  Después de una tensa negociación en octubre de 2022, las cooperativas mineras y el Gobierno acordaron pagar un tributo especial del 4,8% sobre la venta bruta de oro. Esta iniciativa aún no ha sido aprobada, pero de aprobarse, las cooperativas tendrían que pagar 2,5% en regalías sumado al 4,8% adicional en impuestos especiales.

Además, el marco legal en torno a la minería, establecido por la Ley 535 en 2014, prácticamente exime a las cooperativas de rendir cuentas. Bajo esta ley, las cooperativas solo necesitan haber solicitado el registro como entidad jurídica para recibir un título minero o un Contrato Administrativo Minero (CAM).  Incluso algunas cooperativas creadas antes de 2014 pueden seguir operando, incluso en áreas protegidas, mientras se tramita una solicitud de contrato. 

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Bolivia, en el mejor de los casos, parece ser deliberadamente ignorante, y en el peor, cómplice al permitir que las cooperativas actúen sin restricciones. Se han otorgado concesiones mineras en zonas protegidas de la Amazonía, sin realizar una inspección para garantizar que las cooperativas limiten la extracción a las áreas asignadas de 25 hectáreas.  Además, alrededor del 85% de las cooperativas operan sin ningún tipo de licencia ambiental.  

Frecuentemente, las operaciones mineras son financiadas por extranjeros. Una cooperativa boliviana recibe el contrato minero, mientras que la maquinaria pesada y la mano de obra son financiadas por extranjeros que se llevan hasta el 80% de las ganancias.  Estas prácticas violan la Constitución y la legislación minera, según Zaconeta.  En muchas ocasiones, las cooperativas mineras no son más que fachadas de operadores extranjeros. 

Dragas y retroexcavadoras saquean los ríos amazónicos

Las dragas que operan en las vías fluviales amazónicas de Bolivia aspiran abiertamente el lodo para capturar partículas de oro. Estas barcazas, manejadas en su mayoría por mineros chinos y colombianos, pueden alcanzar dos o tres pisos de altura y están equipadas con enormes bombas y mangueras de alta presión para dragar el lecho del río. Al mismo tiempo, se utilizan retroexcavadoras para excavar las orillas del río en busca de más oro.

Estas dragas ilegales se han infiltrado en el extenso río Beni y sus afluentes en la región de las tierras bajas del Amazonas, incluidos los ríos Challana, Tipuani, Mapiri y Kaka.  

Jimena Mercado fue una de las primeras periodistas bolivianas en informar sobre la presencia de las dragas en la región amazónica. Según ella, ya habían empezado a “asediar” el Madidi en 2018, cuando viajó a la región.  

Las autoridades de los pueblos cercanos se alarmaron, dijo Mercado.  En su libro “Tras el Dorado. Crónicas de la explotación del oro en la Amazonía”, Mercado cuenta que habló con Edwin Peñaranda, antiguo concejal de la ciudad ribereña de Teponte. Peñaranda estaba tan preocupado por la afluencia de mineros ilegales chinos que dañaban los cursos de agua que se puso en contacto con la AJAM para averiguar si tenía contratos con algún minero chino.    

La AJAM no, pero las cooperativas sí. Mercado vio contratos entre lo que describió como individuos chinos y un rico propietario de una cooperativa con tres dragas atracadas en Mayaya, justo río arriba de Teoponte.  

Aunque las empresas extranjeras tienen prohibido participar en el sector minero en Bolivia, mineros chinos y colombianos se asociaron con cooperativas que ya tienen parcelas mineras legalmente asignadas para extraer oro, según Zaconeta.  Subcontratan las operaciones mineras, proporcionando equipos, combustible y mercurio.  También contratan mano de obra, que las cooperativas, por su propia naturaleza, no deberían necesitar.  

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Algunas empresas chinas y colombianas han creado “milicias armadas” para proteger sus operaciones, mencionó Mercado. Los tiradores controlan unas 50 parcelas mineras alrededor del pueblo de Arcopongo, en el centro de La Paz.  

