Salvatore Mancuso, alias “El Mono” o “Santander Lozada”, es un excomandante paramilitar colombiano que hizo parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A finales de febrero de 2024, después de cumplir una pena de más de 15 años por narcotráfico en Estados Unidos, regresó a Colombia, donde fue designado como gestor de paz, un rol desde el que podría servir como facilitador y mediador en procesos de diálogo con grupos ilegales en el marco de la “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro. 

Historia

Salvatore Mancuso Gómez nació el 17 de agosto de 1964 en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia. De padre italiano y madre colombiana, Mancuso Gómez realizó estudios universitarios en ingeniería civil y administración agropecuaria.

Desde comienzos de la década de los 90, luego de ser extorsionado por la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) mientras era administrador de varias fincas ganaderas, Mancuso comenzó a colaborar como informante del ejército colombiano en el departamento de Córdoba.

Su labor con el ejército fue conocida por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, principales líderes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), un movimiento paramilitar que buscaba combatir la expansión de las guerrillas en esa zona de Colombia. En 1994, Mancuso se vinculó a las ACCU, donde se encargó inicialmente de tejer redes con políticos a nivel local y regional. 

En 1995 creó la cooperativa de vigilancia y seguridad (Convivir) Nuevo Horizonte, en el municipio de Tierralta, Córdoba. Esta figura jurídica, decretada por el gobierno colombiano en 1994, permitía la conformación de cooperativas integradas por civiles para brindar colaboración a las fuerzas militares en temas de seguridad y orden público. A través de la Convivir Nuevo Horizonte, y otras creadas por miembros de las ACCU, los paramilitares lograron acceder a armas y recursos, y fortalecer sus redes políticas y militares.

A partir de 1996, Mancuso lideró la expansión de las ACCU hacia el norte de Colombia, específicamente a los departamentos de Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira y Atlántico. Para esto se valió de alianzas con élites políticas, económicas, y militares que posibilitaron el ingreso de los paramilitares a estas zonas.

En 1997, los hermanos Castaño crearon las AUC, una federación de diferentes movimientos de autodefensa con presencia en diversos lugares de Colombia. Mancuso pasó a integrar lo que fue conocido como el Estado Mayor de las AUC y en 1999 estuvo a cargo del ingreso de las AUC al departamento de Norte de Santander a través del Bloque Catatumbo. 

Tras la dimisión de Carlos Castaño como comandante general de las AUC en 2001, Salvatore Mancuso asumió un rol aún más preponderante dentro de la organización. A partir del 2002 acompañó el proceso de diálogo entre las AUC y el gobierno, y posteriormente, los procesos de desmovilización de los bloques paramilitares entre 2003 y 2006.

Mancuso, por su parte, se desmovilizó en diciembre de 2004 y en mayo de 2008 fue extraditado a Estados Unidos, junto con otros 12 jefes paramilitares, por delitos de narcotráfico. En octubre de 2008 hizo un acuerdo con la justicia estadounidense y posteriormente fue sentenciado a 15 años y 10 meses de prisión, sin embargo, se le reconoció el tiempo que permaneció privado de la libertad en Colombia, por lo que su tiempo en prisión fue más corto. 

Mancuso terminó de cumplir su condena en Estados Unidos en marzo de 2020, sin embargo, no salió en libertad. Quedó bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) mientras resolvía su situación migratoria. Aunque pidió ser deportado a Italia, país del que es ciudadano, el gobierno colombiano lo solicitó en extradición para cumplir con condenas vigentes en los tribunales ordinarios y transicionales de Justicia y Paz.

A la par, desde 2018, Mancuso había solicitado ser incluido dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal transicional creado en Colombia para juzgar los hechos cometidos por los excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como un tercero colaborador o financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997.

Al ser aceptado en la JEP, Mancuso podría acceder a beneficios transicionales en el marco de los procesos judiciales en su contra, en caso de ser extraditado a Colombia. 
Sin embargo, en 2020 la JEP negó su solicitud, al afirmar que Mancuso no era un tercero civil y que, por el contrario, hacía parte de la estructura armada de la organización. En noviembre de 2023, el equipo legal de Mancuso apeló la decisión y la JEP aceptó el sometimiento de Mancuso a este tribunal argumentando su rol como bisagra entre políticos, militares y empresarios con los grupos paramilitares.

En febrero de 2024, casi cuatro años después de haber cumplido su pena en Estados Unidos, Mancuso retornó a Colombia. 

Actividad criminal

El narcotráfico fue una actividad clave que marcó el paso de Mancuso por las AUC. Según indican los documentos judiciales del gobierno de Estados Unidos en su contra, Mancuso —junto a otros comandantes paramilitares— estuvo detrás del envío de varias toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos a través de puertos en Centroamérica y el Caribe. La justicia italiana también ha llevado a cabo investigaciones en su contra por narcotráfico.

Mientras cumplía su condena en Estados Unidos, Mancuso fue condenado en Colombia por los tribunales de Justicia y Paz, el mecanismo de justicia transicional creado en el marco de la desmovilización paramilitar, por miles de hechos victimizantes cometidos desde su rol como comandante de las AUC, entre ellos homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, y tortura, entre otros. 

En Colombia, tiene investigaciones vigentes por lavado de activos asociado al tráfico de drogas.

Geografía

Mancuso tuvo influencia en el norte de Colombia, específicamente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira, Norte de Santander y algunos municipios del departamento de Antioquia. En estos lugares estuvo detrás de la ejecución de masacres.

Aliados y enemigos

Durante su paso por las ACCU y las AUC, Mancuso se enfrentó de manera directa a las guerrillas colombianas, principalmente al EPL, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las FARC en diferentes zonas del país donde los bloques bajo su mando tuvieron presencia. 

En cuanto a sus alianzas, mientras hizo parte de las AUC, Mancuso, un ciudadano italiano, tuvo vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta, una alianza clave para consolidar el flujo de cocaína desde Colombia hacia Europa. 

Mancuso también tuvo redes importantes para el lavado de dinero del narcotráfico. Una de las más conocidas fue la sostenida con el empresario italiano Giorgio Sale, quien a través de sus negocios lavó dinero producto del tráfico de drogas de las AUC. De igual forma, Mancuso presuntamente lavó dinero a través de los negocios de juegos de azar de Enilse López, alias “la Gata”, una empresaria de la costa Caribe que tuvo estrechos vínculos con los grupos paramilitares al norte de Colombia. 

Mancuso, además, tejió un entramado de nexos con políticos, militares y empresarios que permitieron la expansión paramilitar en diferentes regiones del país. En las diferentes audiencias que ha sostenido ante la justicia colombiana ha mencionado a altos mandos militares, ex candidatos presidenciales, expresidentes, multinacionales bananeras y carboneras, quienes presuntamente colaboraron con los grupos paramilitares en Colombia.

Perspectivas

En agosto de 2023, Mancuso fue nombrado gestor de paz en el marco de la Paz Total, el proyecto a través del cual el gobierno busca llevar a cabo negociaciones paralelas con diferentes grupos armados y criminales. Como gestor de paz, Mancuso podría facilitar escenarios de diálogo con diferentes grupos armados, entre ellos algunos nacidos después de la desmovilización de las AUC.

Sin embargo, el nombramiento de Mancuso ha generado debate en diferentes estamentos del país, pues algunos juristas opinan que no es claro el rol que Mancuso puede jugar como gestor de paz en el escenario actual, teniendo en cuenta que su desmovilización se dio hace casi 20 años. 

El 10 de julio de 2024, Mancuso salió de la cárcel La Picota en Bogotá –donde permanecía recluido desde el mes de febrero– luego de que un juzgado de Justicia y Paz decidiera su libertad. Tras esto, se espera que comience con sus labores como gestor de paz y contribuya al esclarecimiento de la verdad del paramilitarismo en el país.

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Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño” Guerrero, es el líder principal del Tren de Aragua, el grupo criminal más importante de Venezuela. La expansión y alcance transnacional de su organización en diferentes países de América Latina lo posicionaron como uno de los cabecillas carcelarios, también conocidos como “pranes”, con mayor renombre en la región.

Tras la intervención estatal y desalojo de la prisión de Tocorón, el bastión criminal del Tren de Aragua, su paradero actual es una incógnita.

A pesar de haber perdido su centro de operaciones en Venezuela, Niño Guerrero está en libertad y sigue dirigiendo las operaciones del Tren de Aragua. Gracias a la presencia transnacional del grupo, su reputación criminal ha crecido considerablemente. Con una notificación roja de Interpol y el Departamento de Estado de EE.UU. ofreciendo una recompensa de US$5 millones por información que conduzca a su arresto en julio de 2024, se ha convertido en uno de los criminales más buscados de Sudamérica.

Historia

El Niño Guerrero nació el 2 de diciembre de 1983 en Maracay, estado de Aragua, un municipio a poco más de cien kilómetros de Caracas, capital de Venezuela. Hacia el 2000, Guerrero incursionó en la escena delictiva local, atacando policías e involucrándose con negocios de microtráfico.

De acuerdo con registros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela del 3 de septiembre de 2005, Niño Guerrero atacó a una comisión policial y asesinó a un funcionario de la Policía de Aragua, lo que lo puso en el radar de las autoridades. Simultáneamente, la organización que preside actualmente, el Tren de Aragua, ya tenía reputación criminal debido a los secuestros y extorsiones a comerciantes, y a los sobornos a funcionarios públicos.

