Desde mediados de la década de 1990, el gobierno de EE. UU. se ha basado en una estrategia de inmigración denominada «prevención a través de la disuasión». La idea era simple: si hace que sea más difícil para las personas cruzar a los Estados Unidos, entonces el número de personas que lo intentan disminuirá.

Sin embargo, las políticas han tenido numerosas consecuencias no deseadas, incluido el refuerzo de las organizaciones criminales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En la actualidad, el contrabando de personas se ha transformado en una de las industrias más lucrativas para los grupos delictivos, que se han diversificado más allá de sus actividades delictivas tradicionales de contrabando de drogas y armas.

Pero los poderosos grupos del crimen organizado que operan a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México también se han aprovechado de otras formas, en particular extorsionando a los migrantes y realizando secuestros selectivos a cambio de rescate. La corrupción oficial también se expandió a medida que el gobierno de EE. UU. aumentó su dependencia de terceros países para hacer cumplir la ley y empujó a los inmigrantes a permanecer en estos países.

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