Los candidatos en estados estratégicos para el crimen organizado, como Chiapas, Guerrero y Michoacán, fueron testigos de un estallido de violencia en este ciclo electoral en México, poniendo de relieve cómo los grupos criminales y otros actores poderosos intentan influenciar las elecciones para mantener el control pese a las reconfiguraciones políticas.
Para el momento en que los votantes eligieron a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México, los observadores electorales habían registrado más de 129 eventos de violencia política contra oficiales desde el inicio de las campañas en septiembre de 2023, según datos del Proyecto de Datos sobre Localización y Eventos de Conflictos Armados (Armed Conflict Location & Event Data Project, ACLED). Las elecciones pusieron en juego más de 20.000 cargos a nivel local, estatal y federal.
Cada región de México alberga múltiples grupos criminales con distintos grados de sofisticación, cuyos intereses delictivos se entrelazan con dinámicas económicas y políticas locales que fomentan la competencia violenta.
*Este mapa muestra la violencia política perpetrada contra funcionarios durante la campaña electoral en México. Fuente: ACLED.
La escala de violencia, que incluyó 102 asesinatos políticos, así como secuestros, desapariciones forzadas, intentos de asesinato y ataques contra familiares, personal de campaña e infraestructura oficial como urnas prendieron las alarmas, explicó a InSight Crime Tiziano Breda, Coordinador Asociado de Análisis para América Latina de ACLED.
“La violencia se debe a dos razones principales: la magnitud de la elección, al ser la más grande en la historia reciente del país, y también es una consecuencia de cómo ha evolucionado el panorama criminal de México en donde cada vez hay más grupos fragmentados con diversos portafolios económicos compitiendo por la influencia, y, por lo tanto, exacerbando la violencia”, dijo.
Sin embargo, las elecciones pasadas también han estado marcadas por una violencia extrema. El país registró 145 asesinatos políticamente motivados de personas directamente vinculadas al proceso electoral durante las elecciones presidenciales de 2018 y 88 durante las elecciones a gobernador de 2021, según datos recopilados por el centro de pensamiento mexicano Laboratorio Electoral.
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Cinco estados —Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz— concentraron la mitad de los actos de violencia relacionados con las elecciones registrados por ACLED este año. En su mayoría, los ataques iban dirigidos a candidatos.
En cada uno de los estados más afectados operan múltiples grupos criminales con diversos grados de capacidad armada y sofisticación, cuyos intereses delictivos coexisten y se superponen con las dinámicas económicas y políticas locales. Esto alimenta la violencia, que no siempre está relacionada con el crimen organizado.
InSight Crime analiza la dinámica criminal en tres de los estados más afectados por la violencia política en este ciclo electoral: el estado fronterizo de Chiapas —donde la división entre la violencia criminal y la política es borrosa—, Guerrero y Michoacán, dos estados que por años han sido asolados por grupos criminales.
La violencia política generalizada ensombrece unas elecciones históricas en México
Más de 129 casos de violencia política contra funcionarios se registraron en todo el país en este ciclo electoral, lo que ha provocado que algunos expertos la califiquen como la transición política más violenta del país.
Chiapas
Aproximadamente desde 2021, los poderosos grupos criminales organizados de México se han fortalecido en Chiapas, situado en la frontera entre México y Guatemala, en lo que ha sido durante mucho tiempo un corredor estratégico para las drogas y los migrantes que se desplazan hacia el norte, en dirección a Estados Unidos.
En este ciclo electoral, gran parte de la violencia en Chiapas ha estado vinculada de alguna manera a la disputa cada vez más intensa entre facciones del Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por las rutas de tráfico de drogas y migrantes.
Muchas comunidades se han visto atrapadas en el fuego cruzado. En mayo, asaltantes armados masacraron a 11 civiles de una sola familia que se negaban a trabajar para cualquiera de los dos grupos delictivos.
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Pero la distinción entre violencia criminal y política suele ser difícil de precisar, y a veces inexistente.
“Tanto grupos criminales como grupos políticos pueden establecer quién compite y quién no, entonces es muy difícil establecer una línea muy clara entre lo que es criminal y lo que es político”, afirma Manuel Pérez Aguirre, politólogo que coordina la investigación sobre violencia electoral del Seminario Violencia y Paz del Colegio de México.
Hay una larga historia de agitación política y social en Chiapas que precede a los últimos brotes de violencia relacionada con el crimen organizado. Según Breda, analista de ACLED, los enfrentamientos entre el Cartel de Sinaloa y el CJNG solo agravan las tensiones ya existentes.
“Gran parte se deriva del conflicto intercomunal centrado en la tierra y, en algunos casos, está relacionado con una cultura política y un estilo de liderazgo profundamente arraigados”, dijo a InSight Crime.
La región de la Sierra Madre de Chiapas, por ejemplo, es rica en minerales como plata, oro, hierro, plomo y zinc, según datos del gobierno. Esto ha provocado conflictos, especialmente en tiempos de cambio político, entre los miembros de la comunidad que se oponen a la explotación de esos recursos y los grupos criminales, políticos y empresas que se benefician de su extracción.