En 2010, las autoridades capturaron a Niño Guerrero cuando comerciaba artículos robados y traficaba drogas en su natal Maracay. Para entonces, ya tenía tres cargos en su contra por homicidio, lo que lo llevó a estar recluido en el centro penitenciario de Aragua, también conocido como Tocorón, hasta 2012, cuando escapó.

Apenas un año después, en junio de 2013, Niño Guerrero fue capturado nuevamente en Barquisimeto, estado de Lara. Allí, Guerrero llevaba meses cometiendo hurtos a residencias y su carrera criminal venía en ascenso.

A pesar de estar encarcelado, Niño Guerrero apareció en 2015 en una fiesta en uno de los tantos barrios de Maracay, bajo el control del Tren de Aragua. En ese entonces, se presentó como su líder natural y aseguró que mejoraría las condiciones de vida para los residentes.

Un año después, Niño Guerrero se presentó ante un juzgado en Maracay, donde fue acusado de varios asesinatos, múltiples robos a residencias, porte de armas, tráfico de drogas y el escape de Tocorón. En febrero de 2018, Guerrero aceptó los delitos que se le imputaron y fue condenado a 17 años de cárcel.

Pero esta condena no disminuyó el poder de Niño Guerrero ni del Tren de Aragua. La organización de origen carcelario continuó su expansión dentro de Venezuela y en 2020, se estimaba que el grupo tenía alrededor de 1.000 miembros que respondían a las órdenes de Guerrero.

Desde el interior de Tocorón, Niño Guerrero construyó una base de operaciones llena de lujos y gustos exorbitantes. Para empezar, vivía en una casa de dos pisos dentro del penal, en donde recibía a los visitantes que quisiera, así como también tenía acceso a una piscina, campo de béisbol, discoteca, restaurantes y hasta un zoológico.

Hoy, el poder del Tren de Aragua no solo se extiende dentro de Venezuela, donde controla minas de oro en el estado de Bolívar, corredores de droga en la costa Caribe, y parte de los pasos fronterizos clandestinos, también conocidos como “trochas” por donde atraviesan miles de migrantes en la frontera con Colombia; sino que ha llegado a posicionarse a nivel transnacional en países como Colombia, Perú, Chile y Bolivia, dentro de los casos más destacados.

El 20 de septiembre de 2023, las autoridades venezolanas lanzaron una operación de seguridad a gran escala dentro de la prisión de Tocorón. Al menos 11.000 policías y militares entraron a la cárcel y no encontraron a Guerrero y los líderes del grupo. Fuentes entrevistadas en Aragua aseguran que la cúpula del Tren de Aragua negoció con el gobierno previamente y acordaron un plan de fuga días antes de la toma de la prisión.

Actividades criminales

Las rentas criminales que Niño Guerrero controla, ya sea a través de las facciones del Tren de Aragua o bajo su directa supervisión, son: extorsión, secuestros, tráfico de drogas, asesinatos por encargo (sicariatos), robo de vehículos, tráfico de migrantes y trata de personas, entre las más destacadas.

Un ejemplo del amplio portafolio criminal del grupo se refleja en el control que han impuesto sobre negocios criminales como la extorsión, el tráfico de migrantes y la trata de personas en Perú, Chile y Colombia. Su incursión en estos negocios criminales también ha sido causante del deterioro de seguridad y aumento de homicidios en estos países.

Con la pérdida de Tocorón, Niño Guerrero también dejó de percibir importantes réditos criminales. La población carcelaria estaba obligada a contribuir a la “causa”, un impuesto carcelario que oscilaba entre US$10 y US$15 cada semana o cada mes, dependiendo de los beneficios recibidos. 

A nivel extramural, en los diferentes barrios de Maracay, en Aragua, el Tren de Aragua todavía ejerce gobernanza criminal y ejecuta toques de queda, robo de vehículos y recibe pagos extorsivos de comerciantes y habitantes locales.

Fuentes policiales que investigan al Tren de Aragua en Chile y Perú aseguran que una parte de los ingresos criminales que la organización recibe en el exterior termina en los bolsillos de Guerrero. Esto se realiza mediante remesas y transferencias bancarias de pequeñas sumas para evitar alertar a las autoridades financieras.

Geografía

Niño Guerrero concentró gran parte de su poder en el control territorial que ejerce en el centro de Venezuela, especialmente en el estado Aragua. A la fecha, el alcance del Tren de Aragua se ha extendido a los estados de Lara, Trujillo, Sucre, Miranda, Guárico, Carabobo y Bolívar.  

A lo anterior se suma la veloz y amplia expansión internacional del Tren de Aragua. En Colombia, el grupo ha aparecido en Bogotá, capital del país, donde entró a disputar el control del microtráfico y distintas zonas de explotación sexual con bandas locales. Asimismo, el grupo se ha asentado en puntos migratorios neurálgicos como en Cúcuta, ciudad que comparte frontera con Venezuela.

En Chile y Perú, las células transnacionales han seguido la trayectoria de los migrantes venezolanos, explotando sus necesidades a través de extorsiones y explotación sexual. Algo parecido ha sucedido en Ecuador, donde integrantes del Tren de Aragua se han camuflado con los recién llegados migrantes venezolanos, a quienes han empezado a extorsionar para permitirles la entrada al país.

A pesar de que autoridades estadounidenses creen que Guerrero se oculta en Colombia, funcionarios de seguridad de Venezuela consultados por InSight Crime aseguran que después de salir de Tocorón encontró refugio en la zona minera de las Claritas, municipio Sifontes, estado Bolívar, donde es protegido por Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”, uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua.

Aliados y enemigos

Sumado al apoyo que Niño Guerrero recibe de Petrica en los yacimientos mineros de Bolívar, la cúpula dirigencial del Tren de Aragua también está integrada por Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”, quien se presume habría migrado a Chile en 2018 para coordinar las actividades del grupo a nivel internacional y fue arrestado en julio de 2024.

Debajo de los principales cabecillas, se encuentran los lugartenientes, localmente conocidos como “luceros”. En esta lista de subalternos y hombres de confianza de Guerrero, se destacan Wilmer Pérez Castillo, alias “Wilmer Guayabal”, José Santana, alias “Santanita”, José Alvarado, alias “Goyo Chevrolet”, y un hombre identificado como Kleiverson o alias “Flipper”, quien maneja parte de las operaciones del grupo a través campañas en la Fundación Somos el Barrio JK, una organización social que funciona como fachada del grupo. 

Por otro lado, Niño Guerrero también cuenta con varias bandas satélites a nivel local que sirven de fuente de hombres y recursos como lo son la banda del Flipper, la banda las Veras, liderada el difunto “Carlos Conejo”, la banda del Coty y la banda de El Asdrúbal, entre otras.

Sobre las rivalidades criminales, estas cambian dependiendo el país. En Bogotá, las autoridades han señalado que el Tren de Aragua se enfrenta con distintas bandas criminales por el control del tráfico de drogas. En Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, se reportó en 2021 que el Tren se enfrentó con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en pie del hemisferio occidental.

En marzo de 2024, su hermano, Guerso Isaac Guerrero Flores, fue detenido en Barcelona, España. Aunque se desconocen las actividades de este personaje en suelo europeo, autoridades de Venezuela lo extraditaron desde España en julio de 2024 para afrontar cargos relacionados con su papel dentro del Tren de Aragua.

Perspectivas

Si bien Niño Guerrero perdió su centro de operaciones tras la intervención de Tocorón, las operaciones nacionales e internacionales del Tren de Aragua parecen mantenerse intactas. La rápida adaptación que han demostrado sus hombres en el extranjero y la diversificación de sus negocios, permitieron en parte que la caída de Tocorón se convirtiera en una pérdida simbólica más que en un golpe estructural.

No obstante, a pesar del acelerado crecimiento del Tren de Aragua en la región y la incapacidad de Guerrero de atravesar fronteras con facilidad debido a su alto nivel de exposición, pueden ocasionar la pérdida de influencia sobre los hombres en el exterior, llevando a una futura fragmentación estructural.

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El Tren de Aragua es la estructura criminal más poderosa de Venezuela y el único grupo local que ha logrado afianzarse en el extranjero. Dejó de ser una pandilla carcelaria confinada al estado de Aragua para convertirse en una amenaza de naturaleza transnacional con un amplio portafolio criminal.

Esta expansión transnacional se produjo a expensas del masivo éxodo venezolano. Desde la prisión de Tocorón, en Aragua, la pandilla supervisaba y se beneficiaba de células establecidas en al menos otros tres países suramericanos. Sin embargo, en septiembre de 2023, 11.000 policías y militares venezolanos, irrumpieron en Tocorón para aparentemente tomar el control del que, hasta entonces, había sido el centro de operaciones del Tren de Aragua. A pesar del golpe que supuso la pérdida de su base de operaciones, la cúpula de la pandilla escapó y sus células transnacionales siguen operando.

La expansión de Tren de Aragua a Colombia, Perú y Chile ha transformado, en algunos casos, el panorama criminal local y ha atraído la atención de las autoridades de estos países y de toda la región. La preocupación de algunos legisladores de Estados Unidos por la posible expansión del grupo en ese país llevó al Departamento del Tesoro a declarar al Tren de Aragua como una Organización Criminal Transnacional en julio de 2024. Además, el Departamento de Estado estadounidense ha ofrecido US$12 millones en recompensas por información que conduzca a la detención de tres de sus principales líderes.

Historia

El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. El nombre del grupo puede tener su origen en un sindicato de una obra ferroviaria que nunca concluyó. Pero Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, convirtió el Tren de Aragua en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón.

