Un nuevo informe señala que la violencia en algunas zonas del norte de Brasil ha aumentado en la última década a causa de la lucha entre facciones criminales, reforzadas por el encarcelamiento masivo, por las nuevas rutas de tráfico de cocaína en esta región.
El reportaje aborda el periodo de expansión de diversas organizaciones criminales en todo el país, como el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV), entre otras dinámicas criminales.
El Atlas de la Violencia de 2024 (Atlas da Violência), realizado por el Instituto Brasileño de Investigación Económica Aplicada (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA) y el Foro Brasileño de Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP), analiza la violencia y la criminalidad basándose en datos de Brasil entre 2012 y 2022.
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A continuación, InSight Crime presenta algunos de los hallazgos claves del informe.
Cambios en las rutas de la cocaína aumentaron la violencia
Según el Atlas, las bandas que se disputan las nuevas rutas del narcotráfico en el norte y el noreste de Brasil elevaron las tasas de homicidio en varios estados, especialmente en Piauí, Amapá y Roraima.
En Piauí, los homicidios crecieron casi un 50%, pasando de 16,3 por 100.000 habitantes en 2012 a 24,1 en 2022. En Amapá y Roraima, el aumento de los homicidios fue de alrededor del 15%.
Estos estados, junto con varios otros del norte y noreste del país, sufrieron el mayor impacto de una guerra que mantuvieron el PCC y CV —dos de las organizaciones criminales más importantes del país— y sus aliados por el control de las rutas del narcotráfico entre 2016 y 2018. Antes del conflicto, el PCC y el CV se habían abstenido de enfrentarse, pero su pacto de no agresión terminó abruptamente en octubre de 2016 tras una masacre en una prisión de Roraima.
Por su parte, el Atlas registró un total de 4.002 homicidios en Piauí, Amapá y Roraima juntos entre 2016 y 2018. El PCC y el CV restablecieron su pacto de no agresión en 2018, pero no se registró una caída significativa en el número de homicidios en los tres estados en los tres años siguientes. Entre 2019 y 2021, Piauí, Amapá y Roraima registraron 3.948 homicidios.
El elevado número de homicidios tras la tregua entre el PCC y la CV refleja la expansión y proliferación de facciones regionales en el norte y el noreste del país. Estos grupos siguieron luchando por rutas de tráfico más pequeñas y por el control de municipios.
“Estos conflictos más pequeños del narcotráfico son los elementos que actualmente acentúan el número de homicidios en Brasil”, dijo a InSight Crime Daniel Cerqueira, coordinador del Atlas de la Violencia.
Las disputas por las rutas del narcotráfico siguen afectando al norte de Brasil.
En 2022, Amazonas registró una de las tasas de homicidios más altas del país, con 42,5 por cada 100.000 habitantes. Los ríos Solimões y Amazonas, que atraviesan el estado, se utilizan para transportar drogas, especialmente cocaína, desde Perú y Colombia a través del país y hacia puertos internacionales.
El estado de Amazonas es también el hogar de más de 10 grupos criminales rivales. Los más poderosos son la Familia del Norte (FDN) y el Cartel del Norte (Cartel do Norte), pero tanto el PCC como el CV han reforzado sus operaciones en el estado en la última década.
Manaos, la capital del estado, cuenta con un puerto marítimo y un aeropuerto que se han convertido en puntos clave para el envío de drogas a la región sureste del país. La ciudad, que cuenta con dos millones de habitantes, fue la tercera capital más violenta de Brasil en 2022, con una tasa de homicidios de 55,7 por cada 100.000 habitantes.
Políticas de drogas prohibicionistas y encarcelamientos masivos catalizaron la violencia
A través de un análisis del fenómeno de las drogas en Brasil, los autores del Atlas vinculan las políticas de drogas de mano dura con la violencia.
“La prohibición de las drogas genera elevados costos sociales y económicos”, escriben. “El principal de ellos es la pérdida de miles de vidas humanas debido a la violencia”.
Para los autores, entre las razones de esta conexión “causal” está el encarcelamiento masivo. Las estrictas políticas brasileñas de prohibición de las drogas provocaron detenciones generalizadas, la mayoría de ellas de pequeños traficantes o personas en posesión de pequeñas cantidades de estupefacientes. El hacinamiento que esto provocó favoreció el crecimiento de grupos criminales, entre ellos los que han protagonizado la violencia de la última década.