Guerrero
En un estado como Guerrero, en el caluroso y húmedo sur de México, el CJNG, los Guerreros Unidos, los Viagras, los Rojos, los Tlacos, los Ardillos, la Familia Michoacana y los Tequileros son parte de las docenas de grupos armados que luchan entre sí. Todos ellos pueden utilizar la violencia para cooptar las elecciones locales por una gran variedad de motivos.
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En primer lugar, está la seguridad. Controlar a los políticos locales no solo ayuda a los grupos criminales a comprar protección e influencia, sino que también puede permitirles poner a las fuerzas de seguridad locales en contra de sus rivales criminales.
“Las autoridades municipales tienen voz y voto en la planificación y aplicación de las estrategias de seguridad a nivel local”, explica Breda a InSight Crime. “Controlar y cooptar a quienes son elegidos a ese nivel significa más permisividad para el grupo al mando”.
Esto ayuda a sus actividades delictivas, que van mucho más allá del control de las rutas del narcotráfico. En Guerrero, los grupos delictivos dirigen lucrativos mercados locales de extorsión y venta de drogas en la calle, y desvían las ganancias de proyectos de infraestructura y de los sectores agrícola y minero del estado.
“Cada vez más vemos que los grupos criminales también intentan controlar o hacerse con una parte de esos recursos [estatales]”, afirma Breda.
La violencia electoral no es nada nuevo en Guerrero, especialmente en el importante puerto marítimo de Acapulco, la ciudad más grande del estado sureño y a menudo una de las más violentas del país. La ciudad está conectada directamente con Ciudad de México a través de una carretera federal y es un objetivo de control clave para políticos y grupos delictivos.
Desde hace años, el crimen organizado utiliza esta ciudad de la costa del Pacífico para recibir cargamentos de cocaína procedentes de Suramérica, al tiempo que aprovecha la actividad económica generada por el turismo para extorsionar y lavar dinero.
Michoacán
En los últimos años, el CJNG se ha expandido desde el norte de Michoacán hacia la llamada región de Tierra Caliente, un corredor estratégico para la producción de drogas sintéticas y el trabajo agrícola. El expresidente Felipe Calderón envió miles de soldados a este estado hace casi dos décadas para marcar el inicio de la fracasada «guerra contra las drogas» del gobierno mexicano, que continúa en la actualidad.
Desde entonces, la incursión del CJNG ha complicado aún más las dinámicas alianzas que existen entre los que ostentan el poder político, las fuerzas de seguridad y grupos delictivos como la Nueva Familia Michoacana, los Viagras y los remanentes de los Caballeros Templarios, que en ocasiones han operado junto a otros grupos independientes como los Cárteles Unidos.
Las transiciones políticas son un momento especialmente violento para estas reconfiguraciones. A finales de febrero, dos candidatos que competían por convertirse en el próximo alcalde de Maravatío, en el norte de Michoacán, fueron asesinados a tiros con menos de 12 horas de diferencia. Al mes siguiente, más de una docena de aspirantes a presidentes municipales habían optado por retirar sus candidaturas debido a las amenazas de muerte de grupos criminales organizados.
Este año, algunos habitantes dijeron a InSight Crime que sentían que la violencia electoral no paraba.
“Los grupos delincuenciales quieren tener el control absoluto sobre las poblaciones y poner candidatos que les sean obedientes”, afirmó un sacerdote que trabaja en esta zona en disputa, y que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.
La cooptación de políticos locales se ha convertido en una de sus principales actividades delictivas, junto con la extorsión, añadió, lo que no solo les proporciona protección frente a las fuerzas de seguridad, sino también influencia sobre la gestión de los recursos municipales.
Aunque puede que los presupuestos municipales no sean significativos en comparación con los fondos estatales o federales, poder dictar cómo se gastan puede ser importante para los delincuentes locales. “Tienes millones de pesos a tu disposición, no hay muchos controles, no hay mucha rendición de cuentas, realmente que se pueda hacer”, dijo Pérez Aguirre, el politólogo.
Además del narcotráfico y la extorsión, los grupos delictivos se han dado cuenta de que pueden utilizar su influencia municipal para establecer su propio tipo de “gobierno bajo las sombras”, añadió. Esto crea un incentivo aún mayor para utilizar la violencia selectiva con el fin de influir en el resultado de esas elecciones.
Lejos de las capitales de los estados y de los centros urbanos que son el centro de la atención internacional, sacerdotes como el que habló con InSight Crime en la zona rural de Michoacán luchan por ver un camino a seguir.
“Casi todos los días hay asesinatos, desapariciones y secuestros”, explicó. “Mucha gente mejor se va”.
La violencia continuó incluso después del cierre de las urnas el 2 de junio. Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, fue asesinada cerca de la plaza principal de la ciudad el día siguiente, menos de un año después de que operativos del CJNG la secuestraran en el vecino estado de Jalisco.
Puede que las elecciones hayan terminado, pero la transición del poder político a finales de este año, cuando los nuevos funcionarios electos, así como la presidenta Claudia Sheinbaum, tomen posesión de sus cargos, sugiere que la violencia podría continuar.