La sangre corría por la cara de Eduardo Labrador y le salpicaba la camisa. «¡Grábame! ¡Grábame!», le gritó al periodista que había venido a socorrerlo. Miraba a la cámara con un gesto desafiante, incluso de enfado. Hoy, dijo, habían salido a defender la democracia en Venezuela, y este había sido el resultado.
Un año más tarde, buscó una analogía para explicar lo que sintió al recibir el golpe.

«No sé si ustedes han escuchado una bomba así de cerca al oído, ¡boom! [Estuve con] dolor durante cuatro horas», les dijo a los investigadores de InSight Crime.

La imagen de Labrador, bañado en sangre e indignado, hizo añicos la fachada de unas elecciones ordenadas y pacíficas que el gobierno venezolano había intentado desesperadamente mostrar al mundo.

Labrador fue atacado por hombres armados cuando intentaba desempeñar sus funciones como director de campaña de la oposición política durante las elecciones locales y regionales de noviembre de 2021. Ese atentado, dice, hizo parte de una campaña premeditada de intimidación a votantes en el municipio de San Francisco, estado Zulia, al noroccidente del país. Y detrás de esa campaña, sostiene, estaba el entonces gobernador de Zulia, Omar Prieto.

Labrador había sido testigo de primera mano del ascenso de Prieto en su calidad de aliado político del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y como miembro de su gabinete. Muchas veces se le consideró la mano derecha de Prieto.

Pero, con el tiempo, el dirigente político vio cómo el proyecto socialista en el que alguna vez había creído se fue convirtiendo en lo que otro antiguo miembro de alto nivel del PSUV describió a InSight Crime como “un proyecto delincuencial [en el poder]”.

Ese proyecto les permitió a Prieto y a sus cómplices perpetrar extorsiones, robos, malversación de fondos y manejar redes de contrabando desde el interior del Estado, a la vez que desplegaban una fuerza policial criminalizada, a modo de milicia privada para proteger sus intereses.

Aquel proyecto encajaba con el momento que se vivía en la historia de Venezuela.
Cuando Prieto llegó a la gobernación en 2017, Venezuela estaba al borde del colapso económico y el presidente Nicolás Maduro estaba bajo asedio político. Desesperado por mantener la lealtad de un PSUV fracturado, de fuerzas de seguridad mal remuneradas y de élites militares y políticas descontentas con sus decrecientes ganancias por corrupción, Maduro les otorgó territorios a los diferentes polos de poder dentro del movimiento político chavista, y más tarde les dio el aval para aprovechar cualquier beneficio criminal que pudieran exprimir de esos territorios.

A Prieto se le otorgó el poder en Zulia como sucesor de la facción política más importante dentro del chavismo fuera de la red de Maduro. Y durante todo su mandato, llevó ese aval hasta sus límites.
Pero cuando se presentó a la reelección en 2021, ya ese momento estaba pasando: Venezuela tenía cierta estabilidad, la presidencia de Maduro había sobrevivido y sus objetivos estaban cambiando. Ahora quería reinsertarse en la comunidad internacional tanto en lo político como en lo económico. Quería consolidar su poder personal y neutralizar a sus rivales dentro del PSUV, y pretendía poner orden en el Estado mafioso que se había robustecido durante la crisis.

Es por eso que Maduro invitó a observadores internacionales para monitorear las elecciones de 2021, con la esperanza de que le dijeran al mundo que las elecciones habían sido libres y justas. Y para que explicaran por qué, incluso cuando estaba claro que el PSUV iba a perder en Zulia, no intervino de ninguna manera para ayudar a Prieto, quien había sobrepasado los límites tolerables de criminalidad y corrupción.

Las elecciones de Venezuela en 2021 fueron problemáticas, pero en general pacíficas. La violencia en Zulia, que dejó como resultado un muerto y tres heridos, entre ellos Labrador, fue una molesta excepción. Pero era totalmente predecible: era improbable que Prieto, el gánster gobernador, se despidiera sin hacer ruido.

Un inicio precoz

Desde el principio hubo dos Omares.

El futuro gobernador del estado nació en 1969 en Sierra Maestra, un barrio de clase media que actualmente forma parte del municipio de San Francisco, Zulia.

Una vecina, que conoció a Prieto de pequeño, describió a Sierra Maestra como un lugar tranquilo donde los niños juegan en las calles. Dijo que los Prieto eran una familia tradicional de Sierra Maestra: gente común y corriente, involucrada con la comunidad y que tenía suficiente para vivir cómodamente, pero no eran ricos.

Sin embargo, cuando se le preguntó por Prieto, reflexionó por un momento y exclamó: “Este no es [persona], es un demonio”.

Al igual que muchas fuentes citadas en esta historia, la vecina pidió que su nombre se mantuviera en el anonimato para salvaguardar su seguridad personal. Muchas otras fuentes se negaron a hablar o se excusaron en el último momento.

Los vínculos de Prieto con el hampa de Zulia se remontan a su juventud. Si bien él afirma que se dedicó al taekwondo y a estudiar economía en la Universidad del Zulia, es un secreto a voces que también hacía parte de la misma banda de Danielito, Los Pulgas.

Dicha banda se dedicaba al robo de automóviles y a la extorsión en San Francisco. Según le dijo un antiguo socio suyo a InSight Crime, en la universidad Prieto era conocido como “Toyotica” debido a su gusto por robar autos de la marca Toyota.

“Él se inició muy joven en estos quehaceres de los amigos, con los extraños”, le relató a InSight Crime un líder político de San Francisco. En la jerga venezolana, hacer amistad con extraños se entiende como hacerse amigo de criminales.

Después de graduarse, Prieto trabajó como representante de ventas de productos farmacéuticos y abrió su propia escuela de taekwondo. Pero en la década de 2000, cuando el presidente Hugo Chávez comenzó su largo mandato como líder de Venezuela, Prieto cambió de táctica y comenzó a abrirse camino en la política.

VEA TAMBIÉN: La mafia desarticulada que llevó al caos criminal en Zulia, Venezuela

Al principio, Prieto no mostró ningún interés particular en los ideales socialistas o izquierdistas, y su primer intento de entrar en la política en 2001 fue con el partido de oposición, Primero Justicia (PJ).

“Su planteamiento a Primero Justicia fue que él tenía financiamiento para ser alcalde de San Francisco. Que lo que necesitaba era una tarjeta. Es decir, un partido», le dijo a InSight Crime uno de los líderes del partido, Juan Pablo Guanipa. “Le dijimos que no éramos una franquicia para que estuvieran comprando tarjetas”.

