Bernardo Arévalo fue juramentado como presidente de Guatemala el 15 de enero, pero no fue una toma de posesión común. 

Arévalo, un outsider que sorprendió a la clase política al ganar las elecciones de 2023 con la promesa de combatir la corrupción, ya había sobrevivido a meses de espurios ataques legales que amenazaron con hundir su presidencia incluso antes de que comenzara. Cuando llegó el día de la toma de posesión, la ceremonia se retrasó diez horas, después de que legisladores de la vieja guardia intentaran frustrar sus planes y los de su partido, el Movimiento Semilla.  

Tras tomar el cargo poco después de medianoche, Arévalo aprovechó su primer discurso como presidente para reasegurar su intención de atajar la corrupción generalizada. 

“No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad”, dijo durante la retrasada ceremonia en Ciudad de Guatemala. 

Meses antes, él y su partido presentaron una ambiciosa agenda anticorrupción que buscaba la creación de un “gabinete anticorrupción”, un mayor escrutinio del gasto público y medidas para impedir que funcionarios condenados por corrupción vuelvan a ocupar un cargo. 

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Pero Arévalo se enfrenta a una tarea colosal para lograr la reforma. El presidente hereda un frágil conjunto de instituciones que, durante la administración anterior, fueron deliberadamente destripadas en un esfuerzo por sofocar la lucha del país contra la impunidad.

El nuevo gobierno también tiene la poco deseada tarea de abordar el crimen organizado y la inseguridad en uno de los países más violentos de América Latina, donde la decadencia institucional ha dejado a las autoridades mal equipadas para hacer frente a las poderosas redes de narcotráfico y a los grupos criminales que a diario extorsionan a la población local.

A continuación, InSight Crime analiza algunos de los principales retos que le deparan al nuevo gobierno en materia de corrupción y crimen organizado.

Enfrentar al Ministerio Público

Arévalo ya está enfrentado a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Durante el gobierno anterior, Porras encabezó una cínica represión contra docenas de fiscales que en su día lideraron la lucha contra la impunidad. Los sustituyó por aliados leales que transformaron el Ministerio Público en un escudo para actores corruptos y una herramienta para perseguir a rivales políticos, incluidos Arévalo y Semilla.

La oficina de Porras sumió a Guatemala en una crisis política al pedir el retiro de la inmunidad de Arévalo cuando aún era presidente electo, alegando acusaciones penales que parecían basarse en pruebas poco sólidas. Las maniobras no impidieron que Arévalo tomara posesión de su cargo, pero las investigaciones continúan.

“Hay una alta probabilidad de que Arévalo y Semilla puedan seguir enfrentando persecución judicial”, dijo Pamela Ruiz, analista para Centroamérica del International Crisis Group. 

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El avance de los planes del presidente contra la corrupción en el corto plazo dependerá en parte de si él y su partido pueden sobrevivir a estos ataques legales o encontrar una manera de destituir a Porras. 

“Mientras Porras siga en su puesto, los avances serán muy limitados”, dijo Ruiz.

Arévalo ha pedido repetidamente la dimisión de Porras, pero según la legislación guatemalteca, un fiscal general no puede ser destituido a menos que sea condenado por un delito durante su mandato. Porras no se ha enfrentado a acusaciones penales a pesar de haber sido sancionada por corrupción por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Algunos analistas han sugerido que la nueva administración podría intentar reformar la ley, que fue diseñada para proteger al predecesor de Porras cuando lideraba una campaña anticorrupción. Pero esa modificación podría investir a futuras administraciones con el poder de inmiscuirse en los asuntos de los fiscales.  

El éxito a largo plazo de la agenda anticorrupción de Arévalo puede depender de si el sustituto de Porras —su mandato termina en 2026— puede “reequilibrar el Ministerio Público”, según Ruiz. 

Para ello sería necesario destituir a ciertos fiscales vinculados a casos de corrupción y “reubicar a fiscales con conocimientos especializados en las oficinas designadas para garantizar la investigación de los crímenes”, dijo a InSight Crime.

Desarticular el crimen organizado

La corrupción y la degradación institucional también pueden complicar la lucha contra el crimen organizado en un país donde las violentas redes de narcotraficantes han infiltrado la política y las fuerzas de seguridad. 

