¿Cómo planean enfrentar el crimen organizado las candidaturas a la presidencia de México?

Las candidatas y el candidato a la presidencia de México ofrecen propuestas de seguridad que en su mayoría son ambiguas y no logran abarcar la complejidad del crimen organizado en el país.

El próximo 2 de junio, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, liderada por el partido gobernante Movimiento de Renovación Nacional (Morena); Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, compuesta por los tres principales partidos de oposición; y Jorge Álvarez Máynez del partido de centro-izquierda Movimiento Ciudadano, se disputarán la presidencia de México.

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A continuación, InSight Crime analiza las propuestas presentadas por las candidaturas para enfrentar estos retos. Nos basamos en sus documentos de propuestas, declaraciones públicas y su participación en el debate presidencial del 19 de mayo. Además, contactamos a todos los equipos de campaña para pedir que aclararan y profundizaran sus ideas, pero hasta el momento de publicación no recibimos respuesta.

Combate a los grupos criminales

Las elecciones ocurren en un momento crítico. El país sigue inmerso en una ola de violencia, en gran parte propiciada por el crimen organizado, que ninguna de las administraciones anteriores ha logrado frenar y que solo durante el proceso electoral ha cobrado la vida de decenas de aspirantes políticos.

Por su parte, los grupos criminales continúan demostrando su capacidad de control territorial y social, y han sido resilientes a las acciones del gobierno. Mientras algunos son cada vez más sofisticados en cuanto a su participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero, otros han consolidado prácticas más depredadoras, como la desaparición forzada y la extorsión.

La seguridad pública y el combate a las organizaciones criminales son temas en los que las candidaturas difieren considerablemente. 

Sheinbaum, quien actualmente lidera las encuestas, ha prometido enfocarse en atender las causas del crimen organizado mediante programas sociales desarrollados durante el gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que buscan emparejar a jóvenes con oportunidades económicas para evitar el reclutamiento de grupos criminales.

“Vamos a sacar a los jóvenes de sus vínculos con las bandas delictivas y les vamos a dar apoyo”, mencionó la candidata durante el tercer debate presidencial, celebrado el 19 de mayo.

La propuesta es prometedora, pero no queda claro si los programas han sido efectivos. Aunque el gobierno asegura haber aumentado las posibilidades de conseguir empleo, cientos de miles de niños y jóvenes continúan en riesgo de ser reclutados, según estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Álvarez Máynez, por su parte, propone crear un sistema nacional de reinserción social con enfoque en derechos humanos, el cual incluya proporcionar atención a los jóvenes que deseen alejarse de las organizaciones criminales. Sin embargo, el candidato no ofrece mayores detalles sobre cómo piensa implementar estos programas.

Sheinbaum también plantea aumentar las capacidades de la Guardia Nacional, al incrementar el número de agentes, convertirlos en primeros respondientes, mejorar sus capacidades de vigilancia sobre carreteras y fortalecer su colaboración con las fiscalías. Además, ha abogado por un mando militar de esta institución.

Esta propuesta es controversial, ya que, aunque la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional son militares, este cuerpo está bajo la sombrilla de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, por lo que debería actuar como un organismo de policía. Además, la Suprema Corte de Justicia recientemente invalidó los esfuerzos del gobierno por transferir la institución a las fuerzas armadas. 

El componente militar de la Guardia Nacional ha generado críticas y preocupaciones entre expertos y defensores de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ejemplo, ha publicado más de 85 quejas a esta institución por abuso de fuerza o tortura. Lilian Chapa, analista y experta en instituciones de seguridad, añade que la Guardia Nacional actualmente no cumple con las funciones que debería de tener una policía, como la investigación y la prevención de delitos.

“Es urgente, para quien sea que gane, que la Guardia Nacional esté mejor capacitada en funciones de seguridad pública,” dijo Chapa a InSight Crime.

Por otro lado, Álvarez Maynez propone limitar las acciones de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas a los territorios con mayores índices de violencia, al tiempo que se fortalecen las policías estatales y municipales. También propone la creación de una policía de investigación.

“[Necesitamos] una estrategia en la que, por la vía civil, formemos una policía competente”, dijo el candidato durante el debate.

