Pese a que las autoridades venezolanas celebraron el restablecimiento del orden carcelario, después de varias operaciones para retomar el control de las prisiones –en poder de líderes carcelarios, conocidos como pranes– los episodios de violencia y la crisis humanitaria del sistema penitenciario continúan.

El 9 de junio, reclusos de cárceles ubicadas en los estados Miranda, Falcón y Carabobo, iniciaron una huelga de hambre para exigir respeto a sus derechos. Progresivamente, se han sumado internos de otras prisiones. Entre las peticiones destaca la solicitud de otorgamiento de medidas humanitarias y traslados a los penales donde deberían cumplir su sentencia, los cuales son cercanos a sus lugares de origen.

El ayuno voluntario de los reclusos se presenta tras varios hechos violentos en algunos penales y motines carcelarios.

El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, mencionó en un acto público que detrás de todos esos eventos hay “un plan que intenta alterar la estabilidad de los centros penitenciarios”.

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Uno de estos eventos ocurrió el 22 de mayo, cuando un preso murió y otros nueve resultaron heridos en un motín registrado en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda. En su cuenta de X, Ceballos sostuvo que las autoridades penitenciarias lograron restablecer el orden luego de una riña entre reclusos. 

Días antes, el 19 de mayo, hubo un tiroteo al interior de la cárcel de Sabaneta, en el estado Zulia. Aunque la situación puso en alerta a los vecinos de la zona, no quedó claro si se trató de un intento de fuga de reclusos o de una riña.

Tanto las huelgas de hambre como los motines carcelarios ocurren después de que el gobierno interviniera siete prisiones controladas por pranes, como son localmente conocidos los líderes carcelarios, bajo la Operación Gran Cacique Guaicaipuro a finales de 2023. Durante años, estos líderes criminales dominaron las cárceles luego de que el Estado les cediera el poder como estrategia para controlar la violencia y los homicidios al interior de estas.

Análisis de InSight Crime

Los recientes brotes de violencia en las prisiones de Venezuela podrían ser un indicio de que el control del gobierno sobre el sistema penitenciario sigue siendo cuestionable, lo que a su vez sugiere un posible resurgimiento del sistema de pranes.

Una vez que el gobierno anunció el aparente restablecimiento del orden en las cárceles administradas por pranes, se ejecutaron una serie de medidas que estarían profundizando la ya existente crisis.

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Por un lado,  las personas que fueron desalojadas de las cárceles intervenidas fueron trasladadas a otras cárceles del país donde, según expertos en materia penitenciaria, el hacinamiento es crítico. Además, varios reclusos fueron enviados a penales que están ubicados lejos del lugar de residencia de sus parientes, lo que genera descontento en la población penitenciaria y en sus familiares. Aunque en Venezuela no hay cifras oficiales sobre la población en las cárceles, de acuerdo con reportes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en el año 2022 el hacinamiento era de 164.19%. 

El hacinamiento, así como el retardo procesal, hace parte de los principales problemas de la situación carcelaria en Venezuela. Ambos factores generan caos, violencia y descontrol dentro de las cárceles. 

A finales de la primera década del 2000 surgió el sistema de pranatos para poner orden en situaciones que, por lo general, el Estado no lograba solucionar. En ese entonces, la violencia que dejaba decenas de muertos dentro de las prisiones cada año. Para reducir la violencia, el régimen realizó tratos con jefes de bandas carcelarias, llegando a una especie de Pax Mafiosa. Funcionarios policiales y un excustodio penitenciario consultados en el pasado por InSight Crime, aseguraron que los pranes también tuvieron injerencia en los traslados de presos a otros penales o tribunales. 

Además de profundizar el hacinamiento, el traslado de personas privadas de la libertad también se traduce en la migración de normas y prácticas impuestas por los reclusos a otras prisiones.

Los pequeños brotes de violencia que se han presentado en las prisiones pueden ser un síntoma de que la violencia carcelaria volverá a sobrepasar la capacidad estatal, lo que podría significar nuevos acuerdos entre el régimen y líderes criminales. 

“Yo creo que van a volver los pranes porque actualmente no hay políticas penitenciarias para eliminar este tipo de cosas,  sigue la corrupción, la cual es muy grande y los funcionarios son extremadamente mal pagados”, manifestó Carlos Nieto Palma, el coordinador general de Una Ventana a la Libertad, ONG que defiende los derechos humanos de los reclusos en Venezuela.

Imagen principal: Presos sostienen pancarta de huelga pacífica en cárcel de Sabaneta, Zulia. Crédito: fotografía difundida por reclusos en protesta.