Carlos es un músico y campesino de Altagracia de Orituco. Se fue a vivir a Caracas, pero estaba de visita en la ciudad para pasar la Semana Santa con su familia, cuando comenzó la Operación Trueno.

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

Carlos estaba afuera cuando la policía fue a buscarlo a la casa de su madre. Los agentes les dijeron a sus familiares que estaban allí para matarlo, y detuvieron a su hermana y a su madre.

Esperó a que cayera la noche y huyó de Altagracia de Orituco. Caminó hasta Taguay y cogió un autobús a Caracas.

Estaba esperando un autobús que lo llevara a la frontera con Colombia cuando lo detuvieron en la estación de autobuses en Caracas, a pesar de que los agentes no contaban con ninguna orden judicial.

Los policías cubrieron la cabeza de Carlos con una capucha y lo metieron en un carro. Lo llevaron a una playa, donde le sumergieron la cabeza en el agua mientras le preguntaban por el Tren del Llano. Les dijo que no tenía nada que ver con la banda.

La policía llevó a Carlos a una casa grande en las afueras de Caracas, donde lo torturaron en el sótano. Los agentes lo colgaron del techo con una cuerda amarrada a las esposas que ataban sus manos a su espalda.

Los agentes lo hacían girar mediante unos alicates que le clavaban en la nariz. Utilizaron un cable cortado para aplicarle descargas eléctricas en los testículos. Lo asfixiaron con una capucha cubierta de insecticida. Le apuntaron con una pistola a las costillas y amenazaron con matarlo.

Después de maquillar sus heridas, los policías filmaron la “confesión” de Carlos. Le exigieron que denunciara a un acaudalado ganadero local que había trabajado como colaborador del Tren del Llano.

Después de las sesiones de tortura, Carlos era atado y amordazado y encadenado a la base de una cama. Dormía en el suelo, mientras que el guardia de turno dormía en la cama.

El jefe de la policía nacional anunció la detención de Carlos, catalogándolo como un “miembro altamente peligroso de la banda Tren del Llano”. Fue entonces cuando su familia supo que habían detenido a Carlos.

Sin poder comunicarse con su familia ni con un abogado de confianza, Carlos fue conducido a un juzgado a altas horas de la noche, cinco días después de su detención. Fue llevado ante un juez especializado en terrorismo y acusado de tráfico de armas, financiación del terrorismo y conspiración criminal.

Carlos fue puesto en prisión preventiva y trasladado a una cárcel de la policía en Caracas, donde lo metieron en una celda con otras 81 personas. Allí recibió un mensaje del Tren del Llano: sabían que estaba cooperando con la policía, y lo iban a matar.

En mayo de 2023, la familia de Carlos recibió un mensaje desde la cuenta de Facebook del propio Carlos. Contenía imágenes de su expediente, junto con un mensaje de voz que decía que lo matarían en cuanto lo trasladaran a una prisión ordinaria.

Tras múltiples aplazamientos, el juicio de Carlos comenzó un año y medio después de su detención. Aunque por ley se trata de una audiencia pública, a menudo se le impidió a su familia entrar a la sala y se les hizo esperar fuera, en la calle, hasta bien entrada la noche.

El 6 de mayo de 2022, el hermano de Carlos registró una denuncia verbal ante la Oficina de Atención a Víctimas en Materia de Protección de Derechos Humanos del Ministerio Público. El 22 de junio, presentó una queja formal ante la Dirección General de Protección de Derechos Humanos del Ministerio, denunciando la detención y tortura de Carlos. Hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida al respecto.

En 2023, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) emitió una resolución en la que reconocía a Carlos como víctima de detención arbitraria y afirmaba que consideraba que había sido sometido a tortura en los días posteriores a su detención.

Carlos es una de las miles de víctimas de abusos de las fuerzas de seguridad documentadas en Venezuela por organizaciones de derechos humanos.

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Cuando el terror invadió a Guárico, Venezuela

Esta historia forma parte de una investigación desarrollada por InSight Crime y la organización venezolana de derechos humanos Defiende Venezuela que expone los abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas y cuenta las historias de sus víctimas. Explore sus historias y lea el informe completo aquí.

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Carlos es un músico y campesino de Altagracia de Orituco. Se fue a vivir a Caracas, pero estaba de visita en la ciudad para pasar la Semana Santa con su familia, cuando comenzó la Operación Trueno.