La fiebre del oro también ha traído la trata de personas a la Amazonía boliviana. En las ciudades de Mapiri, Guanay e Ixiamas, las paredes de las terminales de autobuses están cubiertas de fotografías de mujeres y niñas desaparecidas.  Algunas son atraídas a estas ciudades mineras con falsas promesas de trabajo como cocineras, camareras o niñeras.  

Otras son secuestradas, dijo Mercado, que recientemente habló con una víctima que tenía 8 años cuando fue raptada. Formaba parte de un grupo de 40 niñas que estaban siendo explotadas sexualmente en Mapiri, dijo Mercado. 

Los exportadores se llevan el oro 

Bolivia lleva mucho tiempo viendo cómo sus riquezas minerales se llevaban a tierras extranjeras. En el siglo XVI, la plata extraída en Bolivia financió a la corona española y llegó a las joyas de los reyes árabes y a los tesoros de los emperadores de la dinastía Ming. 

El oro se sigue exportando hoy, pero las cantidades han fluctuado salvajemente en los últimos años, saltando de ocho toneladas en 2013 a 36 toneladas al año siguiente. Aunque no se sabe cuánto oro es de origen ilegal, “las drásticas oscilaciones te dicen que algo va mal”, dijo Zaconeta.  

Las exportaciones también han superado la producción nacional. En 2012, Bolivia exportó unas 27 toneladas de oro, unas 15 toneladas más de las que extrajo oficialmente.  Asimismo, en 2014 se exportaron 10 toneladas más. Zaconeta dijo que las exportaciones de oro infladas sugieren que el oro de origen ilegal, probablemente de la Amazonía peruana, se está lavando en Bolivia.  

El oro extraído por numerosas dragas a lo largo del río brasileño Madeira, que conecta el estado de Rondonia con Beni, también se lava y se comercializa en Bolivia, según una investigación del medio peruano Ojo Público. 

El oro pasa por varias manos y las fuentes se mezclan antes de la exportación, lo que ofrece muchas oportunidades para el lavado. Los particulares, incluidos los cooperativistas, venden a las tiendas de oro que han surgido en torno a las explotaciones mineras.  Un solo minero puede vender legalmente hasta dos kilos al mes, por los que puede obtener hasta US$62.000. Los compradores solo necesitan ver un documento de identidad.  

Las empresas exportadoras compran oro a estos compradores, así como a cooperativas. Aproximadamente dos docenas de empresas exportadoras están registradas en el gobierno. La ley exige que estas empresas presenten declaraciones juradas al Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) de Bolivia, en las que se documente la procedencia del oro exportado y el pago de impuestos.  

En teoría, el origen del oro se identifica mediante números de identificación minera, que los buscadores y vendedores de oro deben obtener para operar legalmente.  Pero los números de identificación minera y el origen del oro se declaran en el momento de la venta, y el Senarecom no dispone de ningún medio eficaz para rastrear la información facilitada.  

La falta de supervisión permite tanto a los compradores como a los exportadores de oro documentar falsamente títulos, entidades y fuentes de oro. Esto permite la libre circulación de oro entre cooperativas. La mayoría de las cooperativas auríferas, al estar reguladas como operaciones a pequeña escala, están limitadas a vender 20 kilogramos al mes.  Para evitarlo, una cooperativa que extrae más oro lo transfiere a otra, lavándolo.  

Por ejemplo, se estima que en 2018 se produjeron 31 toneladas de oro en toda Bolivia.  Alrededor de la mitad se extrajo supuestamente en el departamento de Beni, a pesar de que solo hay 20 cooperativas registradas allí, según Zaconeta.  El oro también procede de cooperativas y números mineros falsos. 

“No hay seguimiento”, dijo Zaconeta sobre las actividades de inspección del Senarecom. “Lo único que hace el Estado es retener las declaraciones que hacen los operadores”. 

Los compradores internacionales sin escrúpulos contribuyen al problema. Desde 2017, los compradores de la India y los Emiratos Árabes Unidos han representado más de tres cuartas partes de las ventas de oro de Bolivia.  Este fue un cambio abrupto desde 2016, cuando las empresas estadounidenses compraron más de la mitad del oro del país. El cambio se produjo poco después de que los comerciantes de metales estadounidenses fueran objeto de escrutinio por comprar oro de origen sospechoso exportado desde Bolivia como residuos metálicos. También se produjo tras una amplia ofensiva de la fiscalía estadounidense contra las importaciones de oro extraído ilegalmente.  

