Cuando los militares entraron en la prisión de Latacunga, en Cotopaxi, Ecuador, en la tarde del 14 de enero, los reclusos ya sabían que venían. El día anterior, Los Lobos —la pandilla que dirigía la prisión— habían liberado a los guardias que habían tomado como rehenes y se había corrido la voz de que los soldados iban a entrar para hacer limpieza.
Pero nadie estaba preparado para lo que vino después.
“Ellos iban entrando así, apuntando ya para matar”, recuerda Nicolás*, que fue liberado de Latacunga a inicios de mayo, luego de cumplir una sentencia de tres años.
“Nos cogieron a todos y nos pusieron boca abajo, de rodillas, y nos pisaban los dedos con las botas. Nos pisaban las espaldas, nos pisaban la cabeza, la nuca, mientras que revisaban toda la celda y botaban todo lo que estaba ahí”.
Luego, comenzó la tortura.
En dos ocasiones, agarraron a Nicolás y hundieron su cabeza en un tanque de agua helada y luego lo electrocutaron.
Los soldados les exigían información sobre depósitos de armas y drogas. Pero no se limitaron a interrogar a los miembros de las pandillas.
“Fue contra todos”, recuerda Nicolás.
VEA TAMBIÉN: La explosiva guerra de Ecuador contra el crimen carece de estrategia de salida
Han pasado cuatro meses desde que el ejército fue desplegado para tomar el control de las prisiones de Ecuador, y, pese a que el gobierno ha restringido casi todos los accesos a las cárceles, las historias de abusos se han comenzado a filtrar a través de reclusos liberados, familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos. Mientras que el gobierno sigue cantando victoria sobre las pandillas carcelarias que habían estado aterrorizando al país, apenas se está comenzando a vislumbrar el costo humano de sus políticas.
Bajas de la “guerra”
La militarización de las prisiones ecuatorianas comenzó con una declaración de guerra.
El 8 de enero, el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un estado de excepción de 60 días luego de que la fuga de uno de los líderes pandilleros más infames del país, Adolfo Macías, alias “Fito”, destara un caos criminal en todo el país. Las pandillas realizaron motines en las prisiones y una serie de ataques —aparentemente coordinados— fuera de las rejas.
El país —dijo el presidente— estaba envuelto en un “conflicto armado interno” con 22 pandillas “terroristas”. Una de las primeras movidas de Noboa en esta incipiente guerra fue enviar a los militares a tomar el control del territorio enemigo: las prisiones que habían sido cooptadas por bandas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, quienes las habían convertido en sus centros de operaciones.
A medida que las noticias de la crisis se esparcían por el mundo, para las familias de los más de 30.000 detenidos en las prisiones de Ecuador comenzaba un periodo de silencio desesperante, pues las comunicaciones de los reclusos con el mundo exterior fueron cortadas.
Para Andrea*, cuyo esposo está preso en la prisión del Rodeo, en Portoviejo, la ruptura de ese silencio fue demoledora.
Luego de que los militares tomaran control de Rodeo a inicios de febrero, ni Andrea, ni los otros familiares de los presos sabían qué estaba pasando, más allá de las afirmaciones del director de la prisión, que les decía que “las cosas están bajo control”. Hasta que un día, recibió una videollamada.
“Vi a mi esposo de espaldas acostado en el piso y lo único que me decía era que le habían introducido un palo en el ano”, le dijo a InSight Crime. “Yo en ese momento me quise volver loca”.
Cuando volvió a hablar con él, semanas después, tenía una herida en la cabeza donde los guardias lo habían pateado, y había sido rociado con gas lacrimógeno. Mientras hablaba con otros familiares de prisioneros, Andrea se dio cuenta de que no eran incidentes aislados.
“No es solamente el caso de mi esposo, son un sinnúmero de casos”, afirmó.
VEA TAMBIÉN: Cómo las élites criminales manipulan las leyes para eludir la justicia en Ecuador
Desde esa primera llamada, Andrea ha estado luchando para sacar a su esposo de prisión, pues ahora cumple los requisitos para la libertad provisional. También ha trabajado con abogados y otros familiares de reclusos, exigiendo acciones de las autoridades penitenciarias, fiscales, y la Defensoría del Pueblo para frenar los abusos que están ocurriendo en las cárceles y devolverle la dignidad a quienes se encuentran tras las rejas.
