El intento de asesinato de familiares de la vicepresidenta de Colombia evidencia el deterioro de la situación de seguridad en el suroccidente del país y pone en riesgo el ya tambaleante escenario de paz con el mayor grupo criminal de la zona.

El 16 de junio, hombres en motocicleta dispararon contra un vehículo en el que viajaban Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta Francia Márquez, y su sobrino de seis años, en una carretera cerca a Jamundí, al sur del departamento de Valle del Cauca. 

Los dos viajaban desde Suárez –ciudad natal de Márquez, ubicada en el departamento de Cauca– a Cali, la capital de Valle del Cauca, cuando fueron atacados. La familia escapó sin heridas.

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Las autoridades afirman que los atacantes pertenecían al Frente Jaime Martínez, subgrupo del Estado Mayor Central (EMC) de las ex-FARC mafia, una federación de frentes disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

El EMC está detrás del reciente aumento de la violencia en Cauca y Valle de Cauca.

Al día siguiente del atentado, miembros del Frente Carlos Patiño –otro subgrupo del EMC– lanzaron explosivos desde drones contra viviendas en Argelia, Cauca, hiriendo a cuatro personas. El 12 de junio, el grupo hirió a tres soldados en un ataque con drones en el mismo municipio.

Los grupos del EMC ya habían perpetrado ataques violentos en otros lugares de estos departamentos. Durante mayo y junio, atacaron estaciones de policía, dispararon contra helicópteros militares, detonaron motocicletas bomba y asaltaron un banco, dejando decenas de muertos y heridos.

La ola de violencia comenzó tras la decisión del gobierno colombiano de suspender el cese al fuego con el EMC en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, después de que miembros del grupo asesinaran a una lideresa indígena en Cauca. Las partes habían mantenido el cese al fuego desde octubre de 2023 como parte del ambicioso plan de Paz Total del presidente Gustavo Petro, a través del cual busca negociar acuerdos de paz con los principales grupos armados y bandas criminales de Colombia.

En respuesta a la suspensión del cese al fuego, el máximo dirigente del EMC, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias «Iván Mordisco«, declaró que el grupo no continuaría los diálogos con el gobierno a menos que se restableciera el cese de hostilidades en todo el país.  

Esto provocó una división dentro del EMC. Algunos grupos han reanudado sus ataques contra el gobierno, mientras que otros –aproximadamente el 40% del total de la organización– permanecen en las negociaciones, según Camilo González, principal negociador del gobierno en los diálogos con el EMC.

En respuesta a las agresiones de los grupos del EMC, Petro ha adoptado un enfoque de «guerra total», una estrategia notablemente diferente a sus anteriores intentos de hacer frente al EMC, que han recurrido al cese de hostilidades como intento de reducir la violencia. 

“La ofensiva contra el EMC en el Cauca debe ser total. Son asesinos del pueblo y traficantes,” dijo el presidente Petro en su cuenta de X a comienzos de mayo.

Análisis de InSight Crime

El atentado contra la familia de la vicepresidenta y el fuerte aumento de la violencia en el suroccidente colombiano sugieren que la paz en esa región se está convirtiendo en una posibilidad cada vez más remota.

Los departamentos de Cauca y Valle del Cauca desempeñan un papel crucial en el narcotráfico, al ser importantes regiones productoras de coca, albergar laboratorios de producción de cocaína y servir de puntos de salida de la droga.

Los municipios donde se han concentrado la mayoría de las acciones violentas –entre ellos Argelia, El Tambo, Morales, Suárez y Jamundí– forman parte de un corredor estratégico. Este eje conecta enclaves cocaleros y productores del Cauca con el Valle del Cauca, donde se encuentra Buenaventura, puerto clave para el narcotráfico en la costa Pacífica.

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El Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) es la facción del EMC con presencia en estos municipios. Sus distintos frentes controlan prácticamente todo el narcotráfico y la minería ilegal de la zona.

El BOCJA es una de las facciones más fuertes del EMC, con más del 50% del total de miembros de la organización, según la Fundación Conflict Responses, una ONG colombiana que investiga el conflicto armado y el crimen organizado. Sus frentes controlan la mayor parte del territorio donde el gobierno suspendió el cese al fuego con el EMC en marzo y es una de las varias facciones que han dejado de negociar. Su ausencia es una de las principales causas de la violencia actual.

Durante el cese al fuego del gobierno con el grupo, el EMC no se enfrentó a ninguna amenaza inminente por parte de las fuerzas de seguridad y redirigió sus esfuerzos militares hacia los combates con otros grupos armados, según declaró en abril el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez.

En la práctica, esto significó que los frentes del BOCJA tuvieron margen de maniobra para aumentar su participación en el narcotráfico, la minería, la extorsión y otras economías ilícitas en Cauca y Valle del Cauca mientras negociaban un acuerdo de paz.

También les dio tiempo para reclutar a nuevos miembros y defenderse de grupos criminales rivales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia –otro grupo de las ex-FARC mafia– que intentaban incursionar en este lucrativo enclave cocalero.

«En el Cauca se mueve mucho dinero debido a las economías ilícitas», dijo a InSight Crime un coronel retirado del ejército colombiano que pidió anonimato. «¿Saldrá el [EMC] de la zona para que entren otros grupos? Nunca lo van a hacer».

Con el cese de hostilidades suspendido, el BOCJA se enfrenta a una presión cada vez mayor de las fuerzas militares. Es probable que sus ataques sean intentos de aumentar su influencia y presionar al gobierno para que vuelva al cese al fuego. Sin embargo, el gobierno no ha cambiado de postura.

“Si lo que pretende esa organización criminal es que nos rindamos y pactemos nuevamente un cese, están equivocados, porque no habrá reanudación de cese al fuego con el EMC en Nariño, Cauca y Valle del Cauca”, dijo Velásquez ante el congreso colombiano el 17 de junio.

A pesar de las declaraciones de Velásquez, el gobierno no ha cerrado completamente la puerta a las negociaciones, exigiendo a la disidencia un desescalamiento de la violencia. Sin embargo, las continuas acciones violentas de los frentes del BOCJA y las operaciones militares del gobierno contra ellos han hecho que la posibilidad de reanudar el diálogo sea cada vez más remota.

Imagen principal: La policía limpia los escombros de la explosión de una motocicleta bomba en el centro de Jamundí, Valle del Cauca, Colombia. Crédito: EFE