La familia Fernández

Las redadas en el barrio continuaron, pues la policía parecía convencida de que los residentes conocían a los miembros de las pandillas por el simple hecho de vivir en una zona pobre. Una semana después de la detención de Andrés, alrededor de 20 vehículos policiales repletos de agentes fuertemente armados volvieron a su calle.

Las sobrinas de Andrés, Carmen y Liliana, que vivían en la casa de al lado, entraron corriendo con su abuela enferma y sus diez hijos. Los agentes las siguieron al interior, gritándoles insultos y acusándolas de vender drogas. Se apoderaron de un dormitorio para registrar a todas las mujeres una por una.

Liliana entró en la habitación con su hija de 4 años, que tiene problemas de aprendizaje y una enfermedad cardiaca, y que se había desmayado cuando llegó la policía. “¡Suéltala!”, le gritaron, y se vio obligada a recostar a su hija en la cama, aún inconsciente.

Los agentes, todos hombres, la golpearon con una pistola y la obligaron a quitarse la ropa.

La obligaron a abrir las piernas y le miraron la vagina y el ano. Tras no encontrar nada, empezaron a decir que escondía drogas en su interior y empezaron a tocarle el estómago.

Carmen fue la siguiente. Los agentes le dijeron que la matarían si no se quitaba la ropa y guardaba silencio. De nuevo, le inspeccionaron la vagina y el ano y, al no encontrar nada, la arrastraron por el pelo y la arrojaron a la habitación contigua.

Su hermana Lucía se estaba duchando cuando llegó la policía, y la obligaron a soltar la toalla, dejándola desnuda. Realizaron los controles mientras le apuntaban con una pistola y le hacían gestos obscenos.

Tras registrar a todas las mujeres, las alinearon contra la pared, les apuntaron con una pistola y las amenazaron de muerte mientras les gritaban insultos.

Encontraron a Andrés en la cocina de la casa de al lado y lo golpearon en la cabeza y en las costillas con una escopeta, pero para él no hubo registro al desnudo.

Al cabo de unas dos horas, los agentes se marcharon, llevándose todo el dinero en efectivo que encontraron, así como la mercancía que vendían las hermanas. Antes de irse le dijeron a la familia:

El 10 de julio de 2023, la familia, con la ayuda del equipo jurídico de Defiende Venezuela, presentó una denuncia por los abusos y violaciones de derechos sufridos ante la Unidad de Registro de la Dirección General de la Secretaría del Ministerio Público. Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna investigación. En enero de 2024, Carmen informó a Defiende Venezuela que había sido arrestada nuevamente después de que los agentes le colocaran drogas y que había sufrido más abusos sexuales. Fue puesta en libertad antes de la sentencia con la condición de que se presentara ante el tribunal cada 20 días.

La familia Fernández es parte de las miles de víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad documentados en Venezuela por organizaciones de derechos humanos.