Tras ese rechazo, en 2004, Prieto se postuló para alcalde de San Francisco con el partido comunista, pero no logró su cometido. No se dio por vencido, y en 2005 fue elegido representante suplente a la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido liderado por Chávez, el Movimiento V República (MVR).
Prieto desempeñó ese cargo hasta 2008, cuando lanzó una nueva candidatura para convertirse en alcalde de San Francisco, esta vez como candidato del PSUV, el cual había sido fundado recientemente por Chávez para unificar a los diversos partidos de izquierda de Venezuela bajo una sola bandera.

Las elecciones de ese año en Zulia se vieron empañadas por disputas al interior del PSUV, así como por diversas irregularidades, como intimidación a los votantes e interferencias del ejército. Pero Prieto, animado por el respaldo personal de Chávez, salió victorioso de aquel caos.

Quienes conocieron a Prieto, sin embargo, dicen que el PSUV no era para él más que un vehículo conveniente para sus ambiciones.

“No era chavista… aprovechó la oportunidad”, le comentó a InSight Crime un profesor de la Universidad del Zulia que conoció a Prieto. “Ganó y fue peor… Él [rebasaba los límites] de lo que estaba aprobado, incluso dentro del PSUV”.

Delincuentes con chapa

Aunque el incidente de Danielito empañó los primeros meses de Prieto en el cargo, fue un alcalde popular en su primer mandato.

Financiado por el gobierno nacional en Caracas, lanzó un ambicioso programa de obras públicas que incluía acceso a agua potable, una conexión de gas estable y un nuevo hospital especializado en el tratamiento del cáncer infantil. Prieto también era políticamente inteligente, y dedicaba sus proyectos y obras públicas a Chávez.

“Tenía mucha influencia en la comunidad”, le dijo a InSight Crime un empresario y experto político cercano a Prieto. “El tema delincuencial por el que lo acusaban no le importó a mucha gente. Siempre y cuando recibieran ayuda».

Pero no fueron solo las obras públicas de Prieto las que lo hicieron popular. También obtuvo apoyo por su estrategia de línea dura frente al aumento de la inseguridad, a pesar de que llevó a un aumento de las ejecuciones extrajudiciales y de los abusos por parte de la policía.

Antes de la llegada de Prieto, el departamento de policía municipal de San Francisco, conocido como Polisur, había sido clasificado como uno de los mejores de Venezuela por los organismos veedores, según Provea, una ONG venezolana de derechos humanos que estudia los abusos policiales. Pero después de solo un año de Prieto en el cargo, Provea lo clasificó como el cuarto departamento de policía más abusivo del país debido a las repetidas denuncias de uso excesivo de la fuerza, así como por tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Diversos funcionarios de seguridad activos y en retiro, así como miembros del PSUV, señalan que el nuevo alcalde solía violar los protocolos para llenar las filas de Polisur con contactos de su pasado, muchos de ellos sin las cualificaciones necesarias y algunos de ellos con antecedentes penales. Polisur se convirtió en lo que numerosas fuentes describen como una “línea borrosa entre la policía y las mafias».

Además de su actitud violenta para limpiar las calles, la mafia policial de Prieto también se convirtió en el brazo ejecutor de una naciente empresa criminal dedicada a extorsionar al sector privado.

“La policía de San Francisco se convirtió en un grupo de [delincuentes] con chapa”, le dijo un exfuncionario de alto nivel a InSight Crime.

Según personas cercanas a Prieto, así como exfuncionarios de seguridad y líderes de la sociedad civil de San Francisco, los funcionarios exigían que las empresas les mostraran documentos que no estaban obligados a poseer o que ni siquiera existían, y luego les cobraban extorsiones cuando no podían presentarlos.

“Restaurantes, empresas manufactureras, empresas de actividades agrícolas… Esta red de extorsión tenía como fin quitar dólares, con la amenaza de que si no cumplían los expropian», le contó a InSight Crime un exlíder del PSUV que conoce a Prieto desde la universidad.

En los primeros años del mandato de Prieto, la alcaldía ordenó una serie de polémicas expropiaciones en San Francisco, que incluían terrenos industriales y residenciales, distribuidores de asfalto, jardines, centros culturales y mercados.

Entretanto, el propio Prieto comenzó a cultivar el aura de jefe de gánsteres. Dondequiera que iba, estaba rodeado por una escolta de autos y guardaespaldas armados, una imagen que se convertiría en parte de su imagen característica.

“Le gustaba mostrar que tenía poder. Era una cosa ostentosa», señaló el exlíder del PSUV y antiguo confidente de Prieto.

Mafia en la alcaldía

En tanto que Prieto continuaba recibiendo el respaldo del gobierno chavista en Caracas, comenzó a apartar a algunas de las personas que habían dedicado sus carreras al proyecto socialista en Zulia, con lo cual sentó las bases de un conflicto que se agudizaría durante su ascenso político.

En la época en que Prieto adelantaba su candidatura a la alcaldía, ya Eduardo Labrador llevaba más de dos décadas como miembro activo del movimiento socialista, pues se había unido a dicho movimiento a los 14 años. Cuando Chávez llegó a la presidencia en 1998, Labrador se vinculó a La Gente Optimista (LAGO), partido recientemente formado en Zulia, que se alineó con el gobierno de Chávez y se convirtió en el núcleo del establecimiento izquierdista del estado.

Prieto había necesitado el apoyo de LAGO para llegar a la alcaldía. A cambio, nombró a Labrador como su segundo al mando, y lo designó secretario de gabinete de San Francisco.

“Siempre me tocaba salir a su lado. Mucha gente me veía como su mano derecha”, dijo Labrador a InSight Crime. “Pero éramos como el agua y el aceite. Juntos pero separados”.

No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las tensiones.

Labrador recuerda un incidente a menos de dos meses de iniciado el primer mandato de Prieto como alcalde, cuando hizo que ambos salieran abruptamente de una reunión del gobierno tras escuchar que la policía estatal había arrestado a Ebyck Andrade, su antiguo guardaespaldas, quien había sido nombrado recientemente como agente de la Polisur.

Labrador señaló que Prieto lo condujo en su automóvil a la sede de la policía estatal de Zulia, acelerando tanto que chocó con la barrera de seguridad de las instalaciones, hirió al guardia de servicio y activó las alarmas. En medio de la confusión, los guardaespaldas de Prieto sacaron sus armas y se presentó un enfrentamiento armado con la policía.

“Un movimiento errado y aquello habría sido una masacre”, recuerda Labrador.

Al final, la policía estatal liberó a Andrade, quien, junto con otro agente de Polisur, había sido acusado de comportamientos indebidos bajo efectos del alcohol, después de presuntamente blandir su arma de servicio durante una discusión en un juego de béisbol.