Pero nada ha cambiado.
“A pesar de que envío oficios, de que tengo los documentos sellados y firmados, no tengo respuesta del director. No me da la cara”, dijo.
InSight Crime solicitó comentarios sobre las acusaciones de violaciones de derechos humanos al Ministerio de Defensa, la Presidencia, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el ejército y la armada, pero para el momento de esta publicación ninguna de las instituciones había respondido.
Enfermedad y hambruna
Familias de todo el país han vivido experiencias similares, pues han visto cómo la salud de sus seres queridos se deteriora en medio de la falta de atención médica y la escasez de alimentos.
“Todo el mundo nos cierra puertas por el hecho de ser familiares de presos. Nos cierran puertas. ¿A quién recurrimos?, ¿a dónde vamos?”, dijo Gabriela Anangonó, esposa de un preso recluido en Latacunga.
Su esposo, dijo Gabriela a InSight Crime, tiene cáncer en fase uno, pero es uno de los muchos reclusos con graves afecciones médicas a los que les niegan tratamiento.
“Mi esposo está vomitando sangre. Mi esposo ya no se levanta. Es que ya no aguanta”, afirmó.
VEA TAMBIÉN: Ecuador enfrenta una tarea complicada en su guerra contra las pandillas
En muchas prisiones, incluso las personas que no padecen enfermedades han visto cómo su salud se deteriora tras una disputa entre el gobierno y una empresa contratada para suministrar alimentos a los reclusos, que cortó el suministro a las prisiones del norte del país, dejando a los presos al borde de la inanición.
Los funcionarios en las prisiones fueron advertidos de la inminente crisis alimentaria a mediados de abril, según documentos internos obtenidos por InSight Crime. Pero más de seis semanas después, la crisis se ha extendido a otras prisiones. A finales de mayo, las autoridades comunicaron a los reclusos del complejo penitenciario de Guayaquil —un conjunto de instalaciones que albergan a más de un tercio de la población carcelaria nacional— que los suministros se estaban agotando, según un preso que se comunicó con InSight Crime por mensajes de texto.
“El hambre está matando”, dijo Gabriela.
El olor a muerte
Entre la violencia y el impacto en la salud de los reclusos, ha habido un aumento en las muertes registradas desde el inicio de la intervención, según la Defensoría del Pueblo. Aunque las autoridades se han negado a dar más información sobre presuntas muertes, la Defensoría contó 24 muertes en todo el país durante los primeros dos meses, algunas de las cuales fueron registradas como muertes violentas con señales de tortura.
A pesar de que todas las visitas han sido suspendidas desde que el ejército tomó el control, algunos abogados han logrado hablar con los reclusos directamente luego de presentar recursos de habeas corpus para la representación legal, lo que les ha permitido ver un poco de las condiciones tras las rejas.
Uno de esos abogados es Patricio Almeida Torres, que representa a más de 100 familias en Latacunga. Él ha logrado hacer cortas visitas a las personas privadas de libertad y llevarles mensajes de sus familias —y también ha escuchado sus historias de los abusos que suceden al interior.
En una ocasión, Almeida pudo acceder a la prisión en compañía de un juez y otros oficiales para verificar las condiciones dentro del centro penitenciario. Lo que vio lo dejó horrorizado.
“En Latacunga huele a muerte”, dijo Almeida a InSight Crime.
Los reclusos, dice, están confinados en celdas hacinadas 23 horas del día. Si alguno hace un ruido, lo golpean. Solo los dejan salir a comer, cuando son arreados por la prisión con sus manos alrededor del cuello y los ojos fijos en el piso. Si alguien para o se tropieza, lo golpean.
Comen de pie —cuando hay comida suficiente— aunque a veces los guardias tiran la comida al piso, obligándolos a comer “como animales”, dijo.
“Si no los matan de hambre, les van a volver locos”, contó.