Desde entonces, los exportadores han recurrido a compradores de India y Dubai, que pagan con rapidez y hacen pocas preguntas, según el CEDLA. Los propios exportadores han sido sorprendidos sacando oro del país ilegalmente. En diciembre de 2020, en el aeropuerto de El Alto, en La Paz, las autoridades incautaron 331 kilogramos de oro, valorados en US$18 millones, que se dirigían a Dubai.  

El exportador, Goldshine SRL, presuntamente falsificó documentos para eludir impuestos. Tras la incautación, los fiscales abrieron una investigación contra el propietario de la empresa, Amit Dixit, acusado de compraventa ilegal de recursos minerales y de hacer declaraciones falsas.  

A pesar de la nube de sospechas que rodeaba a Dixit, los fiscales bolivianos ordenaron que se le devolviera el oro confiscado al año siguiente. También archivaron el caso. En marzo de 2022, el Senado celebró una audiencia en la que el jefe de la agencia minera de Bolivia dijo a los legisladores que Dixit había huido del país llevándose el oro. Mientras se le investigaba, Dixit también consiguió exportar otros 278 kilogramos de oro, según revelaron las autoridades.    

Bolivia ha pedido a INTERPOL que publique una alerta para la detención de Dixit, pero de momento no se ha hecho nada. La senadora de la oposición Cecilia Requena calificó la investigación de desastre.  “Todos hemos perdido”, dijo. “Los corruptos han ganado”.  

Madidi: ¿Un paraíso perdido? 

En 2000, la revista National Geographic celebró la creación del Madidi, que calificó de “nuevo parque nacional espectacular” de Bolivia, con una imagen en portada de dos guacamayos rojos en vuelo. Ahora, la reserva sirve de sombría ilustración del poder destructivo de los mineros del oro de Bolivia. 

Según los planes de manejo del Madidi, la superficie en la que se permite la extracción de recursos en el parque aumentó casi un 65% de 2006 a 2014.  Marcos Uzquiano, guardaparque de Bolivia, dijo que recordaba unas 53 concesiones mineras dentro del parque en 2013.  En 2021, cuando “volvimos a revisar las cuadrículas”, había “100 concesiones” dentro del parque.  “Eso ha ido aumentando año tras año”, dijo Uzquiano. 

A finales del año pasado, los organismos mineros de Bolivia y las federaciones de cooperativas urdieron su último acuerdo, que permite aumentar los derechos mineros en Madidi y otras dos reservas, Cotapata y Apolobamba. 

Cuando se conoció el acuerdo por la puerta de atrás, un grupo que representaba los derechos indígenas hizo que personas de 10 territorios indígenas marcharan hasta las oficinas del Madidi y la Biosfera Pilón Lajas y las tomaran. La indignación provocó que el gobierno anulara rápidamente el acuerdo, en octubre de 2022. 

Estas raras victorias importan poco cuando no hay nadie que proteja el Madidi de los mineros que entran ilegalmente en sus zonas protegidas. “En estos momentos, los guardaparques del Madidi están completamente solos”, afirmó Uzquiano.  

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Bolivia es el tercer productor mundial de coca, después de Colombia y Perú, y un cruce clave para la cocaína y otras drogas. Los cultivos de coca se extienden legalmente por 22.000 hectáreas en la región de los Yungas y el Trópico de Cochabamba. Sin embargo, las plantaciones de coca se están extendiendo fuera de estas regiones, a rincones remotos de la Amazonía boliviana, en un intento de los agricultores por satisfacer la demanda internacional de cocaína. 

Aunque el cultivo de coca y el narcotráfico no son los principales causantes de la deforestación en Bolivia, siguen contribuyendo a ella. Los narcotraficantes talan bosques en parques nacionales para cultivar coca y construir laboratorios de cocaína y pistas de aterrizaje ilegales.

*Este artículo forma parte de una investigación conjunta de InSight Crime y el Instituto Igarapé sobre minería ilegal, tráfico de fauna silvestre, madera y drogas en la Amazonia boliviana. Lea los demás capítulos aquí, o descargue el PDF completo.