Ese enfrentamiento agrió la relación de Prieto con el jefe de la policía estatal de Zulia, Jesús Cubillán, y llegó a los titulares de prensa cuando ambos se lanzaron mutuamente acusaciones de corrupción, incluso cuando el equipo de Prieto trató de evitar que el problema trascendiera a la opinión pública.

Pese a eso, Andrade fue ascendido poco después a jefe de Asuntos Internos de Polisur, donde protagonizó un nuevo escándalo, aún más grave.

En junio de 2009, Andrade presuntamente dirigió a otros siete oficiales de Polisur en el secuestro, tortura y violación de un joven de San Francisco, que tuvo que ser hospitalizado por lesiones internas.

Los oficiales acusaron al joven de tráfico de drogas y asesinato, pero no presentaron ninguna evidencia sólida. Una fuente policial anónima dijo más tarde a los medios de comunicación venezolanos que el verdadero motivo del ataque fue la amistad del joven con la novia de Andrade.

El escándalo ocupó los titulares de la prensa regional durante varias semanas.

Andrade y los otros agentes de Polisur fueron detenidos, y el fiscal de Zulia abrió una investigación sobre presuntos abusos policiales. Pero el caso se vino abajo poco después. A Andrade y a sus coimputados se les permitió inicialmente esperar juicio en la estación de policía de Polisur, pero fueron liberados al poco tiempo. Finalmente, la víctima, cuya familia se había quejado en repetidas ocasiones de haber recibido amenazas de muerte, retiró su denuncia.

Andrade retomó su trabajo en Polisur y fue nombrado subdirector de la policía municipal menos de un año después, según un artículo publicado por Provea.

Labrador, tras prometer públicamente que la administración de Prieto haría justicia, quedó estupefacto.

«Fue mi primera gran diferencia [con Prieto] desde que llegamos al gobierno», recuerda con cierto recelo. “Fue [una ruptura] por violaciones a los derechos humanos… terribles violaciones que como humanos no debemos permitir».

Un hombre de su tiempo

El procaz desprecio de Prieto por los límites establecidos podía escandalizar a la izquierda de Zulia, pero a nivel nacional era un adelantado a su tiempo. En Caracas, donde tambaleaba el control del poder por parte de los chavistas, algunos integrantes del gobierno nacional empezaban a ver la utilidad de un hombre impetuoso y ambicioso como Prieto.

En 2013, el mismo año en que Prieto fue reelegido alcalde de San Francisco, murió Hugo Chávez. La presidencia quedó en manos de su vicepresidente, Nicolás Maduro, quien era menos popular y heredó una economía mal administrada, así como corrupción generalizada, inseguridad en aumento y la caída de los precios del petróleo.

Ya en 2014, Venezuela estaba en crisis, y miles de manifestantes salían a las calles a protestar contra la inseguridad, la inflación crónica y la escasez de productos básicos. Todos pedían la renuncia de Maduro.

Luego, a fines de 2015, las elecciones legislativas le dieron a la oposición política una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional. Maduro entonces engrosó la corte suprema y creó un cuerpo legislativo paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente. Y los venezolanos respondieron con más manifestaciones masivas en 2016 y 2017.

Maduro enfrentó de manera agresiva las amenazas a su posición, normalizando la represión violenta e incluso recompensando ese tipo de respuestas.

La «mafia policial» de Prieto, la Polisur, acogió esta nueva permisividad.

En octubre de 2016, el director de Polisur bajo el mando de Prieto, Danilo Vílchez, dirigió personalmente a sus oficiales en un violento ataque contra los manifestantes, varios de los cuales terminaron hospitalizados. Actuaba por órdenes de Prieto, según les dijeron manifestantes y líderes de la oposición a los medios de comunicación venezolanos.

Aquel escándalo tuvo amplia difusión, hasta que finalmente intervino el general Néstor Reverol, una importante figura militar que había sido nombrado recientemente ministro del Interior, Justicia y Paz.

Reverol ordenó el arresto de Vílchez y la suspensión de su cargo como director de Polisur. Pero este no se iría por mucho tiempo. En menos de un año, Prieto lo nombró secretario de seguridad de San Francisco, aunque se uniría a Prieto en la gobernación antes de asumir el cargo.

Un trato con dos diablos

Aunque Maduro nunca habló públicamente sobre los abusos de Polisur, la habilidad de Prieto para sofocar la disidencia en uno de los municipios más grandes de Zulia fue una gran contribución a su lucha por mantener el poder. Al parecer, la recompensa de Prieto fue la permisividad, incluso hacia Vílchez.

Pero Maduro no fue el único que percibió la utilidad de Prieto.

Desde la muerte de Chávez, la clase dominante de Venezuela se había dividido en varias facciones políticas rivales. Dentro de las más poderosas se encontraban la facción liderada por el propio Maduro y otro bloque liderado por Diosdado Cabello, un general retirado del ejército al que muchos dentro del movimiento consideraban como el legítimo sucesor de Chávez.

El desprecio de Prieto por las reglas llamó la atención de la mano derecha de Cabello, Pedro Carreño. Prieto no dudó en aprovechar la oportunidad de hacer amigos más poderosos en Caracas.

Labrador, otro exintegrante del círculo cercano de Prieto, y un empresario con conexiones con su administración, le dijeron a InSight Crime que él se aseguró el patrocinio de Carreño satisfaciendo su apetito por los vicios.

“Lo satisfacía con whisky y lo instaló en una casa en Maracaibo [la capital del estado de Zulia], allí hacían orgías. Le llevaba muchachas y le daba dólares en efectivo», cuenta el exlíder del PSUV y antiguo confidente de Prieto.

Cuando InSight Crime contactó a Carreño, este negó todas las acusaciones presentadas en este artículo.

Después de hacerle la corte a Carreño, Prieto logró acceder al círculo de Diosdado Cabello.

Dicha decisión fue otro punto de fricción con Labrador.

«Le dije que no estoy en la corriente de Diosdado Cabello… Estoy con la de Maduro, porque me lo pidió Chávez,» agregó.

Pero con o sin Labrador, Prieto había decidido echar su suerte con Cabello. Al hacerlo, tendría la oportunidad de expandir su dominio de San Francisco a todo Zulia.

En 2017, el líder opositor Guanipa venció al actual gobernador Francisco Arias Cárdenas en las elecciones estatales de Zulia. Pero Guanipa se negó a prestar juramento ante la muy polémica Asamblea Nacional Constituyente, que según los críticos fue creada para usurpar el poder de la Asamblea Nacional, la única rama del gobierno bajo control de la oposición. Caracas descalificó la victoria de Guanipa y convocó a una reelección especial.