Bajo el liderazgo de Niño Guerrero, Tocorón se convirtió en una de las prisiones más notorias del país, en gran parte debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones, entre ellas Tocorón, a jefes criminales conocidos como pranes. Esta libertad y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno dentro de la cárcel.

Con el control de la pandilla firmemente cimentado dentro de la prisión, el Tren de Aragua comenzó a expandir su influencia. Comenzó por el barrio de San Vicente, donde estableció un estricto control social e incluso recibió recursos y apoyo del gobierno a través de su fundación benéfica conocida como “Fundación Somos El Barrio JK”.

Algunas bandas criminales que ya operaban en Aragua establecieron pactos de no agresión con la pandilla, entre ellas el Tren del Llano. Sin embargo, tras el asesinato del líder del Tren del Llano en 2016, el grupo carcelario comandado por Guerrero se apoderó de sus territorios en Aragua y parte del estado Guárico, según fuentes policiales que hablaron bajo condición de anonimato por temor a su seguridad.

En los años siguientes, la pandilla expandió su red a otros estados de Venezuela a través de alianzas con grupos más pequeños, llegando a estar presente en al menos otros cinco estados. Durante este proceso, amplió su portafolio criminal en Venezuela para incluir la extorsión, el secuestro, la trata de personas con fines de explotación sexual, el tráfico de migrantes, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de drogas al por menor, la ciberdelincuencia y el robo.

La expansión del Tren de Aragua se volvió transnacional hacia 2018, cuando la pandilla intentó establecerse en la frontera entre Venezuela y Colombia, entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander. Allí se enfrentó a importantes grupos criminales colombianos, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Los grupos lucharon por el control de los pasos fronterizos clandestinos, conocidos como trochas, que albergan diversas economías delictivas, como el trasiego de drogas, contrabando de bienes y migrantes.

El Tren de Aragua se abrió un espacio dentro de la población fronteriza colombiana de La Parada, donde muchos migrantes venezolanos que huían de su país llegaban por primera vez a Colombia. En ese momento, el éxodo venezolano estaba en pleno apogeo y el Tren de Aragua vio una oportunidad en la desesperación de sus compatriotas. Mientras los principales grupos criminales colombianos se centraban en el narcotráfico, el Tren de Aragua comenzó a explotar sistemáticamente a los migrantes venezolanos, cobrándoles extorsiones, llevándolos clandestinamente a Colombia y haciéndose con el control de varios nodos del mercado de la trata de personas con fines de explotación sexual.

Entre 2018 y 2023, el Tren de Aragua construyó una red criminal transnacional, estableciendo células en Colombia, Perú y Chile, con informes adicionales de su presencia esporádica en Ecuador, Bolivia y Brasil.

El grupo se expandió siguiendo los flujos migratorios venezolanos, permaneciendo inicialmente bajo el radar al centrarse únicamente en los migrantes venezolanos, a medida que aumentaba su presencia en los pasos fronterizos y en las zonas urbanas donde estos se congregan.

A medida que las células se fueron consolidando, permearon economías delictivas locales, empleando una violencia selectiva y llamativa para expulsar a los grupos locales y constituirse como una seria amenaza. Además de la extorsión y el tráfico de migrantes, las facciones del Tren de Aragua en el extranjero controlan un sistema de préstamos ilegales (también conocidos como gota a gota), microtráfico, el secuestro, el tráfico internacional de drogas a pequeña escala, la trata de personas y los robos. Cada célula se especializa en actividades diferentes, en función de las condiciones locales.

Sin embargo, como el uso de la violencia por parte del grupo en el extranjero ha encendido las alarmas en la región, autoridades de Sudamérica tienen ahora al Tren de Aragua en la mira. El gobierno de Venezuela retomó el control de Tocorón en septiembre de 2023, privando al Tren de Aragua de su bastión histórico, mientras que las fuerzas de seguridad de Chile, Perú y Colombia han llevado a cabo operaciones de gran escala contra la pandilla desde 2022.

Liderazgo

El líder del grupo es Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien dirigió al Tren de Aragua desde la prisión de Tocorón hasta septiembre de 2023. Se fugó antes de la operación para retomar la cárcel, tras ser advertido con antelación, según informes de la sociedad civil venezolana. Se desconoce su paradero.

De acuerdo con los registros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Guerrero comenzó su carrera delictiva en 2005, cuando asesinó a un agente de policía en Aragua. Fue encarcelado por primera vez en Tocorón en 2010, pero se fugó dos años después. Su recaptura y regreso a Tocorón en 2013 llevaron a Guerrero a consolidar el Tren de Aragua junto a otros delincuentes, que se convirtieron en sus lugartenientes de mayor confianza. Entre ellos estaban Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”, y Yohan José Guerrero, alias “Johan Petrica”.

Álvarez escapó en 2015 de Tocorón, y en 2018 llegó a Chile para liderar la expansión y consolidación del grupo criminal en el país. En 2022, cuando la policía chilena empezó a investigarlo, huyó a Colombia, desde donde seguía liderando las operaciones de la facción en Chile, además de planificar la estrategia de expansión de la banda en Colombia. Álvarez fue capturado en julio de 2024 en el departamento del Quindío, en Colombia.

Por su parte, Johan Petrica se ha dedicado a dirigir una poderosa agrupación de extracción ilegal de oro en Las Claritas, ubicado en el sur del estado Bolívar, conocida como el Sindicato de Las Claritas. Algunos informes sugieren que Niño Guerrero podría estar escondido con Petrica en Las Claritas tras la invasión de Tocorón.

Además de ofrecer recompensas por información que conduzca a la captura de Niño Guerrero y Johan Petrica, el Departamento de Estado estadounidense ofreció en julio de 2024 una recompensa de US$3 millones por información relacionada con Giovanny San Vicente, alias «Giovanny» o «El Viejo», y lo señaló como uno de los tres líderes del grupo. Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que tanto Niño Guerrero como Giovanny se esconden en Colombia.

Reportes oficiales de las fuerzas de seguridad en Perú, Chile y Colombia sugieren que a pesar de la expansión geográfica de la banda, esta ha mantenido una estructura jerárquica, con Niño Guerrero al mando. Documentos judiciales muestran cómo varios lugartenientes del Tren de Aragua han sido enviados a células de toda la región, algunos de los cuales incluso parecen rotar entre varios países.

Geografía

El centro de operaciones del Tren de Aragua se encontraba en la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua. La banda también está presente en al menos otros cinco estados venezolanos: Carabobo, Sucre, Bolívar, Guárico y Lara.

Aún no está claro dónde estará el nuevo núcleo del grupo tras la invasión de Tocorón en septiembre de 2023. Sin embargo, no hay indicios de que la banda haya dejado de operar en Venezuela.

Fuera de Venezuela, Tren de Aragua ha establecido células permanentes en Colombia, Perú y Chile, con informes de sus actividades en Brasil, Ecuador y Bolivia.

Estas actividades suelen concentrarse en zonas fronterizas con pasos clandestinos utilizados habitualmente por migrantes venezolanos, como la frontera entre Venezuela y Colombia, la frontera entre Perú y Chile y la frontera entre Bolivia y Chile. La banda también ha establecido células en zonas urbanas con grandes poblaciones de migrantes venezolanos, como Bogotá (Colombia), Lima (Perú) y Santiago (Chile).

Aliados y enemigos

El Tren de Aragua mantiene numerosos vínculos con el crimen organizado y con grupos carcelarios, tanto en Venezuela como en otros países, con los que ha establecido pactos de no agresión e incluso alianzas para repartirse las rentas criminales. Una de estas bandas carcelarias estaba ubicada en el Centro de Reclusión Judicial de Trujillo, dominada por Álvaro Enrique Montilla Briceño, alias “El Loro”. La prisión fue tomada por las fuerzas de seguridad poco más de un mes después de que los funcionarios allanaran Tocorón.

Además, el Tren de Aragua presuntamente reclutó y financió a una pequeña pandilla criminal del estado de Lara, llamada la banda de “El Santanita”, para cometer secuestros y extorsiones.

Un informe de 2021 procedente de Brasil afirmaba que miembros de Tren de Aragua habían sido encarcelados en el estado de Roraima, al norte del país, cerca de Venezuela, y trabajaban con el mayor grupo delictivo de Brasil, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), afirmaciones repetidas por una investigación académica de 2022, aunque la naturaleza exacta de esta relación sigue sin estar clara.

El Tren de Aragua se ha enfrentado a múltiples grupos, entre ellos el ELN, por el control de los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia.  Funcionarios locales y fuerzas de seguridad de toda la región han destacado la disposición del grupo a utilizar la violencia selectiva para expulsar a las bandas locales.

La relación de la banda con las fuerzas de seguridad y los funcionarios venezolanos ha sido compleja. Por un lado, múltiples fuentes entrevistadas por InSight Crime han señalado que el grupo ha corrompido a funcionarios locales y regionales. Por otro lado, su crecimiento se vio impulsado por el traspaso no oficial de poder del Estado a los pranes y por la impunidad de la que gozaba dentro de Tocorón. Incluso tras la invasión de Tocorón por parte del gobierno, su relación con los funcionarios sigue siendo turbia. Ha perdido su bastión, pero parece haber recibido aviso con antelación, y no se ha capturado a ningún miembro de alto rango del grupo.

Perspectivas

El Tren de Aragua fue el primer grupo criminal venezolano que logró expandirse por Suramérica. Se ha convertido en una amenaza para la seguridad regional, y desmantelarlo no será fácil.

