Un reciente anuncio sobre el descenso en los índices criminales por parte de las autoridades de Venezuela podría parecer, a primera vista, un avance en materia de seguridad. Sin embargo, esta reducción se debe más a un reacomodo criminal en el país que a la respuesta efectiva del Estado.

En mayo, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Remigio Ceballos Ichaso, anunció en el marco de un Consejo de Seguridad que los indicadores criminales en el país se redujeron en un 25,1% en comparación con las estadísticas del 2023. 

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De acuerdo con la información divulgada por Ceballos, la disminución de la incidencia delictiva responde a los operativos a gran escala de las fuerzas de seguridad contra el crimen y la violencia en el país.

Una idea similar fue divulgada en diciembre de 2023 por el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró públicamente que “el país tiene los mejores resultados en más de 20 años en cuanto a seguridad ciudadana, paz interna y protección del pueblo”.

Los anuncios coinciden con cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), organización que estudia la inseguridad y violencia a nivel nacional, que también registró una disminución en las muertes violentas en comparación con los años 2022 y 2023.

No obstante, mientras el gobierno atribuye la mejora en la seguridad a la intervención de las fuerzas armadas, las interpretaciones sobre las causas de la disminución de actividad criminal esconden una realidad mucho más compleja.

A continuación, InSight Crime explora los principales motivos detrás de la aparente reducción de la criminalidad en el país que alguna vez fue catalogado como el más peligroso de América Latina.

Masiva migración criminal

Más allá de las operaciones a gran escala contra las estructuras criminales del país, el OVV concluye en su último informe de violencia que la reducción del crimen en Venezuela estaría relacionado con la migración de algunas bandas criminales hacia el extranjero.

La crisis económica en Venezuela, que se viene profundizando desde 2015, además de afectar el bolsillo de los ciudadanos, también ha tenido un impacto negativo significativo en los grupos criminales locales. El debilitamiento de los sectores laborales y comerciales ha reducido las oportunidades para la extorsión y los secuestros, ya que el universo de negocios y ciudadanos en capacidad de pagar rescates o impuestos extorsivos se redujo significativamente.

“El crimen desciende en Venezuela por la destrucción de la economía del país. Digámoslo en términos más técnicos, por la pérdida de oportunidades para el crimen”, le dijo a InSight Crime el director del OVV, Roberto Briceño-León.

La reducción de oportunidades en Venezuela ha provocado que bandas criminales como el Tren de Aragua, Yeico Masacre y los Meleán, entre las más nombradas, se infiltren en la diáspora venezolana hacia otros países de la región.

Estas bandas, especialmente el Tren de Aragua, han explotado la vulnerabilidad de los migrantes y la falta de cooperación entre las autoridades de la región para establecerse y expandir sus operaciones delictivas. En Chile, Colombia y Perú, países más afectados por este fenómeno migratorio, la expansión de estas organizaciones ha incrementado notoriamente los escenarios de violencia y criminalidad.

Monopolización de la violencia

El dominio territorial y criminal que han adquirido algunos grupos armados no estatales en varias regiones del país ha creado una falsa sensación de seguridad. Así mismo, en su informe anual, el OVV habla de acuerdos que el gobierno ha pactado con algunos grupos criminales, y la monopolización de la violencia por parte de actores armados no estatales en algunas regiones del país.

El caso más emblemático es tal vez el del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla de origen colombiano. En zonas fronterizas del estado de Apure, en la frontera con Colombia, este grupo se convirtió en la principal fuente de extorsiones y secuestros a ganaderos y habitantes locales, luego de recibir el favorecimiento del régimen de Maduro. 

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Uno de los principales ejemplos de su colusión con el Estado venezolano se presentó en 2022, cuando coordinó esfuerzos con el ejército venezolano para expulsar del estado de Apure al Frente 10 de las ex-FARC mafia, facción guerrillera que también estaba involucrada en extorsiones y un control social férreo en la región.

“En algunos casos, la gente puede empezar a sentirse más segura porque al final solo tiene que pagarle a un bandido en lugar de a tres. Le pagan a un bandido grande, y este los protege”, puntualizó Briceño-León.

Aunque inicialmente el control territorial ejercido por el ELN podría parecer una mejora en la seguridad local, los residentes locales se encuentran sujetos a rigurosas normas de convivencia, imposición de tributos ilegales y restricciones a su movilidad por parte de la guerrilla. El incumplimiento de estas normas conlleva castigos severos.

“En ocasiones Guasdualito parece la ciudad más segura del país porque la controla la guerrilla”, le dijo a InSight Crime un ganadero de Apure que prefirió omitir su nombre por posibles represalias.

Control de la narrativa oficial

A pesar de la campaña que ha realizado el gobierno venezolano para promocionar el descenso delictivo en el país, la ausencia de reportes oficiales sobre este fenómeno impide contrastar la veracidad de dicha información.

Los anuncios sobre el descenso de la criminalidad, además de carecer de soporte documental, también han sido contradictorios. Mientras la cifra más reciente indica una reducción del crimen en un 25%, a comienzos de mayo Ceballos informó una disminución del 24%, y en diciembre de 2023 se reportó una caída del 16%.

A partir de 2015,las estadísticas oficiales sobre seguridad a nivel nacional y regional, incluyendo datos sobre homicidios, extorsiones y secuestros, dejaron de ser publicadas por las autoridades venezolanas en Venezuela. 

En lugar de que el gobierno se encargue de divulgar esta información a la opinión pública, medios de comunicación y ONGs como el OVV se han encargado de asumir la tarea de recolectar las estadísticas en diferentes sectores económicos y sociales.

No obstante, las organizaciones o medios de comunicación que publiquen información que contradiga la voz oficial del gobierno, están expuestas a la persecución del aparato estatal. Más allá del cierre de medios de comunicación privados y el hostigamiento a varios periodistas, el régimen está cerca de aprobar por medio del parlamento de Venezuela una ley para tener mayor control sobre las ONGs.

Junto con el secretismo estatal que rodea la información de criminalidad, Venezuela se encuentra en un año electoral donde la seguridad se convierte en un instrumento clave para aumentar la poca popularidad que le queda al gobierno de Maduro. 

Imagen principal: Maduro saluda a oficiales de la Policía Nacional Bolivariana en medio de un evento oficial. Crédito: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela.