Antonio y Sandra viven en Altagracia de Orituco con sus dos nietos, que tienen 7 y 1 años. Uno de los menores es hijo de su hija Andrea, quien emigró de Venezuela, y de un miembro del Tren del Llano con quien había mantenido una relación. En el momento de la Operación Trueno, su hijo Jorge, funcionario de la Guardia Nacional que se encontraba de licencia, estaba de visita.

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

Alrededor de las 10:30 de la noche, unos 18 policías, con el rostro cubierto, rodearon la casa de Antonio y Sandra e irrumpieron por la puerta.

Tiraron a Antonio al suelo, agarraron a Sandra por el pelo y la arrastraron hasta el patio, gritándole insultos.

Los agentes les preguntaron por su hija, Andrea, y su relación con un miembro del Tren del Llano ya fallecido.

Un agente preguntó a Jorge si tenía problemas con la justicia. Cuando contestó que había dejado todo eso atrás, el oficial le apuntó con su rifle y le dijo…

Mientras los arrestaban, los agentes le dijeron a Sandra y Jorge que estaban actuando en cumplimiento de una orden presidencial. Antes de marcharse, robaron todo lo que encontraron de valor: dinero en efectivo, sus identificaciones, tarjetas bancarias e incluso la ropa y la motocicleta de Jorge.

Antonio pasó cinco días dando vueltas por diferentes comisarías de policía intentando averiguar a dónde habían llevado a sus seres queridos. Cuando por fin averiguó dónde los tenían, un funcionario le dijo que debía llevarles comida, ya que no habían comido desde la detención.

A Antonio le dijeron que Sandra y Jorge iban a ser trasladados a Caracas, pero que tendría que pagar US$200 para cubrir los gastos. De lo contrario, los dejarían pudrirse en sus celdas. Vendió las pocas posesiones que tenía y pidió un préstamo para reunir el dinero.

Fueron acusados de asociación criminal, tráfico de armas y terrorismo. Mientras Jorge negaba los cargos, Sandra admitía la asociación delictiva a cambio de una condena de 5 años que creía que sería conmutada. Pero el juez que evaluaba su caso exigió US$3.000 para liberarla. Como no pudo pagar, la devolvieron a la cárcel.

Seis meses después de las detenciones, la hija de Antonio y Sandra, Andrea, regresó a Venezuela para ver a sus familiares detenidos.  Fue interceptada por policías en motocicleta a la salida de una estación del metro de Caracas. Le apuntaron con sus armas y uno de ellos gritó…

Los agentes de policía interrogaron a Andrea sobre su relación con el miembro del grupo y la amenazaron con sembrarle drogas. Luego le dijeron que podía “resolver” su situación pagándoles US$3.000. 

Andrea les dijo que podía pagarles US$1.000. Tenía $700 en ahorros y dijo que volvería a Altagracia de Orituco a buscar el resto. 

Una vez en libertad, Andrea comenzó a recibir llamadas amenazantes de funcionarios policiales, quienes le dijeron que le plantarían drogas y la arrestarían si no pagaba.

En agosto de 2023, la policía volvió a allanar la casa de la familia exigiendo conocer el paradero de miembros del Tren del Llano. Sandra y Jorge, mientras tanto, permanecen en prisión.

En julio de 2023, Antonio, con la ayuda del equipo jurídico de Defiende Venezuela, presentó una denuncia ante la Unidad de Registro de la Dirección General de Secretaría del Ministerio Público exigiendo justicia por las violaciones de los derechos de su hija Andrea. Hasta la fecha, no se ha tomado ninguna medida en el caso.

La familia Castillo es parte de las miles de víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad documentados en Venezuela por organizaciones de derechos humanos.

Si valora nuestro trabajo, por favor considere hacer una donación.

Queremos seguir trabajando con organizaciones locales para exponer el crimen y la corrupción y contar historias impactantes. Para poder hacerlo necesitamos su apoyo. Haga una donación única o conviértase en un donante recurrente para apoyarnos.