Sin embargo, su expansión internacional parece haberse ralentizado, y la pérdida de su base de operaciones en la prisión de Tocorón podría interrumpir sus operaciones transnacionales. Además, las fuerzas de seguridad de toda la región están invirtiendo recursos en perseguir a las células de la banda, con la detención de más de 100 presuntos miembros en 2022 y 2023 por funcionarios peruanos, chilenos y colombianos. Estas detenciones, si bien debilitan a la banda fuera de prisión, tienen el potencial de hacer que el grupo vuelva a sus raíces y se extienda por las cárceles extranjeras.

La migración masiva que permitió la expansión del Tren de Aragua también se está ralentizando y evolucionando. Había poca infraestructura criminal en Suramérica preparada para el número de migrantes venezolanos que viajaron a través del continente entre 2018 y 2022, lo que permitió a Tren de Aragua intervenir y reclamar gran parte de las ganancias.

Pero ahora, los venezolanos viajan cada vez más hacia Estados Unidos, cruzando a través de Colombia y Centroamérica. Esto disminuye los ingresos procedentes de los migrantes en el territorio del Tren de Aragua. Dado que el tráfico de migrantes y la trata de personas a lo largo de la ruta hacia el norte ya están controlados por poderosos grupos criminales, es poco probable que Tren de Aragua pueda expandirse hacia el norte tan fácilmente como lo hizo en Suramérica.

Continúan apareciendo informes sobre nuevas células en Suramérica, aunque las autoridades creen que muchas de ellas son imitadores que intentan aprovecharse de la notoriedad del Tren de Aragua. Queda por ver si el Tren de Aragua mantendrá su red actual, seguirá creciendo o si entrará en declive.

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Por primera vez en 23 años, las cifras de deforestación en Colombia se han reducido a niveles históricos. Aunque esta tendencia demuestra que el cambio de enfoque en la lucha contra los delitos ambientales ha tenido un efecto positivo, los grupos criminales también tendrían un rol importante en este fenómeno.

Esta semana, Susana Muhammad, cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, anunció una reducción del 36% de la deforestación en 2023 con respecto al año pasado, tras la publicación del más reciente estudio de este fenómeno en Colombia. De acuerdo con la jefa de la cartera, el número de hectáreas deforestadas pasó de 123.517 hectáreas (ha) en 2022 a 79.256 ha en 2023.

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El estudio fue realizado en conjunto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la entidad encargada de producir conocimiento técnico y científico de los recursos naturales en Colombia. Según se lee en el reporte, los departamentos más afectados por este fenómeno fueron Caquetá (12.647 ha), Guaviare (11.467 ha), Putumayo (10.852 ha), Meta (10.310 ha) y Antioquia (8.139 ha), todos ubicados en la región amazónica de Colombia, a excepción del último. 

Por su parte, los principales motores que impulsaron la deforestación en estos territorios fueron la praderización orientada al acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la apertura de infraestructura vial ilegal, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la tala ilegal, y la ampliación de la frontera agrícola.

De acuerdo con Muhammad, las cifras son las más bajas en 23 años, haciéndolo un “año icónico en la lucha contra la deforestación”, afirmó en una rueda de prensa el lunes.

“Estamos cumpliendo y sobrepasando la meta. Hemos identificado que hay una asociación directa entre la paz y el resultado de la deforestación, condiciones de paz generan reducción”, añadió.

Análisis de InSight Crime

Aunque la cifra de 2023 revierte varios años de altas tasas de deforestación, es importante anotar la importancia que han tenido las organizaciones criminales sobre la fluctuación de este fenómeno.

Tan solo un año después de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, Colombia experimentó una de las tasas de deforestación más altas en los últimos 10 años. En 2017, el país llegó a su máximo pico en una década, marcando 219.552 ha deforestadas, producto de la salida de las FARC de los territorios y quienes, hasta entonces, se habían beneficiado del bosque en pie. 

A pesar de que las cifras se redujeron entre 2018 y 2019 (197.159 ha  y 158.894 ha respectivamente), entre 2020 y 2021 la deforestación volvió a ascender, producto del involucramiento de nuevos grupos disidentes, conocidos como ex-FARC mafia, en economías criminales como la tala y minería ilegal, sumado al levantamiento de las restricciones al desmonte que sus antecesoras FARC habían procurado mantener. 

VEA TAMBIÉN: Los 5 retos de seguridad que deberá enfrentar el nuevo presidente de Colombia

En 2022, la tendencia volvió a cambiar. Previo a la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, el Estado Mayor Central (EMC), una confederación de estructuras disidentes con una importante presencia en la Amazonía, adoptó una política de reducción de la tala en sus áreas de control, lo que habría generado un efecto positivo en la deforestación.

Aunque esta regla se mantuvo durante 2023, es posible que el EMC la haya utilizado como una carta para inclinar la balanza a su favor durante las negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro. 

Sin embargo, el surgimiento de divisiones al interior del grupo, sumado a la retirada de varias facciones disidentes a las mesas de negociación con el gobierno, vuelve a poner sobre la mesa preocupaciones sobre la relación entre los grupos armados y el bosque.

En este escenario, es posible que el enfoque comunitario que el gobierno ha priorizado con respecto a la lucha contra los delitos ambientales, sea insuficiente para detener la maquinaria de los grupos armados que ven en la deforestación una oportunidad de negocios. 

“En los núcleos de deforestación es imposible entrar. Es muy difícil que el gobierno pueda implementar planes de conservación allí”, aseguró Juan Carlos Sandino, experto en conservación y cartografía. 

“Los programas de reducción de la deforestación y pagos por conservación ambiental son geniales, pero no atacan a los grandes taladores. El negocio de la madera jamás ha parado ni va a parar porque es sumamente lucrativo”, finalizó.

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La reciente designación del Tren de Aragua por Estados Unidos como una Organización Criminal Transnacional lo equipara con las principales amenazas de seguridad en América Latina y representa un nuevo desafío para su hasta ahora imparable plan de expansión regional.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por su siglas en inglés), por medio de un comunicado de prensa emitido en la mañana del 11 de julio, inscribió al Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano, en la lista de Organizaciones Criminales Transnacionales que amenazan la estabilidad de la seguridad en el hemisferio occidental.

VEA TAMBIÉN: ¿El Tren de Aragua está ‘invadiendo’ Estados Unidos?

“La designación de hoy del Tren de Aragua como Organización Criminal Transnacional enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades estadounidenses”, subrayó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

Simultáneamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto con la Policía Nacional de Colombia, anunció un paquete de recompensas por información que conduzca a la detención de los principales líderes y figuras clave de la organización venezolana. Por Héctor Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero«, se ofrece una recompensa de hasta US$ 5 millones; por Yohan José Romero, conocido como «Johan Petrica«, hasta US$ 4 millones; y por Giovanny San Vicente, alias «Giovanny» o «El Viejo», hasta US$ 3 millones.

La decisión de las autoridades norteamericanas contra el Tren de Aragua y su cúpula dirigencial ocurre meses después de que senadores republicanos enviaron en marzo de este año una solicitud al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde pidió formalmente la designación como Organización Criminal Transnacional, a pesar de que el grupo parece tener una presencia mínima y limitada en el país norteamericano.

“Si no se controla, el [Tren de Aragua] desatará un reinado de terror sin precedentes, que refleja la devastación que ya ha infligido en comunidades de Centro y Sudamérica, sobre todo en Colombia, Chile, Ecuador y Perú.”, enfatizó en la solicitud que fue firmada por varios políticos.

El Tren de Aragua nació como una banda carcelaria en los muros de la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua, en el centro de Venezuela. Desde allí, construyó un centro de operaciones que le permitió iniciar un proceso de expansión, primero a nivel nacional y luego hacia otros territorios de América Latina.

Su proceso de crecimiento regional coincidió con las rutas del éxodo masivo que han llevado a aproximadamente 8 millones de venezolanos a buscar refugio en diferentes naciones del continente, incluyendo Estados Unidos. Los primeros informes oficiales sobre la presencia del grupo a nivel internacional surgieron en Colombia en 2018, país que comparte fronteras con Venezuela y es la primera parada de la mayoría de migrantes.

Análisis de InSight Crime

Aunque la nueva categorización transnacional del Tren de Aragua lo posiciona entre las principales amenazas de seguridad en la región, este nuevo estatus también representa un desafío estratégico para sus líderes, quienes deberán adaptar sus planes de expansión a un nivel de escrutinio sin precedentes para el grupo.

La expansión internacional de las diferentes facciones del Tren de Aragua en América Latina durante los últimos seis años se ha convertido en una de las evoluciones criminales más destacadas de los tiempos recientes. De los muros de Tocorón, pasó a tener presencia y actividades ilícitas en países como Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia, donde sus facciones han logrado incursionar y dominar importantes economías criminales, tales como el tráfico de migrantes, la trata de personas, las extorsiones y el tráfico de drogas a pequeña escala.

En sus primeros pasos de exploración en la región, el Tren de Aragua adoptó un perfil bajo y se aprovechó de las comunidades migrantes para pasar desapercibido. Asimismo, el desconocimiento de las autoridades locales sobre su operatividad fue un factor determinante que facilitó su entrada sin mayores obstáculos por las fronteras.

VEA TAMBIÉN: Tres fases de la construcción del imperio transnacional del Tren de Aragua

Un ejemplo del bajo perfil de sus líderes es Larry Álvarez Núñez, alias «Larry Changa», considerado cofundador y líder del Tren de Aragua. En 2018, logró ingresar a Chile a través del aeropuerto con documentación legal y sin ser objeto de ninguna pesquisa por parte de las autoridades locales.