En medio de la densa selva del Amazonas boliviano se esconde la superestructura de un negocio multimillonario. La coca verde y brillante brota en los claros, los trabajadores sudan en los laboratorios artesanales y los Cessnas sin matrícula aterrizan y despegan de nuevo. Es difícil saberlo por los kilos compactados, pero junto a la carne de vacuno, la soya y el oro, la cocaína contribuye a la destrucción del hábitat y a la pérdida de biodiversidad.  

“La creación de pistas de aterrizaje y senderos, y la plantación de nuevos cultivos de coca son fuerzas motrices que a mediano y largo plazo aumentarán aún más la deforestación”, afirmó Quintanilla, directora de investigación de la FAN. 

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Todo empieza con la coca. Año tras año, la superficie de cultivo de coca en Bolivia sigue creciendo. Según el informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2023 del Departamento de Estado de EE. UU., el país alcanzó las 39.700 hectáreas de cultivo de coca en 2021. Sin embargo, hay discrepancias significativas entre la cantidad de coca que la Casa Blanca estima que se cultiva en Bolivia y las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Según el monitoreo de la ONUDD, Bolivia cerró 2021 con 30.500 hectáreas de coca.  Alrededor del 62% de la superficie cultivada con coca se encontraba en la región de los Yungas de La Paz, el 36% en el Trópico de Cochabamba y el 2% en el Norte de La Paz. Todas estas zonas colindan con la Amazonía boliviana. 

En 2022, el país registró 29.900 hectáreas de coca, una reducción del 1,9% respecto a 2021, según el último informe de la ONUDD. De esas 29.900 hectáreas, más de dos tercios son legales. Unas 22.000 hectáreas de coca permitida se cultivan en la región de los Yungas y el Trópico de Cochabamba. Sin embargo, el tercio restante es ilícito, y esas 7.900 hectáreas adicionales se han plantado en tierras deforestadas ilegalmente.

La coca barata también llega de Perú para ser procesada en los departamentos amazónicos de Beni y Pando, según Iván Paredes, periodista ambiental radicado en La Paz.  A menudo, sin embargo, el producto llega ya procesado, ya sea como pasta de coca o base de cocaína, que requiere un mayor refinamiento en laboratorios, o como clorhidrato de cocaína a la espera de ser reexportado. 

Ambos escenarios requieren pistas de aterrizaje ilegales. Estos puntos de aterrizaje clandestinos están diseminados por todo el paisaje. 

“En esas zonas al norte de La Paz, que ya es la conexión con Beni y Pando, se han identificado varias narcopistas”, dijo Paredes. “Algunas de ellas están en el Parque Madidi, que es un área [protegida] donde se realiza la extracción de oro”. 

Otros estarían escondidos en el Parque Nacional Noel Kempff, al nororiente del departamento de Santa Cruz, según Quintanilla.  

Estos parques nacionales son un objetivo para la infraestructura del narcotráfico, no solo porque se encuentran en zonas remotas donde es difícil llevar a cabo operaciones de seguridad, sino también porque están situados en las fronteras con Perú, otro país productor de cocaína, y Brasil, una de las principales puertas de salida de la droga hacia Europa. Las reservas indígenas son un objetivo especialmente atractivo. Quintanilla dijo a InSight Crime que las imágenes de satélite han identificado numerosas pistas de aterrizaje en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Monteverde, un área protegida que alberga a 128 comunidades indígenas. 

Si la droga importada se procesa en Bolivia, suele ser dentro o cerca de parques nacionales. En el departamento de Santa Cruz, la droga se procesa en los parques nacionales de Carrasco y Amboró, explicó Saúl Lara, diputado por Cochabamba en la Asamblea Legislativa de Bolivia y miembro de la comisión de seguridad y lucha contra las drogas. 

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Según Lara, la industria de la cocaína se ha arraigado en los pueblos de los alrededores de estos parques, como San Germán, Bulo Bulo, Yapacaní e Ivigarzama.  Un experto en narcotráfico, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, sugirió que esto muestra un preocupante aumento de la participación boliviana en el tráfico de drogas.