De manera similar, Galvez aboga por un mando civil para la Guardia Nacional, aunque propone duplicar su número de agentes. También sugiere crear un nuevo sistema nacional de seguridad con mayor coordinación entre los distintos entes de gobierno y la sociedad civil. Sin embargo, no descarta el uso de las fuerzas armadas y propone que continúen combatiendo a los grupos criminales. 

“[Las fuerzas armadas] defenderán a México de la principal amenaza contra nuestra soberanía: el control territorial del crimen organizado”, dijo la candidata a inicios de marzo durante un discurso ante sus seguidores en el estado de Zacatecas.

En general, las propuestas de Gálvez contra el crimen organizado son más combativas que las de las otras candidaturas. Por ejemplo, propone identificar a los generadores de violencia y encarcelarlos durante los primeros dos años de gobierno, así como construir una nueva cárcel de máxima seguridad para “los peores delincuentes”.

En el contexto mexicano, la confrontación directa con las organizaciones criminales y los arrestos masivos de cabecillas no necesariamente han reducido los índices de violencia. Sin un plan de recuperación de vacíos de poder por parte del estado, se abre la posibilidad de violaciones de derechos humanos y se contribuye a la constante atomización de las organizaciones criminales. 

“Es necesario el uso de las fuerzas armadas en ciertos territorios donde el armamento de los grupos criminales es equiparable. Pero se necesita combinar con una policía capaz y, sobre todo, con una persecución penal eficiente,” precisó Chapa a InSight Crime.

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Por otro lado, Sheinbaum y Gálvez parecen reconocer de manera superficial la diversificación de las actividades de los grupos criminales. Sheinbaum propone, sin mayores detalles, fortalecer la colaboración entre distintas agencias para combatir las finanzas de los grupos criminales, algo que se ha dificultado en todos los gobiernos anteriores.

Además, tanto Sheinbaum como Gálvez abordan la extorsión. La primera sugiere tipificarla en la ley como delito grave, mientras que Gálvez propone designar a las bandas que extorsionan como objetivos principales del gobierno.

Samantha Pérez Dávila, analista de seguridad y editora de la sección de Paz y Seguridad de la Revista Nexos, considera que estas propuestas son insuficientes y que no demuestran un entendimiento de la complejidad de los grupos criminales y la penetración que tienen en diversos mercados.

“No se hace mención sobre todos los sectores [legales e ilegales] en los que hay participación de grupos criminales. Por ejemplo, la provisión de servicios que deberían de estar a cargo del Estado,” dijo a InSight Crime.

En esa misma línea, las candidaturas tampoco han presentado propuestas concretas para abordar la colusión del crimen organizado con el Estado. 

Claudia Sheinbaum	Xóchitl Gálvez	Jorge Álvarez Maynez
Tipificar la extorsión como delito grave.	Establecer como prioridad a las bandas que extorsionan.	Fortalecer y capacitar a los cuerpos policiales.
Programas sociales para prevenir el reclutamiento de jóvenes.	Encarcelar a los principales generadores de violencia en los dos primeros años de gobierno y construir una cárcel de máxima seguridad.	Crear la policía investigadora.
Fortalecer la coordinación para atacar las finanzas de grupos criminales.	Establecer un nuevo sistema nacional de seguridad y fortalecer a los cuerpos policiales.	Crear un sistema nacional de reinserción social.
Ampliar las capacidades de la Guardia Nacional y pasar a un mando militar.	Mantener la Guardia Nacional en un mando civil y duplicar sus integrantes. Combatir el control territorial de los grupos criminales con las fuerzas armadas.	Delimitar las tareas del ejército y la Guardia Nacional a territorios con altos índices de violencia.

Desaparición forzada

La crisis de personas desaparecidas es un tema central en las propuestas de reducción de violencia. La desaparición forzada está íntimamente relacionada con los grupos criminales y  algunos elementos del Estado, y se ha utilizado para intentar controlar mercados ilícitos y territorios, así como para infundir terror en la población.

Durante los últimos tres gobiernos, varios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han denunciado la constante indiferencia por parte del Estado e incluso han recibido intimidaciones y amenazas.

Sheinbaum no ofrece propuestas innovadoras al respecto, sino que se limita a mencionar que su gobierno continuará con los protocolos actuales de búsqueda. Estos han tenido resultados limitados, ya que la búsqueda de personas continúa siendo liderada por familiares y organizaciones de la sociedad civil.

