Juan Orlando Hernández Alvarado es un expresidente de Honduras y narcotraficante convicto. Cumple una condena de 45 años en Estados Unidos tras ser declarado culpable de cargos de narcotráfico y armas el 8 de marzo de 2024.
Múltiples administraciones estadounidenses consideraron a Hernández un firme aliado mientras estuvo en el poder, y proporcionaron cientos de millones de dólares en ayuda militar a Honduras para reforzar las fuerzas de seguridad del país y luchar contra la llamada guerra contra las drogas. Pero durante el juicio, el tribunal escuchó cómo Hernández subvirtió las instituciones estatales de Honduras, incluidos el ejército y la policía, y las puso al servicio de algunas de las organizaciones criminales más poderosas del planeta.
Como jefe del Congreso, y luego presidente, Hernández fue la figura política más poderosa del país durante más de dos décadas. Pero su mandato se vio empañado por persistentes acusaciones de corrupción entre miembros de su círculo cercano, entre ellos su hermana y su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, quien está encarcelado en Estados Unidos tras ser condenado por narcotráfico en 2019.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) afirmó que Hernández y sus cómplices traficaron más de 400 toneladas de cocaína a través de Honduras durante su mandato en el gobierno hondureño. Hernández ha negado reiteradamente todas las acusaciones relacionadas con el narcotráfico y ha asegurado que los testigos que declararon en su contra en el juicio eran narcotraficantes con una vendetta.
Historia
Juan Orlando Hernández comenzó su carrera política en Gracias, su ciudad natal en el departamento de Lempira, al occidente del país, donde se vinculó al derechista Partido Nacional, en la década de 1990. Fue elegido congresista de Lempira en 1997.
En 2010, Hernández fue elegido presidente del Congreso Nacional, lo que consolidó su ascenso dentro del partido de gobierno. Pero a medida que su poder fue creciendo, se vio asediado por crecientes acusaciones de corrupción: durante su mandato como jefe del Congreso, el Fondo de Desarrollo Departamental, controlado por el Congreso, se apropió indebidamente de unos US$360 millones, que fueron usados para llenar las arcas del partido y financiar campañas políticas. El fondo era administrado por Hilda Hernández, la hermana de Juan Orlando, que dirigía el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión de Honduras.
Pero el escándalo no frenó el ascenso de Hernández y fue elegido presidente por primera vez en 2013. Las investigaciones de la comisión anticorrupción del país revelaron más tarde que se malversaron millones de dólares, los cuales fueron canalizados para su primera campaña presidencial.
Ganó un segundo mandato en 2017. Sin embargo, su reelección se vio empañada por controversias, incluyendo la anulación, por parte de la Corte Suprema del país, del límite de un solo mandato para los presidentes, con el fin de permitirle postularse nuevamente, así como acusaciones de fraude electoral.
Al mismo tiempo, varios traficantes comenzaron a dar testimonios que apuntaban al presunto papel de Hernández en lo que parecía ser un narcoestado. Luego, en 2018, su hermano Tony fue arrestado en un aeropuerto de Miami por tráfico de drogas. En los documentos judiciales que salieron a la luz en el caso de su hermano se identifica a Hernández como co-conspirador.
El juicio de su hermano por cargos de narcotráfico en 2019 convirtió al entonces presidente en objeto de acusaciones aún más condenatorias. Durante el juicio, Alexander Ardón, exnarcotraficante y exalcalde de El Paraíso, Copán, testificó que Tony había dado protección a sus operaciones a cambio de una contribución de US$2 millones para la campaña de su hermano.
Los fiscales estadounidenses también alegaron que Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, antiguo capo del Cartel de Sinaloa, le había entregado US$1 millón a Tony, el cual se presume era para el expresidente hondureño.
Los fiscales también mencionaron un libro contable confiscado a Nery Orlando López, un narcotraficante, en el que aparecían US$440.000 en pagos para “JOH y su gente”. El presidente suele ser conocido por sus iniciales. López fue brutalmente asesinado en prisión apenas una semana después del juicio de Tony.
Aunque en general los fiscales estadounidenses son reacios a nombrar presidentes en ejercicio durante las acusaciones penales, en varios casos y en la sentencia de su hermano continuaron sosteniendo que el exmandatario Hernández había aceptado sobornos y había participado de manera directa en el esquema de narcotráfico de su hermano. La acusación más explosiva se produjo en 2021, cuando un testigo en el juicio del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez afirmó que el expresidente Juan Orlando Hernández se había jactado de engañar a las fuerzas antidrogas de Estados Unidos.
“Vamos a meter las drogas en las narices de los gringos y no se van a dar ni cuenta”, supuestamente dijo el presidente.