Para sorpresa de muchos expertos, la dirección del PSUV eligió a Prieto, en lugar de Cárdenas, para disputar las elecciones. El propio Cabello anunció la candidatura de Prieto, y Carreño, para entonces presidente del PSUV en Zulia y Trujillo, se esforzó por promoverlo en la campaña electoral.

El 16 de diciembre de 2017, Prieto se posesionó como nuevo gobernador de Zulia, y su juramento fue tomado por Carreño, a quien agradeció por «su estrategia y su conducción en el partido».

Asumir el poder e imponer el miedo

La transformación de Prieto en gánster gobernador fue casi inmediata.

Entró a la residencia del gobernador con nuevos padrinos políticos poderosos de Caracas en las figuras de Pedro Carreño y Diosdado Cabello, un patrocinio que rara vez se ofrece de manera gratuita en Venezuela.

Una vez allí, siguió el modelo de gobernanza reinante en la época, en la que el gobierno nacional daba carta blanca a los actores del poder para exprimir ganancias de sus territorios de todas las formas posibles.

Las primeras medidas de Prieto fueron ampliar sus operaciones en San Francisco.

Tan pronto llegó a la gobernación, Prieto ascendió a los responsables de convertir la policía de San Francisco en una milicia al margen de la ley. Puso al antiguo jefe de la policía de inteligencia municipal Luis Curiel al frente de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) del estado de Zulia. También promovió al exdirector de la policía municipal Danilo Vílchez, al nombrarlo secretario de seguridad para todo el estado.

«Cuento contigo para replicar en el Zulia la experiencia exitosa que tuvimos en San Francisco», escribió en el pie de una fotografía en la que se veía a Vílchez aceptando el nombramiento.

Y eso fue precisamente lo que hicieron.

Casi de inmediato, los abusos policiales ampliaron su envergadura. Además de los manifestantes y delincuentes comunes no alineados con Prieto, periodistas, opositores políticos y otros que amenazaban con denunciar su mafia policial se convirtieron en blanco de su administración.

Un ejemplo de la total perversión de las fuerzas de seguridad bajo la dirección de Prieto se manifestó en mayo de 2018, cuando Vílchez trató de estrangular a mano limpia a una enfermera en una manifestación ciudadana.

Bajo la dirección de Curiel y de Vílchez, las fuerzas de seguridad también ampliaron sus operaciones extorsivas.

«Aquí no hay negocio que no pague vacuna [impuesto]», afirmó una importante figura de la oposición en Zulia durante una entrevista con InSight Crime cuando Prieto aún estaba en el poder.

Esto incrementó exponencialmente la actividad criminal y la violencia estatal comenzó a probar los límites de lo permitido bajo un régimen de Maduro agobiado por la crisis. Y había en Caracas quienes no estaban de acuerdo.

El aumento de la tensión en Caracas por el proceder de Prieto se hizo visible en agosto de 2018, cuando el ministro de Relaciones Interiores Néstor Reverol fue enviado a Zulia. No le gustó ver a Vílchez, cuya captura había ordenado dos años antes, en un cargo de mayor autoridad.

Reverol suspendió a Vílchez y a Curiel, y los reemplazó, respectivamente, con Rubén Ramírez Cáceres y Benito Cobis, dos hombres por fuera de la influencia directa de Prieto. Esta vez, ninguno fue restituido en el cargo.

De inmediato, Cobis comenzó a investigar las denuncias de que la DIEP —el organismo que antes dirigía Curiel y ahora estaba bajo su mando— se había convertido en la sede de una sofisticada red de extorsión.

El 5 de octubre de 2018, poco más de un mes después de asumir su cargo, Cobis y su guardaespaldas fueron acribillados desde una patrulla de policía cuando regresaban a su casa. Los medios locales informaron que los dos agentes de seguridad murieron en medio de una «lluvia de balas». Solo a Cobis le propinaron veinte tiros.

La muerte violenta del comisionado de la DIEP dominó el ciclo noticioso, y Reverol no tomó de buena manera el asesinato de su hombre en Zulia. Envió al jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, a dirigir la investigación en persona. Rico no tardó en concluir que el asesinato fue un trabajo desde adentro.

Menos de una semana después, un destacamento al mando de Rico allanó la sede de la DIEP y despojó provisionalmente de sus armas a cientos de agentes. Al final, fueron detenidos e imputados seis agentes de la DIEP. Uno de ellos fue Curiel, quien había sido captado en una cámara de camino a la escena del crimen.

La investigación concluyó que Cobis fue asesinado por investigar las actividades criminales de sus colegas. También halló que más de una tercera parte de los 210 agentes de la DIEP habían recibido credenciales de la policía sin pertenecer realmente a ninguna rama de las fuerzas de seguridad.

Para finales de noviembre, Prieto se vio obligado a desmontar la DIEP. Vílchez fue destituido permanentemente del gobierno de Zulia. Curiel y sus cinco cómplices fueron detenidos por el homicidio de Cobis, aunque fueron excarcelados cinco años después.

Reverol se aseguró de que el organismo de investigaciones que se creó en reemplazo de la DIEP y que se bautizó SIP (Servicio de Investigaciones Policiales), estuviera por fuera del control de Prieto. Quedó a cargo de un coronel leal a Reverol, y el cuerpo excluyó a cualquiera que hubiera trabajado en la DIEP.

Y sin embargo, el golpe al control de Prieto, aunque no fue insignificante, no duró mucho.

Aun con la desaparición de la DIEP, Prieto aún tenía el control de la Polisur, la policía municipal de San Francisco, cuyo alcalde en la época era Dirwings Arrieta, amigo de infancia de Prieto. En lo que respecta al reemplazo de Vílchez, Ramírez Cáceres, solo duraría un año como secretario de seguridad de Zulia antes de que Prieto lo obligara a retirarse y lo reemplazara con otro aliado.

Aun sin Vílchez ni Curiel al timón, los abusos policiales siguieron en Zulia. Según la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), 239 personas murieron en supuestos enfrentamientos con la policía entre enero y junio de 2019. Estos muchas veces carecían de indicios de resistencia y solo un agente de policía murió en las confrontaciones reportadas.

Sobrevivir al ataque político de Reverol envalentonó a Prieto a forzar aún más que antes los límites de la permisividad de Maduro.

«Yo conozco el mundo de la política aquí. Es un mundo perverso, pero lo más desafortunado, lo más perverso, es lo que hicieron por medio de la gobernación”, comentó Labrador sobre este periodo durante el mandato de Prieto.