“Cuando llega el Tren de Aragua a Chile tenía un muy bajo perfil. … Larry Changa llegó acá y puso un par de negocios, compró un par de vehículos, arrendó un par de departamentos sin levantar mayores sospechas”, señaló Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público de Chile, en conversación con InSight Crime.

Tras ser identificado en 2022 por las fuerzas de seguridad chilenas como uno de los principales líderes del Tren de Aragua, Larry Changa huyó hacía Colombia donde fue capturado por las autoridades locales a comienzos de julio del 2024.

Con la nueva designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Tren de Aragua entra a engrosar la lista de las organizaciones criminales con mayor renombre en América Latina y el mundo. El bajo perfil que mantuvo antaño ya no jugará a su favor en su entrada a nuevos países. 

Uno de los grupos que también pasó por este proceso fue la Mara Salvatrucha (MS13), la cual fue designada en octubre de 2012 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como la primera pandilla callejera transnacional, debido principalmente a la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras, y su participación en múltiples economías criminales de alcance transnacional.

Esta designación ocasionó que los principales líderes de la MS13 quedaran más expuestos, lo que llevó a varios de ellos a tener solicitudes de extradición y a enfrentar juicios en tribunales estadounidenses, un escenario totalmente novedoso para las principales figuras del Tren de Aragua.

Imagen principal: Carteles de los líderes del Tren de Aragua son expuestos durante una conferencia de prensa. Crédito: Policía de Colombia

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La Operación Trueno comenzó en la noche del 20 de abril de 2022, cuando alrededor de 800 funcionarios policiales y militares que viajaban en 30 carros y 10 vehículos blindados descendieron sobre el municipio Altagracia de Orituco, en el estado Guárico.

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

Las fuerzas de seguridad establecieron puntos de control por todo el pueblo, arrestaron a personas con acusaciones falsas o exigieron sobornos para no hacerlo. Además, acosaron y extorsionaron a los comercios locales, exigiéndoles bienes y servicios con amenazas.

Los funcionarios establecieron sus bases de operaciones en un hotel local, y en casas y fincas incautadas a personas investigadas. En estas propiedades organizaron fiestas que duraron hasta altas horas de la madrugada, a las que llevaron trabajadoras sexuales. Además, retuvieron y torturaron a los detenidos.

Aparentemente, iban tras el Tren del Llano y elaboraron una lista de objetivos, pero pocos nombres eran de miembros reales del grupo criminal. En cambio, apuntaban a personas con vínculos familiares o sociales con miembros de la banda, a personas que les habían ayudado inadvertidamente o se habían visto obligadas a colaborar con la banda —entre ellas sus víctimas de extorsión— y a cualquiera con antecedentes penales o que viviera en un barrio pobre.

Unidades de hasta 30 funcionarios, generalmente con el rostro cubierto y las identificaciones tapadas, realizaron redadas en los domicilios de las personas incluidas en las listas. No tenían órdenes de detención ni de registro, sino que decían a la gente que actuaban por «orden presidencial».

Con frecuencia, los agentes derribaron las puertas al entrar, y después maltrataron física y verbalmente a quienes se encontraban en los domicilios. Les pegaron con sus armas, los ataron y amenazaron con matarlos. 

En los allanamientos y después de ellos, los funcionarios robaron todo lo que encontraron: dinero en efectivo, teléfonos móviles, aparatos electrónicos, ropa y vehículos. Incluso se llevaron comida y, en algunas ocasiones, cocinaron para ellos mismos durante las redadas.

Los detenidos se enfrentaron a tratos crueles y degradantes, sufriendo abusos físicos y mentales. Algunos fueron llevados a centros de tortura clandestinos. 

Algunas de las mujeres detenidas fueron sometidas a violencia sexual y humillaciones.

Las detenciones se justificaron con informes de detención falsificados y pruebas manipuladas, en la mayoría de los casos relacionadas con municiones que aseguraban haber encontrado. Algunos detenidos fueron obligados a prestar falso testimonio.

En algunos casos, los funcionarios exigieron sobornos de miles de dólares para liberar a los detenidos, o para llevar a cabo traslados a audiencias judiciales o a centros de detención.

La mayoría de los detenidos estaban recluidos en cárceles de Caracas, a cuatro horas de Guárico. Tenían que pagar sobornos para obtener los servicios más básicos en las cárceles. Sus familias debían proporcionarles alimentos, pero tenían que sobornar a los funcionarios para poder visitarlos o incluso comunicarse con sus seres queridos.

La mayoría de los detenidos eran llevados ante tribunales antiterroristas. No se les permitió tener sus propios abogados, y en su lugar fueron representados a la fuerza por defensores públicos, algunos de los cuales exigieron dinero para proporcionar a las familias información sobre los casos.

Aunque algunas víctimas fueron puestas en libertad a los pocos días, otras siguen encarceladas en condiciones inhumanas, recluidas en instalaciones hacinadas, sin alimentación ni atención médica adecuadas. Algunas han sido amenazados por el Tren del Llano porque la banda cree que las víctimas los han delatado para obtener beneficios judiciales.

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Cuando el terror invadió a Guárico, Venezuela

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La Operación Trueno comenzó en la noche del 20 de abril de 2022, cuando alrededor de 800 funcionarios policiales y militares que viajaban en 30 carros y 10 vehículos blindados descendieron sobre el municipio Altagracia de Orituco, en el estado Guárico.

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Las fuerzas de seguridad establecieron puntos de control por todo el pueblo, arrestaron a personas con acusaciones falsas o exigieron sobornos para no hacerlo. Además, acosaron y extorsionaron a los comercios locales, exigiéndoles bienes y servicios con amenazas.

Los funcionarios establecieron sus bases de operaciones en un hotel local, y en casas y fincas incautadas a personas investigadas. En estas propiedades organizaron fiestas que duraron hasta altas horas de la madrugada, a las que llevaron trabajadoras sexuales. Además, retuvieron y torturaron a los detenidos.

Aparentemente, iban tras el Tren del Llano y elaboraron una lista de objetivos, pero pocos nombres eran de miembros reales del grupo criminal. En cambio, apuntaban a personas con vínculos familiares o sociales con miembros de la banda, a personas que les habían ayudado inadvertidamente o se habían visto obligadas a colaborar con la banda —entre ellas sus víctimas de extorsión— y a cualquiera con antecedentes penales o que viviera en un barrio pobre.

Unidades de hasta 30 funcionarios, generalmente con el rostro cubierto y las identificaciones tapadas, realizaron redadas en los domicilios de las personas incluidas en las listas. No tenían órdenes de detención ni de registro, sino que decían a la gente que actuaban por «orden presidencial».

Con frecuencia, los agentes derribaron las puertas al entrar, y después maltrataron física y verbalmente a quienes se encontraban en los domicilios. Les pegaron con sus armas, los ataron y amenazaron con matarlos. 

En los allanamientos y después de ellos, los funcionarios robaron todo lo que encontraron: dinero en efectivo, teléfonos móviles, aparatos electrónicos, ropa y vehículos. Incluso se llevaron comida y, en algunas ocasiones, cocinaron para ellos mismos durante las redadas.

Los detenidos se enfrentaron a tratos crueles y degradantes, sufriendo abusos físicos y mentales. Algunos fueron llevados a centros de tortura clandestinos. 

Algunas de las mujeres detenidas fueron sometidas a violencia sexual y humillaciones.

Las detenciones se justificaron con informes de detención falsificados y pruebas manipuladas, en la mayoría de los casos relacionadas con municiones que aseguraban haber encontrado. Algunos detenidos fueron obligados a prestar falso testimonio.

En algunos casos, los funcionarios exigieron sobornos de miles de dólares para liberar a los detenidos, o para llevar a cabo traslados a audiencias judiciales o a centros de detención.

La mayoría de los detenidos estaban recluidos en cárceles de Caracas, a cuatro horas de Guárico. Tenían que pagar sobornos para obtener los servicios más básicos en las cárceles. Sus familias debían proporcionarles alimentos, pero tenían que sobornar a los funcionarios para poder visitarlos o incluso comunicarse con sus seres queridos.

La mayoría de los detenidos eran llevados ante tribunales antiterroristas. No se les permitió tener sus propios abogados, y en su lugar fueron representados a la fuerza por defensores públicos, algunos de los cuales exigieron dinero para proporcionar a las familias información sobre los casos.

Aunque algunas víctimas fueron puestas en libertad a los pocos días, otras siguen encarceladas en condiciones inhumanas, recluidas en instalaciones hacinadas, sin alimentación ni atención médica adecuadas. Algunas han sido amenazados por el Tren del Llano porque la banda cree que las víctimas los han delatado para obtener beneficios judiciales.

Cuando el terror invadió a Guárico, Venezuela

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

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Informe sobre los abusos a los derechos humanos durante la ‘Operación Trueno’

Lea el informe completo de Defiende Venezuela que documenta 34 casos de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante la Operación Trueno.

Descargue el informe completo (PDF)

Perfil del Tren del Llano

Lea el perfil de InSight Crime sobre la pandilla que fue objetivo declarado de la Operación Trueno – el Tren del Llano.

Tren del Llano

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Antonio y Sandra viven en Altagracia de Orituco con sus dos nietos, que tienen 7 y 1 años. Uno de los menores es hijo de su hija Andrea, quien emigró de Venezuela, y de un miembro del Tren del Llano con quien había mantenido una relación. En el momento de la Operación Trueno, su hijo Jorge, funcionario de la Guardia Nacional que se encontraba de licencia, estaba de visita.