Aun así, Hernández continuó siendo considerado un socio clave de Estados Unidos, dispuesto a ayudar al entonces presidente Donald Trump en su cruzada para evitar la llegada de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. También fue considerado un aliado en la llamada “guerra contra las drogas” de Estados Unidos. Como presidente, a menudo opinaba que nadie había hecho más por desmantelar y extraditar a los grupos de narcotraficantes hondureños que él mismo.
Fue solo en 2021, más de una década después de las repetidas acusaciones de malas conductas, que Washington realmente comenzó a distanciarse de la administración Hernández. En febrero de ese año ocho senadores demócratas propusieron un proyecto de sanciones a Hernández, afirmando que este había participado en un patrón de actividades criminales.
Para noviembre de 2021, el electorado de Honduras ya estaba hastiado del Partido Nacional, el partido de gobierno del que Hernández hace parte. La candidata Xiomara Castro obtuvo una victoria decisiva en las elecciones presidenciales, y poco después se especuló que Hernández podría ser acusado por fiscales estadounidenses tras dejar el cargo.
Después de la derrota, Juan Orlando Hernández fue nombrado inmediatamente en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en un intento de buscar la inmunidad frente a los enjuiciamientos.
Hernández fue condenado por cargos de tráfico de drogas y armas el 8 de marzo de 2024. El 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, un juez lo sentenció a 45 años de prisión.
Actividades criminales
El Distrito Sur de Nueva York declaró a Hernández culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de otros dos cargos relacionados con armas. En un documento de sentencia, los fiscales describieron a Hernández como “uno de los [acusados] más culpables jamás procesados en Estados Unidos”.
La principal forma en que Hernández participó en la conspiración de tráfico de cocaína fue utilizando su poder presidencial para proteger las actividades de los narcotraficantes, incluido su hermano Tony Hernández, a cambio de sobornos. Sin embargo, los fiscales también creen que Hernández participó, al menos en cierta medida, en el funcionamiento de laboratorios de cocaína y se asoció con Geovanny Fuentes Ramírez, un prolífico exnarcotraficante, para dirigir un laboratorio de drogas en el departamento norteño de Cortés.
El juicio de Hernández reveló más información sobre los vínculos entre el Partido Nacional de Hernández y el Cartel de Sinaloa. En 2013, el antiguo líder del cartel, Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo», voló para entregar personalmente una contribución de un millón de dólares a la campaña presidencial ganadora de Hernández de ese mismo año. El hermano de Hernández, Tony, recibió el dinero de El Chapo en la localidad de El Paraíso, un pequeño pueblo de la sierra occidental de Copán.
El Cartel de Sinaloa también aportó otros 2,4 millones de dólares a la campaña de Hernández, parte de los cuales se canalizaron a través de funcionarios portuarios corruptos.
Varias organizaciones narcotraficantes de Honduras también ayudaron a financiar las campañas de Hernández. La mayor donación provino de los Valles, que pagaron 4 millones de dólares a la ganadora candidatura presidencial de 2013. Los fondos se pagaron en efectivo y se entregaron a Tony Hernández en bolsas de lona en una gasolinera a las afueras de Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, también aportó al menos 3,5 millones de dólares procedentes del narcotráfico al Partido Nacional, según los fiscales. Ardón trabajó con Tony Hernández y los Valles para transportar cocaína a través de Honduras hasta El Paraíso, donde era trasladada al otro lado de la frontera y entregada a socios del Cartel de Sinaloa.
Como presidente, Hernández nombró a Juan Carlos “El Tigre” Bonilla jefe de la Policía Nacional de Honduras. Bonilla presuntamente trabajó con Tony y estuvo directamente implicado en la protección de narcotraficantes y sus actividades. Esto incluía la participación directa en asesinatos y la coordinación de movimientos de drogas con temibles grupos criminales, incluida la MS13.
El juicio de Hernández se basó principalmente en declaraciones de testigos y narcotraficantes condenados. Las pruebas físicas más importantes fueron llamadas telefónicas interceptadas, libros contables en los que se registraban los sobornos pagados a Hernández por los narcotraficantes y fotografías de Hernández con miembros de los Valles en el Mundial de 2010. Los datos extraídos del teléfono de Fuentes Ramírez también revelaron que había realizado al menos dos visitas al palacio presidencial mientras Hernández estaba en el poder.
Varios testigos potenciales de los crímenes de Hernández fueron asesinados antes de su detención. Nery López Sanabria, un antiguo traficante cuyos libros contables proporcionaron una prueba clave en los procesos judiciales tanto de Tony Hernández como, finalmente, de Juan Orlando Hernández, fue brutalmente asesinado por miembros de una banda en una prisión de máxima seguridad, apenas una semana después de la condena de Tony.