«Coño, nació corrupto«

La lucha de poder con Reverol no logró mucho para restar fuerza a lo que Prieto había puesto en marcha. Durante su administración, siguió evolucionando una vasta red criminal involucrada en malversación, expropiación y extorsión. Sus integrantes hacían parte del Estado y dependían de la autoridad gubernamental para desviar las ganancias de la industria privada, la infraestructura pública e incluso las economías criminales.

«Se trataba de meter en todos los negocios’», comentó Labrador, y añadió después de quedarse pensativo un instante, “Ese muchacho, coño, nació corrupto”.

Destituido de su cargo como secretario de seguridad, Vílchez se unió a esta red. Varias fuentes, entre ellas funcionarios públicos y líderes políticos actuales, afirman que Vílchez participó en los intentos de Prieto por hacerse al control del recurso más preciado de Zulia: la gasolina.

Después de su llegada al poder, Prieto confiscó muchas de las estaciones de combustible subsidiado que abastecían a la mayoría de la población zuliana, y las puso bajo el control de aliados y cómplices suyos. Dichas estaciones también servían como centros de contrabando, pues abastecían de combustible al mercado negro tanto para la distribución local como para su envío de contrabando hacia Colombia.

Tras la salida de Prieto de la gobernación, muchas de esas estaciones fueron devueltas a sus antiguos dueños. Desde entonces, se han conocido denuncias de que Prieto nunca pagó a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) la gasolina suministrada a las estaciones durante ese periodo.

«Me han llegado dueños de estaciones [para quejarse] de que, ‘PdVSA dicen que les debo, ¡pero no soy yo el que les debe!’ ¡[La gente de Prieto] les dejó el problema a los dueños de las estaciones de gasolina!», le contó Labrador a InSight Crime.

El control del suministro de gasolina también se convirtió en una vía para forjar y consolidar alianzas con comandantes militares de Zulia, cuya participación en el contrabando de combustible está bien documentada.

Aunque tenía relaciones con todos los militares, Prieto era especialmente cercano al general Manuel Enrique Castillo Rengifo, según relató a InSight Crime un antiguo funcionario de seguridad con conexiones entre fuerzas de inteligencia activas.

Rengifo, designado en 2020 como jefe del comando del Ejército más importante de Zulia, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), se mantendría leal a Prieto.

El manejo de la relación de Prieto con el ejército era responsabilidad de otro miembro importante de su círculo íntimo, el secretario de gabinete y mano derecha suya, Lisandro Cabello, quien a pesar de llevar el mismo apellido no tiene ninguna relación conocida con Diosdado Cabello. El secretario cubría a Prieto cuando este no podía atender alguna tarea y manejaba muchas de sus operaciones turbias, entre ellas los operativos militares de 2018 al mercado de Las Pulgas. El hermano de Lisandro, William Cabello, también tuvo que ver con la red de Prieto, según varios miembros del PSUV.

Labrador tuvo que vérselas con William Cabello cuando se opuso a una resolución que daba a la gobernación control sobre el aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, porque, explicó, sabía de los «impuestos» sobre la carga y las concesiones que este cobraba y nunca llegaban al erario del estado.

El control del aeropuerto, junto con el control de los peajes cobrados a los vehículos que transitaban por el puente Rafael Urdaneta, que conecta a Maracaibo con el resto del país, fueron fuentes de dinero fácil para la red de Prieto, como afirmaron varias personas cercanas al PSUV.

La abogada del diablo

De todos los operadores políticos y esbirros de Prieto, una parece haber causado la impresión más fuerte en las personas cercanas al PSUV: su procuradora general del estado Rebeca del Gallego.

«La procuradora general Rebeca del Gallego es una abogada inteligente», le comentó a InSight Crime el exdirigente del PSUV y antiguo confidente de Prieto. »Pero es muy peligrosa».

Durante los cuatro años de Prieto en el poder, Del Gallego se convirtió en la cara de las operaciones más notorias y visibles de Prieto: las expropiaciones ilegales.

La expropiación es un instrumento legal y reconocido del gobierno en la Venezuela socialista, que permite al Estado tomar el control de una empresa privada si se la considera vital para el bienestar de la población. Pero hay un proceso para este tipo de expropiación y Del Gallego rara vez lo siguió.

En lugar de ello, bajo su batuta, los funcionarios del gobierno abusaron de su autoridad para confiscar empresas sin el debido proceso o, de manera alternativa, usaron la amenaza de la expropiación para extorsionar a empresarios, según miembros del PSUV, representantes de la comunidad empresarial de Zulia, y funcionarios de gobierno y políticos locales.

«[Con Prieto en el poder] se imponía la presencia como el temor o aire de violencia», le comentó un líder empresarial de Zulia a InSight Crime. «Ahí no hay [empresario] grande o pequeño. Ahí era un tema de dónde se ubicaban y dónde le gustaban a Prieto y a su familia».

InSight Crime oyó docenas de casos del mismo tipo, pero la percepción generalizada de que Prieto controlaba el sistema judicial se traducía en que casi nadie denunciaba ese flagrante abuso de poder.

Una excepción notable fue la del productor farmacéutico SM Pharma, cuyos fundadores, la familia Santamarta, se encuentran actualmente en busca de reparación por la expropiación ilegal de la que fueron objeto ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

Los documentos de arbitraje a los que InSight Crime tuvo acceso pintan una imagen de hostigamiento y coerción por parte del gobierno que escalaron hasta que Prieto simplemente tomó control de la empresa por la fuerza el 3 de septiembre de 2018.

Rodeado de miembros de su gabinete de las fuerzas armadas al mando de Vílchez, Prieto despidió a los Santamarta junto con los demás directores y empleados de confianza de la empresa. Este decía estar ejecutando una orden de expropiación, aunque el consejo legislativo de Zulia solo aprobó dicha orden semanas después.

La nueva junta directiva de SM Pharma quedó bajo la dirección de William Cabello, como presidente, y de Flor Machado del Gallego, hija de Rebeca, como gerente general. Esta nueva junta llevó la empresa a la ruina, llevando primero a la contaminación de los medicamentos y eventualmente a la interrupción definitiva de la producción. La planta ahora está en ruinas, según le relataron a InSight Crime antiguos miembros del PSUV y fuentes de la comunidad empresarial de Zulia.

Los testaferros de Prieto

El círculo íntimo de Prieto se extendió de las oficinas del gobierno a un reducido grupo de empresarios que conformaron su red en el sector privado. Estos empresarios, conocidos como los testaferros de Prieto, se enriquecieron de manera exorbitante mediante la expropiación y la destrucción de sus competidores.