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

Alrededor de las 10:30 de la noche, unos 18 policías, con el rostro cubierto, rodearon la casa de Antonio y Sandra e irrumpieron por la puerta.

Tiraron a Antonio al suelo, agarraron a Sandra por el pelo y la arrastraron hasta el patio, gritándole insultos.

Los agentes les preguntaron por su hija, Andrea, y su relación con un miembro del Tren del Llano ya fallecido.

Un agente preguntó a Jorge si tenía problemas con la justicia. Cuando contestó que había dejado todo eso atrás, el oficial le apuntó con su rifle y le dijo…

Mientras los arrestaban, los agentes le dijeron a Sandra y Jorge que estaban actuando en cumplimiento de una orden presidencial. Antes de marcharse, robaron todo lo que encontraron de valor: dinero en efectivo, sus identificaciones, tarjetas bancarias e incluso la ropa y la motocicleta de Jorge.

Antonio pasó cinco días dando vueltas por diferentes comisarías de policía intentando averiguar a dónde habían llevado a sus seres queridos. Cuando por fin averiguó dónde los tenían, un funcionario le dijo que debía llevarles comida, ya que no habían comido desde la detención.

A Antonio le dijeron que Sandra y Jorge iban a ser trasladados a Caracas, pero que tendría que pagar US$200 para cubrir los gastos. De lo contrario, los dejarían pudrirse en sus celdas. Vendió las pocas posesiones que tenía y pidió un préstamo para reunir el dinero.

Fueron acusados de asociación criminal, tráfico de armas y terrorismo. Mientras Jorge negaba los cargos, Sandra admitía la asociación delictiva a cambio de una condena de 5 años que creía que sería conmutada. Pero el juez que evaluaba su caso exigió US$3.000 para liberarla. Como no pudo pagar, la devolvieron a la cárcel.

Seis meses después de las detenciones, la hija de Antonio y Sandra, Andrea, regresó a Venezuela para ver a sus familiares detenidos.  Fue interceptada por policías en motocicleta a la salida de una estación del metro de Caracas. Le apuntaron con sus armas y uno de ellos gritó…

Los agentes de policía interrogaron a Andrea sobre su relación con el miembro del grupo y la amenazaron con sembrarle drogas. Luego le dijeron que podía “resolver” su situación pagándoles US$3.000. 

Andrea les dijo que podía pagarles US$1.000. Tenía $700 en ahorros y dijo que volvería a Altagracia de Orituco a buscar el resto. 

Una vez en libertad, Andrea comenzó a recibir llamadas amenazantes de funcionarios policiales, quienes le dijeron que le plantarían drogas y la arrestarían si no pagaba.

En agosto de 2023, la policía volvió a allanar la casa de la familia exigiendo conocer el paradero de miembros del Tren del Llano. Sandra y Jorge, mientras tanto, permanecen en prisión.

En julio de 2023, Antonio, con la ayuda del equipo jurídico de Defiende Venezuela, presentó una denuncia ante la Unidad de Registro de la Dirección General de Secretaría del Ministerio Público exigiendo justicia por las violaciones de los derechos de su hija Andrea. Hasta la fecha, no se ha tomado ninguna medida en el caso.

La familia Castillo es parte de las miles de víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad documentados en Venezuela por organizaciones de derechos humanos.

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Antonio y Sandra viven en Altagracia de Orituco con sus dos nietos, que tienen 7 y 1 años. Uno de los menores es hijo de su hija Andrea, quien emigró de Venezuela, y de un miembro del Tren del Llano con quien había mantenido una relación. En el momento de la Operación Trueno, su hijo Jorge, funcionario de la Guardia Nacional que se encontraba de licencia, estaba de visita.

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Alrededor de las 10:30 de la noche, unos 18 policías, con el rostro cubierto, rodearon la casa de Antonio y Sandra e irrumpieron por la puerta.

Tiraron a Antonio al suelo, agarraron a Sandra por el pelo y la arrastraron hasta el patio, gritándole insultos.

Los agentes les preguntaron por su hija, Andrea, y su relación con un miembro del Tren del Llano ya fallecido.

Un agente preguntó a Jorge si tenía problemas con la justicia. Cuando contestó que había dejado todo eso atrás, el oficial le apuntó con su rifle y le dijo…

Mientras los arrestaban, los agentes le dijeron a Sandra y Jorge que estaban actuando en cumplimiento de una orden presidencial. Antes de marcharse, robaron todo lo que encontraron de valor: dinero en efectivo, sus identificaciones, tarjetas bancarias e incluso la ropa y la motocicleta de Jorge.

Antonio pasó cinco días dando vueltas por diferentes comisarías de policía intentando averiguar a dónde habían llevado a sus seres queridos. Cuando por fin averiguó dónde los tenían, un funcionario le dijo que debía llevarles comida, ya que no habían comido desde la detención.

A Antonio le dijeron que Sandra y Jorge iban a ser trasladados a Caracas, pero que tendría que pagar US$200 para cubrir los gastos. De lo contrario, los dejarían pudrirse en sus celdas. Vendió las pocas posesiones que tenía y pidió un préstamo para reunir el dinero.

Fueron acusados de asociación criminal, tráfico de armas y terrorismo. Mientras Jorge negaba los cargos, Sandra admitía la asociación delictiva a cambio de una condena de 5 años que creía que sería conmutada. Pero el juez que evaluaba su caso exigió US$3.000 para liberarla. Como no pudo pagar, la devolvieron a la cárcel.

Seis meses después de las detenciones, la hija de Antonio y Sandra, Andrea, regresó a Venezuela para ver a sus familiares detenidos.  Fue interceptada por policías en motocicleta a la salida de una estación del metro de Caracas. Le apuntaron con sus armas y uno de ellos gritó…

Los agentes de policía interrogaron a Andrea sobre su relación con el miembro del grupo y la amenazaron con sembrarle drogas. Luego le dijeron que podía “resolver” su situación pagándoles US$3.000. 

Andrea les dijo que podía pagarles US$1.000. Tenía $700 en ahorros y dijo que volvería a Altagracia de Orituco a buscar el resto. 

Una vez en libertad, Andrea comenzó a recibir llamadas amenazantes de funcionarios policiales, quienes le dijeron que le plantarían drogas y la arrestarían si no pagaba.

En agosto de 2023, la policía volvió a allanar la casa de la familia exigiendo conocer el paradero de miembros del Tren del Llano. Sandra y Jorge, mientras tanto, permanecen en prisión.

En julio de 2023, Antonio, con la ayuda del equipo jurídico de Defiende Venezuela, presentó una denuncia ante la Unidad de Registro de la Dirección General de Secretaría del Ministerio Público exigiendo justicia por las violaciones de los derechos de su hija Andrea. Hasta la fecha, no se ha tomado ninguna medida en el caso.

La familia Castillo es parte de las miles de víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad documentados en Venezuela por organizaciones de derechos humanos.

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Andrés es orgullosamente chavista y miembro de las Milicias Bolivarianas dirigidas por el gobierno. Él y su esposa viven al lado de sus sobrinas Carmen, Liliana y Lucía y sus diez hijos en uno de los barrios más pobres de Altagracia de Orituco. Todos ellos se ganan la vida como pueden en el sector informal, vendiendo verduras, dulces, cigarrillos y café en la calle.

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

Eran las 6:00 de la mañana y alguien golpeaba la puerta de la casa de la familia Fernández. Cuando Andrés abrió la puerta, los agentes de policía entraron a empujones, lo tiraron al suelo y le apuntaron con sus armas.

Llevaron a Andrés a la comisaría, donde los agentes lo golpearon en un pasillo y hablaron de entregarlo al servicio nacional de inteligencia. “No lo maten aquí. Llévenlo al SEBIN. Allá nadie los va a escuchar”, oyó decir a uno.

Los agentes lo trasladaron a un lugar del SEBIN donde lo interrogaron sobre la presencia de pandillas en su barrio. Le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo. Cuando abrió un hueco en la bolsa para respirar, lo utilizaron para llenarla de agua.

Le colocaron cables a ambos lados de la cabeza para administrarle descargas eléctricas, y los funcionarios se turnaron para golpearlo, preguntándole una y otra vez si conocía a los “malandros”, los gángsters.

Las redadas en el barrio continuaron, pues la policía parecía convencida de que los residentes conocían a los miembros de las pandillas por el simple hecho de vivir en una zona pobre. Una semana después de la detención de Andrés, alrededor de 20 vehículos policiales repletos de agentes fuertemente armados volvieron a su calle.

Las sobrinas de Andrés, Carmen y Liliana, que vivían en la casa de al lado, entraron corriendo con su abuela enferma y sus diez hijos. Los agentes las siguieron al interior, gritándoles insultos y acusándolas de vender drogas. Se apoderaron de un dormitorio para registrar a todas las mujeres una por una.

Liliana entró en la habitación con su hija de 4 años, que tiene problemas de aprendizaje y una enfermedad cardiaca, y que se había desmayado cuando llegó la policía. “¡Suéltala!”, le gritaron, y se vio obligada a recostar a su hija en la cama, aún inconsciente.

Los agentes, todos hombres, la golpearon con una pistola y la obligaron a quitarse la ropa.

La obligaron a abrir las piernas y le miraron la vagina y el ano. Tras no encontrar nada, empezaron a decir que escondía drogas en su interior y empezaron a tocarle el estómago.

Carmen fue la siguiente. Los agentes le dijeron que la matarían si no se quitaba la ropa y guardaba silencio. De nuevo, le inspeccionaron la vagina y el ano y, al no encontrar nada, la arrastraron por el pelo y la arrojaron a la habitación contigua.