Las regiones fronterizas de Guatemala llevan mucho tiempo sufriendo las consecuencias de sangrientas disputas entre grupos delictivos por el control de las rutas de contrabando de cocaína. Estas redes también han empezado a cultivar coca para generar ingresos adicionales.

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El gobierno de Arévalo aún no ha anunciado una estrategia concreta contra el narcotráfico, aunque Semilla se ha comprometido a luchar contra el contrabando con la ayuda de las autoridades aduaneras y la policía antinarcóticos. 

“[El plan anticontrabando de Semilla] podría preocupar un poco al crimen organizado y narcotráfico”, dijo Marielos Chang, cofundadora del grupo prodemocrático guatemalteco Red Ciudadana. “Pero no hay específicamente un combate directo sobre el territorio que tiene control del narcotráfico.”

La persistente corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y el agotamiento de las instituciones —Porras despidió recientemente al principal fiscal antidrogas del país— pueden complicar los esfuerzos para mitigar la amenaza del narcotráfico.

Los esfuerzos por investigar a los narcotraficantes también corren el riesgo de pisar los talones de políticos influyentes. Especialmente en el Congreso, las redes de narcotraficantes buscan aliados para proteger sus operaciones. 

Arévalo, en cambio, ha situado la extorsión y la reforma de las prisiones del país al frente de la agenda de seguridad de su gobierno. Estos pueden ser objetivos más fáciles, ya que las redes de extorsión son operadas principalmente por delincuentes de bajo nivel, muchos de ellos en la cárcel, con una influencia mínima en la política. 

Navegar por el Congreso

La sorprendente victoria electoral de Arévalo catapultó a Semilla al poder desde una relativa oscuridad. El partido se enfrenta ahora a un Congreso dominado por los partidos de la clase dirigente —muchos de ellos vinculados a corrupción—, en el que Semilla solo tiene 23 de los 160 escaños. Los legisladores contrarios a Arévalo se han negado a reconocer a su partido, lo que significa que los representantes de Semilla no pueden formar parte de los órganos que influyen en la agenda legislativa.

El partido no tiene más remedio que buscar coaliciones en el Congreso para intentar promulgar las partes más ambiciosas de su plan contra la corrupción. Esto incluye la creación de dos nuevos organismos anticorrupción encargados de aumentar el control sobre el gasto público y los sobornos. Es un terreno delicado, ya que empresas vinculadas a funcionarios del Congreso aparecen entre los receptores más habituales de contratos estatales de dudosa adjudicación u otras recompensas del Gobierno.

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El Congreso también determina la composición de las altas cortes del país, un proceso de selección fuertemente infiltrado por redes de corrupción que buscan posicionar aliados en los altos cargos judiciales. En los últimos años, los tribunales superiores han protegido a cientos de legisladores de las investigaciones y han anulado decenas de importantes condenas por corrupción. Aumentar el número de magistrados cualificados en el sistema judicial podría contribuir a invertir esta tendencia.

Semilla ya ha formado una coalición mayoritaria en el Congreso, lo que muchos consideran un paso crucial para evitar que el gobierno quede bloqueado. Pero forjar alianzas con los partidos tradicionales podría empañar la reputación de Semilla como alternativa a la corrupción. La recién formada alianza legislativa de Semilla incluye a operadores políticos de un partido previamente investigado por financiación ilícita de campañas, además de funcionarios del Congreso vinculados al narcotráfico.

Navegar por el Congreso también podría diluir las iniciativas anticorrupción. Algunas de las promesas electorales más llamativas de Semilla han quedado fuera del plan del Gobierno para sus primeros 100 días de mandato. 

“Yo no he visto allí ninguna ley lo suficientemente dramática (…) que pueda generar tanto anticuerpo dentro del congreso respecto a temas de anticorrupción”, comentó Chang a InSight Crime. “Lo radical sería construir los sistemas suficientemente claros y duros para que el Ejecutivo y las plazas de gobierno dejen de ser una fuente de corrupción”.

Hasta ahora “[no hay] nada que genere las condiciones para que no volvamos a caer en el nivel de corrupción que teníamos con gobiernos anteriores”, dijo.

Imagen principal: el presidente Bernardo Arévalo se presenta en una rueda de prensa sobre la fiscal general Consuelo Porras. Crédito: Associated Press