Los favorecidos por Prieto nunca enfrentaron la extorsión ni la expropiación. Por el contrario, gozaron de acceso desproporcionado a servicios y recursos del estado, como gasolina gratuita, que los benefició directamente y les dio una ventaja injusta y decisiva sobre sus competidores. En ocasiones, a estos simplemente se les entregaban empresas expropiadas para que las dirigieran.

Cuando los mercados, hoteles, heladerías y cafés no alineados con la administración de Prieto se vieron obligados a cerrar, los testaferros de Prieto abrieron flamantes locales nuevos, comprando infraestructura por una fracción de su precio.

Prieto incluso le entregó a uno de sus testaferros más antiguos, Danilo Nammour, la infraestructura para tres grandes supermercados que habían pertenecido a la empresa privada antes de ser expropiados y llevados a la quiebra como una cadena del gobierno nacional llamada Abastos Bicentenarios. Cuando el gobierno nacional liquidó la cadena, Prieto se aseguró de que los tres locales en Zulia se le asignaran a Nammour.

Estos se convirtieron en La Grande, la cadena de mercados de un hombre sin experiencia en la comercialización de alimentos al por menor.

El mismo Prieto dirigió la gran inauguración, donde hizo alarde sobre el dinero invertido en la remodelación —cerca de 700 millones de bolívares, o unos US$8 millones para la época—, según informaciones de medios locales.

Poco después de la inauguración, La Grande fue blanco de críticas por vender productos a precios inalcanzables para un salario mínimo venezolano, muy por encima de los estándares del gobierno y los promedios del mercado local, y además denominados en dólares, aun antes de que la dolarización se generalizara en Venezuela.

Para muchos residentes de Zulia, La Grande y Nammour pasaron a ser símbolos de los excesos de la corrupción de Prieto. Pero este y Nammour no se daban por enterados o les daba igual.

Las ganancias de La Grande permitieron financiar el extravagante estilo de vida de Nammour, del que sigue disfrutando al día de hoy. Su perfil de Instagram está lleno de fotografías de los autos pertenecientes a su escuadra personal de carreras y, desde 2018, dirige la carrera de su hija preadolescente en la música pop, quien actúa bajo el nombre artístico de Anabella Queen y el eslogan de la «pequeña gigante».

Sin que fuera su culpa, Anabella Queen se ha convertido en símbolo del abuso de poder desbordado de su padre y de Prieto.

En febrero de 2021, cuando casi el 95% de la población de Zulia se sumió en la pobreza, Prieto y Nammour acapararon titulares, cuando Prieto cerró el puente Rafael Urdaneta por dos días. Interrumpieron el tráfico de una vía arteria vital para la circulación en la ciudad para que Anabella Queen pudiera armar un concierto y grabar un video musical. Nammour fue el productor ejecutivo del costoso evento, que, según el material promocional, fue patrocinado por múltiples organizaciones, entre ellas el gobierno del estado de Zulia.

Nammour ha aparecido en los titulares por su ostentosa riqueza, su equipo de carreras personal y el cierre del puente más grande del estado para producir el video musical de su hija. Crédito: @dnammour767 en Instagram y material promocional de Anabella Queen

La medida causó indignación general por la arrogancia que dejó ver. Como lo dijo un empresario de Zulia, “¡Ni Chávez mismo pudo cerrar el puente!”

Ni Prieto ni Nammour se molestaron en comentar. La experiencia le había mostrado a Prieto en repetidas ocasiones que no tenía que inquietarse por la indignación de los ciudadanos de a pie. Podía hacer lo que le viniera en gana sin tener que preocuparse por las repercusiones en casa o desde Caracas. O eso creía.

Empiezan a notarse las fisuras

Para Eduardo Labrador, los apagones y los saqueos de 2019 fueron la gota que rebosó el vaso.

Las tensiones entre Prieto y Labrador, quien por esa época fungía como diputado de la legislatura del estado de Zulia, se estaban acumulando desde los primeros días de Prieto como alcalde de San Francisco. Desde entonces, Labrador llevaba casi una década cada vez más marginado e ignorado por su partido, y viendo cómo Prieto se salía con la suya con un comportamiento violento y corrupto que lo beneficiaba a él y a su círculo íntimo, mientras arrasaba con las finanzas de Zulia y el proyecto de la izquierda.

Menos de una semana después de las protestas, Labrador firmó una declaración en la que denunciaba de manera directa no solo a Prieto, sino también a todo el sistema chavista en Venezuela. La declaración, también firmada por un exalcalde del municipio de Cabimas, llamado Félix Bracho, y por otros dos diputados de la asamblea del estado de Zulia, pedía a Maduro y a la Asamblea Nacional Constituyente que realizaran un referendo nacional en el que los venezolanos decidieran si se refrendaba o no a todas las personas que ocupaban cargos públicos.

El momento era penoso para el régimen. Los apagones eran solo la señal más visible del colapso de Venezuela, y la comunidad internacional ya se estaba alineando para reconocer a Juan Guaidó, el joven presidente de la relegada Asamblea Nacional, como legítimo presidente de Venezuela.

Labrador y su grupo irritaron aún más a Maduro y sus aliados al hacer una consulta pública con la Unión Europea sobre la declaración, lo que dio una legitimidad indeseada a la intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Esto hizo que Maduro se viera débil y reveló que Prieto no podía mantener a su partido bajo control.

Al sentirse amenazado, Prieto pasó a la ofensiva.

Labrador y su grupo fueron expulsados del PSUV y del Consejo Legislativo. Labrador fue despojado de su cargo como profesor universitario. Y en abril de 2019, las autoridades aprehendieron a Bracho y a otro miembro del grupo inconforme.

Labrador salió a la palestra pública, con una acción legal en la que acusaba a las autoridades no solo de violar los derechos humanos y el derecho al debido proceso de Bracho, sino también las convenciones internacionales sobre la tortura.

«Fue terrible lo que le hicieron a Félix», lamentó Labrador. «Lo sacaron de la casa… en interiores y a golpes. Lo montaron en una moto y lo llevaron a una comandancia y ahí comenzó la tortura. Allí simularon fusilarlo, lo asfixiaron con una bolsa y lo mojaron con agua fría. En resumen, todas las torturas imaginables».

Labrador describió cómo él y los otros emprendieron una campaña exigiendo la libertad de Bracho durante diez días antes de que fuera liberado finalmente. Señaló que de inmediato Bracho y él pasaron a la clandestinidad.

«En el momento en que salimos de la comandancia sale la orden de allanar mi casa y la de otro compañero», relató Labrador. «No soy delincuente. No robé nada. No soy corrupto».