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Carlos estaba afuera cuando la policía fue a buscarlo a la casa de su madre. Los agentes les dijeron a sus familiares que estaban allí para matarlo, y detuvieron a su hermana y a su madre.

Esperó a que cayera la noche y huyó de Altagracia de Orituco. Caminó hasta Taguay y cogió un autobús a Caracas.

Estaba esperando un autobús que lo llevara a la frontera con Colombia cuando lo detuvieron en la estación de autobuses en Caracas, a pesar de que los agentes no contaban con ninguna orden judicial.

Los policías cubrieron la cabeza de Carlos con una capucha y lo metieron en un carro. Lo llevaron a una playa, donde le sumergieron la cabeza en el agua mientras le preguntaban por el Tren del Llano. Les dijo que no tenía nada que ver con la banda.

La policía llevó a Carlos a una casa grande en las afueras de Caracas, donde lo torturaron en el sótano. Los agentes lo colgaron del techo con una cuerda amarrada a las esposas que ataban sus manos a su espalda.

Los agentes lo hacían girar mediante unos alicates que le clavaban en la nariz. Utilizaron un cable cortado para aplicarle descargas eléctricas en los testículos. Lo asfixiaron con una capucha cubierta de insecticida. Le apuntaron con una pistola a las costillas y amenazaron con matarlo.

Después de maquillar sus heridas, los policías filmaron la “confesión” de Carlos. Le exigieron que denunciara a un acaudalado ganadero local que había trabajado como colaborador del Tren del Llano.

Después de las sesiones de tortura, Carlos era atado y amordazado y encadenado a la base de una cama. Dormía en el suelo, mientras que el guardia de turno dormía en la cama.

El jefe de la policía nacional anunció la detención de Carlos, catalogándolo como un «miembro altamente peligroso de la banda Tren del Llano». Fue entonces cuando su familia supo que habían detenido a Carlos.

Sin poder comunicarse con su familia ni con un abogado de confianza, Carlos fue conducido a un juzgado a altas horas de la noche, cinco días después de su detención. Fue llevado ante un juez especializado en terrorismo y acusado de tráfico de armas, financiación del terrorismo y conspiración criminal.

Carlos fue puesto en prisión preventiva y trasladado a una cárcel de la policía en Caracas, donde lo metieron en una celda con otras 81 personas. Allí recibió un mensaje del Tren del Llano: sabían que estaba cooperando con la policía, y lo iban a matar.

En mayo de 2023, la familia de Carlos recibió un mensaje desde la cuenta de Facebook del propio Carlos. Contenía imágenes de su expediente, junto con un mensaje de voz que decía que lo matarían en cuanto lo trasladaran a una prisión ordinaria.

Tras múltiples aplazamientos, el juicio de Carlos comenzó un año y medio después de su detención. Aunque por ley se trata de una audiencia pública, a menudo se le impidió a su familia entrar a la sala y se les hizo esperar fuera, en la calle, hasta bien entrada la noche.

El 6 de mayo de 2022, el hermano de Carlos registró una denuncia verbal ante la Oficina de Atención a Víctimas en Materia de Protección de Derechos Humanos del Ministerio Público. El 22 de junio, presentó una queja formal ante la Dirección General de Protección de Derechos Humanos del Ministerio, denunciando la detención y tortura de Carlos. Hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida al respecto.

En 2023, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) emitió una resolución en la que reconocía a Carlos como víctima de detención arbitraria y afirmaba que consideraba que había sido sometido a tortura en los días posteriores a su detención.

Carlos es una de las miles de víctimas de abusos de las fuerzas de seguridad documentadas en Venezuela por organizaciones de derechos humanos.

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Créditos

Ilustraciones y colorización: Juan José Restrepo
Investigación: Ezequiel A. Monsalve Fernández, Hjalmar D. Soler Zambrano
Textos: James Bargent
Dirección creativa y dirección de arte: Elisa Roldán

Maquetación y efectos: Belmar Santanilla
Edición: Mike LaSusa, María Fernanda Ramírez, Lara Loaiza
Diseño gráfico: Juan José Restrepo, María Isabel Gaviria, Ana Isabel Rico
Redes sociales: Camila Aristizábal, Paula Rojas, Daniel Reyes