Por primera vez en 23 años, las cifras de deforestación en Colombia se han reducido a niveles históricos. Aunque esta tendencia demuestra que el cambio de enfoque en la lucha contra los delitos ambientales ha tenido un efecto positivo, los grupos criminales también tendrían un rol importante en este fenómeno.

Esta semana, Susana Muhammad, cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, anunció una reducción del 36% de la deforestación en 2023 con respecto al año pasado, tras la publicación del más reciente estudio de este fenómeno en Colombia. De acuerdo con la jefa de la cartera, el número de hectáreas deforestadas pasó de 123.517 hectáreas (ha) en 2022 a 79.256 ha en 2023.

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El estudio fue realizado en conjunto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la entidad encargada de producir conocimiento técnico y científico de los recursos naturales en Colombia. Según se lee en el reporte, los departamentos más afectados por este fenómeno fueron Caquetá (12.647 ha), Guaviare (11.467 ha), Putumayo (10.852 ha), Meta (10.310 ha) y Antioquia (8.139 ha), todos ubicados en la región amazónica de Colombia, a excepción del último. 

Por su parte, los principales motores que impulsaron la deforestación en estos territorios fueron la praderización orientada al acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la apertura de infraestructura vial ilegal, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la tala ilegal, y la ampliación de la frontera agrícola.

De acuerdo con Muhammad, las cifras son las más bajas en 23 años, haciéndolo un “año icónico en la lucha contra la deforestación”, afirmó en una rueda de prensa el lunes.

“Estamos cumpliendo y sobrepasando la meta. Hemos identificado que hay una asociación directa entre la paz y el resultado de la deforestación, condiciones de paz generan reducción”, añadió.

Análisis de InSight Crime

Aunque la cifra de 2023 revierte varios años de altas tasas de deforestación, es importante anotar la importancia que han tenido las organizaciones criminales sobre la fluctuación de este fenómeno.

Tan solo un año después de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, Colombia experimentó una de las tasas de deforestación más altas en los últimos 10 años. En 2017, el país llegó a su máximo pico en una década, marcando 219.552 ha deforestadas, producto de la salida de las FARC de los territorios y quienes, hasta entonces, se habían beneficiado del bosque en pie. 

A pesar de que las cifras se redujeron entre 2018 y 2019 (197.159 ha  y 158.894 ha respectivamente), entre 2020 y 2021 la deforestación volvió a ascender, producto del involucramiento de nuevos grupos disidentes, conocidos como ex-FARC mafia, en economías criminales como la tala y minería ilegal, sumado al levantamiento de las restricciones al desmonte que sus antecesoras FARC habían procurado mantener. 

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En 2022, la tendencia volvió a cambiar. Previo a la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, el Estado Mayor Central (EMC), una confederación de estructuras disidentes con una importante presencia en la Amazonía, adoptó una política de reducción de la tala en sus áreas de control, lo que habría generado un efecto positivo en la deforestación.

Aunque esta regla se mantuvo durante 2023, es posible que el EMC la haya utilizado como una carta para inclinar la balanza a su favor durante las negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro. 

Sin embargo, el surgimiento de divisiones al interior del grupo, sumado a la retirada de varias facciones disidentes a las mesas de negociación con el gobierno, vuelve a poner sobre la mesa preocupaciones sobre la relación entre los grupos armados y el bosque.

En este escenario, es posible que el enfoque comunitario que el gobierno ha priorizado con respecto a la lucha contra los delitos ambientales, sea insuficiente para detener la maquinaria de los grupos armados que ven en la deforestación una oportunidad de negocios. 

“En los núcleos de deforestación es imposible entrar. Es muy difícil que el gobierno pueda implementar planes de conservación allí”, aseguró Juan Carlos Sandino, experto en conservación y cartografía. 

“Los programas de reducción de la deforestación y pagos por conservación ambiental son geniales, pero no atacan a los grandes taladores. El negocio de la madera jamás ha parado ni va a parar porque es sumamente lucrativo”, finalizó.