Labrador y sus compañeros habían pecado de ambiciosos. Intentaron tomarse el conjunto del PSUV y fueron excluidos. Para abril, se habían unido a la oposición, lo que marcó la ruptura definitiva no solo con Prieto, sino con el movimiento chavista en conjunto.

El grupo disidente, cuyo apoyo fue vital para Prietoen cierto momento, había perdido su relevancia. Prieto había sobrevivido a su rebelión, pero el equilibrio de poderes comenzaba a cambiar en su contra.

Un partido dividido

Aunque Prieto superó a Labrador y a su grupo, su disidencia reveló las grietas en el control que ejercía sobre Zulia. Cuando se celebraron las elecciones primarias en 2021, otros rivales poderosos del PSUV estaban listos para enfrentarlo. Prieto, sin embargo, estaba preparado para el contraataque.

Durante todo el tiempo que estuvo en el poder, Prieto se había mostrado resentido, impetuoso y agresivo contra cualquiera que considerara una amenaza política. Su desdén había alejado a importantes figuras del PSUV en Zulia, incluidos el exgobernador Francisco Arias Cárdenas y el exalcalde de la misma capital Giancarlo Di Martino. Si bien la rebelión de Labrador fracasó, estos pesos pesados regionales se movilizaron para aprovechar la creciente debilidad de Prieto.

Aunque la necesidad del presidente de mantener el poder había blindado a Prieto y a su red en lo más álgido de los años de la crisis de Maduro, para entonces, la figura de Prieto como gánster gobernador también se hacía cada vez más discordante con la imagen de Venezuela que Maduro quería presentar al resto del mundo.

«Omar no es bien visto en Caracas. El cruzó la luz verde, pasó el limite [de lo permisible]», comentó Ricardo Acosta, expresidente de la Cámara de Comercio de Zulia en entrevista con InSight Crime.

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Con la elección del presidente Joe Biden en 2020, Maduro vio una apertura para restablecer su relación con Estados Unidos y aflojar las duras sanciones internacionales, que se incrementaron durante el primer año de la pandemia global de COVID-19.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la administración Biden comenzó a enviar señales de su disposición a negociar un alivio de dichas sanciones, pero solo si Caracas enderezaba su proceder.

Por otro lado, la popularidad de Prieto se había desplomado tras los apagones de 2019. El crimen y la violencia estatal proliferaban, y Prieto había hecho pocos intentos de mejorar las vidas de sus constituyentes mediante obras públicas o programas sociales.

«De ser un buen alcalde se convirtió en un pésimo gobernador», dijo el experto político vinculado a Prieto.

Así fue como Prieto llegó a las elecciones primarias del PSUV en agosto de 2021 en una posición muy débil. Arias Cárdenas y Di Martino escogieron ese momento para actuar, uniendo fuerzas para debilitar el respaldo político de Prieto antes de las elecciones.

Prieto sobrevivió al ataque político de su mismo partido, arreglándoselas para hacerse a la nominación del PSUV. Pero la fractura interna dividió al PSUV en Zulia e hizo tambalear la confianza de Prieto, según el experto político cercano a este.

«Fue una horrible pugna interna. El mundo se le vino encima a Prieto», le relató a InSight Crime.

Prieto comenzó a atacar a su propio partido, poniendo nerviosa a su base. Los números de las encuestas comenzaron a mostrar que perdería las elecciones.

«Prieto empezó a [quedarse solo]. Sus mejores aliados empezaron a irse… Fue ahí que cayó», señaló el experto político ligado a Prieto.

Parecía que aunque Caracas permitió que Prieto se lanzara como candidato del PSUV, Maduro no lo iba a ayudar desplegando las tácticas que había usado anteriormente, que le habían valido la desaprobación internacional por amañar elecciones. No con los ojos del mundo entero puestos sobre él.

Prieto continuó con su campaña electoral, en la que prometió obras públicas y presentó las imágenes de famosos artistas, líderes militares y monumentos de Zulia con el lema «ZuliaMía». En el contexto de la caída de sus apoyos y el desplome en las encuestas, la campaña comenzó a adoptar un tono ominoso.

A medida que se acercaban las elecciones de noviembre, Prieto pareció resignarse a la posibilidad de perder Zulia, pero seguía resistiéndose a ceder el control de San Francisco, su ciudad natal y la base de su poder.

«Tenía que ganar en San Francisco. Esa era su casa», explicó un líder político de ese municipio.

ZuliaMía

La violencia se desató aun antes de las elecciones del 21 de noviembre. Y escaló con la última defensa que opusieron un Prieto desesperado y los aliados que le quedaban.

En los días previos a la votación, hubo ataques contra los trabajadores electorales de la oposición, que disponían los centros de votación.

«Tenían su cara sin taparse entonces reconocí a los tipos de San Francisco, los tipos que trabajaban para Prieto», le narró a InSight Crime un líder político de San Francisco que fue perseguido y hostigado los días previos a las elecciones. «Golpeaban [a los trabajadores electorales], les arrebataban las credenciales, no los dejaban tranquilos».

La mañana de las elecciones comenzó con denuncias de lo que Labrador llamó «caravanas de la muerte», camiones llenos de hombres armados que llegaban a los puntos de votación a intimidar a los votantes, a los funcionarios electorales y a los periodistas. Desde ese momento, comentó, «eran muchos los problemas a la vez».

Hacia las 7:00 a.m., Labrador comenzó a recibir llamadas telefónicas hostiles y amenazantes, y poco después, dijo, se dio cuenta de que lo seguían. Hacia las 9:00 a.m., cuando los datos de los sondeos del inicio de la jornada comenzaron a mostrar que a la oposición le estaba yendo bien, comenzó la violencia en serio.

Miembros de la oposición, medios y votantes comunes en San Francisco recuerdan que agentes de civil de la Polisur, conocidos secuaces de Prieto parecían estar en todos lados. Molestaban a los votantes que hacían fila, dijeron las fuentes, viniendo de aquí para allá con bates y exigiendo que quienes esperaban en la fila les dijeran cómo iban a votar. En ocasiones, golpeaban a la gente.

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Aníbal Riera, periodista que cubría las elecciones, fue testigo de primera mano de esa violencia.

«Usted sabe, Omar es una persona que se la pasa hablando de Dios, la paz, la Iglesia, esas cosas. Pero sus acciones decían otras cosas», le indicó a InSight Crime.

Labrador recuerda que le pidió a la gente de Prieto que parara, y en un punto escribió en un mensaje de WhatsApp a un funcionario municipal del PSUV, «Hermano, cuídate de eso. Vienen tiempos de cambio».

A otra de sus súplicas, el oficial le respondió de manera explícita: «Estamos buscando los votos».