“Las reservas han sido invadidas. Y no solo por plantaciones de coca, sino también por laboratorios de refinación de base de cocaína. Antes no refinaban [en Bolivia]”, dijo. “Ahora con la tecnología y el conocimiento colombiano, que es el mejor del mundo, refinan con microondas, con secadoras… Ahora ponen un millón de dólares para sacar 500 kilos diarios”. 

Los laboratorios suelen estar ocultos bajo la cubierta arbórea, por lo que su impacto ambiental no procede de la deforestación, sino del vertido de residuos químicos a los ríos y, en menor medida, a la tierra, explicó el experto en narcotráfico.  

Los contaminantes alteran el PH y los niveles de oxígeno de los ríos y perjudican la fertilidad del suelo, matando animales y plantas.  Ambas cosas repercuten en las comunidades locales que dependen de estos ecosistemas para su supervivencia. 

“Los laboratorios están siempre junto a los ríos porque estos actúan como vertederos donde se desechan todos los residuos químicos necesarios para la producción de cocaína”, afirmó el experto. 

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Durante años, en Bolivia se han talado maderas valiosas, como el cedro y la variedad mara de la caoba, para abastecer los mercados nacionales e internacionales de la construcción y el mobiliario. Sin embargo, estas valiosas maderas han sido taladas casi hasta su extinción. En la actualidad, redes de traficantes y clanes familiares se adentran cada vez más en la Amazonía y las zonas protegidas del país, incluyendo los parques nacionales y las reservas naturales, donde se supone que las especies valiosas deben ser protegidas. Este tráfico desenfrenado de madera está contribuyendo a la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación del ambiental. 

*Este artículo forma parte de una investigación conjunta de InSight Crime y el Instituto Igarapé sobre minería ilegal, tráfico de fauna silvestre, madera y drogas en la Amazonia boliviana. Lea los demás capítulos aquí, o descargue el PDF completo.

Julio Zebers, ambientalista y bombero voluntario, examinó los árboles que aún olían a humo.  

Habían pasado dos semanas desde que un incendio arrasó este bosque de la Chiquitania boliviana en el Valle de Tucabaca, una reserva natural de Santa Cruz. Un enorme tronco de Almendro, una madera dura tropical, yacía en el suelo, recién cortado. Su corteza exterior estaba carbonizada. Pero la madera del interior estaba intacta.

“Este bosque se quemó por la madera”, explicó Zebers. 

Señaló que los incendios proporcionan a los madereros ilegales acceso a bosques de valiosa madera dura ubicados en lo más profundo de la reserva, zonas que normalmente serían inaccesibles. Aunque estos árboles centenarios pueden sobrevivir a los incendios, están desprotegidos ante el asalto de las motosierras. 

La tala ilegal en los bosques bolivianos alimenta la demanda nacional e internacional de madera. El alcance del mercado negro sigue sin estar claro. Sin embargo, la organización estadounidense sin fines de lucro Forest Trends, conocida por sus evaluaciones de la legalidad de los productos madereros país por país, clasificó a Bolivia como país de “alto riesgo” en su estudio de 2021. Esta clasificación se debe a la “tala ilegal generalizada” y a los “informes de tráfico de madera boliviana talada ilegalmente”.  

Las reservas naturales son especialmente susceptibles a las invasiones de madereros ilegales, como ha denunciado Eduardo Franco Berton, un periodista ambiental boliviano que ha investigado el comercio ilícito de madera.  Entre los parques en peligro figuran Madidi, Carrasco, Ambaró e Isiboro-Sécure, todos ellos adyacentes a la región amazónica. 

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En Madidi y Ambaró ha surgido toda una red de tráfico en torno al robo de la valiosa madera de mara (Swietenia macrophylla), también conocida como caoba de hoja grande.  Esta especie arbórea, utilizada en la fabricación de muebles de lujo, paneles e instrumentos musicales, está clasificada como “vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

También se le ha concedido la protección del Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que indica que su comercio debe regularse para evitar una explotación que amenace su supervivencia.  “En los años 80 y 90 había una demanda muy alta de extracción legal e ilegal”, afirmó Berton.  