Otros dos testigos, que supuestamente habían recibido copias de las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban a Hernández aceptando sobornos de Fuentes, también fueron asesinados.
Hernández ha negado reiteradamente todos los cargos que se le imputan y, en su sentencia, describió su condena como un “linchamiento”.
Si bien anteriormente había admitido que recibió fondos de campaña de fuentes que se sabía que canalizaban fondos públicos malversados, Hernández sostiene que ignoraba el origen de esos fondos.
Geografía
Con la protección del Partido Nacional, los narcotraficantes transformaron a Honduras en una importante ruta de cocaína suramericana hacia México y Estados Unidos.
El oeste de Honduras fue el centro de poder de Hernández y su hermano Tony, quien también fue congresista del Partido Nacional. Allí, Tony Hernández comenzó a ejercer como agente de poder político con clanes del narcotráfico. Esta región sigue siendo clave para los narcotraficantes, que aprovechan la larga y porosa frontera de Honduras con Guatemala.
Entonces florecieron las rutas aéreas y marítimas. Las pistas de aterrizaje clandestinas para narcovuelos que transportaban cocaína hacia el norte se hicieron comunes en las regiones menos pobladas del país. Las rutas terrestres también eran populares entre los traficantes relacionados con Honduras.
Con la protección de Tony, los hermanos Valle Valle controlaban el principal corredor terrestre de Honduras hacia Guatemala, donde —desde al menos 2015—, se traficaban entre 150 y 300 toneladas de cocaína cada año.
Tony también trabajó con Alexander Amilcar Ardón, antiguo narcotraficante y alcalde de la pequeña localidad de El Paraíso. Aunque al principio los hermanos Valle Valle y Ardón eran rivales, Tony negoció una tregua entre ellos, formando una especie de federación, según los documentos judiciales. Estos grupos, junto con Tony, acabaron trabajando juntos para suministrar cargamentos de varias toneladas de cocaína al Cartel de Sinaloa.
Fue Ardón quien presentó inicialmente a Tony a El Chapo, y el narcotraficante hizo una contribución de un millón de dólares a la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández.
Aliados y enemigos
Mediante su hermano, Tony, Hernández supuestamente ofreció protección a algunas de las organizaciones narcotraficantes más prolíficas de Honduras.
Los principales clientes de Tony eran los hermanos Valle Valle, con quienes se inició en el tráfico de drogas a gran escala. Según documentos judiciales, Tony negoció una tregua entre estos y el mayor rival del grupo, el Cartel AA.
Hernández supuestamente les proporcionó a los socios de Tony protección política y el apoyo de las autoridades. Esto incluía los servicios del exdirector de la policía Juan Carlos Bonilla Valladares, alias “El Tigre”, quien está acusado de usar su posición para proteger los cargamentos de drogas a instancias de Tony Hernández.
Durante su año al frente de la Policía Nacional de Honduras, según fiscales estadounidenses, Bonilla presuntamente protegió cargas de varias toneladas de cocaína que viajaban desde Colombia y Venezuela hacia Guatemala. También llevó a cabo asesinatos en nombre de Tony, según testimonios judiciales. Bonilla fue extraditado a los Estados Unidos el 11 de mayo de 2022. Será juzgado junto con Juan Orlando Hernández.
Perspectivas
El 26 de junio de 2024, un juez de Nueva York condenó a Juan Orlando Hernández a 45 años de cárcel. A sus 55 años, Hernández pasará probablemente el resto de su vida entre rejas.
Es el tercer expresidente extranjero condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y se une a la compañía de Manuel Noriega, el brutal dictador de Panamá, condenado en 1992 por narcotráfico, asociación ilícita y blanqueo de dinero. Andrew Fahie, exprimer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, también fue condenado por narcotráfico en febrero de 2024.
Hernández tiene pocas posibilidades de obtener la libertad anticipada. Muchos traficantes condenados en Estados Unidos llegan a acuerdos de culpabilidad a cambio de penas más leves. Sin embargo, como los fiscales creen que Hernández estaba en la cima de la conspiración de cocaína y muchos de sus cómplices ya están en la cárcel, su influencia es limitada incluso si decide cooperar con futuras investigaciones antidroga estadounidenses.
El gobierno hondureño sigue persiguiendo a la antigua red de Hernández, gran parte de la cual permanece en Honduras.
La deportación periódica de los cómplices de Hernández de Estados Unidos a medida que expiran sus condenas también ha suscitado el temor de que temibles grupos criminales de antaño, como los Valles y los Cachiros, puedan resurgir en Honduras.