Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron una coalición de ejércitos paramilitares de ultraderecha. Según sus principales líderes, su objetivo era detener la expansión de las guerrillas de izquierda en Colombia, sin embargo, detrás de esto camuflaron un amplio portafolio de actividades ilícitas y crímenes de guerra como narcotráfico, desplazamiento y desapariciones forzadas, despojo de tierras, secuestro y extorsión, entre otras.
Historia
Los orígenes de los grupos paramilitares en Colombia se remontan a finales de los años 70, cuando pequeños grupos de autodefensa surgieron en la región del Magdalena Medio con el objetivo de enfrentarse a la guerrilla y colaborar con el ejército en labores de contrainsurgencia. Sin embargo, fue hasta una serie de reuniones sostenidas en 1982 entre ganaderos, empresarios, políticos y militares en el municipio de Puerto Boyacá que se sentaron las bases de lo que sería el paramilitarismo encarnado por las AUC: ejércitos privados con estrechos nexos con las principales élites locales, regionales e incluso nacionales.
En poco tiempo, el vínculo entre paramilitarismo y narcotráfico se hizo evidente. Tras una ola de secuestros por parte de grupos guerrilleros, conocidos narcotraficantes de Colombia —entre ellos Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa— decidieron crear un escuadrón de la muerte que llamaron Muerte a Secuestradores (MAS). Este grupo ilegal no solo se dedicó a asesinar a los secuestradores, sino también a cualquier persona que sospecharan de pertenecer a las guerrillas, incluyendo a muchos civiles inocentes, activistas, líderes sindicales y políticos. A partir de allí, muchos de los grupos de autodefensa terminaron protegiendo intereses del narcotráfico bajo una fachada de contrainsurgencia.
La segunda generación de paramilitares nació de los Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES), un grupo formado por antiguos socios de Pablo Escobar en el Cartel de Medellín, que se unieron contra el líder criminal luego de que asesinara a dos de sus colaboradores más cercanos. Los PEPES fueron liderados por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, quienes se aliaron con Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna” para acabar con Escobar. Para esto hubo una estrecha colaboración con miembros de la fuerza pública.
Tras la baja de Escobar, y la muerte de Fidel Castaño, los remanentes de este grupo formaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo el liderazgo de Carlos y Vicente Castaño. Las ACCU comenzaron la expansión paramilitar por el norte de Colombia. Para eso se basaron en la figura legalmente constituida de cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir. Las Convivir fueron creadas por el gobierno colombiano en 1994, como una estrategia para promover la cooperación entre asociados y la fuerza pública en materia de seguridad y orden público. Sin embargo, los grupos paramilitares —como las ACCU— crearon cooperativas en diferentes lugares del país para acceder a armas, recursos y fortalecer sus redes políticas y militares.
En 1997, los hermanos Castaño crearon una federación de diferentes grupos de autodefensa en el país conformada por siete organizaciones regionales. Esta agrupación pasó a ser conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos grupos se establecieron en las principales áreas de influencia de la guerrilla, generando profundas afectaciones en la población civil. En su punto máximo, las AUC llegaron a tener 30.000 combatientes en sus filas.
Al poco tiempo de su fundación, narcotraficantes comenzaron a vincularse al proyecto paramilitar, principalmente a partir de la compra de bloques de las AUC en lugares claves para la cadena del tráfico de drogas. Con el ingreso del narcotráfico, el objetivo contrainsurgente de las AUC se desdibujó cada vez más y generó luchas internas dentro de los principales líderes de la organización.
A finales de 2002, en medio de tensiones internas, las AUC iniciaron un proceso de diálogo con el gobierno colombiano que llevó a la firma de un acuerdo entre las partes para posibilitar el desarme de los bloques paramilitares en julio de 2003. En diciembre de ese año, se dio la primera desmovilización de las AUC, cuando más de 800 combatientes del Bloque Cacique Nutibara —con presencia en diferentes comunas de Medellín y algunos municipios de Antioquia— se desmovilizaron en la ciudad de Medellín.