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Cuando el terror invadió a Guárico, Venezuela

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

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Antonio y Sandra viven en Altagracia de Orituco con sus dos nietos, que tienen 7 y 1 años. Uno de los menores es hijo de su hija Andrea, quien emigró de Venezuela, y de un miembro del Tren del Llano con quien había mantenido una relación. En el momento de la Operación Trueno, su hijo Jorge, funcionario de la Guardia Nacional que se encontraba de licencia, estaba de visita.

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

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Alrededor de las 10:30 de la noche, unos 18 policías, con el rostro cubierto, rodearon la casa de Antonio y Sandra e irrumpieron por la puerta.

Tiraron a Antonio al suelo, agarraron a Sandra por el pelo y la arrastraron hasta el patio, gritándole insultos.

Los agentes les preguntaron por su hija, Andrea, y su relación con un miembro del Tren del Llano ya fallecido.

Un agente preguntó a Jorge si tenía problemas con la justicia. Cuando contestó que había dejado todo eso atrás, el oficial le apuntó con su rifle y le dijo…

Mientras los arrestaban, los agentes le dijeron a Sandra y Jorge que estaban actuando en cumplimiento de una orden presidencial. Antes de marcharse, robaron todo lo que encontraron de valor: dinero en efectivo, sus identificaciones, tarjetas bancarias e incluso la ropa y la motocicleta de Jorge.

Antonio pasó cinco días dando vueltas por diferentes comisarías de policía intentando averiguar a dónde habían llevado a sus seres queridos. Cuando por fin averiguó dónde los tenían, un funcionario le dijo que debía llevarles comida, ya que no habían comido desde la detención.

A Antonio le dijeron que Sandra y Jorge iban a ser trasladados a Caracas, pero que tendría que pagar US$200 para cubrir los gastos. De lo contrario, los dejarían pudrirse en sus celdas. Vendió las pocas posesiones que tenía y pidió un préstamo para reunir el dinero.

Fueron acusados de asociación criminal, tráfico de armas y terrorismo. Mientras Jorge negaba los cargos, Sandra admitía la asociación delictiva a cambio de una condena de 5 años que creía que sería conmutada. Pero el juez que evaluaba su caso exigió US$3.000 para liberarla. Como no pudo pagar, la devolvieron a la cárcel.

Seis meses después de las detenciones, la hija de Antonio y Sandra, Andrea, regresó a Venezuela para ver a sus familiares detenidos.  Fue interceptada por policías en motocicleta a la salida de una estación del metro de Caracas. Le apuntaron con sus armas y uno de ellos gritó…

Los agentes de policía interrogaron a Andrea sobre su relación con el miembro del grupo y la amenazaron con sembrarle drogas. Luego le dijeron que podía “resolver” su situación pagándoles US$3.000. 

Andrea les dijo que podía pagarles US$1.000. Tenía $700 en ahorros y dijo que volvería a Altagracia de Orituco a buscar el resto. 

Una vez en libertad, Andrea comenzó a recibir llamadas amenazantes de funcionarios policiales, quienes le dijeron que le plantarían drogas y la arrestarían si no pagaba.

En agosto de 2023, la policía volvió a allanar la casa de la familia exigiendo conocer el paradero de miembros del Tren del Llano. Sandra y Jorge, mientras tanto, permanecen en prisión.

En julio de 2023, Antonio, con la ayuda del equipo jurídico de Defiende Venezuela, presentó una denuncia ante la Unidad de Registro de la Dirección General de Secretaría del Ministerio Público exigiendo justicia por las violaciones de los derechos de su hija Andrea. Hasta la fecha, no se ha tomado ninguna medida en el caso.

La familia Castillo es parte de las miles de víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad documentados en Venezuela por organizaciones de derechos humanos.

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Créditos

Ilustraciones y colorización: Juan José Restrepo
Investigación: Ezequiel A. Monsalve Fernández, Hjalmar D. Soler Zambrano
Textos: James Bargent
Dirección creativa y dirección de arte: Elisa Roldán

Maquetación y efectos: Belmar Santanilla
Edición: Mike LaSusa, María Fernanda Ramírez, Lara Loaiza
Diseño gráfico: Juan José Restrepo, María Isabel Gaviria, Ana Isabel Rico
Redes sociales: Camila Aristizábal, Paula Rojas, Daniel Reyes