“El encarcelamiento masivo hace que el Estado pierda control y capacidad, por lo que ya no puede hacer cumplir la ley. El resultado es que los reclusos no se resocializan tras salir de prisión”, explicó Cerqueira.
El estigma que rodea a las personas que han estado en prisión también dificulta la posibilidad de que se reintegren en la sociedad, por lo que los exreclusos a menudo sienten la necesidad de seguir delinquiendo para sostenerse económicamente tras salir de la cárcel, añadió.
Los nuevos reclusos, a menudo delincuentes primerizos, pueden unirse a bandas carcelarias para buscar protección mientras están entre rejas, o son forzados a convertirse en miembros bajo amenaza. Como resultado, el encarcelamiento masivo ha puesto a internos no violentos en manos del PCC y el CV, que se han enfrentado periódicamente dentro de las prisiones y han perpetrado brutales masacres en las cárceles.
“Hay una gran probabilidad de que las personas detenidas por pequeños robos -un ladrón de gallinas, un consumidor de drogas, un traficante de poca monta- se unan a una pandilla para evitar que los maten, y acaben implicándose de por vida con ese grupo”, declaró a InSight Crime Cerqueira, coordinador del Atlas de la Violencia.
Las prisiones también se han convertido en epicentros de la actividad criminal y refugios desde los que los grupos delictivos pueden planear sus estrategias y ejercer un control social y económico sobre miles de reclusos y ex reclusos.
Sin embargo, las cosas pueden estar cambiando en Brasil. Una semana después de la publicación del informe Atlas, el máximo tribunal del país despenalizó la posesión de hasta 40 gramos de marihuana para uso personal, lo que significa que el número de personas detenidas por posesión personal de la droga podría disminuir sustancialmente.
Según el Atlas, más de 42.600 personas habrían evitado ser encarceladas en 2022 si la ley hubiera permitido la posesión de hasta 25 gramos de marihuana en el momento de su detención.
La hegemonía del PCC y las políticas de seguridad pública redujeron la violencia en São Paulo
En una afirmación a menudo debatida, Cerqueira afirmó que el dominio criminal del PCC en São Paulo, la mayor ciudad de Brasil, contribuyó a un descenso sustancial de la violencia. El Atlas añadió que las políticas de seguridad aumentaron la rendición de cuentas de la policía en todo el estado de São Paulo y también ayudaron a reducir la violencia en la región.
El informe relaciona el descenso de los homicidios en São Paulo con el control casi total que el PCC ejerce en la capital del estado, que, con cerca de 12,5 millones de habitantes, es una de las mayores ciudades del mundo. El estado registró una de las mayores caídas en las tasas de homicidio del país entre 2012 y 2022.
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Cerqueira, sin embargo, dijo que el control del PCC sobre São Paulo no es la única razón que explica la disminución de los asesinatos. Apuntó a un cambio en los modelos de política de seguridad local.
“En el estado de São Paulo se empezó a registrar un descenso de la tasa de homicidios en 1999, mientras que el PCC ganó fuerza a mediados de la década de 2000, alrededor de 2006”, dijo Cerqueira a InSight Crime. La tendencia a la baja de los homicidios en el estado de São Paulo comenzó antes del monopolio del PCC y se extendió hasta el periodo comprendido entre 2012 y 2022, explicó.
Estos cambios comenzaron a principios de la década de 2000, cuando la policía invirtió dinero en recursos de inteligencia, incluyendo la implementación de cámaras corporales para los agentes de policía en 2019. Según los informes, esta política ha reducido los asesinatos cometidos por la policía en el estado.
Este tipo de medidas se ha extendido a otros estados, según Cerqueira. Goiás y el Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, la capital del país, comenzaron a implementar políticas de seguridad centradas en mejorar la inteligencia policial durante el periodo comprendido en el informe del Atlas, con proyectos para analizar los vínculos criminales e iniciativas centradas en la disuasión.
Para el Atlas, estas políticas fueron notables. Junto con São Paulo, estos dos estados registraron las mayores caídas en las tasas de homicidios del país entre 2012 y 2022.
Imagen principal: La policía militar toma la favela de Jacarezinho en Río de Janeiro, Brasil, el 19 de enero de 2022. Crédito: AP Photo/Silvia Izquierdo