Los países latinoamericanos continuaron recibiendo bajas puntuaciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) anual de Transparencia Internacional, pero el informe presenta una visión limitada de las tendencias de la corrupción en la región.
En el índice de este año, publicado el 30 de enero, Transparencia Internacional señala la debilidad de los sistemas judiciales como una de las causas principales de los malos resultados de América Latina.
“La falta de independencia y transparencia del Poder Judicial facilita la corrupción y la influencia indebida por parte de élites políticas y económicas”, señala el informe. “Por esta razón, muchos sistemas judiciales de la región no son capaces de aplicar la ley de manera eficaz”.
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El IPC, un recurso comúnmente utilizado para informar sobre la corrupción, clasifica a los países entre 0 y 100 en función de los niveles percibidos de corrupción en el sector público, donde 0 representa la corrupción extrema y 100 la ausencia total de corrupción.
La percepción de la corrupción permaneció estable en general, y la puntuación media de América Latina disminuyó de 41,6 a 41,3. Uruguay, el país mejor calificado de la región, encabeza la lista con una puntuación de 73 puntos. Venezuela fue el último país, con un mínimo histórico de 13 puntos.
En la última década, solo dos países de América Latina, Guyana (40) y República Dominicana (35), han mejorado su puntuación.
Muchos países con puntuaciones bajas se quejaron de su calificación. En Honduras (23), la Secretaría de Transparencia rechazó los resultados y calificó el informe de “irresponsable”. En Brasil (36), el exministro de Justicia, Flavio Dino, sugirió que la mala puntuación de Brasil era “política”.
“Nos deshicimos del espectáculo político de la lucha contra la corrupción”, dijo. “Quien utilice la lucha contra la corrupción como bandera política es tan corrupto como los corruptos”.
Análisis de InSight Crime
Aunque Transparencia Internacional acertó en señalar a los sistemas judiciales como un factor clave de la corrupción en América Latina, el índice no profundiza en las tendencias generales de la corrupción en la región.
En muchos países, los sistemas judiciales están siendo debilitados abiertamente. Una serie de escándalos judiciales sacudieron recientemente a Venezuela, donde los bajos salarios empujan a muchos de los trabajadores del sector a buscar compensaciones adicionales en forma de sobornos o, en algunos casos, alimentos.
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La puntuación de El Salvador cayó de 36 a 31 en tres años. El presidente del país, Nayib Bukele, ha desmantelado sistemáticamente las instituciones que amenazan con limitar su poder. En 2021, el partido de gobierno destituyó al fiscal general del país, frustrando varias investigaciones de corrupción que implicaban a funcionarios clave.
Mientras tanto, en Guatemala (23), los activistas conservadores utilizaron agresivamente el sistema judicial del país para lanzar una oleada de demandas con las que pretendían impedir que Bernardo Arévalo, el presidente electo, asumiera el cargo.
Sin embargo, al limitarse a describir los niveles de corrupción percibidos en el sector público, el IPC no refleja otras dinámicas importantes de la región.
Uruguay, que siempre ha sido percibido como un país con bajos niveles de corrupción, se enfrenta actualmente a un fuerte aumento de flujos financieros ilícitos. En los últimos cinco años, los casos de lavado de dinero vinculados a narcotraficantes se duplicaron, lo que suscita la preocupación de que los grupos criminales estén convirtiendo silenciosamente al país en un foco de corrupción.
Además, al crear puntuaciones individuales por país, el IPC ignora que la corrupción suele ser transnacional y que rara vez puede atribuirse a una única ubicación geográfica.
Por ejemplo, en 2018, los fiscales de Miami presentaron cargos contra un banquero uruguayo acusado de blanquear US$1.200 millones en fondos robados por empleados de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal venezolana. Los fiscales alegaron que el dinero en efectivo se canalizó a través de un banco de Puerto Rico y se utilizó para comprar propiedades de lujo en Florida, aunque los cargos fueron retirados recientemente.
Según declaró a InSight Crime Oliver Bullough, autor y experto en corrupción, la cleptocracia depende en gran medida del traslado de fondos robados a través de fronteras internacionales para ocultar su providencia y obstruir los esfuerzos de las fuerzas de seguridad.
“La corrupción, como cualquier otro negocio, está globalizada”, afirmó.
El IPC también sitúa sistemáticamente a algunas de las jurisdicciones con mayor secretismo financiero de América Latina en los puestos más altos. Este año, solo 10 países de la región obtuvieron una puntuación superior a 50, entre ellos Santa Lucía (55), San Vicente y las Granadinas (60) y las Bahamas (64).
En estos países, las normas que regulan la información que las personas deben revelar antes de adquirir activos o crear empresas ficticias son laxas. Este sistema beneficia a las élites adineradas y supone una fuente de ingresos para las economías de esas pequeñas islas —como ilustran numerosas investigaciones periodísticas como los Papeles de Panamá— pero corre el riesgo de facilitar la corrupción a gran escala en otros países al facilitar el ocultamiento de las ganancias ilícitas.
Bullough concluyó que el IPC presenta una imagen distorsionada de la corrupción en la región. “Si no se habla de quienes prestan los servicios de corrupción que permiten a la gente ser corrupta, entonces se está perdiendo la mitad de la historia”.