Gálvez y Álvarez Máynez presentan algunas alternativas. El candidato propone dotar de autonomía a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Especial de Atención a Víctimas, que actualmente dependen de la Secretaría de Gobernación y, por lo tanto, están sujetas a los intereses del poder ejecutivo. Además, sugiere crear una base de datos de personas desaparecidas con información en tiempo real.

Para que esta propuesta tenga éxito, sería necesario fortalecer la colaboración con las fiscalías locales. Varios colectivos de búsqueda han denunciado que estas están rebasadas y que no transmiten la información a las autoridades correspondientes a tiempo.

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Por su parte, Gálvez asegura que atender la crisis de desapariciones será una prioridad durante su gobierno. Entre sus propuestas, menciona la instalación de un consejo de escucha permanente con las organizaciones de la sociedad civil y reuniones periódicas con los familiares de personas desaparecidas.

Asimismo, Gálvez propone crear un fondo nacional dedicado a las víctimas del crimen organizado, utilizando recursos incautados a las redes criminales. Los principales beneficiarios serían las hijas e hijos de las personas desaparecidas o asesinadas.

Aunque la propuesta es prometedora e innovadora, corre el riesgo de ser demasiado ambiciosa. El tema de desaparición forzada ha sido utilizado como un recurso electoral por varias candidaturas, que pocas veces demuestran mantener sus promesas en el tiempo.

Además, según una reciente investigación de InSight Crime, las capacidades del Estado mexicano para lograr la extinción de dominio son limitadas. Por lo tanto, la candidata deberá también considerar medidas para fortalecer a las instituciones encargadas.

Claudia Sheinbaum	Xóchitl Gálvez	Jorge Álvarez Maynez
Dar seguimiento a protocolos actuales de búsqueda de personas.	Realizar reuniones periódicas con los familiares e instalar un consejo de escucha permanente para las organizaciones de la sociedad civil.	Dotar de autonomía a la Comisión Especial de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Implementar un sistema de búsqueda con datos de las fiscalías estatales.	Creación del Fondo Nacional de Atención a Víctimas, con los recursos incautados del crimen organizado.	Generar una base de datos de víctimas y desaparecidos con información en tiempo real.

Política de drogas

Uno de los retos de seguridad más importantes que afrontará el próximo gobierno es el crecimiento de la producción, tráfico y consumo de metanfetamina y el fentanilo. 

En sus propuestas de políticas de drogas, las tres candidaturas parecen buscar acercarse a un enfoque de reducción de demanda. Tanto Sheinbaum como Gálvez proponen fortalecer y ampliar los programas para la prevención de adicciones, con Sheinbaum haciendo énfasis particular en las drogas sintéticas. 

Sin embargo, ambas se quedan cortas en explicar cómo lograrán este fortalecimiento y qué cambios específicos planean implementar en los sistemas actuales de tratamiento. Las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, han denunciado la insuficiencia de clínicas con licencia, la falta personal capacitado y la predominancia de una narrativa estigmatizante contra usuarios por parte del gobierno. 

“Se necesita un cambio de visión hacia la reducción de daños. Una narrativa enfocada en alcanzar el nulo consumo de sustancias no es sostenible ni realista,” dijo Pérez Dávila. 

Álvarez Máynez va más allá que sus contrincantes y propone pasar del modelo prohibicionista a uno de regulación. Esto incluiría legalizar el consumo de drogas, eliminar el delito de posesión y aplicar impuestos a la comercialización de estas sustancias. 

“La guerra contra las drogas fue un error», aseveró el candidato durante el debate.

Aunque la propuesta del candidato es innovadora, se basa principalmente en evidencia del mercado de marihuana y no especifica si estas reformas se aplicarían a otras sustancias de mayor impacto, como las drogas sintéticas. 

“Falta un mayor entendimiento sobre los mercados de droga y aclarar qué pasos se necesitan para llegar a un modelo de regulación”, comentó Pérez Dávila.

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Por otro lado, Gálvez incluye algunas propuestas para reducir la oferta de drogas y debilitar el narcotráfico. Por ejemplo, propone crear una Agencia Norteamericana de Aduanas, que, entre otros aspectos, se enfocará en prevenir el ingreso ilícito de precursores químicos.