Su hermana Lucía se estaba duchando cuando llegó la policía, y la obligaron a soltar la toalla, dejándola desnuda. Realizaron los controles mientras le apuntaban con una pistola y le hacían gestos obscenos.

Tras registrar a todas las mujeres, las alinearon contra la pared, les apuntaron con una pistola y las amenazaron de muerte mientras les gritaban insultos.

Encontraron a Andrés en la cocina de la casa de al lado y lo golpearon en la cabeza y en las costillas con una escopeta, pero para él no hubo registro al desnudo.

Al cabo de unas dos horas, los agentes se marcharon, llevándose todo el dinero en efectivo que encontraron, así como la mercancía que vendían las hermanas. Antes de irse le dijeron a la familia:

El 10 de julio de 2023, la familia, con la ayuda del equipo jurídico de Defiende Venezuela, presentó una denuncia por los abusos y violaciones de derechos sufridos ante la Unidad de Registro de la Dirección General de la Secretaría del Ministerio Público. Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna investigación. En enero de 2024, Carmen informó a Defiende Venezuela que había sido arrestada nuevamente después de que los agentes le colocaran drogas y que había sufrido más abusos sexuales. Fue puesta en libertad antes de la sentencia con la condición de que se presentara ante el tribunal cada 20 días.

La familia Fernández es parte de las miles de víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad documentados en Venezuela por organizaciones de derechos humanos.

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Andrés es orgullosamente chavista y miembro de las Milicias Bolivarianas dirigidas por el gobierno. Él y su esposa viven al lado de sus sobrinas Carmen, Liliana y Lucía y sus diez hijos en uno de los barrios más pobres de Altagracia de Orituco. Todos ellos se ganan la vida como pueden en el sector informal, vendiendo verduras, dulces, cigarrillos y café en la calle.

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

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Eran las 6:00 de la mañana y alguien golpeaba la puerta de la casa de la familia Fernández. Cuando Andrés abrió la puerta, los agentes de policía entraron a empujones, lo tiraron al suelo y le apuntaron con sus armas.

Llevaron a Andrés a la comisaría, donde los agentes lo golpearon en un pasillo y hablaron de entregarlo al servicio nacional de inteligencia. “

No lo maten aquí. Llévenlo al SEBIN. Allá nadie los va a escuchar”…

… oyó decir a uno.

Los agentes lo trasladaron a un lugar del SEBIN donde lo interrogaron sobre la presencia de pandillas en su barrio. Le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo. Cuando abrió un hueco en la bolsa para respirar, lo utilizaron para llenarla de agua.

Le colocaron cables a ambos lados de la cabeza para administrarle descargas eléctricas, y los funcionarios se turnaron para golpearlo, preguntándole una y otra vez si conocía a los “malandros”, los gángsters.

Las redadas en el barrio continuaron, pues la policía parecía convencida de que los residentes conocían a los miembros de las pandillas por el simple hecho de vivir en una zona pobre. Una semana después de la detención de Andrés, alrededor de 20 vehículos policiales repletos de agentes fuertemente armados volvieron a su calle.

Las sobrinas de Andrés, Carmen y Liliana, que vivían en la casa de al lado, entraron corriendo con su abuela enferma y sus diez hijos. Los agentes las siguieron al interior, gritándoles insultos y acusándolas de vender drogas. Se apoderaron de un dormitorio para registrar a todas las mujeres una por una.

Liliana entró en la habitación con su hija de 4 años, que tiene problemas de aprendizaje y una enfermedad cardiaca, y que se había desmayado cuando llegó la policía. “¡Suéltala!”, le gritaron, y se vio obligada a recostar a su hija en la cama, aún inconsciente.

Los agentes, todos hombres, la golpearon con una pistola y la obligaron a quitarse la ropa.

La obligaron a abrir las piernas y le miraron la vagina y el ano. Tras no encontrar nada, empezaron a decir que escondía drogas en su interior y empezaron a tocarle el estómago.

Carmen fue la siguiente. Los agentes le dijeron que la matarían si no se quitaba la ropa y guardaba silencio. De nuevo, le inspeccionaron la vagina y el ano y, al no encontrar nada, la arrastraron por el pelo y la arrojaron a la habitación contigua.

Su hermana Lucía se estaba duchando cuando llegó la policía, y la obligaron a soltar la toalla, dejándola desnuda. Realizaron los controles mientras le apuntaban con una pistola y le hacían gestos obscenos.

Tras registrar a todas las mujeres, las alinearon contra la pared, les apuntaron con una pistola y las amenazaron de muerte mientras les gritaban insultos.

Encontraron a Andrés en la cocina de la casa de al lado y lo golpearon en la cabeza y en las costillas con una escopeta, pero para él no hubo registro al desnudo.

Al cabo de unas dos horas, los agentes se marcharon, llevándose todo el dinero en efectivo que encontraron, así como la mercancía que vendían las hermanas. Antes de irse le dijeron a la familia:

El 10 de julio de 2023, la familia, con la ayuda del equipo jurídico de Defiende Venezuela, presentó una denuncia por los abusos y violaciones de derechos sufridos ante la Unidad de Registro de la Dirección General de la Secretaría del Ministerio Público. Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna investigación. En enero de 2024, Carmen informó a Defiende Venezuela que había sido arrestada nuevamente después de que los agentes le colocaran drogas y que había sufrido más abusos sexuales. Fue puesta en libertad antes de la sentencia con la condición de que se presentara ante el tribunal cada 20 días.

La familia Fernández es parte de las miles de víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad documentados en Venezuela por organizaciones de derechos humanos.

Cuando el terror invadió a Guárico, Venezuela

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

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Carlos es un músico y campesino de Altagracia de Orituco. Se fue a vivir a Caracas, pero estaba de visita en la ciudad para pasar la Semana Santa con su familia, cuando comenzó la Operación Trueno.

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

Carlos estaba afuera cuando la policía fue a buscarlo a la casa de su madre. Los agentes les dijeron a sus familiares que estaban allí para matarlo, y detuvieron a su hermana y a su madre.

Esperó a que cayera la noche y huyó de Altagracia de Orituco. Caminó hasta Taguay y cogió un autobús a Caracas.

Estaba esperando un autobús que lo llevara a la frontera con Colombia cuando lo detuvieron en la estación de autobuses en Caracas, a pesar de que los agentes no contaban con ninguna orden judicial.

Los policías cubrieron la cabeza de Carlos con una capucha y lo metieron en un carro. Lo llevaron a una playa, donde le sumergieron la cabeza en el agua mientras le preguntaban por el Tren del Llano. Les dijo que no tenía nada que ver con la banda.

La policía llevó a Carlos a una casa grande en las afueras de Caracas, donde lo torturaron en el sótano. Los agentes lo colgaron del techo con una cuerda amarrada a las esposas que ataban sus manos a su espalda.

Los agentes lo hacían girar mediante unos alicates que le clavaban en la nariz. Utilizaron un cable cortado para aplicarle descargas eléctricas en los testículos. Lo asfixiaron con una capucha cubierta de insecticida. Le apuntaron con una pistola a las costillas y amenazaron con matarlo.

Después de maquillar sus heridas, los policías filmaron la “confesión” de Carlos. Le exigieron que denunciara a un acaudalado ganadero local que había trabajado como colaborador del Tren del Llano.

Después de las sesiones de tortura, Carlos era atado y amordazado y encadenado a la base de una cama. Dormía en el suelo, mientras que el guardia de turno dormía en la cama.

El jefe de la policía nacional anunció la detención de Carlos, catalogándolo como un “miembro altamente peligroso de la banda Tren del Llano”. Fue entonces cuando su familia supo que habían detenido a Carlos.

Sin poder comunicarse con su familia ni con un abogado de confianza, Carlos fue conducido a un juzgado a altas horas de la noche, cinco días después de su detención. Fue llevado ante un juez especializado en terrorismo y acusado de tráfico de armas, financiación del terrorismo y conspiración criminal.

Carlos fue puesto en prisión preventiva y trasladado a una cárcel de la policía en Caracas, donde lo metieron en una celda con otras 81 personas. Allí recibió un mensaje del Tren del Llano: sabían que estaba cooperando con la policía, y lo iban a matar.

En mayo de 2023, la familia de Carlos recibió un mensaje desde la cuenta de Facebook del propio Carlos. Contenía imágenes de su expediente, junto con un mensaje de voz que decía que lo matarían en cuanto lo trasladaran a una prisión ordinaria.

Tras múltiples aplazamientos, el juicio de Carlos comenzó un año y medio después de su detención. Aunque por ley se trata de una audiencia pública, a menudo se le impidió a su familia entrar a la sala y se les hizo esperar fuera, en la calle, hasta bien entrada la noche.

El 6 de mayo de 2022, el hermano de Carlos registró una denuncia verbal ante la Oficina de Atención a Víctimas en Materia de Protección de Derechos Humanos del Ministerio Público. El 22 de junio, presentó una queja formal ante la Dirección General de Protección de Derechos Humanos del Ministerio, denunciando la detención y tortura de Carlos. Hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida al respecto.

En 2023, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) emitió una resolución en la que reconocía a Carlos como víctima de detención arbitraria y afirmaba que consideraba que había sido sometido a tortura en los días posteriores a su detención.

Carlos es una de las miles de víctimas de abusos de las fuerzas de seguridad documentadas en Venezuela por organizaciones de derechos humanos.

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Carlos estaba afuera cuando la policía fue a buscarlo a la casa de su madre. Los agentes les dijeron a sus familiares que estaban allí para matarlo, y detuvieron a su hermana y a su madre.

