Las cifras de violencia contra civiles en Colombia aumentan en medio de las múltiples crisis de la política de Paz Total y el fortalecimiento de los grupos armados y criminales en el país. 

Entre enero y mayo de 2024, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) registró un aumento del 36% en el número de personas afectadas por desplazamiento, 171% en personas afectadas por confinamientos, y 13,8% en acciones armadas en Colombia, en comparación con el mismo periodo del 2023. Hasta la fecha, 53.600 personas se han visto afectadas por confinamientos y 29.200 personas por desplazamientos masivos en el país.

“Desde enero de 2024 se ha registrado un aumento significativo del número de confinamientos. En todos los meses del primer trimestre se ha presentado un incremento de eventos si se compara con el mismo periodo del año anterior, destacando especialmente el mes de marzo, con casi cuatro veces más eventos” manifestó OCHA a InSight Crime en una comunicación electrónica.

La situación de seguridad en Colombia se ha visto agravada por varios factores, desde el accionar criminal de los grupos armados en los territorios, hasta las afectaciones en las mesas de negociación en el marco de la Paz Total, la política del presidente Gustavo Petro que plantea negociaciones paralelas con diferentes grupos armados y bandas criminales del país.

A continuación, InSight Crime analiza los patrones de la violencia en Colombia y los principales factores detrás de su aumento.

Las disputas criminales avivan la violencia

La región del Pacífico, que comprende los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, ha sido la más afectada por la violencia durante 2024. En estos departamentos existen disputas criminales que aumentan el número de personas afectadas. 

En Chocó, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) llevan años enfrascados en una guerra sin cuartel por territorios clave para el tráfico de drogas desde el Pacífico norte y para la minería ilegal. En Cauca y Nariño, por su parte, el ELN y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —también conocidas como ex-FARC mafia—  luchan por el control de zonas cruciales para diferentes momentos de la cadena del narcotráfico, desde el cultivo de coca y el procesamiento de cocaína, hasta los puertos de salida marítima de la droga. 

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En Putumayo y Caquetá, la crisis humanitaria se deriva de los enfrentamientos entre el Frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central (EMC) de las ex-FARC mafia, y los Comandos de la Frontera, aliados a la Segunda Marquetalia, otra facción de las disidencias de las FARC. El departamento de Putumayo es uno de los focos de cultivo de coca del país y es un punto de partida clave para los cargamentos de droga que salen hacia Ecuador y Brasil por el río Putumayo. 

“En los últimos meses, estas dinámicas [de violencia] han resultado en confinamientos de gran magnitud con más de 17.000 personas afectadas en los municipios Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Villagarzón en Putumayo y Solano en Caquetá, zonas en las que no se habían presentado esta clase de emergencias en años”, comentó OCHA.

Otras zonas, como el sur del departamento de Bolívar, también registraron un aumento en los niveles de violencia. Desde 2023, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el incremento en los enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC, el ELN, y las AGC por el control de la zona, que es un corredor clave para el tráfico de drogas y la minería ilegal. 

Se estancan las negociaciones de paz

El incremento de los incidentes humanitarios ocurre mientras el gobierno de Gustavo Petro negocia con algunos de los grupos armados más grandes del país: el ELN y facciones asociadas al EMC. Sin embargo, ambos escenarios de negociación se encuentran en vilo.

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Los diálogos con el ELN se estancaron en febrero, luego de que el gobierno anunció el inicio de un diálogo regional con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, un grupo que se declaró en rebeldía respecto al Comando Central (COCE), el principal órgano de liderazgo del ELN. Los emisarios de la organización guerrillera rechazaron los hechos argumentando que solo los delegados a nivel nacional están autorizados para negociar con el gobierno, por lo que congelaron la mesa de diálogos. 

Además, en mayo esta guerrilla anunció la reactivación de los secuestros extorsivos como forma de financiación, lo que trajo tensiones por parte de los negociadores del gobierno. Aunque ambas partes firmaron un acuerdo de participación de la sociedad civil en los diálogos, el ELN afirma que la mesa sigue congelada. 

Por su parte, los diálogos con el EMC se fragmentaron en marzo, cuando Petro suspendió el cese al fuego en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que agrupan el 30% de los incidentes humanitarios registrados por OCHA entre enero y mayo. Este rompimiento del cese al fuego se dio luego de que una lideresa indígena falleciera tras un ataque cometido por facciones asociadas al EMC en Cauca.  Las tensiones al interior del EMC en cuanto a continuar negociando con el gobierno llevó a los frentes leales a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, a levantarse de la mesa, mientras algunos otros decidieron continuar con el proceso de negociación. 

Las crisis en las negociaciones han puesto en duda la efectividad de la política de Paz Total del gobierno en reducir los índices de violencia en los territorios donde estos grupos hacen presencia.

“Entre enero y abril de 2024, los continuos enfrentamientos entre Grupos Armados No Estatales y la suspensión del cese al fuego bilateral entre el gobierno y uno de estos grupos resultaron en un aumento de personas afectadas por confinamiento y desplazamiento forzado masivo, especialmente en los departamentos de Cauca, Putumayo, Caquetá y en el Magdalena Medio, principalmente el Sur de Bolívar”, dijo OCHA a InSight Crime.

Además, los ceses al fuego con el ELN y el EMC solo han reducido la violencia contra las fuerzas de seguridad, sin embargo, los enfrentamientos entre grupos ilegales se mantienen, lo que genera afectaciones sobre la sociedad civil. 

“El cese al fuego es con las Fuerzas Armadas, pero no con la comunidad”, explicó a InSight Crime Alejandra López, analista humanitaria. 

Más violencia, mayor control social

Frente al incremento de la violencia y conflicto, los grupos armados y criminales han profundizado su control social. 

Una de las principales formas que ha tomado ese control es la carnetización de los habitantes en territorios donde los grupos tienen presencia, para controlar la entrada y salida de personas. Durante el año, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones han denunciado el aumento de la carnetización por parte de las disidencias de las FARC en los departamentos de Meta, Nariño, Antioquia y Cauca, Tolima y Huila, entre otros. 

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Además, los grupos han aumentado las restricciones de movilidad en departamentos como Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, Meta, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Santander, Guaviare, Arauca y Putumayo.

“Las restricciones a la movilidad y/o acceso forman parte de la estrategia de control de Grupos Armados No Estatales, incluyendo el control de comercios, restricciones horarias de movilidad, limitaciones de acceso a zonas de cultivos y en algunos casos la carnetización de personas”, explicó OCHA. 

Al igual que la carnetización y las restricciones de movilidad, la imposición de confinamientos por parte de grupos armados está orientada a controlar la entrada y salida de personas del territorio, así como el flujo de bienes y servicios a la comunidad. Esto no solo les brinda un mayor control territorial, también, les permite movilizar tropas y recursos ilegales sin mayores impedimentos. En febrero, el ELN –en el marco de su disputa territorial con las AGC– decretó un paro armado que afectó aproximadamente a 24.000 personas en Chocó. 

En otros casos, los confinamientos ocurren porque  las víctimas de violencia prefieren no desplazarse, explica Manuela Barrero, una analista que ha investigado el tema a profundidad.

“Si se desplazan a la cabecera municipal más cercana, no existe una respuesta efectiva por parte del Estado para reubicarlos o poderles garantizar esas necesidades humanitarias”, afirmó, añadiendo que además el desplazamiento puede generar más presión por parte de los grupos armados, que buscan evitar que se visibilice el impacto humanitario de sus actividades.

Imagen principal: Retén ilegal del EMC realizado en abril de 2024 en Corinto, Cauca. Crédito: AP.