Exasperado, Labrador le envió un último mensaje de voz al funcionario de San Francisco, diciendo que había identificado a los atacantes de las elecciones en video y amenazando con denunciarlos como hombres de Prieto.

Labrador mentía, y el engaño pronto lo convertiría en una de sus víctimas.

Poco antes del mediodía, Labrador se dirigió a la sede de campaña de la oposición, donde los hombres de Prieto habían estado hostigando a la gente durante todo el día.

Poco después de su llegada, un grupo de hombres armados y encapuchados entraron a la sede de campaña y comenzaron a amenazar con armas a quienes se encontraban allí.

«Entraron como si se tratara de un robo a mano armada… un atraco. ‘¡Pongan los teléfonos, cámaras y computadores sobre la mesa donde podamos verlos!'» Recordó Labrador que dijeron.

Cuando exigieron que todos entregaran los dispositivos de grabación, Labrador se dio cuenta de que los hombres estaban ahí por su vana amenaza de denunciarlos con grabaciones en video de los ataques.

«Prepárate. Porque están llegando a buscarme», recuerda que le dijo a un periodista que estaba al lado.

Labrador también se dio cuenta de que aunque su amenaza original había sido falsa, era la oportunidad de hacerla real. Comenzó a filmar la violencia mientras intentaba ocultar su teléfono.

«Pensé: ‘estos tipos no están asaltándonos, están aquí para intimidarnos, para meternos miedo'», le dijo a InSight Crime, recordando cómo los provocó. «Estaban armados, y dije: ‘¡Dispara! ¡Dispara! ¡No vas a disparar! ‘»

Al comienzo, relata, parecieron asustados. Pero luego vieron que los estaba grabando.

«Se dan cuenta de que por ahí tenía un teléfono y atacaron. Me cayeron a golpes, seis, siete, ocho… Al final, [necesité] siete puntos», relató Labrador.

Después de la golpiza, el periodista que había parado junto a Labrador reapareció, alterado.

Fue entonces que le dijo al periodista que lo grabara ensangrentado y denunciara la violencia electoral, una escena que pronto se transmitiría por estaciones noticiosas y circularía en las redes sociales por todo el país.

También le envió el video al antiguo aliado de Prieto, el general Rengifo, quien, como jefe del alto mando militar de Zulia, era responsable de mantener el orden y la seguridad durante la jornada electoral.

Aunque el video no cargó y se envió, ese fue solo el último de una serie de mensajes que Labrador le envió a Rengifo ese día, que escalaron en su desesperación. El último, enviado a la 1:36 p.m. decía: «Pare eso General. Eso sujetos van a asesinar a alguien en San Francisco».

Labrador podía ver que Rengifo había leído los mensajes, pero el general no respondió.

De hecho, su advertencia habría llegado demasiado tarde aun si Rengifo hubiera estado dispuesto a intervenir. Hacia el mediodía, hombres armados que presuntamente respondían a las órdenes de Prieto habían atacado una fila de votantes afuera de una escuela de San Francisco, donde dispararon contra la multitud y dejaron muerto a un votante.

El asesinato, junto con el video de Labrador, llenó titulares, y el caos en Zulia fue calificado de acto vergonzoso al margen de unas elecciones que por lo demás se desarrollaron de manera pacífica en otros lugares de Venezuela.

A pesar de la violencia electoral, el PSUV perdió en Zulia. Prieto perdió el cargo de gobernador y el partido perdió 15 de las 21 alcaldías municipales de Zulia frente a la oposición, incluida la capital Maracaibo y el San Francisco de los afectos de Prieto.

Abusando de la hospitalidad

Prieto perdió Zulia, pero se negó a renunciar. El derrocado gobernador socavó el traspaso de poder en cada oportunidad que se le presentó. Incluso hoy, mantiene cierta influencia sobre los sectores económico, político y de seguridad del estado.

El nuevo gobernador de la oposición, Manuel Rosales, asumió el cargo oficialmente en diciembre de 2021, pero la gente de Prieto opuso resistencia a la transición. InSight Crime habló con numerosas fuentes con conocimiento profundo sobre el tema, pero la mayoría no quisieron que se les citara, ya fuera por temor por su seguridad personal o por las repercusiones políticas.

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Una fuente aseguró que la mayoría de las instituciones del estado que debían pasar al control de la oposición no fueron entregadas después de las elecciones. Rosales no quedó al control de la policía hasta finales de enero de 2022 y para otros departamentos del gobierno, el proceso fue aún más largo.

Múltiples fuentes describieron cómo los miembros de la nueva administración tuvieron que identificar, ubicar y emplazar a la administración de Prieto para que entregara infraestructura del gobierno, como edificios, computadores y vehículos, en ocasiones por la fuerza. Parte de ello siguen en manos de gente de Prieto.

Rebeca del Gallego entregó la procuraduría, pero el edificio estaba destrozado, se robaron los computadores y muchos expedientes de casos importantes se perdieron o fueron destruidos, como le comentó un testigo a InSight Crime.

El proceso de «transición forzada» seguía en proceso en enero de 2023, cuando InSight Crime visitó Zulia. En ese momento, la gente de Prieto seguía conduciendo vehículos, viviendo en apartamentos y beneficiándose de negocios de propiedad del estado, señalaron las fuentes.

No solo eso, sino que algunas personas de Prieto se mantuvieron en cargos de gobierno y seguridad.

«Él aún tiene poder, porque su gente sigue en cargos de poder, incluso en la policía», dijo a InSight Crime el exfuncionario de seguridad con conexiones entre fuerzas de inteligencia activas.

El general Rengifo, que se negó a responder las súplicas de ayuda que le envió Labrador el día de las elecciones, fue ascendido a jefe del mando militar de la región de los Andes en julio de 2022. En la actualidad, dirige los estados de Mérida, Táchira y Trujillo.

Un posible retorno

Al comienzo, Prieto desapareció de la escena pública. Circularon rumores de que había sido detenido y estaba a punto de recibir imputaciones por malversación y mal uso de recursos del gobierno.

Pero en abril de 2022, las redes sociales de Prieto cobraron vida, y un nuevo tipo de rumor comenzó a circular: que Prieto se aprestaba para regresar a la política y que el PSUV lo permitiría.

Hubo rumores de que aunque el PSUV no dejaría que Prieto volviera a lanzarse a la gobernación, sí permitirían que volviera al poder como alcalde de San Francisco. Esos rumores se multiplicaron y cobraron fuerza cuando Prieto comenzó a participar en encuentros políticos de más alto nivel hacia finales de 2022.

Algunos, Labrador incluido, se niegan a considerar un futuro con Prieto de regreso al poder.