Las naciones suramericanas firmaron un pacto histórico para la protección de la selva amazónica, pero el acuerdo no contempló estrategias integrales para combatir los delitos ambientales.

Los líderes de ocho países de la Amazonía —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— se reunieron en la ciudad brasileña de Belém el 8 de agosto.

En la cumbre, organizada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, las naciones amazónicas aprobaron una declaración mediante la cual se comprometieron a redoblar los esfuerzos multilaterales para la protección de la selva amazónica.

Los líderes acordaron medidas para fortalecer la cooperación contra la minería y la tala ilegales, ampliar el intercambio de inteligencia entre fuerzas de seguridad, y establecer centros conjuntos de policía y tráfico aéreo para mejorar la capacidad de las autoridades, entre otras acciones.

En un trino, Lula describió la cumbre como un “evento sin precedentes” y agregó que “por primera vez, reunimos a los líderes de las naciones amazónicas para pensar en la cooperación para el desarrollo sostenible”.

Sin embargo, los críticos de la declaración señalaron que esta no incluyó un compromiso multilateral para acabar con la deforestación, que fue originalmente uno de los objetivos de la conferencia. La Amazonía es escenario de diversas economías criminales, como la minería ilegal, el tráfico de madera y la producción de narcóticos, que acarrean la deforestación y la degradación ambiental. Estas actividades muchas veces están a cargo de poderosos grupos criminales, como las ex-FARC mafia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia, y el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), de Brasil.

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A pesar de la presencia de grupos criminales que se han atrincherado en la comisión de delitos ambientales, Lula y su homólogo colombiano Gustavo Petro han hecho grandes avances contra los delitos ambientales en los últimos meses.

Cuando Lula asumió el poder a comienzos de 2023, comenzó a expulsar a los mineros ilegales que operaban en el rico territorio Yanomami, cerca de la frontera de ese país con Venezuela. Las operaciones tuvieron éxito en su mayoría, pues solo se detectaron 33 nuevas minas en abril y mayo de 2023, en comparación con 538 en el mismo periodo del año anterior.

Este éxito se combinó con la cifra más baja de las tasas de deforestación en los últimos seis años, una mejora radical desde las tasas de deforestación astronómicas durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. En Colombia, la administración Petro también presentó avances contra la deforestación, al citar una reducción de 29% en la deforestación en 2022 en relación con 2021.

Estos logros fueron un buen augurio para las iniciativas de conservación futuras para la Amazonía, según Gustavo Faleiros, director de investigaciones ambientales del Centro Pulitzer.

“Este es sin duda el evento más simbólico en términos políticos que está ocurriendo justo ahora para la Amazonía”, declaró a InSight Crime. “Los dos países con las mayores extensiones de la Amazonía trabajando de manera mancomunada para reducir la deforestación”.

Análisis de InSight Crime

La declaración de Belém sienta un precedente regional importante en la lucha contra los delitos ambientales y la deforestación en la Amazonía. Pero como los delitos ambientales están cada vez más ligados a otras economías criminales, como el narcotráfico, se requieren acciones más contundentes.

Hace poco, InSight Crime publicó una investigación que exploraba el crimen organizado en las regiones trifronterizas de la Amazonía.

Vimos que la presencia del Estado es mínima en la región, lo que permite el tránsito sin impedimentos de delincuentes entre países. También investigamos el importante papel de las comunidades indígenas en el combate a los delitos ambientales, y señalamos que las futuras soluciones en materia de políticas deben dar mayor espacio a las voces indígenas.

El pacto de Belém es un gran avance para enfrentar estos dos problemas.

Propone operativos conjuntos de las autoridades e intercambio de inteligencia en materia de delitos ambientales, para ayudar a las autoridades a trabajar entre fronteras tal como hacen los delincuentes. También hace énfasis en la necesidad de prestar atención a la salud, la inclusión social y económica y la participación de las comunidades indígenas en el proceso de formulación de políticas.

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Pero la declaración no mencionó la multiplicación de asociaciones entre los delitos ambientales en la Amazonía con el narcotráfico y con poderosas organizaciones criminales transnacionales. En los 113 puntos de la declaración, solo se mencionó una vez “narcotráfico” y otra “crimen organizado”.

“Los países siguen considerando [los grupos armados] como un problema interno y no conectado realmente con los intereses globales de conservación y reducción de emisiones”, comentó Faleiros a InSight Crime. “Creo que perdimos una oportunidad de actuar de manera más directa en ese aspecto, porque no se puede negar la conexión entre ellos”.

Muchos grupos narcotraficantes que operan en la Amazonía han creado esquemas de lavado de dinero y corrupción. Con esta infraestructura, han diversificado lucrativos delitos ambientales, como la minería y la tala ilegales, aprovechando el aislamiento de la Amazonía y su red de ríos para el transporte de mercancías ilegales. Esto ha atraído a poderosos grupos transnacionales, como las ex-FARC mafia, el ELN y el PCC, que son mucho más difíciles de combatir por sus altos grados de organización, su enorme riqueza y su presencia a ambos lados de las fronteras