Para Almeida, sin embargo, el castigo más cruel es el aislamiento. Las visitas son el único contacto humano que tienen los reclusos que él representa, además de sus compañeros de celda y los guardias militares. Las visitas son cortas y no puede ni siquiera llevar cartas de las familias.
“A nosotros nos revisan para que no metamos cartas de amor porque te dicen que están en código”, recuerda. “Pero si están controlados todo el tiempo por los militares, ¿qué van a hacer desde dentro?, ¿qué delito van a planificar?”.
Para Almeida, los motivos de los militares no tienen que ver con prevenir delitos, sino más bien con enviar un mensaje a los presos.
“Eso es lo que les estamos diciendo a ellos: La sociedad se olvidó de ustedes, la gente se va a cansar, ya no les van a venir a verlos, ya no van a pelear por saber [de ustedes]”.
Un nuevo victimario
Para demostrarles a sus seres queridos que no los han abandonado, decenas de madres, niños, y otros familiares de los reclusos llegaron a las rejas de la penitenciaria el Litoral en Guayaquil el 12 de mayo para celebrar el Día de la Madre. Enviaron mensajes a través de altavoces, cantaron canciones y soltaron globos blancos con mensajes para los que están adentro.
Una de las madres, que no quiso ser identificada, le dijo a InSight Crime que la única forma en la que ha logrado confirmar que su hijo sigue con vida es sobornando a un guardia militar con 20 dólares para que le permitiera hacer una llamada.
“Escuchar la voz de mi hijo, que me diga ‘mamá, estoy vivo’ es lo único que a mí me da seguridad”, dijo. “Hoy día está vivo, pero mañana pasado, no sé”.
Las familias de los presos en Guayaquil han estado trabajando con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos (CDH). Además de apoyar a las familias, el CDH ha trabajado para exponer los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos desde que comenzó la intervención militar. Hasta el momento han documentado más de 100 casos, y han reportado ante los fiscales cuatro presuntas violaciones y dos casos de torturas colectivas.
Fernando Bastias, del CDH, le dijo a InSight Crime que lo que han visto y escuchado era una consecuencia prácticamente inevitable luego de que el gobierno le entrego el control de las prisiones a los militares.
“Nuestra posición desde el día 1 era que pueden ingresar a apoyar la labor de la Policía y de los guías penitenciarios, pero no pueden estar a cargo. Primero, porque no es su competencia legal y segundo porque no los formaron para eso”, comentó. “Entonces, creen poder hacerse cargo de un centro penitenciario, [pero] lo van a transformar en un centro de tortura”.
Aunque romper el dominio de las bandas sobre las prisiones puede haber sido necesario, sustituir su régimen por uno militar no es la solución, añadió.
“Se cambia de perpetrador, ya no banda, sino Fuerzas Armadas”, dijo.
*Los nombres de algunas fuentes han sido modificados para proteger su identidad.
Tras la publicación de este artículo, el Ministerio de Defensa envió una respuesta detallada a las denuncias de abusos y violaciones de derechos. En ella se señalaba que tanto en las inspecciones diarias de los militares como en las visitas interinstitucionales llevadas a cabo en varias prisiones por representantes de organismos de seguridad, gubernamentales, judiciales y de derechos humanos no se encontraron pruebas de tratos crueles o degradantes a los presos.
«Debemos resaltar que las personas que muestran inconformidad con la presencia militar en los centros de reclusión, suelen corresponder a quienes anteriormente manejaban estos centros como centro de operaciones criminales», dice el comunicado.
A la vez que señala que el SNAI, y no los militares, sigue siendo responsable de proporcionar alimentación y atención médica adecuadas y de garantizar el derecho a la representación legal, el Ministerio también proporcionó un registro mes a mes para la prisión de Latacunga de la atención médica proporcionada, las visitas de abogados con los presos y las audiencias judiciales asistidas, como prueba de que coopera con las autoridades penitenciarias para proporcionar servicios clave.
El comunicado también señaló que en 47 demandas de habeas corpus presentadas contra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las autoridades judiciales han confirmado que las acciones de los militares se ajustaron a la ley.
Reportaje adicional de María Fernanda Ramírez, Gavin Voss y Mathew Charles
Imagen principal: Un soldado ecuatoriano vigila una fila de presos en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Crédito: AP