Esperó a que cayera la noche y huyó de Altagracia de Orituco. Caminó hasta Taguay y cogió un autobús a Caracas.

Estaba esperando un autobús que lo llevara a la frontera con Colombia cuando lo detuvieron en la estación de autobuses en Caracas, a pesar de que los agentes no contaban con ninguna orden judicial.

Los policías cubrieron la cabeza de Carlos con una capucha y lo metieron en un carro. Lo llevaron a una playa, donde le sumergieron la cabeza en el agua mientras le preguntaban por el Tren del Llano. Les dijo que no tenía nada que ver con la banda.

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Los agentes lo hacían girar mediante unos alicates que le clavaban en la nariz. Utilizaron un cable cortado para aplicarle descargas eléctricas en los testículos. Lo asfixiaron con una capucha cubierta de insecticida. Le apuntaron con una pistola a las costillas y amenazaron con matarlo.

Después de maquillar sus heridas, los policías filmaron la “confesión” de Carlos. Le exigieron que denunciara a un acaudalado ganadero local que había trabajado como colaborador del Tren del Llano.

Después de las sesiones de tortura, Carlos era atado y amordazado y encadenado a la base de una cama. Dormía en el suelo, mientras que el guardia de turno dormía en la cama.

El jefe de la policía nacional anunció la detención de Carlos, catalogándolo como un «miembro altamente peligroso de la banda Tren del Llano». Fue entonces cuando su familia supo que habían detenido a Carlos.

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Carlos fue puesto en prisión preventiva y trasladado a una cárcel de la policía en Caracas, donde lo metieron en una celda con otras 81 personas. Allí recibió un mensaje del Tren del Llano: sabían que estaba cooperando con la policía, y lo iban a matar.

En mayo de 2023, la familia de Carlos recibió un mensaje desde la cuenta de Facebook del propio Carlos. Contenía imágenes de su expediente, junto con un mensaje de voz que decía que lo matarían en cuanto lo trasladaran a una prisión ordinaria.

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El 6 de mayo de 2022, el hermano de Carlos registró una denuncia verbal ante la Oficina de Atención a Víctimas en Materia de Protección de Derechos Humanos del Ministerio Público. El 22 de junio, presentó una queja formal ante la Dirección General de Protección de Derechos Humanos del Ministerio, denunciando la detención y tortura de Carlos. Hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida al respecto.

En 2023, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) emitió una resolución en la que reconocía a Carlos como víctima de detención arbitraria y afirmaba que consideraba que había sido sometido a tortura en los días posteriores a su detención.

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Nos complace anunciar que InSight Crime será honrado con una mención especial del Premio Maria Moors Cabot por nuestra cobertura informativa de las Américas.

Este prestigioso galardón, otorgado por la Escuela de Periodismo de Columbia, distingue a periodistas y organizaciones de noticias por la excelencia de su carrera y la cobertura del hemisferio occidental que fomenta el entendimiento interamericano. Nos sentimos honrados de figurar entre sus ilustres galardonados.

Estamos muy agradecidos por este reconocimiento a nuestro trabajo durante los últimos 14 años, y esperamos consolidar nuestra reputación como la fuente más confiada de información y análisis sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

Lea el anuncio oficial aquí.

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Las autoridades navales mexicanas alertaron sobre un incremento en el uso de sustancias químicas menos reguladas para la producción de metanfetamina en el país, reafirmando la tendencia de innovación de los productores.

Funcionarios de la Secretaría de Marina de México (SEMAR) en el puerto de Manzanillo, en la costa pacífica del estado de Colima, declararon a La Jornada el pasado 6 de julio que los grupos criminales mexicanos producen sus propios precursores químicos para elaborar metanfetamina, en lugar de importarlos desde el extranjero.

Los precursores químicos son el ingrediente principal en el proceso de producción de drogas sintéticas y, en el caso de la metanfetamina mexicana, los más comunes son la 1-fenil-2-propanona (P2P) y la metilamina.

Para fabricar ambos precursores, los productores se valen de “preprecursores” y otros químicos esenciales —como solventes, catalizadores y aglutinantes—, entre los cuales se encuentran diversas sustancias de uso dual. Estos químicos, además de utilizarse para fines ilícitos, son ampliamente comercializados de manera legal para abastecer a una variedad de industrias, incluyendo la farmacéutica, petroquímica, cosmética, alimentaria y de productos de limpieza.

Según las fuentes de la SEMAR que hablaron con La Jornada, han detectado un incremento en las importaciones de sustancias químicas de uso dual desde aproximadamente 2022. Al mismo tiempo, las importaciones de precursores químicos han disminuido.

“Hay registros que nos dan la certeza de que esas sustancias son utilizadas en la fabricación de precursores químicos para drogas ilícitas”, dijo un funcionario naval a La Jornada.

Las declaraciones se dieron solo unos días después del decomiso de 88 toneladas de ácido acético en Manzanillo. Esta sustancia se utiliza principalmente para producir vinagre, pero también puede ser un preprecursor en la elaboración de metanfetamina.

VEA TAMBIÉN: Métodos de producción de drogas sintéticas: una guía* 

Por esta razón, la comercialización de ácido acético está vigilada en México, lo que significa que las empresas deben justificar su uso previsto ante las autoridades y transparentar su cadena de suministro. Según la SEMAR, el decomiso en Manzanillo se dio luego de que la importadora no lograra justificar la procedencia de la sustancia.

Análisis de InSight Crime

Las recientes afirmaciones de la SEMAR coinciden con las investigaciones de InSight Crime sobre la cadena de suministro de precursores químicos en México, que han encontrado que el proceso de producción de metanfetamina en México se ha sofisticado.

Inicialmente, los productores mexicanos utilizaban la efedrina como principal precursor para la metanfetamina, pero tras la imposición de controles más estrictos por parte del gobierno mexicano sobre esta sustancia en 2008, migraron al método de P2P y metilamina. Este método es complicado, según varios especialistas consultados por InSight Crime, pero permite una mayor diversidad de rutas de síntesis químicas, lo que facilita a los productores sustituir las sustancias a las que no tienen acceso.

Hoy en día, la P2P y la metilamina están estrictamente controladas. Los productores mexicanos han dejado de importar estos químicos desde China —uno de los principales países proveedores de las sustancias— y han aprendido a sintetizarlas en los mismos laboratorios clandestinos en los que producen metanfetamina a partir de preprecursores comercializados de manera legal en México. 

Esta dinámica no se ha evidenciado en la producción de fentanilo, debido principalmente a que los preprecursores de este opioide tienen pocos usos legales. Sin embargo, es algo que podría llegar a suceder si los productores comienzan a acceder a sustancias menos reguladas a partir de las cuales puedan sintetizar preprecursores y posteriormente precursores.

Alrededor de este mercado negro de sustancias de uso dual, se han formado redes de intermediarios que se dedican a acopiar diversos productos y distribuirlos entre productores en ciudades cercanas a la producción de drogas sintéticas, como Culiacán, Uruapan y Guadalajara.

Por ejemplo, un productor de metanfetamina que habló con InSight Crime en Culiacán, Sinaloa, en septiembre de 2023, afirmó que podía comprar un kit con todas las sustancias necesarias para producir 280 libras de metanfetamina (aproximadamente 127 kilogramos) por 400,000 pesos mexicanos (unos US$22,000) sin salir de la ciudad.

En Michoacán, los productores que entrevistamos entre 2022 y 2023 aseguraron conseguir la mayoría de los insumos necesarios para sus laboratorios en empresas pequeñas o medianas legalmente establecidas en el país. 

“Normalmente, no me preguntan para qué las voy a usar. No he tenido problema”, dijo un productor en la zona de Tierra Caliente en Michoacán. 

VEA TAMBIÉN: México no ha optado por alianzas público-privadas para frenar el flujo de precursores químicos 

La constante experimentación e innovación de la receta ha llevado a que la metanfetamina mexicana sea una de las de mayor calidad en el mundo. Según datos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), la pureza de los cargamentos decomisados suele ser mayor al 90%. Y según varias entrevistas de InSight Crime con expertos en dinámicas de narcotráfico, los grupos mexicanos han logrado exportar este modelo a países europeos. 

“Es difícil producir metanfetamina [con el método de P2P] y los mexicanos han sido exitosos. Por eso tienen una ventaja comparativa”, dijo a InSight Crime Thomas Pietschmann, oficial de investigación de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).

Sin embargo, esta sofisticación presenta retos para las autoridades mexicanas, ya que la superposición con la industria legal dificulta el control sobre las empresas sin afectar el comercio legal. De hecho, InSight Crime encontró que México tiene un sistema regulatorio robusto en papel, pero pocas veces lleva al desmantelamiento de redes de suministro de precursores químicos.

A esto se le añade que las cantidades de preprecursores necesarios para producir grandes cantidades de drogas son mínimas en comparación a lo que se comercializa de manera legal, por lo que los desvíos pueden pasar desapercibidos.

Por ejemplo, las 88 toneladas de ácido acético decomisadas en Manzanillo podrían haber contribuido a producir 19 toneladas de metanfetamina, según afirmaciones de la SEMAR a medios. Sin embargo, esta cantidad representa alrededor del 0,08% del total de ácido acético que se importa en promedio en México cada año, según datos de la Secretaría de Economía.

*Sara García, Parker Asmann, y Beatriz Vicent contribuyeron a este artículo.

Imagen destacada: Contenedores en el puerto de Manzanillo, Colima, Mexico. Crédito: Victoria Dittmar/InSight Crime

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