En 2011, el jefe de la agencia forestal de Bolivia advirtió de que la sobreexplotación de la madera de mara había dejado a la especie al borde de la desaparición. Según una investigación de Berton, publicada por primera vez en Mongabay, los traficantes siguen financiando la extracción de madera mara. El hurto requiere cuadrillas organizadas que se adentran en los parques nacionales, cruzando ríos y cañones, para llegar a bosques aislados de árboles de mara. 

Los taladores, también conocidos como corteros, derriban árboles que pueden alcanzar hasta 45 metros de altura, para después cortarlos con sierras y convertirlos en tablones de entre tres y cinco metros de largo.  Los transportistas, conocidos como lomeadores, transportan luego estos tablones a sus espaldas durante un trayecto de hasta tres kilómetros por un terreno difícil.  

Una vez que los transportistas llegan a un punto de descenso del río, la madera se ata con cuerdas para formar largas balsas conocidas como callapos.  Estas balsas transportan 150 tablones en peligrosos viajes de hasta tres días por los ríos Yapacani, Ichilo y Mataracu de Amboró. Estos viajes pueden hacer ganar a los marineros callaperos alrededor de US$700.  

Posteriormente, los camiones recogen la madera y la llevan a los almacenes. Según Berton, extraer un cargamento de mara de Amboró puede llevar hasta un mes.  

La mejor madera se selecciona y se trafica a los países vecinos. Desde Madidi, situado al noroccidente de La Paz, la madera se traslada a San Pedro de Putina Punco, Perú, mientras que la madera extraída en Amboró se transporta a través de la larga y porosa frontera entre Bolivia y el estado brasileño de Mato Grosso. La madera suele ser ocultada en otros cargamentos de camiones.  

La madera que llega a Brasil y Perú se exporta a mercados internacionales como China y Estados Unidos.  La madera de menor calidad se destina a los mercados negros nacionales.  “Está completamente estructurado”, afirmó Berton. “Lo gestionan unos pocos clanes familiares”. 

Otras especies arbóreas, aunque menos valiosas que la mara, se extraen ilegalmente. Entre ellas se encuentra el morado (Machaerium scleroxylon), el cedrillo (Vochysia viciifolia), el tajibo (Tabebuia impetiginosa) y la quinoa colorada (Myroxylon peruiferum).  

Además del tráfico evidente, los traficantes de madera insertan madera ilegal en la cadena de suministro legal a través de Certificados de Origen Forestal (CFO) adulterados. En 2021, la industria maderera de Bolivia logró exportar 143.000 toneladas de madera, por un valor de unos US$96 millones. 

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Los planes de desmonte, denominados PDM-20 y que autorizan la tala de hasta 20 hectáreas de bosque, han sido utilizados para encubrir la tala ilegal de árboles en tierras protegidas o administradas por el Estado.  La falta de eficacia y la evidente corrupción en la Agencia Boliviana de Bosques (ABT) facilitan este proceso. 

Por citar un ejemplo, René Noel Sivila Céspedes, jefe de una unidad forestal que supervisaba unas 80.000 hectáreas en San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, presuntamente recibió sobornos para permitir la tala de más de una cuarta parte de la reserva cercana a la frontera con Brasil.  

Durante el mandato de Sivila Céspedes, las aprobaciones para el PDM-20 se vendían a US$300 cada una.  Esto condujo a la falsificación de cientos de certificados forestales, facilitando el lavado de madera equivalente a aproximadamente 400 camiones cargados. Entre 2015 y 2018, esta red de tala ilegal generó alrededor de US$6 millones.  

Los aserraderos locales, propiedad de comunidades interculturales y de ciudadanos chinos, también procesan madera talada ilegalmente, según Alex Villca Limaco, secretario de comunicación de CONTIOCAP.

Zebers dijo que los árboles talados en los bosques quemados del Valle de Tucabaca probablemente estaban destinados a la construcción de viviendas locales, señalando que se utiliza para vigas internas y marcos de ventanas. 

“Todavía hay buena madera por aquí”, dijo Zebers. “Como no hay control, cogen troncos como estos y empiezan a cortar”.

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