Durante el proceso de desmovilización, las disputas al interior de la organización continuaron, lo que llevó al asesinato de algunos de sus líderes, entre ellos el de Carlos Castaño en abril de 2004.
Además, las deficiencias del proceso de desmovilización se hicieron evidentes. El gobierno carecía de la infraestructura necesaria para verificar la desmovilización y entrega de armas de los grupos paramilitares. Algunos grupos paramilitares engañaron deliberadamente al gobierno, entregando armas viejas e hicieron pasar civiles por soldados paramilitares.
Además, algunos exparamilitares desmovilizados retornaron a la criminalidad, entre ellos Vicente Castaño, quien, junto a otros mandos medios de las AUC, creó un grupo criminal en la región de Urabá, al norte de Colombia. Este grupo es uno de los principales grupos criminales del país a la fecha, conocido como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Como los Urabeños, otros grupos surgieron a partir de la desmovilización paramilitar, entre ellos los Rastrojos, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), los Paisas, los Machos, Águilas Negras, y Renacer, entre otros.
En 2008, algunos de los principales jefes paramilitares —entre ellos Salvatore Mancuso y Don Berna— fueron extraditados a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico. Aunque algunos de ellos han retornado a Colombia después de cumplir sus sentencias, otros permanecen tras las rejas en Estados Unidos.
Liderazgo
Los hermanos Carlos y Vicente Castaño estuvieron al mando de las AUC desde sus orígenes a finales de los años 90, siendo Carlos Castaño el principal comandante. Sin embargo, tras las disputas al interior de la organización, Carlos Castaño renunció a la comandancia general a mediados de 2001, y otras figuras de la cúpula paramilitar, como su hermano Vicente y Salvatore Mancuso Gómez, ganaron protagonismo.
Además de los principales comandantes políticos y militares de la organización, cada uno de los bloques de las AUC contaba con un liderazgo propio. Algunos de estos liderazgos podían actuar de manera semi-independiente de la cúpula de la organización, lo que dificultó la cohesión interna del grupo y la injerencia real de la comandancia general dentro de las decisiones en los territorios donde los grupos hacían presencia.
Geografía
En el apogeo de su poder, las AUC mantuvieron operaciones en dos terceras partes de Colombia, con una presencia particularmente fuerte en la región de la costa Caribe, al norte de Colombia. Sin embargo, los bloques paramilitares también se expandieron a otras regiones claves para la cadena del narcotráfico, como la costa Pacífica, diferentes departamentos de la Amazonía y los llanos orientales.
Aliados y enemigos
Los principales enemigos de las AUC fueron las guerrillas de izquierda más representativas del país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Para debilitar a sus principales adversarios, y beneficiar sus intereses propios, las AUC establecieron importantes alianzas con militares, empresarios y políticos a nivel local, regional y nacional. Tras la desmovilización paramilitar, más de 250 políticos, entre ellos 72 congresistas y 15 gobernadores, fueron condenados por vínculos con los grupos paramilitares en un caso conocido como la “parapolítica”. Estas alianzas fueron claves para la expansión del fenómeno paramilitar por amplias zonas del país.
Perspectivas
Algunos de los principales comandantes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos en 2008 han retornado a Colombia, donde se han enfrentado a procesos judiciales vigentes por desplazamientos forzados, masacres, desapariciones forzadas, homicidios, abusos sexuales, entre otros hechos victimizantes.
A su retorno a Colombia, algunos comandantes paramilitares, como Hernán Giraldo Serna, han sido expulsados de los beneficios jurídicos transicionales —otorgados por la ley de Justicia y Paz— por haber seguido delinquiendo después de su desarme. Otros han buscado ser incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia creado en el marco del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, argumentando que además de haber hecho parte de los grupos paramilitares, fueron terceros financiadores o colaboradores. El primer jefe paramilitar en ser aceptado en esa jurisdicción fue Salvatore Mancuso, quien retornó a Colombia a finales de febrero de 2024, tras pasar 16 años tras las rejas en Estados Unidos.