La idea es prometedora, ya que podría aumentar la visibilidad sobre importaciones sospechosas de productos químicos que podrían ser desviados hacia la producción de drogas sintéticas. Sin embargo, podría tener un enfoque limitado si no se acompaña de una mayor colaboración con el sector privado, dado que los productores de drogas utilizan cada vez más sustancias menos reguladas, ampliamente utilizadas en actividades económicas legales. 

Sheinbaum parece ignorar la creciente producción de drogas sintéticas en México, pero asegura que mantendrá el programa Sembrando Vida, implementado durante el gobierno de AMLO como oportunidad para la sustitución de cultivos ilícitos. InSight Crime reportó sobre un caso de éxito de este programa en una comunidad en el estado de Sinaloa. Sin embargo, los resultados a lo largo del país han sido variados y, hasta ahora, el gobierno no ha publicado una evaluación de la efectividad del programa para este objetivo.

Claudia Sheinbaum	Xóchitl Gálvez	Jorge Álvarez Maynez
Programas para prevenir las adicciones, en particular de drogas sintéticas.	Programas para prevenir las adicciones.	Pasar a un modelo de regulación de drogas y aplicar impuestos a su comercialización.
Mantener el programa Sembrando Vida para la sustitución de cultivos ilícitos.	Crear la Agencia Norteamericana de Aduanas para prevenir la importación de precursores químicos.	Legalizar el consumo y eliminar el delito de posesión.

Cooperación internacional

Entre las tres candidaturas, las propuestas para mejorar la relación con otros países en materia de seguridad y combate al crimen transnacional son limitadas.

Es un tema considerable, ya que la relación bilateral con Estados Unidos se ha visto particularmente afectada durante el gobierno de AMLO, debido a tensiones respecto a la responsabilidad en la crisis de fentanilo y la violencia causada por armas. El presidente también ha limitado la presencia de agentes extranjeros en el país, lo cual ha resultado en críticas de parte del gobierno estadounidense.

Sheinbaum parece, en teoría, tomar una postura más abierta que su predecesor y propone impulsar grupos binacionales de trabajo con Estados Unidos para facilitar la cooperación en el desmantelamiento redes de narcotráfico, tráfico de armas, el lavado de dinero, tráfico de personas y otros delitos transnacionales. Sin embargo, no menciona cómo fortalecerá la relación con otros países relevantes para estas cooperaciones, como China, India, países centro y sudamericanos y europeos.

Los planteamientos de Gálvez parecen buscar una relación más equitativa entre México y Estados Unidos. Además del control de precursores químicos, su propuesta de crear la Agencia Norteamericana de Aduanas, que estaría integrada por agentes de ambos países, también tiene el objetivo de frenar el tráfico de armas hacia México. 

Asimismo, la candidata propone crear acuerdos con todos los países vecinos y con organismos internacionales para promover la colaboración en materia de inteligencia, formación policial y búsqueda de objetivos criminales.

En el caso de Álvarez Máynez, destaca la ausencia de propuestas sobre política exterior en materia de seguridad. El único planteamiento que ha presentado involucra continuar con los actuales procesos legales, iniciados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, contra fabricantes de armas en Estados Unidos que podrían estar involucrados en el tráfico ilícito.

Para Pérez Dávila, estas propuestas no son lo suficientemente claras en la manera en la que se piensan aplicar y se quedan cortas en cuanto a las posibilidades de colaboración internacional contra el crimen organizado.

“Un área de oportunidad, por ejemplo, podría ser la colaboración con agencias de inteligencia financiera de otros países, para entender las formas de financiamiento de los grupos criminales”, aseguró.

Claudia Sheinbaum	Xóchitl Gálvez	Jorge Álvarez Maynez
Grupos binacionales de trabajo con Estados Unidos para prevenir y combatir redes de crimen organizado.	Crear la Agencia Norteamericana de Aduanas para frenar la importación ilegal de armas desde Estados Unidos y prevenir el ingreso de precursores químicos.	Continuar con procesos legales contra fabricantes de armas en Estados Unidos.
Mantener diálogos de seguridad con Estados Unidos y Canadá.	Promover acuerdos de seguridad con todos los países vecinos y organismos internacionales para fines de inteligencia, formación policial y búsqueda de objetivos criminales.	Buscar una relación más horizontal con Estados Unidos en materia de seguridad.